En los últimos 40 años, la influencia del narcotráfico en la política guatemalteca ha avanzado desde la periferia al centro. Comenzó a finales de los años 80 con alcaldes como …
En los últimos 40 años, la influencia del narcotráfico en la política guatemalteca ha avanzado desde la periferia al centro. Comenzó a finales de los años 80 con alcaldes como cómplices del negocio, como Arnoldo Vargas en Zacapa, continuó con otros casos y se extendió hasta la acusación y encarcelamiento en Guatemala o en Estados Unidos de varios funcionarios. Diputados, como Manuel de Jesús («Manolito») Castillo Medrano en 2008; José Armando Ubico Aguilar en 2024; el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla; la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2015; o el candidato a la Presidencia Mario Estrada, en 2019.
Estos casos son evidencia de que el narcotráfico tiene operadores políticos visibles, aunque algunos hechos indican que otros actúan con un perfil bajo. Síntoma de ello es el comportamiento volátil de las incautaciones de droga en importantes rutas del trasiego, o su reducción drástica, aunque ningún nombre sea asociado públicamente a esta dinámica.
Así lo cree Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional que produce el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Aunque entre 2023 y 2025, el IPC de Guatemala subió del puesto 154 al 142, de 182 países evaluados, el país se mantiene entre los peores calificados. La corrupción sigue siendo un problema estructural; uno que en parte alimenta el narcotráfico. Sus actores lograron colarse en el sistema político y cooptarlo, algo que sucede en un contexto de impunidad. El tema es tan pertinente como coyuntural en un año de elecciones de segundo nivel, y en la antesala de las elecciones generales, según Marroquín.
¿Cuán importantes son los años preelectoral y electoral para el narcotráfico en Guatemala?
El narcotráfico es un actor de primer orden en las elecciones, porque la mayoría del financiamiento que reciben los partidos y los candidatos cada vez más tiene fuentes ilícitas. Muchas de ellas son del narcotráfico porque el empresariado tradicional ya no invierte en campañas, y los actores legales se van alejando de ese mundo porque tienen miedo a verse involucrados en cualquier problema. Ese campo le quedó completo a las fuentes ilícitas. Por eso vemos a más alcaldes y diputados abiertamente vinculados o con nexos con el narcotráfico.
Hay departamentos que están en las rutas del narcotráfico y donde tienen operadores políticos identificados por las autoridades, que ya son conocidos. Sin embargo, hay otros departamentos tradicionalmente con bastante trasiego, pero donde no hay cabezas visibles, como Petén. ¿Es posible que exista un alto volumen de trasiego en esos lugares sin la complicidad de operadores políticos?
Obviamente sí los hay, porque todos los territorios son estratégicamente importantes para los corredores del tránsito de drogas. El tema es que ya aprendieron la lección de que ser muy visibles los expone demasiado, sobre todo ante las agencias estadounidenses. Entonces, va predominando una política de bajo perfil, de no sobreexponerse, para evitar estar en el radar de los Estados Unidos. Pero de que existen, existen. Creo que a nivel local es un secreto a voces quiénes son los más grandes, quiénes financian a quién, pero eso queda más en el ambiente local y no trasciende a lo nacional.
En Petén, departamento con un alto trasiego de cocaína (junto con Escuintla), se incautaron entre 3 mil y 9 mil kilos por año hasta 2021. Pero en 2022—año preelectoral—la Policía Nacional Civil reportó cero kilos decomisados. Luego la incautación subió a 1,505 kilos en 2023, pero en los primeros dos años del gobierno actual sólo incautaron cuatro kilos y uno, respectivamente. ¿Cómo se explica eso?
Tiene que ver con la captura de las instituciones por parte del crimen organizado. Es decir, la justicia, el MP, la Policía, el Ejército. Como es un departamento muy aislado de lo que pasa en el centro del país, es más fácil para ellos que no sea tan pública la cooptación de estas instituciones, ni tan obvia, y eso hace que existan esos picos de alta y baja incautación. Si ya lleva varios años a la baja, quiere decir que la estrategia está funcionando para ellos.
Se solía decir hace años que a los narcotraficantes no les gustaba la visibilidad, y por eso no se metían a la política, sino que financiaban tras bambalinas. Obviamente esto ha cambiado en años recientes. ¿Ha cambiado proporcionalmente al grado de impunidad que hay y por eso ya no le temen al ojo público, pese a las capturas y extradiciones de algunos exfuncionarios?
Eso cambió abiertamente desde la salida de la CICIG. Ya se sienten con impunidad. Sienten que las instituciones son aliadas, y no enemigas, y eso les ha dado a algunos incentivos de legitimarse en las instancias públicas como el Congreso, las alcaldías, de legitimar su agenda, y desde ahí oponerse a controles más estrictos como la Ley de Lavado de Dinero, que ya se ha visto que hay una resistencia a aprobarla. Todo eso refleja que están ahí para abiertamente oponerse a la agenda que pueda afectar sus negocios, porque se saben protegidos por la institucionalidad.
Considerando este panorama, ¿tiene algún vaticinio de cómo puede resultar el año electoral 2027?
Se repetirá lo de la última elección. Primero, todos los candidatos favoritos que uno ve no van a ser los que salgan electos. Otra vez funcionará la tómbola. La chibolita que salga premiada es la que va a ganar. Es, de alguna manera, el escenario ideal para que estos grupos protejan sus intereses.
Otra vez [quedará] un partido tal vez pequeño, débil, sin mayoría legislativa. Esa representación atomizada en el Congreso es como el caldo de cultivo, la condición más favorable para que estos grupos logren influir de manera más oculta. Financiar pequeños grupos de dos o tres diputados es más fácil.
Creo que vamos a ver exactamente lo mismo. Un presidente inesperado, y un Congreso atomizado, donde su representación por lo menos sirve para que no apruebe las leyes que se necesitan para detener el control territorial de estos grupos, porque amenacen esos intereses. No estamos viendo ningún liderazgo que quiera cambiar el statu quo que hay hoy en día.
¿Cuán determinante es para este contexto lo que ya hemos visto en las elecciones de segundo nivel en 2026?
Mucho. Debemos recordar que el temor de que hubiera un cambio radical en el nivel de cooptación de las instituciones ya se disipó para ellos. Hoy en día creo que están muy satisfechos con cómo han quedado las instancias. Temían perder el control absoluto, pero al final terminaron en una posición bastante cómoda donde mantienen operadores importantes a nivel de magistrados, etcétera, y con eso se dan por satisfechos. Había la percepción de que podía haber un cambio radical de limpieza, de depuración de las instituciones, y eso no se ve por ningún lado. Entonces, al final, que hayan perdido la presidencia hace tres años no les significó ninguna amenaza a su agenda de negocios.
¿El sistema ya estaba cooptado?
No sólo eso, sino que el sistema venció cualquier resistencia, tanto internacional como nacional, y se mantiene.
