Los operativos en el Barrio El Gallito en la zona 3 capitalina a finales de septiembre de este año, además de dejar 29 detenidos; el decomiso de droga, y 23 …
Los operativos en el Barrio El Gallito en la zona 3 capitalina a finales de septiembre de este año, además de dejar 29 detenidos; el decomiso de droga, y 23 pistolas y fusiles, revelaron algo mayor: la hegemonía de los Caradura en ese sector, vigente desde 2002, se rompió.
No hay otra forma de explicar que, casi en el corazón del barrio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a miembros de la Mara Salvatrucha (MS) armados hasta los dientes. Su calificativo como «bastión de los Caradura» ya era historia.
Mientras todo esto ocurría, 20 líderes de Barrio 18 (B18) ya habían escapado de la cárcel Fraijanes II. Aunque el hecho llevó a una debacle en el Ministerio de Gobernación (Mingob), la renuncia de sus altos funcionarios todavía parece un daño colateral.
Los pandilleros se fugaron de dos en dos o en solitario «mucho antes» del hallazgo, conforme datos del Sistema Penitenciario (SP). Información extraoficial indica que ocurrió al menos desde agosto. Es decir, después que la MS asesinara a un Caradura en junio y a un miembro de B18 en julio, y les quitara territorio a ambos.
En esos meses, la tasa interanual nacional de homicidios también subió. El top 5 de los municipios más violentos del departamento de Guatemala incluyó a Villa Canales, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula. El sexto era la ciudad de Guatemala—todos, territorios sólo de B18 (salvo por Villa Canales, donde también opera la MS), según la PNC—.
La tasa bajó de nuevo en septiembre. «El mes más pacífico en los últimos 10 años», según lo dijo el ministro de Gobernación saliente, Francisco Jiménez. Entonces, la fuga presuntamente se había concretado o estaba en proceso aún.
El hecho demostró semanas después que personal del SP no tenía control o facilitó la salida de los 20 internos. Aun cuando varios eran identificables por sus rostros prominentemente tatuados.
Ludin Godínez, entonces director del SP, dijo a la prensa que la fuga debió requerir apoyo interno y externo. La MS, por aparte, había logrado el ingreso de celulares y dinero a la cárcel de máxima seguridad Renovación I. Fueron incautados sólo seis días después del traslado de sus cabecillas y de otros de B18 a esa cárcel.
De taxistas a señores del crimen: el ascenso y caída de los Caradura
Hace 23 años, los hermanos Francisco Edgar y Julio Jaime Domínguez Higueros, conocidos como «los Caradura», eran los taxistas del entonces amo y señor del narcomenudeo en el Gallito: Mario García Rodríguez, alias Marioco, según un exinvestigador del Ministerio Público (MP).
Eso hasta que los Caradura mataron a Marioco, y se quedaron con todo. Para 2005, también habían asesinado a dos hermanos y a un primo de Marioco. Un año después, alguien acribilló a un operador importante de los Caradura: Luis Morataya, alias Güicho Calderas.
Los hermanos Caradura entonces se aliaron con la MS y B18, para que vendieran droga en sus territorios. Era un arreglo que funcionó pese al «rompimiento del Sur» en 2005: el pacto de no agresión entre la MS y B18.
Ese año las extorsiones superaron al narcomenudeo como la fuente de mayor ingreso para las pandillas en Guatemala. Así lo aseguró, en una entrevista inédita, el director general de la PNC David Boteo hace cinco años. Entonces era jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).
Ahora, las denuncias sugieren que las extorsiones siguen en aumento. De un promedio diario de 69 en 2024 subieron a 76 entre enero y agosto de 2025.
Autoridades y analistas coinciden en que—en esta arena— la MS siempre tuvo en Guatemala una estructura más pequeña que B18, pero más estratégica.
Además de extorsionar, también incursionó en trata de personas y lavado de dinero, vía un entramado de negocios de ventas de vehículos usados, bares y prostíbulos.
Luego, su crecimiento económico le permitió una relación de igual a igual con los Caradura. Tampoco tambaleó cuando la policía capturó en 2015 a Julio Jaime Domínguez Higueros, uno de los hermanos.
«Esa relación no era jerárquica, como en la que uno le da órdenes a otro», explica Aníbal Argüello, analista de criminalidad y corrupción en el MP hasta 2015, y para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2015 y 2019. En cambio, B18 ofrecía servicios remunerados a los Caradura por la distribución y venta de droga, en una relación de dependencia.
Pese a la captura de uno de Los Caradura, todavía gozaban de impunidad y nexos políticos.
Un exinvestigador del MP, que pidió no ser identificado, dice que en 2018 escuchó (junto a varios fiscales) la grabación de una conversación telefónica en la que uno de los hermanos Caradura le recordaba a un futuro presidenciable que estaba en deuda debido al dinero que le habían entregado. «Le decía: “Acordáte que te dimos tanto”, exigiéndole que hiciera lo que le pedían», revela la fuente. El MP nunca los investigó por financiamiento electoral ilícito.
En esa época, el expresidenciable y los Caradura también eran dueños en Guatemala de la franquicia de una cadena de restaurantes estadounidenses, según el exinvestigador. Los hermanos habían comprado (o arrebatado) bajo amenazas negocios —casi todos los bares, discotecas, y barras show— en las zonas 4 y 9 de la capital.
En esas estaban, cuando la MS comenzó a tomar territorios de B18 después del primer año de la pandemia del COVID-19. Además, entre 2024 y 2025 hubo inusuales balaceras y homicidios en la zona 10 capitalina, y en otras partes de la ciudad. Eran las señales de que la MS le pagaba a los Caradura igual que estos hermanos le pagaron a Marioco: con una traición.
Mapa de la violencia de las pandillas
Antes de presentar su renuncia como ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, atribuyó los incrementos de violencia en Guatemala en el último año a que la MS quiere tomar el mercado del narcomenudeo de los Caradura y B18. La mayoría de los hechos violentos han ocurrido en la capital, que B18 controla en un 75%, y la MS, en un 25%, según Dipanda.
El 25 de junio de este año, Francisco Edgar Domínguez Higueros (el único hermano Caradura libre) murió acribillado en el sótano de un edificio en la zona 10. Aún se desconoce quién lo asesinó.
En julio pasado, sicarios de la MS asesinaron a un miembro de B18. En una posterior balacera en su funeral en la zona 1, mataron a otras seis personas e hirieron a diez más, según las autoridades.
Dipanda dice ignorar qué pandilla comete más asesinatos. Sabe cuál domina los municipios más violentos en los departamentos con mayor actividad pandillera: Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Quetzaltenango.
En 2025, B18 domina entre un 60% y 90% de los tres municipios con las tasas de homicidio más altas en el departamento de Guatemala (Villa Canales, Guatemala y San Pedro Ayampuc). La MS controla entre un 10% y 40%.
En Sacatepéquez, en enero pasado, la MS dominaba dos de los municipios con tasas más altas (San Lucas Sacatepéquez y Jocotenango). Las dos pandillas estaban en el tercero, Santiago Sacatepéquez, y en el cuarto y quinto (Pastores y Santo Domingo Xenacoj) no había una estructura dominante identificada.
Para agosto, los más altos son Pastores, en las mismas condiciones, y Santa María de Jesús, que Dipanda identifica como “municipio dormitorio” de la MS y que en enero tenía una de las tasas más bajas del departamento.
En Chimaltenango, entre enero y agosto, las dos pandillas han estado en los dos municipios con las tasas de homicidio más altas (la cabecera y El Tejar); al tercero (Zaragoza) que sólo tiene B18, lo desplazó Parramos sin estructuras sobresalientes, como tampoco las tiene el cuarto, Pochuta, que compartía el puesto con Acatenango para agosto.
En Quetzaltenango, en enero, los dos municipios con tasas más altas tampoco tenían estructuras sobresalientes (Colomba Costa Cuca y Sibilia), y las dos pandillas estaban en el tercero: Coatepeque. Para agosto, Coatepeque desplazó a Sibilia en el segundo lugar, según un informe de Diálogos.
Los municipios que no tienen estructuras delictivas identificadas, pero tienen una tasa alta de homicidios, suelen estar surcados por una carretera principal—importante para las extorsiones al transporte comercial y de pasajeros—. En ocasiones el municipio con tasa alta tiene la carretera principal y la presencia de las dos pandillas, como Coatepeque.
Dipanda reveló que algunos de los municipios con tasas bajas son «dormitorio» para las pandillas, o sólo lugares de paso. Por ejemplo, la MS se desplaza por la Ruta Nacional 14 que surca Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, donde extorsiona.
Sus negocios de prostitución predominan en la zona roja de Chimaltenango, y sus redes de narcomenudeo se extienden hacia los otros departamentos, aunque sus líderes viven en condominios con garita en Antigua Guatemala y Ciudad Vieja, además de Santa María de Jesús—el único de los tres donde subió la tasa de homicidios entre enero y agosto, aunque en Antigua hubo un incremento leve—.
Expansión de la MS
El panorama actual sería el mismo que en 2020 en el departamento de Guatemala, de no ser porque la MS le quitó hegemonía a B18 en Villa Canales y Fraijanes (importantes por el acceso a otros departamentos y por la ubicación de tres cárceles, respectivamente). En 2025, esa pandilla ha perdido el 40% a la MS, aunque B18 conserva el control total de Chinautla y Santa Catarina Pinula.
Estos cambios son relevantes porque coinciden con la toma de territorio de la MS a los Caradura en El Gallito. «Como los Caradura se debilitaron, los MS están agarrando el sector», dice el subcomisario Froilán Cuxún, jefe de Dipanda.
Perseguir a los pandilleros ha tenido un precio para la policía. En una incursión al Gallito y alrededores, en la zona 1, el agente policial Cleofas Ortega Guzmán resultó herido y murió en el hospital en septiembre pasado. Cuxún, en sus 25 años de carrera policial, ha visto morir a cinco policías de su unidad, baleados por pandilleros. «Cuando se sale a un operativo, uno no sabe qué puede pasar en la calle», admite el subcomisario.
El riesgo para la policía ha aumentado desde al menos 2015, cuando los pandilleros ya tenían circuito cerrado de televisión (CCTV) instalado por ellos en los puntos de narcomenudeo, en los asentamientos y callejones de las zonas rojas o barrios marginales de Boca del Monte, Mixco, Villa Nueva, o Chinautla, que sólo tienen acceso peatonal.
También tienen CCTV en colonias como San Rafael I y II, en la zona 18, accesibles por vehículo.
Mientras tanto, siempre en la zona 18, las cámaras instaladas por el Ministerio de Gobernación para vigilancia policial hace diez años están destruidas, según Cuxún. El servicio se interrumpió cuando el ministerio lo dejó de pagar en 2016. Por aparte, las autoridades también han ubicado CCTV en sectores de narcomenudeo en Quetzaltenango.
Demostración de poder
Francisco Jiménez dijo a Prensa Libre en septiembre que la MS disputaba el territorio a los Caradura para asegurarse el suministro de droga. Sin embargo, las conexiones internacionales que la MS mantiene con El Salvador, México y Estados Unidos, les han permitido acceso a otros proveedores de droga, según Juan Francisco Solórzano Foppa, exdirector de investigación criminal en el MP especializado en pandillas 2012-2015. «Lo único que tuvo que conseguir la MS fue alguien que procesara la droga, y se la vendiera ya procesada», dice Solórzano Foppa. «Entiendo que ya lo consiguió hace varios años para sustituir a los Caradura».
Entonces, la pugna parece estar en controlar territorio estratégico para demostrar su poder. La MS pretende arrebatarles los puntos de venta simplemente porque puede hacerlo. Además, no depende de los Caradura, que ya no son su único proveedor, porque, explica Solórzano Foppa, «evolucionó hacia delitos de mayor trascendencia internacional» y «cuidó mucho sus contactos internacionales».
Cuxún agrega que las pandillas prestan sus servicios o hacen favores de sicariato o robo de vehículos para otras estructuras criminales. Un exmiembro de la MS dijo que, desde 1996, su clica cometía robos para un oficial militar de alta.
«Tengo testimonios de que, en los 90-2000, las pandillas en Guatemala ya hacían cosas para organizaciones criminales», dice José Miguel Cruz, académico salvadoreño experto en pandillas y catedrático en la Universidad Internacional de Florida, en Miami. «Eso se pierde en la dinámica de pandillas, y resurge».
B18, en cambio, con la extorsión local y los Caradura como proveedor para narcomenudeo, no necesitó conexiones internacionales y quedó aislada— además ahora depende de un aliado que tambalea.
Congelar el dinero, el talón de Aquiles
En la década pasada, cuando David Boteo —hoy director de la PNC— era investigador y jefe de Dipanda, decía que uno de los problemas para controlar las pandillas era su ininterrumpido acceso al dinero, que les permitía seguir operando.
Aunque para 2021, el MP tenía identificados los bancos donde había cuentas utilizadas para ocultar dinero de las extorsiones, Cuxún admite que todavía el dinero «es muy difícil de rastrear». Esto, aunque en 2025 le han incautado cerca de Q1 millón a la MS, el doble que a B18.
Para Argüello, hace falta una investigación integral. «El que investiga homicidios, investiga sólo homicidios; el que investiga pandillas, sólo pandillas, y así», explica. «Todo está fragmentado. Desde (la fiscal general) Claudia Paz (2010-2014), se luchó por desfragmentar y que una unidad de análisis fuera el cerebro, y uno pudiera encontrar esos lazos, pero destruyeron todo eso en el MP».
Maniobras legales, brazos políticos
El 31 de julio, el Mingob anunció que un día antes había trasladado a los cabecillas principales de B18 y MS a la cárcel de máxima seguridad Renovación I. Según Francisco Jiménez, cortar la comunicación entre los jefes y los brazos operativos en la calle reduciría la violencia.
B18 tomó rehenes—guardias del Sistema Penitenciario (SP)—en protesta, mientras otros cabecillas escapaban de Fraijanes II, a donde Aldo Dupie Ochoa, alias «El Lobo», el líder de la pandilla, exigía que lo devolvieran. Es donde había estado operando. Esto sugiere que de pronto El Lobo también tenía planes para escapar.
Sólo 24 horas después del traslado a Renovación I, al menos cinco pandilleros (de B18 y un número no confirmado de la MS) presentaron exhibiciones personales en su favor para revertir el traslado.
El 5 de agosto, las autoridades descubrieron que Jorge Yahir De León Hernández, alias «El Diabólico», y cabecilla de la MS, llevaba Q192 mil en una mochila. A otros miembros de la pandilla les hallaron cuatro celulares.
El 27 de agosto, las autoridades capturaron a la esposa del Lobo, María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres Casanova, expresidenciable y secretaria del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Castañeda Torres enfrenta procesos por estafa, asesinato, y asociación ilícita, entre otros delitos.
Para Jiménez, su captura fue «estratégica en el combate al crimen organizado». Algunos analistas la califican como operadora política del Lobo. La gran pregunta es cómo sirven los nexos políticos o los criminales de uno al otro.
«Ahí se fusionan servicios y ventajas» en una relación transaccional, explicó un exanalista del MP. Si bien es más común en el narcotráfico, en pandillas o entre los Caradura no es extraño. «Y el Estado no está atendiendo el fenómeno con los elementos nuevos», señala. «Los persiguen con la misma estrategia que hace 15 años».
Solórzano Foppa observa señales que indican que B18 encontró un respaldo político y de impunidad para ciertos actos, que se interrumpió con la detención de Castañeda Torres. «Era un secreto a voces que ella manejaba todos los temas (de la 18) hacia afuera», dice.
Estos reveses judiciales del Lobo pudieron llevar al asesinato en la zona 1 de su abogado Edwin Mayén a manos de B18, el 2 de septiembre pasado, y no de la MS para enviar un mensaje.
Así lo especuló extraoficialmente un experto en análisis de homicidios porque, después del crimen, el Lobo—ya con una nueva abogada—persuadió a una jueza a ordenar su traslado a Fraijanes II. Antes del asesinato de Mayén, el Lobo había presentado el recurso de exhibición personal, junto a otros de miembros de B18.
Algunos analistas sospechan de las intenciones detrás del reporte de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, respecto a las condiciones en que El Lobo guarda prisión, porque no es el único interno en esas circunstancias.
En 2020, un recurso de exhibición personal le permitió al Lobo aplazar su traslado del Infiernito (ahora Renovación I) al Cuartel Matamoros, y obligó al SP a convertir una escala de escasos minutos en el Preventivo de la zona 18 en una sesión de 24 horas, en el sector 11, con sus huestes de B18.
«Yo no creo que Barrio 18 tiene influencia en el OJ, pero sí los Caradura, y se pueden hacer favores», afirma el exinvestigador del MP, quien dice que hace ocho años observó reunidos a uno de los Caradura con una fiscal, en un comedor a media cuadra del edificio del MP en Gerona. «Ellos (los Caradura) tienen fiscales, auxiliares fiscales, oficiales, tienen jueces… todo lo que a usted se le ocurra, policías», asegura. «Ellos están metidos por todos lados».
Solórzano Foppa sostiene que la MS, en cambio, se desligó de los Caradura y de temas políticos. Según Argüello, su nivel de sofisticación lo demanda. «La MS ha pagado la carrera de abogados, criminalistas, jueces. O sea, son muy sofisticados», dice. «Por eso no me extrañaría que [tengan] esos lazos internacionales».
El plan del gobierno
Jiménez explicó a Prensa Libre en septiembre pasado que reducirían la violencia incomunicando a los líderes de la MS y de B18 con las estructuras en la calle, que no pueden actuar por cuenta propia o lo pagan con la muerte. Se refería a los detenidos en Renovación I, cuando la fuga de Fraijanes supuestamente ya estaba en marcha.
En 2020, Boteo dijo que si se lograba aislar a los extorsionistas (incluidos los pandilleros) durante al menos dos años, todo podría cambiar. Pero los recursos legales que los internos presentaron impidieron su aislamiento por un período prolongado.
Además, las estructuras en la calle sí actuaron por cuenta propia, con robos y asaltos, para compensar parcialmente el dinero que no recibían de las extorsiones al transporte de pasajeros (interrumpido por la pandemia de COVID-19), según lo reveló Boteo hace cinco años.
En B18, con una cantidad mucho mayor de pandilleros, y con eso de que «casi que cualquier hommie puede abrir su punto», «hay mucho menos control de la gente de arriba hacia la gente de abajo», asegura Solórzano Foppa. Pero la MS, afirma, con una estructura menor, tiene un control más fuerte de sus brazos operativos.
El criminólogo Federico Reyes reconoce que las capturas de los pandilleros se deben celebrar, por el riesgo que implicaron para la policía, pero que por sí solas no detendrán a las pandillas. Agrega que también pueden ser un arma de doble filo considerando su nivel organizativo en la cárcel y la debilidad del SP. «Los detenidos, mientras más tiempo de ocio tienen, más oportunidades tienen para planificar cosas», señala Reyes. «Y no hay cárceles diseñadas para que estén incomunicados».
El 3 de octubre, las autoridades revelaron que habían descubierto un plan de varios pandilleros de B18 para fugarse de Renovación I, según un reporte de Prensa Libre. El 12 de octubre dijeron que los 20 pandilleros de B18 ya se habían escapado de Fraijanes II. Un anuncio que hicieron sólo horas después de que Solórzano Foppa lo denunció en redes sociales.
Este abogado atribuyó la fuga a un «pacto» con autoridades del Mingob. Aunque éstas lo desmintieron, para el 15 de octubre, el aún viceministro de Seguridad José Rolando Portillo dijo que denunció ante el MP a diversos funcionarios de la cartera por beneficiar a internos a cambio de sobornos. El caso está bajo investigación.
¿Y ahora? Más violencia
El 12 de octubre, Godínez atribuyó la fuga en parte y preliminarmente a la decisión, en septiembre pasado, de EE. UU. de designar a B18 como una organización terrorista.
No obstante, la fuga habría comenzado un mes antes. La designación permite a autoridades estadounidenses ponerle las manos encima a la pandilla en temas financieros (y otros) sólo si «tienen corresponsables estadounidenses», según el abogado y exfiscal Julio Prado. Agencias de ese país también pueden solicitar información al MP y a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Sin embargo, no se ha reportado ninguna consecuencia aún para la MS, que fue designada organización terrorista desde febrero pasado. Resta ver los efectos de la resolución del Congreso de la República de septiembre, instando al gobierno a emprender acciones contra la MS y B18 como organizaciones terroristas.
Hace cinco años, José Miguel Cruz ya había dicho que si estas medidas implican condenas de cárcel más largas, los pandilleros seguirán delinquiendo en prisión. «Las pandillas siempre están adaptándose a las condiciones a su alrededor para sobrevivir, lo que a veces implica repliegue», dice este académico.
El Diabólico, de 42 años, enfrenta ya 168 años de cárcel por cuatro asesinatos. El Lobo, de 41 años, suma dos mil años de condena por un centenar de asesinatos. Ninguno saldría vivo de la cárcel ni con la redención de penas.
Argüello sostiene que el problema es sistémico. «Si no logramos que las instituciones trabajen articuladamente, no podremos afrontar nada», asegura. «La cosa está demasiado caliente y se recrudecerá porque hay una lucha por el control territorial».
NOTA: Durante tres semanas en septiembre, se solicitaron entrevistas para este reportaje al entonces ministro de Gobernación Francisco Jiménez (por medio de su asistente personal, de un encargado de prensa del ministerio y por mensajes de texto al ministro). También al director de la PNC David Boteo vía la vocería de PNC, y a fiscales del MP vía sus voceros Moisés Ortiz y José Luis Pantaleón, pero no atendieron las solicitudes.
