En los barrios latinos de Estados Unidos el silencio se ha vuelto parte de la rutina. El bullicio habitual de la agenda de cada mañana en las comunidades ha pasado …
En los barrios latinos de Estados Unidos el silencio se ha vuelto parte de la rutina. El bullicio habitual de la agenda de cada mañana en las comunidades ha pasado página. Han aprendido a reducir sus movimientos al mínimo. En la nueva era de Donald Trump los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deambulan por las calles casi con omnipresencia.
La política migratoria prometida en campaña por Trump es una realidad. Es una estrategia agresiva que busca expulsar a las personas en situación irregular. Según el republicano, estos suponen un riesgo por su supuesta participación en estructuras criminales.
Algunas personas, sobre todo aquellas con tez morena y un acento distinto, han cambiado sus rutinas. Muchos de quienes no tienen sus papeles en orden no salen a trabajar o cambian rutas, los niños no van a la escuela o las familias ya no se reúnan en los parques.
Salir de tiendas, ir a restaurantes o cafeterías donde se habla español, o simplemente desplazarse se ha vuelto un ejercicio temerario. En el país de la libertad, es mejor pasar inadvertido, porque la rutina cotidiana se puede convertir en una trampa.
El asedio en Mineápolis
Al norte del país, en Mineápolis, Minnesota, Navin Solórzano recuerda que, durante semanas, en enero de 2026, la ciudad pareció vivir bajo una ocupación invisible.
Agentes del ICE circulaban en vehículos sin identificación y con chalecos tácticos. A veces aparecían en restaurantes latinos, en estacionamientos o en las inmediaciones de escuelas. Nadie sabía exactamente cuándo ni dónde los verían, pero su presencia jamás pasaba inadvertida.
Las redadas masivas perdieron fuerza pero no desaparecieron, se transformaron tras las protestas en Minneapolis, pues el gobierno relevó al comandante Gregory Bovino y envió a Tom Homan a desescalar.
Homan retiró a miles de agentes y ordenó operaciones más selectivas enfocadas en migrantes con antecedentes penales, con el objetivo de evitar enfrentamientos con manifestantes.
Solórzano, ciudadano estadounidense de origen guatemalteco, comenzó entonces a participar en una red improvisada de apoyo comunitario. Junto con otros voluntarios organizaron colectas de alimentos para familias que no se atrevían a salir de sus viviendas.
Las bolsas de víveres se almacenaban en casas de vecinos y luego se distribuían discretamente. La clave de su organización fue siempre: los alimentos y cualquier ayuda debían ser administradas y resguardadas por algún gringo, alguien lo suficientemente blanco para pasar inadvertido ante la mirada de los agentes del ICE.
También organizaron rutas de vigilancia cerca de escuelas para observar si agentes migratorios aparecían en las inmediaciones. El objetivo era alertar a los padres antes de que recogieran a sus hijos.
Mineápolis reaccionó con protestas ante el despliegue del ICE. Durante semanas, miles de personas se manifestaron en el centro de la ciudad contra las redadas, en un clima de indignación marcado por las muertes de Renée Good y Alex Jeffrey Pretti, el 7 y el 24 de enero. Ambos fueron abatidos por agentes federales durante operativos migratorios en esa ciudad.
Demócrata y latino: el enemigo
En un estado históricamente inclinado hacia posiciones políticas demócratas (el Partido Demócrata no ha perdido una elección presidencial en Minnesota desde 1972 y no ha elegido gobernador republicano desde 2006) la movilización fue masiva. Los organizadores de las protestas también animaban a la población a no acudir al trabajo ni a la escuela durante un día completo como presión política.
Para muchos migrantes, sin embargo, las protestas no disiparon el miedo. Incluso ciudadanos estadounidenses de origen latino comenzaron a llevar copias de sus documentos de identidad cada vez que salían de casa.
Navin Solórzano recuerda casos de personas con estatus legal detenidas temporalmente por agentes migratorios que dudaban de su ciudadanía por su acento o apariencia.
Él optó por salir siempre con copia de su documento. Temía que, por sus rasgos, pudieran detenerlo y despojarlo del documento original.
En ese contexto la sensación general es que, en las últimas semanas, la aplicación de las leyes migratorias ha entrado en una nueva fase: menos agresiva tras el desgaste mediático sufrido por las muertes en Minnesota y las movilizaciones masivas. Pero no ha desaparecido.
Comunidad en resistencia
Además de actuar preventivamente, las comunidades latinas de Estados Unidos también se han organizado ante las redadas migratorias. En ciudades como Mineápolis, Los Ángeles o Nueva York, organizaciones comunitarias han comenzado a crear redes informales de alerta y asistencia.
Grupos de voluntarios comparten información en chats para advertir sobre operativos. Otros se encargan de acompañar a familias cuyos miembros han sido detenidos.
Jorge Bethancourt, un guatemalteco que tiene tres décadas de vivir en Long Island, Nueva York, dice que él está pendiente de canales digitales y de las cuentas de latinoamericanos en redes sociales, como la de Osman Canales, quien publica alertas cuando encuentra operativos del ICE.
De acuerdo con Solórzano estas acciones constituyen un mecanismo de resistencia que combina solidaridad y supervivencia. En varios barrios, la comunidad ha aprendido a leer las señales de un operativo migratorio: vehículos sin placas, agentes de civil o presencia de camionetas cerca de restaurantes y lavanderías frecuentadas por trabajadores latinos.
Prepararse para la deportación
En Los Ángeles, el activista guatemalteco Ben Monterroso, integrante de las organizaciones Poder Latinx, y America´s Voice, ha observado cómo el miedo a la deportación transforma la vida cotidiana de miles de familias.
Por ello, desde hace décadas, participa en estas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes. Monterroso lamenta que la incertidumbre se haya convertido en el sentimiento dominante en las comunidades.
Las organizaciones en las que participa ofrecen apoyos, como preparación legal para un eventual proceso de deportación. Esta preparación implica que las personas dejen poderes legales a sus familiares y que de esta forma puedan reclamar viviendas, vehículos y cuentas bancarias.
Además, les orientan sobre cómo preparar cartas notariales para designar tutores para sus hijos en caso de deportación.
En varias ciudades, organizaciones comunitarias han comenzado a ofrecer talleres sobre derechos legales durante detenciones migratorias. En estas sesiones se recomienda no firmar documentos sin asesoría jurídica y solicitar asistencia legal inmediata.
Las familias suelen preparar maletas de emergencia, con documentos personales y números de abogados, explica el activista.
Pero hay algo, recuerda, para lo que es imposible prepararse. El impacto emocional de la familia, en caso de que el ICE toque a su puerta. Ese temor, lamenta Monterroso, se suele trasladar a los niños, quienes viven con miedo de que cualquier despedida se convierta en una ausencia dolorosa y prolongada.
La política del miedo
A pesar de la dura política migratoria de Trump, los datos de deportaciones a Guatemala no son más elevados que los de la administración de Joe Biden.
A juicio de la investigadora Úrsula Roldán, del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh), de la Universidad Rafael Landívar, la reducción responde a dos razones principales.
La primera, según Roldán, está vinculada al aumento de las detenciones dentro del propio territorio estadounidense. Se trata de personas retenidas en procesos que aún no se reflejan en cifras de deportación, pero en el futuro se podrían reflejar.
Este desfase evidencia una estrategia del miedo, que combina control migratorio y efecto disuasorio, generando temor entre las personas migrantes y con ello limitando su movilidad.
Roldán apunta la segunda razón a la persistencia migratoria que se denomina «migración de goteo»: un flujo constante, menos visible que las grandes oleadas, pero sostenido en el tiempo.
Aquí, las personas continúan migrando, aunque lo hacen por rutas menos conocidas y cada vez más peligrosas, adaptándose a las condiciones cambiantes de las fronteras.
Este tipo de migración, más silenciosa pero estructural, refleja que el fenómeno no ha disminuido, sino que ha cambiado. Esto se puede correlacionar con la aparente merma de las deportaciones, pues el flujo migratorio ha cambiado, por consiguiente, los retornos.
Cifras de deportaciones
De acuerdo con estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en los primeros tres meses de 2024, 2025 y 2026, los guatemaltecos deportados desde Estados Unidos sumaron 19,337; 8,011 y 14,234 respectivamente.
Aunque la cifra de 2026 representa un incremento del 77 % en comparación con el mismo periodo de 2025, todavía es 26 % menor a la registrada en 2024.
En 2024 (último año de la gestión de Joe Biden) la cifra total de deportados desde EE.UU. fue de 61,680 mientras que en 2025 (primero de la administración Trump) alcanzó los 48,500. Con el incremento registrado en los primeros meses de 2026, las cifras totales podrían igualar o superar las de la administración Biden.
Para Jorge Bethancourt, el guatemalteco de Long Island, el cambio en la política migratoria estadounidense ya poco tiene que ver con los números. Se trata de una estrategia de intimidación diseñada para generar miedo en las comunidades migrantes. «Aunque en tiempos de Biden había más deportaciones, ahora es un estilo diferente. La idea de esta administración es crear zozobra y atemorizarnos», considera.
«Antes los agentes de migración estaban en los centros de detención y deportaban a quienes habían incurrido en algún problema. Ahora los agentes andan con máscaras, carros sin placas y rondan lavanderías, fábricas, tiendas de conveniencia y lugares donde se venden productos básicos», añade.
¿A quién deportan?
De acuerdo con el departamento de comunicación social del IGM, el perfil de las personas retornadas revela un patrón. La mayoría de guatemaltecos que regresan son trabajadores vinculados a los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios.
Suelen ser detenidos cuando van a sus trabajos y no suelen tener problemas legales. La mayoría son hombres jóvenes, entre 18 y 39 años, muchos de ellos jefes de familia.
En términos geográficos, los departamentos con mayor número de retornados son Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala.
Volver a un país que ya no es el mismo
Para quienes regresan, el retorno suele ser una experiencia compleja. Gustavo Juárez, de la Asociación de Retornados de Guatemala, conoce bien esa sensación. Tras años de vivir en Estados Unidos, regresar a Guatemala implicó enfrentarse a una realidad completamente distinta.
El retorno, explica, no siempre significa volver a casa. Muchas personas regresan después de décadas fuera del país y encuentran un entorno social y económico que ya no reconocen.
Algunos vuelven endeudados por el costo del viaje migratorio o porque no pudieron ahorrar. Llegan sin recursos económicos ni redes de apoyo.
La vergüenza juega un papel importante. En muchas comunidades rurales, el fracaso del proyecto migratorio puede interpretarse como una derrota personal.
Por esa razón, explica Juárez, algunos retornados prefieren ocultar su situación o evitar el contacto con vecinos y familiares. Se aíslan en su propio país.
La respuesta del Estado
Ante el aumento de retornos, el gobierno guatemalteco anunció en enero de 2025 la creación del programa Plan Retorno al Hogar. Según el departamento de comunicación social del IGM, se trata de una iniciativa que busca facilitar la reintegración de las personas.
El programa funciona en los centros de recepción ubicados en la ciudad de Guatemala y en Tecún Umán, San Marcos, donde los retornados reciben información sobre servicios disponibles.
De acuerdo con el IGM del total de retornados desde Estados Unidos entre el 1 de enero y el 7 de abril de 2026, (15,270 personas) 14,064 dieron su consentimiento para facilitar su información personal y recibir apoyo del programa.
Esto significa que aceptan incorporarse al plan y ser asesoradas por las más de 20 instituciones públicas y privadas que participan. El nivel de participación de las personas varía de acuerdo con las necesidades detectadas durante las entrevistas.
El programa cuenta con tres fases: la primera de orientación e información de derechos migratorios cuando aún están en territorio estadounidense.
La segunda fase al momento de llegar a territorio nacional, para que el retorno sea digno. En esta se les ofrece información y se trasladan al Centro de Atención y Registro. Ahí se les proporciona alimentación, alojamiento (en caso sea necesario), atención psicológica y sanitaria privada. También un chip telefónico con saldo para comunicarse con familiares o las instituciones necesarias.
Por último, los retornados reciben diferentes servicios de organizaciones públicas y privadas de cara a su incorporación al mercado laboral.
Entre los servicios básicos se les facilita la obtención de documentos oficiales: antecedentes penales, solvencia fiscal, tramitación del DPI, entre otros.
Una crisis que no termina
Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2024 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el endurecimiento de los controles y la falta de vías regulares para migrar empujan a muchas personas a rutas y opciones cada vez más peligrosas.
Cuando las opciones legales se reducen, advierte el organismo, crecen los desplazamientos forzados, las crisis humanitarias y las situaciones de extrema vulnerabilidad. Esto ocurre para quienes se ven obligados a migrar o a regresar de manera abrupta a sus países de origen.
Las deportaciones masivas no solo afectan a los individuos detenidos, sino también a sus familias y comunidades, tanto en Estados Unidos como en Guatemala.
La migración, advierte la OIM, sigue siendo un fenómeno profundamente ligado a desigualdades económicas, violencia y falta de oportunidades.
En Mineápolis, Navin Solórzano sigue participando en redes de apoyo comunitario. Las redadas ya no son tan visibles como en meses anteriores, pero el miedo persiste debido al ajuste táctico del ICE que combina presión política, judicial y mediática.
Algunas familias han vuelto a salir a trabajar o a llevar a sus hijos a la escuela, mientras otras se resisten y evaden espacios públicos. Entre tanto, la comunidad aprende a vivir entre la organización y la incertidumbre.
Si conoces o eres una persona que recién ha sido retornada a Guatemala, Honduras o El Salvador o necesitas apoyo en Estados Unidos, te dejamos los siguientes contactos para que puedan brindarte apoyo.
