Julio Rivera Clavería se sienta, erguido, frente a los miembros de la comisión de postulación de fiscal general. Habla con un tono firme y seguro que a veces, en momentos …
Julio Rivera Clavería se sienta, erguido, frente a los miembros de la comisión de postulación de fiscal general. Habla con un tono firme y seguro que a veces, en momentos clave, se eleva. Parece hasta enojarse. Sus respuestas son directas y no titubea. Guía su exposición mirando a los comisionados a los ojos, y acompaña sus argumentos con las manos, como si enfatizara cada idea con un golpe en el aire.
Tiene claro su plan de trabajo y cómo defenderlo frente a quienes lo evalúan la mañana del 10 de abril de 2026.
Hay un motivo aparente detrás de su seguridad: es un candidato con experiencia. Esta es la quinta ocasión en la que Rivera Clavería se presenta frente a una comisión de postulación de fiscal general. Lo hizo en 2010, 2014, 2018, 2022 y, ahora, en 2026.
Esta es la tercera vez que quedará en la nómina final.
Tiene más de 40 años de experiencia en la administración pública, lo que la comisión de postulación valoró con una de las calificaciones más altas: 88.93 puntos sobre 100. En candidaturas anteriores también había logrado una de las mejores puntuaciones.
Rivera Clavería recibió el respaldo de 11 de los 15 comisionados. Entró a la nómina en la segunda ronda de votación.
«No creo en la criminalización»
La próxima persona que dirija el Ministerio Público heredará una institución profundamente cuestionada. La fiscal general Consuelo Porras (2018-2026), ha sido señalada por organizaciones nacionales e internacionales de utilizar su poder para perseguir a periodistas, ciudadanía, activistas y operadores de justicia vinculados a la lucha anticorrupción.
Este clima de persecución marcó la audiencia pública de varios de los aspirantes a fiscal general ante la comisión de postulación.
Durante su entrevista, la comisionada Patricia Gámez preguntó a Julio Rivera Clavería cómo evitar que el Ministerio Público sea utilizado para perseguir a personas por razones políticas.
El candidato respondió: «Yo no creo en la criminalización de las personas. Hay que alejar al Ministerio Público del tema político y de confrontaciones que no le corresponden. Criminalizar a personas por razones políticas o ideológicas no tiene cabida en el MP».
Rivera Clavería sostuvo que el próximo fiscal general deberá recuperar la legitimidad institucional, una tarea que, según su diagnóstico, pasa por depurar la institución y fortalecer su capacidad investigativa.
«Acá, la corrupción ha permeado las instituciones de justicia y seguridad en el país, y lo sabemos todo. Que nadie lo quiere decir, esos son otros diez pesos», sentenció.
Según dijo ante la comisión, el Ministerio Público necesita una transformación profunda que permita investigar estructuras criminales incrustadas en el Estado, más allá de casos aislados.
Clavería se presenta como una persona con valores éticos y asegura que esa será su bandera como fiscal general.
Sin embargo, a lo largo de su trayectoria política ha sido vinculado a actores e instituciones cuestionados.
De la «Panel Blanca» a desapariciones de estudiantes
La carrera pública de Julio Rivera Clavería se ha desarrollado en gran medida dentro de instituciones de seguridad del Estado. Uno de los primeros cargos relevantes que ocupó fue el de viceministro de Gobernación durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991), el primer presidente civil tras décadas de gobiernos militares.
Ese periodo coincidió con años especialmente violentos del conflicto armado interno guatemalteco. Entre 1987 y 1989 se registraron denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a estructuras clandestinas vinculadas a fuerzas de seguridad.
Uno de los casos más conocidos fue el de la llamada «Panel Blanca», una estructura de secuestro y desaparición forzada que operaba utilizando vehículos tipo panel sin placas. Según investigaciones judiciales posteriores, estaba integrada por agentes de la extinta Guardia de Hacienda y otros cuerpos de seguridad. La estructura fue señalada por la desaparición de al menos 27 personas durante esa época.
Clavería se ha desligado de este caso. «Yo era director del Sistema Penitenciario y ese problema fue un problema entre el director de la Guardia de Hacienda de esa época y el director de la Policía. Yo no tenía absolutamente nada que ver. Pero sé quién la inventó y por qué la inventaron», dice a Agencia Ocote.
Durante esos mismos años también ocurrió el secuestro y desaparición de 11 dirigentes estudiantiles de la Universidad de San Carlos, un caso emblemático de desaparición forzada ocurrido en 1989. Investigaciones judiciales posteriores vincularon a miembros de fuerzas de seguridad del Estado con los hechos. No se han encontrado registros judiciales que vinculen directamente a Julio Rivera Clavería con ese caso.
Un año después, en 1990 Julio Clavería fue nombrado director de la Guardia de Hacienda.
Lo señalan de formar parte de Red Moreno
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mencionó a Rivera Clavería en investigaciones relacionadas con la llamada «Red Moreno». A través de la «Cofradía» —un grupo de oficiales de inteligencia militar—, la estructura criminal se dedicaba a la defraudación aduanera, el contrabando y las extorsiones.
Julio Rivera rechaza haber estado vinculado con esta red. «Esas son las grandes narrativas de grupos interesados en querer promover a su gente», afirma, y reitera que nunca ha trabajo para una estructura criminal.
«¿Cree que si la CICIG hubiera tenido pruebas suficientes no hubieran actuado en contra de mí? Claro que lo hubieran hecho. ¿O cree que los norteamericanos que manejan todos estos temas no me tuvieran ya en Estados Unidos?», se pregunta.
«Esas narrativas que circulan incluso pueden ser del propio crimen organizado —especula—, porque saben que yo sí les entro; yo no tengo ningún problema en entrarles».
***
En 2010, la primera vez que Clavería participó en el proceso de elección de fiscal general, el Movimiento Cívico Nacional presentó tachas contra su candidatura.
Entre los cuestionamientos señalaban una supuesta cercanía con el empresario Carlos Quintanilla, quien había sido investigado en 2008 por delitos relacionados con espionaje, interceptación ilegal de comunicaciones y revelación de secretos.
Rivera Clavería ha rechazado públicamente esas acusaciones y ha afirmado que nunca ha estado involucrado en actividades ilícitas.
El regreso de Clavería al viceministerio
Pasamos a 2012, el año donde Clavería fue nombrado viceministro de Seguridad en el Ministerio de Gobernación, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
El ministerio estaba entonces dirigido por Mauricio López Bonilla, un teniente coronel retirado del Ejército que había sido jefe de inteligencia militar durante el conflicto armado interno y que se convirtió en uno de los hombres fuertes del gabinete de seguridad del Partido Patriota.
Como viceministro, Rivera Clavería quedó encargado de coordinar la seguridad pública y las llamadas Fuerzas de Tarea, unidades interinstitucionales que se convirtieron en la principal estrategia del gobierno para enfrentar el crimen organizado y las extorsiones.
Su nombramiento no pasó desapercibido. Análisis políticos señalaron que detrás de su llegada al Ministerio de Gobernación habría mediado el general retirado Ricardo Bustamante Figueroa, quien entonces se desempeñaba como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, la instancia encargada de coordinar el sistema nacional de inteligencia
Rivera Clavería habría sido incorporado al gobierno como un «contrapeso» dentro del Ministerio de Gobernación y contaba con la cercanía de Bustamante, figura clave dentro de redes de inteligencia militar que han tenido influencia en el sistema de seguridad del Estado.
En ese contexto, Rivera Clavería dijo en 2014 a Plaza Pública que había sido invitado al cargo por el presidente Pérez Molina —no por Bustamante—. Aseguró que su relación con el militar era únicamente profesional, y añadió que conocía a Bustamante desde la creación del Instituto de Estudios de Seguridad de la Universidad de Galileo.
Mientras era viceministro de Gobernación, Rivera Clavería, contrató al militar retirado Óscar Platero Trabanino, para asesoría y conformación de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones y para elaborar análisis de coyuntura sobre estructuras criminales.
Platero Trabanino fue vicepresidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización guatemalteca que ha presentado denuncias penales contra exfuncionarios, jueces, fiscales y defensores de derechos humanos vinculados a la lucha contra la corrupción en Guatemala. A partir de estas, la fiscalía de Consuelo Porras ha abierto casos y criminalizado a decenas de personas.
La FCT ha sido señalada por organismos internacionales de promover un discurso de odio y hostigamiento contra operadores de justicia independientes.
Candidato a la presidencia: su compañero de fórmula y el partido detrás
Tras varios años con un perfil más bajo, enfocado principalmente en la docencia y en consultorías relacionadas con temas de seguridad, Rivera Clavería volvió al escenario político en 2023. Ese año fue proclamado candidato presidencial por el partido político Mi Familia.
El partido había sido inscrito en el Tribunal Supremo Electoral en 2022 por Byron André López Maldonado y Luis Pedro López Maldonado, hijos del militar retirado Byron Norberto López Lara, quien también participó como candidato al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Según registros judiciales, Byron André López Maldonado enfrentaba un proceso penal por los delitos de falsedad ideológica y casos especiales de estafa.
El binomio presidencial se completó con el abogado José Enrique Urrutia Estrada como candidato a la vicepresidencia.
Urrutia ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con el caso de corrupción que involucró al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y a la empresa constructora Sigma Constructores, uno de los mayores escándalos de corrupción en obra pública revelados durante las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG.
La mano dura, la bandera del Clavería político
Durante su campaña presidencial, Rivera Clavería se presentó como un candidato enfocado en la seguridad y en políticas de mano dura contra el crimen organizado.
En entrevistas y actividades públicas insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado, ampliar el uso de fuerzas de tarea y endurecer las penas contra delitos graves, como el implementar la cadena perpetua.
Ese discurso se mantiene en su propuesta para dirigir el Ministerio Público. Durante su entrevista ante la comisión de postulación afirmó: «El gran problema es que no se tiene el valor suficiente para ir detrás de las estructuras criminales. Esto no es un problema de supermanes, ni es un problema de miedos».
En su plan de trabajo también propone:
- Fortalecer las unidades especializadas contra el crimen organizado.
- Modernizar el Ministerio Público mediante tecnología e inteligencia de datos.
- Mejorar la coordinación con fuerzas de seguridad.
- Fortalecer los sistemas de análisis criminal.
- Ampliar la persecución de redes criminales complejas.
La decisión de Bernardo Arévalo
Con más de cuatro décadas de experiencia en instituciones de seguridad y justicia, Julio Rivera Clavería llega nuevamente a la recta final de un proceso para dirigir el Ministerio Público.
Su candidatura combina dos elementos que generan lecturas encontradas: por un lado, su larga trayectoria en el sistema de seguridad y su discurso de combate frontal al crimen; por otro, los cuestionamientos sobre sus vínculos con redes militares, actores políticos controvertidos y figuras señaladas en investigaciones de corrupción o narcotráfico, de los cuales él se desliga.
Para Juan Pablo Muñoz, analista e integrante de Alianzas por las Reformas, el perfil de Julio César Rivera Clavería podría representar uno de los escenarios más complejos dentro del proceso. Según Muñoz, el candidato mantiene vínculos con distintos sectores del poder político y militar debido a su trayectoria en diversas administraciones públicas.
Para Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, la trayectoria de Julio César Rivera Clavería plantea preocupaciones por sus vínculos políticos y militares.
«Tiene vínculos con partidos políticos deleznables, con segmentos militares y concretamente de inteligencia militar», afirma.
Según la analista, estas conexiones influyen en la percepción que se tiene sobre su candidatura como fiscal general. «No se le considera un personaje realmente democrático por esas vinculaciones que tiene. Eso sería lo más resaltante», agrega.
Según Kristel Martín, analista y coordinadora de proyectos de BeJust, el perfil de Julio César Rivera Clavería se ubica en una categoría intermedia dentro de la evaluación que realizan sobre los aspirantes. «Hay candidatos que están en negro y Clavería cabría en un gris oscuro», resume. Para Martín, sus antecedentes hacen que sea improbable que resulte electo como fiscal general.
La decisión final ahora recae en el presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir al próximo fiscal general entre los candidatos propuestos por la comisión de postulación y a quién presentará el próximo 17 de mayo.
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Carmen Quintela
