En 2018, una investigación de la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) reveló cómo la elección de las cortes de justicia …
En 2018, una investigación de la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) reveló cómo la elección de las cortes de justicia en Guatemala se había corrompido.
El caso, llamado Comisiones paralelas, estuvo a cargo del entonces fiscal Juan Francisco Sandoval. El Ministerio Público demostró un entramado de trueque de favores y corrupción alrededor del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones.
El expediente expuso presuntas actividades ilícitas, realizadas por diversos actores que buscarían manipular las elecciones de 2014. Una segunda parte de la investigación —llamada Comisiones paralelas 2020— reveló que el entramado volvió a activarse durante las elecciones de 2019.
En la investigación, la fiscalía encontró listados de aspirantes a magistrados que habrían sido preseleccionados o negociados de forma paralela al proceso legal.
En el expediente de la FECI también había fotografías y registros de reuniones privadas entre operadores políticos y actores vinculados al proceso de elección, donde se habrían entregado listados.
En la primera fase del expediente, el principal señalado fue Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis. Según la investigación entregó sobornos para favorecer a algunos aspirantes. El Tribunal de Mayor Riesgo E lo absolvió en 2023, por considerar que la fiscalía no había probado su participación en los hechos.
Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, principal implicado en el segundo caso, relató en su testimonio judicial cómo se capturaron las cortes de justicia. Una trama de corrupción que involucró a diputados, magistrados, abogados, funcionarios públicos y candidatos.
En 2020, a petición del MP, la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender la elección de magistrados —que durante un año había tenido una serie de irregularidades—. La elección se retomó en 2023.
De comisiones paralelas al TSE
De los 181 candidatos que buscan dirigir el TSE, al menos diez estuvieron vinculados al caso Comisiones paralelas.
La mayoría —seis de ellos— no fueron investigados formalmente, por la inmunidad que tenían en sus cargos de magistrados de la CSJ o de cortes de apelaciones.
Cuando la fiscalía hizo público el caso, solicitó antejuicios en contra de los magistrados implicados, pero no progresaron.
Las sombras de las comisiones paralelas
Juan José Bolaños Mejía
En 2019 Bolaños Mejía litigaba como abogado. La FECI lo señaló de pertenecer a un grupo de operadores que negociaron los cargos de magistrados para las salas de apelaciones.
En 2021, el Juzgado de Mayor Riesgo D emitió una orden de captura en contra de Bolaños Mejía por el caso Comisiones paralelas 2020, pero ese año no fue detenido.La Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló la orden.
Meses después, en 2022, fue capturado por asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución. Pero, como la orden de captura del caso había sido anulada, el juez de Mayor Riesgo D, Edwin Ramírez, lo dejó en libertad.
En 2024 fue elegido como magistrado de la Sala Mixta de Apelaciones de Escuintla.
Wilber Estuardo Castellanos Venegas
En 2019 Wilber Castellanos era magistrado de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La FECI lo vinculó al caso Comisiones paralelas 2020, señalado de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos para amañar las elecciones de cortes.
«Pudimos observar cómo en el curso del proceso investigativo, fue documentado contacto de Alejos Cámbara, con personas señaladas por la sociedad civil organizada, entre ellos, Wilber Estuardo Castellanos Venegas», señala la Feci en la investigación.
Su candidatura para ocupar un cargo en el TSE fue empañada por dos tachas de la sociedad civil. Una de esta señala que, a través de un reparto ilegal de cuotas, apadrinamiento a candidatos y votos controlados, Castellanos habría recibido los votos necesarios en la comisión de postulación que lo incluyó en la nómina remitida al Congreso para las elecciones de cortes de 2019.
José Alejandro Córdova Herrera
El actual procurador de los derechos humanos fue magistrado titular de dos salas de apelaciones antes de ocupar el cargo que asumió en 2022. Primero en la sala cuarta penal y después en la de familia.
En julio de 2020 la FECI solicitó que Córdova y 12 funcionarios judiciales más perdieran su inmunidad por el caso Comisiones paralelas 2020.
La fiscalía lo señaló de mantener comunicación permanente con Gustavo Alejos, mientras era magistrado y se postulaba a la reelección, para que lo incluyeran en el listado.
La Corte Suprema de Justicia no accedió a la solicitud de la FECI. Argumentó que no había indicios suficientes.
Antes de que Córdova Herrera tomara posesión en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Corte de Constitucionalidad confirmó su protección. Rechazó un amparo del Ministerio Público que buscaba reactivar el proceso para que perdiera su inmunidad.
A nivel internacional, su trabajo es considerado deficiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso en diciembre de 2025 que la procuraduría incumplía sus funciones como contrapeso institucional frente al uso arbitrario del poder.
Dasma Janina Guillén Flores
En 2019, mientras era magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, Dasma Guillén buscó reelegirse para un periodo más.
En julio de 2020, la FECI pidió que Guillén Flores perdiera su inmunidad para ser investigada por el caso Comisiones paralelas 2020. Aunque se dio trámite, la CSJ negó la solicitud.
Al igual que otros magistrados, se le acusó de actividades criminales para influir en el proceso de elección.
Franc Armano Martínez Ruiz
En 2019 Martínez Ruíz se postuló para ser reelecto como magistrado de la corte de apelaciones, en ese entonces integraba la sala de Femicidio.
Es señalado por recibir los votos esperados de acuerdo con la investigación del supuesto amaño de las elecciones de cortes que se investigaron dentro del caso Comisiones paralelas 2020. Lo que ahora sociedad civil rememora con una tacha en contra de su postulación a magistrado del TSE.
José Luis de Jesús Samayoa Palacios
Para las elecciones de las cortes de 2019, mientras era magistrado de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Sacatepéquez, José Luis Samayoa buscó ocupar un cargo en la CSJ. A causa de la investigación de la FECI, la elección quedó bloqueada.
En 2019 no hubo un relevo de las cortes, pero en 2023 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con el informe del Movimiento Pro-Justicia sobre la trayectoria de los aspirantes al cargo de magistrados del TSE 2026-2032, Samayoa Palacios aparece mencionado en un informe que el Ministerio Público presentó al Congreso de la República.
De acuerdo con la fiscalía, Samayoa Palacios habría visitado a Gustavo Alejos para pactar la nómina de candidatos.
Samayoa Palacios está en el listado de los 13 funcionarios judiciales señalados por el MP de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita dentro del caso Comisiones paralelas 2020. Aunque el MP pidió a la CSJ que perdieran su inmunidad, la corte lo resolvió sin lugar y el magistrado no pudo ser investigado..
Rafael Morales Solares
En 2019 Morales Solares era magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio y buscó reelegirse.
En 2020 la FECI solicitó un antejuicio en su contra por el caso Comisiones paralelas.
Junto a otros magistrados, lo señalaron por sostener comunicación con Gustavo Alejos para negociar la elección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones.
La Corte Suprema de Justicia resolvió que mantendría con su inmunidad y no podría ser investigado.
Sergio Amadeo Pineda Castañeda
En 2014, Pineda Castañeda fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aunque su periodo debía terminar en 2019, ante la falta de las elecciones de los nuevos magistrados, él y los demás togados se quedaron en el poder hasta noviembre de 2023.
En junio de 2021, dentro del caso Comisiones paralelas 2020, la FECI solicitó que Pineda y otros magistrados de la CSJ perdieran su inmunidad. Señalados por actividades presuntamente ilícitas para amañar la elección de los magistrados de las cortes de apelaciones, mientras integraban la comisión de postulación para la elección.
Entre las tachas en su contra por la candidatura para el TSE, el abogado Eddie Cux alegó que también estuvo señalado en el caso Comisiones paralelas de las elecciones a cortes de 2014.
Durante la investigación, la CICIG y el MP lo identificaron ingresando a oficinas privadas del exministro Alejandro Sinibaldi. Además se habría reunido con Manuel Baldizón, excandidato a la presidencia para coordinar su candidatura. Ambos, Sinibaldi y Baldizon fueron señalados como actores del grupo que negociaba las cortes en la primera investigación de Comisiones paralelas.
Carlos Humberto Rivera Carrillo
En 2019, Carlos Rivera se postuló para ocupar un cargo en la CSJ. La fiscalía señaló que había obtenido unos votos que, de acuerdo con la investigación, se habrían negociado ilegalmente. La FECI lo vinculó luego de documentar que visitó a Gustavo Alejos, supuestamente con la intención de influir en la elección para magistrados.
En el documento de la fiscalía «Comisiones paralelas 2020: control político y judicial en manos de un privado de libertad», la FECI relaciona un vehículo a nombre de Rivera Carrillo con la investigación. Se presumía que lo usó para visitar a Alejos.
En 2023, durante las elecciones de cortes que finalmente se realizaron ese año, Rivera fue nombrado magistrado de la CSJ. Al concluir el cargo, en 2024, continuó trabajando en su bufete como abogado.
Elvia Ester Velásquez Sagastume
En 2019, Elvia Velásquez era magistrada de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. La FECI la vinculó al caso Comisiones paralelas 2020 porque, supuestamente, la comisión la incluyó en la nómina tras las negociaciones.
En noviembre de 2023, Velásquez Sagastume pasó de magistrada de apelaciones a magistrada de la CSJ, con 122 votos a su favor en el Congreso.
Ante su postulación a magistrada del TSE, organizaciones de la sociedad civil recuerdan esta vinculación en una tacha en su contra.
Un tema político y social
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, considera oportuno aclarar que no todos los candidatos al TSE vinculados al caso Comisiones paralelas fueron a negociar directamente. Unos se reunieron con Alejos en persona o por teléfono y otros estaban en la lista de candidatos que buscaban entrar en las cortes con influencia.
La vinculación de estas diez personas con el caso Comisiones paralelas es parte de las tachas presentadas por la sociedad civil en contra de los aspirantes al TSE.
Ibarra señala que, desde el punto de vista jurídico, estas personas no tienen ningún obstáculo, pero desde el punto de vista político se les puede cuestionar.
«Si fueron con un operador político de los grupos que pagan por tener impunidad y siguen dando vueltas por los altos cargos de las instituciones, tienen una tacha de orden ético», dice Ibarra.
La experta recuerda que «la comisión de postulación es un ente político administrativo no debe comportarse como un tribunal de justicia». «No tienen que decidir sobre la inocencia de una persona, solamente tienen que analizar el peso ético que tiene la tacha. Qué tan comprometidos están con malas conductas»», considera.
«El Tribunal Supremo Electoral debe ser a prueba de fraude y triquiñuelas para no burlar el voto de la gente», concluye Ibarra.
Del escándalo a la normalización
Para Juan Pablo Muñoz, integrante de la coalición de organizaciones de la sociedad civil Alianza por las Reformas, el caso Comisiones paralelas refleja una dinámica de elección de cortes que no ha dejado de darse, aunque el Ministerio Público no siguiera el caso.
Muñoz recuerda que, para las elecciones de magistrados de Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia en 2024, se observaron negociaciones de listas. «Diputados mofándose de que habían hecho negociaciones», recuerda.
«Nos muestra un mecanismo instalado. Los actores siguen reciclándose. El tema es que esa sombra de comisiones paralelas más que un caso aislado, lo que nos refleja es toda una lógica de cooptación del sistema de justicia, pero que entonces había quién investigara y ahora ya no», dice Muñoz.
Agrega que el caso Comisiones paralelas evidencia que los magistrados no son independientes, que no buscan ser electos a través de mecanismos de competencia.
Para concluir el proceso de elección, el jueves 19 de febrero, la comisión de postulación debe presentar un listado de 20 candidatos al Congreso de la República. Los diputados seleccionarán a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes que integrarán el próximo Tribunal Supremo Electoral.
Candidatos se defienden
Las vinculaciones del caso Comisiones Paralelas fueron parte de las tachas de sociedad civil en contra de los aspirantes al TSE. En su respuesta, todos aseguraron que carecen de fundamento.
Rivera Carrillo argumentó que no existe resolución judicial o administrativa en su contra relacionada con el caso. Guillén Flores dijo que el caso no ha tenido consecuencia jurídica personal en su contra.
Velásquez Sagastume afirmó que no existe sustento alguno para concluir una supuesta falta de idoneidad y honorabilidad. Para Martínez Ruiz la tacha carece de total fundamento legal.
Córdova Herrera asegura que tiene los méritos de capacidad, idoneidad y honradez para magistrado del Tribunal Supremo Electoral.
Morales Solares y Samayoa Palacios argumentaron que el señalamiento contiene hechos espurios porque una resolución de la Corte Suprema de Justicia resolvió el antejuicio en su contra sin lugar.
Bolaños Mejía alegó no tener impedimento porque nunca tuvo la condición de sindicado, imputado, procesado y mucho menos condenado por el caso.
Pineda Castañeda afirmó que la imputación nunca fue probada y para Castellanos Venegas no es válido porque los señalamientos fueron desestimados.
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Redacción: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
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