Rubén Darío Morales García, fotógrafo vinculado al Estado Mayor Presidencial (EMP) en los años 90, fue enviado a juicio por la jueza Abelina Cruz Toscano del Juzgado Mayor Riesgo, en …
Rubén Darío Morales García, fotógrafo vinculado al Estado Mayor Presidencial (EMP) en los años 90, fue enviado a juicio por la jueza Abelina Cruz Toscano del Juzgado Mayor Riesgo, en septiembre de 2025.
Morales es acusado por complicidad y falso testimonio en la ejecución extrajudicial de monseñor Juan José Gerardi en 1998. Fue identificado en la escena del crimen tomando fotografías, negó pertenecer al EMP y luego salió del país. Fue extraditado de Estados Unidos en 2025.
Por ahora, el caso en su contra está en la fase previa al juicio. Pero el debate aún no puede comenzar mientras se resuelve una recusación.
La recusación del juez, el caso pendiente
La querellante adhesiva del proceso es la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que recusó al juez vocal Eleazar Bautista Fuentes, al considerar que podrían no ser imparcial.
Esa recusación está ahora en manos de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Si la sala la rechaza, el tribunal actual continuará y podría fijar fecha para el inicio del debate. Si la acepta, habrá que integrar un nuevo tribunal, lo que implicaría un nuevo retraso en el proceso.
Por ahora, no hay fecha para el inicio del debate, explica Nery Rodenas, director de la ODHAG.
Por ese caso, en 2001 sí se lograron tres condenas a cargo del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente contra los militares Byron Disrael Lima Estrada, Byron Lima Oliva y José Obdulio Villanueva, así como al sacerdote Mario Orantes, por su participación en la ejecución de Gerardi.
Aunque esa sentencia marcó un precedente porque los condenados formaban parte de la estructura militar del Estado, dejó abierta la investigación sobre otros responsables, incluyendo posibles autores intelectuales dentro de la cadena de mando militar.
Con el transcurso de los años, varios de los condenados también fueron asesinados. Villanueva fue decapitado en un motín prisión en 2003 y Byron Lima Oliva, quien llegó a consolidar poder dentro del sistema penitenciario, fue asesinado en 2016. Ambos se encontraban en la cárcel de Pavón, Fraijanes.
El padre de Lima, Byron Disrael Lima Estrada y el sacerdote Mario Orantes recuperaron su libertad tras cumplir parte de sus condenas.
MP pide beneficio para el fotógrafo
Ante la pausa en la que se encuentra actualmente el proceso contra Rubén Darío Morales García, en marzo de este año, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público a cargo de Noe Rivera solicitó que se le otorgara una medida sustitutiva de arresto domiciliario a su favor.
La petición fue cuestionada por la ODHAG en un comunicado publicado el 2 de abril.
La organización señala que el fotógrafo acusado permaneció prófugo durante más de dos décadas y que existe riesgo de fuga, por lo que considera que la solicitud podría debilitar el proceso.
Morales no es un acusado común. Su rol, aparentemente técnico –tomar fotografías de la escena del crimen– es precisamente lo que lo vuelve relevante en el caso.
«Él perteneció al equipo en donde los miembros –del Ejército– fueron condenados por la muerte de Gerardi», dice Rodenas.
«Y en una estructura como el Estado Mayor Presidencial hay jerarquías. No se actúa de manera aislada»
El EMP de Álvaro Arzú
En 1998, Rubén Darío Morales García integró el EMP bajo el gobierno de Álvaro Arzú. El expresidente fue llamado a declarar en el primer juicio por el asesinato de Gerardi. El EMP era una unidad militar encargada de la seguridad del presidente y su entorno. En informes se señala como responsable de operaciones de inteligencia y acciones contrainsurgentes durante el conflicto armado interno.
De acuerdo con el informe REMHI y con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el Estado guatemalteco operó a través de estructuras de inteligencia encargadas de vigilar, perseguir y eliminar a quienes eran considerados enemigos internos.
Aunque los Acuerdos de Paz de Guatemala marcaron formalmente el fin del conflicto armado en 1996, estas estructuras no desaparecieron de inmediato. «El caso Gerardi evidenció que estos aparatos seguían operando», sostiene Rodenas. «En cualquier estructura criminal, no solo es responsable quien ejecuta, sino quien participa en la planificación, en la logística o en el encubrimiento», añade.
El rol como fotógrafo de Morales lo ubicaba en una posición clave dentro de esa estructura, donde la documentación también formaba parte de las operaciones.
¿Una pieza que llega tarde?
Luego de la reactivación del caso Gerardi, Nery Rodenas señala que «por un lado, se siente frustración porque no se ha logrado avanzar en responsabilidades más amplias. Pero por otro, es un avance mínimo: de (otras) 13 personas señaladas, al menos una está siendo investigada».
Mayra Rodríguez del colectivo Centinelas por la Dignificación del Estado asegura que «el asesinato de monseñor Gerardi no es un crimen aislado. Es el resultado de una estructura más amplia»
Rodríguez también forma parte del Movimiento Monseñor Gerardi, un espacio para preservar su memoria, legado y exigir justicia. Para ella, la captura de Rubén Darío Morales es importante, pero insuficiente. «Se dan pasos, pero sigue habiendo una deuda: investigar quién dio la orden», afirma.
«Las estructuras de impunidad no desaparecieron. Se transforman, cambian de rostro, pero siguen operando”, dice. “Y eso se refleja en cómo funciona hoy la justicia en Guatemala».
Un caso que sigue hablando del presente
El asesinato de Gerardi ocurrió dos días después de la presentación del informe REMHI, que documentó más de 54 mil violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno.
«Lo que está en juego no es solo este caso», dice Rodríguez. «Es si vamos a seguir permitiendo que estos hechos se reduzcan a responsabilidades individuales o si vamos a entender que fueron parte de algo más grande».
Mientras se resuelve la recusación y solicitud del MP, el caso Gerardi sigue abierto y existe una posibilidad de conocer mayores detalles sobre los responsables intelectuales de su crímen.
Puedes encontrar más historias y coberturas sobre justicia transicional en Guatemala en la sección de memoria histórica de Agencia Ocote.
Texto: Andrea Godínez
Edición: Lourdes Álvarez
