Rachel A. Schwartz, es politóloga y profesora adjunta de Estudios Internacionales y Regionales y Directora del Centro para las Américas en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. A finales de …
Rachel A. Schwartz, es politóloga y profesora adjunta de Estudios Internacionales y Regionales y Directora del Centro para las Américas en la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. A finales de enero visitó Guatemala para presentar su libro Socavar el Estado desde adentro: Los legados institucionales de la guerra civil en Centroamérica.
La politóloga, experta en análisis sobre los legados de conflictos armados, construcción del Estado, corrupción y derechos humanos en Centroamérica, también colabora con el Barómetro de las Américas.
En una conversación con Agencia Ocote, Schwartz profundizó en su principal tesis: la violencia que se vivió durante el CAI en el caso de Guatemala, ya no se ejerce únicamente con armas; ahora se manifiesta en la corrupción e impunidad enquistada en instituciones del Estado y en alianzas o redes de poder político que repercuten en la vida de la población.
Entre las problemáticas cotidianas que la entrevistada destaca, por ejemplo, se encuentra el difícil acceso a una justicia pronta cuando se trata de víctimas; también la deficiencia en servicios públicos, o el incumplimiento de derechos básicos como la salud, educación, entre otros.
En su libro, la politóloga propone una idea para el análisis e interpretación del contexto actual: las guerras civiles no solo debilitan al Estado, sino que las reglas, prácticas y arreglos entre actores de poder que surgen durante los conflictos, no desaparecen con una declaratoria de paz; se normalizan y siguen operando en tiempos democráticos.
Desde un punto de partida —cotidiano, familiar y hasta incómodo— la también escritora propone que la impunidad se normaliza en la sociedad, porque se manifiesta de formas sutiles.
Entre las formas sutiles pueden destacar, los «arreglos», en casos cuando se realiza un trámite y se entrega un soborno a un servidor público; cuando se pagan impuestos, no se construyen hospitales, escuelas, entre otros.
«La guerra no fue solo un periodo de destrucción, fue también un momento en el que muchas instituciones siguieron operando, pero bajo reglas distintas, reglas que luego se volvieron normales», explica Schwartz.
Un Estado que siguió funcionando, pero para otros fines
En el debate público, por sus historias y contextos de conflictos y violencia, en la región es común describir a países como Guatemala o Nicaragua como Estados «débiles» o «fallidos».
Estas etiquetas buscan explicar la persistencia de la corrupción, la impunidad y la desigualdad, pero Schwartz propone mirar el problema desde otro ángulo.
Durante una guerra, el Estado no deja de recaudar impuestos, administrar aduanas, registrar tierras o ejercer control territorial, por lo tanto, ella propone observar para quién y para qué funcionaban esas instituciones en esas circunstancias.
«No es que el Estado desapareciera», señala. «Es que empezó a operar de formas que beneficiaban a ciertos actores y excluían sistemáticamente a otros».
Durante el CAI en Guatemala, muchas instituciones civiles se adaptaron a las necesidades de la guerra.
La urgencia, la lógica contrainsurgente y la falta de supervisión permitieron que se establecieran reglas informales: normas no escritas, pero ampliamente conocidas, que facilitaban prácticas ilegales o abusivas.
Con el tiempo, estas prácticas dejaron de percibirse como excepcionales. Se volvieron parte del sentido común institucional, del «así funcionan las cosas».
Otro ejemplo cotidiano ayuda a entender esta idea planteada por la politóloga, es el popularmente reconocido pago de un soborno, para agilizar un trámite, un extremo que no se considera un acto extraordinario, sino como una condición casi inevitable para que el Estado responda. Es un tipo de comportamiento normalizado en la sociedad.
Si ese soborno no se paga, el expediente se pierde, el proceso se retrasa o simplemente no avanza.
Schwartz muestra que esta lógica no surgió espontáneamente en la posguerra, sino que se consolidó durante el CAI, cuando la discrecionalidad y la excepcionalidad se normalizaron.
«Cuando las reglas formales dejan de importar en contextos de guerra, las reglas informales llenan ese vacío», explica. «Y una vez que esas reglas funcionan, es muy difícil desmontarlas».
La guerra como escuela institucional
Lejos de entender la guerra únicamente como caos, Schwartz la analiza como un momento clave de aprendizaje institucional.
En contextos de conflicto armado, la vigilancia se debilita, los controles se relajan y la rendición de cuentas se vuelve secundaria frente a objetivos militares o políticos. Esto abre espacio para que funcionarios, militares y élites económicas redefinan reglas a su favor.
«La guerra crea un entorno donde muchas decisiones se toman sin supervisión. Eso permite que ciertas prácticas se ensayen, se repitan y eventualmente se institucionalizan», señala la entrevistada.
Estas transformaciones no se quedan en el nivel abstracto del diseño institucional. Afectan directamente la vida diaria. La forma en que se cobran impuestos, se asignan contratos públicos o se permite el paso de mercancías por las fronteras tiene consecuencias concretas: precios más altos, menos recursos para servicios públicos y una percepción generalizada de injusticia.
Para una familia que depende del sistema de salud pública, por ejemplo, esto se traduce en hospitales sin medicamentos o en la necesidad de pagar «por debajo de la mesa» para acceder a una atención oportuna.
Para un pequeño comerciante, significa asumir costos extra para importar productos o mover mercancías dentro del país. El Estado no está ausente, pero opera bajo lógicas que no siempre responden al bien común.
Guatemala: aduanas, policía y reglas que sobrevivieron a la paz
El caso guatemalteco ocupa un lugar central en el libro de Schwartz, que documenta cómo, durante la guerra, instituciones civiles fueron penetradas por la lógica contrainsurgente y por redes vinculadas al aparato militar.
Uno de los ejemplos más claros es el sistema aduanero.
Durante el CAI, las aduanas se convirtieron en espacios estratégicos para financiar redes de poder. La inteligencia militar infiltró estas instituciones y estableció esquemas sistemáticos de defraudación.
No se trataba de actos aislados cometidos por funcionarios individuales, sino de reglas informales ampliamente conocidas por quienes trabajaban ahí.
«Las aduanas funcionaban como una fuente estable de recursos, y esa lógica no desapareció con la firma de la paz», explica Schwartz
Décadas después, escándalos políticos y de corrupción que implicaron al expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, conocido como La Línea en 2015, evidenciaron que esas prácticas seguían vigentes, aunque con nuevos actores y mecanismos más sofisticados.
Leer más: El legado de la guerra en Guatemala: un Estado que opera bajo impunidadPara la ciudadanía, estas dinámicas tienen efectos concretos: productos más caros, menos ingresos fiscales y un Estado con recursos limitados para invertir en educación, salud o infraestructura.
Otro ejemplo cotidiano es el de la seguridad. Durante la guerra, la autoridad policial operó con una ambigüedad institucional creciente. Se eliminaron controles judiciales, se normalizó el uso de la violencia extralegal y se justificaron prácticas como las ejecuciones extrajudiciales en nombre del orden y la seguridad.
«Cuando el Estado enseña que la violencia puede ejercerse sin consecuencias,ese mensaje no se borra fácilmente», señala la politóloga.
En la posguerra, aunque se crearon nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil, muchas de estas prácticas sobrevivieron y se manifiestan en abusos policiales, extorsiones, desconfianza y miedo de la población, incluso en contextos formales de democracia.
Denunciar un delito no siempre se percibe como una opción segura y la relación con las fuerzas de seguridad sigue marcada por la sospecha, añade Schwartz.
La vida diaria bajo reglas heredadas
Entre otros aportes relevantes del libro, la politóloga muestra cómo las reglas heredadas de la guerra afectan situaciones muy concretas y comunes.
No se trata solo de grandes escándalos de corrupción, sino de experiencias diarias que moldean la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Un agricultor que no tiene certeza sobre la propiedad de su tierra; un comerciante que debe «negociar» con funcionarios para importar productos; una familia que decide no denunciar un delito porque teme represalias o no confía en el sistema judicial.
En todos estos casos, las personas actúan con base en un aprendizaje informal sobre cómo funciona el Estado.
«Las personas aprenden rápidamente cómo funciona el Estado. Aprenden cuándo insistir, cuándo callar y cuándo pagar».
Pero indica que estas lecciones no se aprenden en manuales ni en leyes, sino en la experiencia del día a día. Se transmiten de generación en generación y forman parte del legado institucional de la guerra.
El resultado es una ciudadanía que, en muchos casos, se adapta a las reglas informales en lugar de cuestionarlas.
Estas reglas heredadas no solo se manifiestan en trámites o servicios, sino también en la forma en que el Estado responde a situaciones de crisis y seguridad.
Durante la entrevista, Schwartz reflexionó sobre cómo figuras como los estados de sitio —presentadas como herramientas para garantizar el orden y la seguridad ciudadana— reactivan lógicas profundamente arraigadas en la historia del conflicto armado.
En Guatemala, estas medidas no se viven únicamente como decisiones administrativas.
Para comunidades que experimentaron la militarización durante la guerra, la presencia del Ejército, los retenes de fuerzas combinadas entre policías y soldados, o la suspensión de garantías, no son episodios neutros. Son recuerdos que vuelven, cuerpos que se tensan, memorias que se reactivan.
«Las instituciones no olvidan, pero las personas tampoco», señaló Schwartz.
«Cuando el Estado recurre una y otra vez a mecanismos excepcionales, reproduce una forma de gobernar que ya fue aprendida durante la guerra».
Ante la pregunta de ¿Cómo responde un Estado a la criminalidad sin volver a activar esos dispositivos que, para ciertas poblaciones, significan miedo, control y memoria de la guerra? Schwartz no ofrece respuestas simples.
Reconoce que la inseguridad es real y que los Estados enfrentan presiones inmediatas para actuar frente a la violencia criminal. Pero insiste en que el primer paso no es únicamente operativo, sino político y simbólico: reconocer los daños y las heridas del pasado.
«Es algo muy difícil de superar, y creo que el primer paso es reconocer los daños y las heridas del pasado. Algo que el Estado de Guatemala —la gran mayoría de los gobiernos después de la firma de la Paz— no lo han hecho».
Para Schwartz, ese reconocimiento no es un gesto abstracto, sino una condición para no seguir reproduciendo el trauma. Las políticas de seguridad, advierte, no se aplican sobre un terreno neutro: se inscriben en memorias vivas, especialmente en comunidades que experimentaron la violencia estatal de forma directa.
En ese sentido, distingue el momento actual de otros períodos recientes. «Este gobierno de Bernardo Arévalo, por supuesto que sí», señaló, al referirse al reconocimiento explícito que ha realizado el mandatario sobre las violaciones de derechos humanos y a la importancia de la memoria histórica como base para gobernar.
Dar certeza a la población de que el pasado no se está repitiendo implica más que suspender o activar medidas excepcionales desde el Ejecutivo. Supone dialogar, nombrar lo ocurrido y asumir una responsabilidad histórica frente a las víctimas.
Sin ese reconocimiento, advierte Schwartz, las respuestas del Estado corren el riesgo de reactivar una relación con la ciudadanía basada en el control y el miedo, y no en la confianza.
Nombrar las reglas para poder cambiarlas
Comprender el legado del CAI no es un ejercicio académico aislado. Para Schwartz, tiene implicaciones directas para las personas.
«Si no entendemos de dónde vienen estas prácticas», advierte, «seguimos creyendo que son inevitables».
Nombrar las reglas heredadas de la guerra es un primer paso para desarmarlas. La guerra terminó formalmente hace décadas, pero sus efectos siguen presentes en la forma en que el Estado se relaciona con las personas.
Entender ese pasado no garantiza el cambio, pero sí abre la posibilidad de imaginar un futuro distinto, señala la experta.
Para Schwartz, el mayor riesgo no es solo que estas prácticas persistan, sino que se reactiven en contextos donde la democracia se debilita.
«Cuando las instituciones ya aprendieron a operar sin controles, no hace falta inventar nuevas reglas autoritarias», advierte. «Basta con volver a usar las que ya existen».
En ese sentido, los legados de la guerra no son solo una herencia incómoda, sino una advertencia. Las mismas reglas que permitieron la represión, la corrupción o la exclusión en el pasado pueden adaptarse a nuevas coyunturas políticas, con otros discursos y otros enemigos.
Entender cómo se formaron esas reglas —y por qué sobrevivieron a la paz— es clave no solo para leer el pasado, sino para defender el presente. Porque la democracia no se erosiona de un día para otro, sino en la rutina, en lo que se tolera, en lo que se deja pasar, concluye en su análisis Schwartz.
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Hablar de Estado, violencia y memoria, suele dejar más preguntas que respuestas. Si quieres profundizar en cómo la guerra sigue moldeando al Estado y la democracia en Guatemala y Centroamérica, puedes buscar el libro Socavar el Estado desde Adentro, el libro de Rachel A. Schwartz, disponible en librería Sophos.
