El pasado 17 de febrero, la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo pública la nómina de 20 candidatos de la que el Congreso de la República tendrá …
El pasado 17 de febrero, la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo pública la nómina de 20 candidatos de la que el Congreso de la República tendrá que escoger en los próximos días a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes 2026-2031. Este nuevo TSE será el encargado de realizar los próximos dos procesos electorales en Guatemala.
Sin embargo, organizaciones sociales nacionales e internacionales señalan falta de transparencia y de contrapesos en el proceso, lo que hizo posible que perfiles sancionados internacionalmente o con vínculos con la criminalidad ingresaran a la nómina.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John M. Barret, hizo una fuerte crítica hacia los dos representantes de la Usac y los dos de las universidades privadas el día que anunciaron la lista.
«Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE», sentenció.
También dijo que ellos priorizaron «sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones».
“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones.” – #EncargadoDeNegocios John Barrett. pic.twitter.com/nKJX4x0J3w
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 18, 2026
Días antes, durante su visita al país, la misión internacional del Club de Madrid de exjefes de Estado, dijo el pasado 12 de febrero que diversos sectores les alertaron sobre esta problemática.
«La delegación ha escuchado con preocupación ejemplos de intimidación y criminalización a actores clave durante el proceso de elección, así como de posibles interferencias de poderosos grupos de interés con vínculos al crimen organizado en las comisiones de postulación y los organismos electorales», indicaron en un comunicado.
Las críticas a la comisión
Mónica Marroquín, subdirectora de Guatemala Visible, señala que su organización hizo una crítica al proceso de esta postuladora para evaluar los perfiles.
Se refirió específicamente al proceso de tachas a ciertas candidaturas.
«Las sanciones internacionales nunca se han tomado como algo de peso. Argumentan que se basan únicamente en sentencias firmes al momento de considerar a una persona idónea o no. Esa debería ser una conversación», explica Marroquín.
«En esta comisión tenemos una crítica a cómo se dio el proceso. Únicamente leyeron los señalamientos y no entraron a analizar a cada persona. No quedó de forma transparente y pública esa discusión que sí hubo en otros procesos», denuncia.
Una de las recomendaciones no atendidas por esta postuladora, según Marroquín, es que escogieran a personas con experiencia en materia electoral, dado que estos magistrados liderarán las elecciones del próximo año.
«Lo que vimos en esa selección fue que no pesó la trayectoria ni la experiencia. Tampoco evaluaron la honorabilidad».
El politólogo Renzo Rosal asegura que hay perfiles a los que la ciudadanía tiene que «prestarles atención».
«De quienes postularon para el TSE, no solo están los tres señalados por Estados Unidos, también hay involucrados en casos de corrupción como “comisiones paralelas” o con relaciones familiares problemáticas», señala.
«Pareciera que una parte de la lista ya estaba preelaborada. Por eso no hubo discusión final y la votación fue tan rápida. El tema entonces es ¿quiénes confeccionaron esta lista y por qué?»
«A este tipo de cosas hay que ponerle más atención», afirma el politólogo.
Rosal se refiere a múltiples señalamientos en contra de los representantes de las universidades que, aunque la ley lo prohíbe, mantuvieron reuniones secretas previo o durante las sesiones.
Los cuatro votos unidos en la toma de decisiones en la comisión y en la designación de los 20 candidatos:
- Walter Mazariegos, rector de la Usac
- Henry Arriaga, decano de Derecho de la Usac
- Mynor Herrera, rector de la U. Panamericana
- José González, decano de Derecho de la U. de Occidente
No participaba en las reuniones secretas y sus votos fueron disidentes de los de los cuatro representantes de las universidades:
- Gregorio Saavedra, representante del CANG
«No permiten la transparencia»
Alejandro Morales, coordinador de Incidencia y Políticas Públicas en el Consejo Nacional Empresarial (CNE), indica que aunque las postuladoras intenten darle un tinte técnico a sus procesos «con las tablas de gradación», se evidencia que son procesos políticos.
«La tabla de gradación solo sirve para ver si alguien tiene doctorado o si trabajó en el sector público y cuánto tiempo. Las comisiones no son un modelo que permita la participación amplia ni la transparencia», indica Morales.
«El modelo está agotado», afirma.
El papel de las universidades privadas
Los expertos afirman que quienes buscan cooptar espacios de poder han encontrado el modelo: «Han aprendido que lo que necesitan es una universidad», indica Morales.
«Creas universidades sin estudiantes, una facultad de Derecho y de Económicas y ya tienes un asiento en las Comisiones de Postulación para TSE, MP y la Contraloría. Luego, esa misma universidad de cartón termina nutriendo el sistema al darle espacio como docente a ciertos perfiles», advierte Morales.
Una investigación de Insight Crime revela cómo funciona el modelo y el papel que juegan en las comisiones de postulación. De esta investigación, cuando fue designada Consuelo Porras como fiscal general en 2018, existían 12 universidades privadas y en la actualidad ya suman 15.
Mónica Marroquín recuerda que el espíritu de que las universidades fueran parte de estos procesos era «darle un carácter académico» al sistema de justicia.
«El diseño de Comisión de Postulación con el tiempo se fue volviendo político. Y era inevitable porque los cargos que se escogen son de alta relevancia y con muchos intereses detrás», menciona.
No todo está mal
Marroquín menciona que no todas las autoridades universitarias están mal, pues en el pasado han visto esfuerzos para mejorar los procesos con otros representantes. Sin embargo, reconoce que en la actualidad han pesado más los votos de personas con intereses particulares.
«Le recordamos a la academia su función y su responsabilidad de aportar al país».
El mal accionar de los representantes de la Usac era conocido, sin embargo, Rosal señala que la mala decisión de las universidades privadas al nombrar a sus representantes en esta comisión se vio desde el inicio.
En la designación del representante de los rectores, «cuando quedaron fuera los rectores decentes, uno ya podía decir que iban a escoger lo peor. Escogieron a alguien que representa desde hace tiempo intereses cuestionables», dice Rosal.
Sin contrapeso: 1 contra 4
Edgar Ortiz, suplente cuando Gregorio Saavedra no estuviera presente, en representación del CANG, denunció la falta de posibilidad de una designación distinta. El voto de Saavedra fue disidente de los otros cuatro en todo el proceso.
Ortiz compartió en sus redes sociales una tabla en la que evidencia cómo fue el voto de Saavedra y los otros cuatro integrantes de la comisión.
1️⃣
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) February 18, 2026
Culminamos nuestro trabajo en la comisión de postulación del TSE junto a @Goyo_Saavedra. Ya se envió la lista final de 20 candidatos.
Queremos explicar con datos cómo votó nuestro comisionado titular y cómo entender este resultado.
En el mismo, menciona que Mynor Herrera y Donald González, los representantes de las universidades privadas, coincidieron en el 82% de sus votos. Walter Mazariegos y Henry Arriaga, en representación de la USAC, coincidieron en el 74% de sus votos.
El voto disidente fue el de Gregorio Saavedra. Sin embargo, para que se consiguiera una mayoría simple y poder cambiar decisiones en la comisión, se necesitan 3 votos.
«El sistema no permite que una sola persona imponga candidatos», declaró Ortiz en su publicación.
Lo que se viene
Aunque existen recursos legales y denuncias contra el proceso de la postuladora, esta deberá presentar en los próximos días de manera formal el listado de 20 candidatos al Congreso de la República.
Los diputados en pleno escogerán a los 5 magistrados titulares y 5 suplentes, quienes tienen que asumir el cargo el 19 de marzo de 2026.
«Ahora el Congreso tiene la responsabilidad. La pelota está en su cancha para elegir un tribunal que permita una participación amplia», según Alejandro Morales.
Esto ha sido rechazado por diputados de varios partidos, quienes luego de los señalamientos contra la comisión, rechazan que ahora tengan que elegir de un listado cuestionado.
