El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti por el caso La Línea. Les impuso una pena de 16 años de prisión.
Hace ocho años, en 2014, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezaron una investigación en las principales aduanas de Guatemala contra una red que cobraba sobornos por ingresar mercancías sin el pago total de impuestos. La agrupación se hacía llamar La Línea.
El caso, que se hizo público un año más tarde, provocó que miles de guatemaltecos se manifestaran en las calles. Entre las personas señaladas estaban el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Los dos fueron acusados de ser los cabecillas de esa estructura criminal.
El 7 de diciembre de 2022, el Tribunal de Mayor Riesgo B, conformado por las juezas Jeannette Valdés, Katty Sarceño y Marling González, dictó la sentencia contra Pérez Molina, Baldetti Elías y otras 27 personas acusadas de integrar La Línea.
Antes de que empezara la audiencia en la que se dictó la sentencia, el expresidente y la exvicepresidenta, los otros sindicados y sus abogados reían. Algunos de ellos soltaban una que otra carcajada. Con el paso de las horas, sus ánimos cambiaron y sus semblantes se tornaron serios.
Todos, incluidos los periodistas y los fotógrafos que abarrotaron el área designada para la prensa, escuchaban atentos al tribunal. Era el día del veredicto de un caso que empezó hace siete años.
En 2015, Pérez Molina y Baldetti Elías renunciaron a sus puestos después de enfrentar un antejuicio del MP y la CICIG. Ambos, sin estar en sus cargos, y sin inmunidad, fueron procesados y enviados a prisión por Miguel Ángel Gálvez, cuando era juez, siete años antes de ser obligado a salir de Guatemala.
El caso de La Línea fue la primera de una serie de investigaciones del MP y la CICIG que develaron corrupción en diferentes instituciones y por la que se persiguió penalmente a ministros, diputados, jueces, alcaldes y empresarios.
El fallo
Al comienzo de la argumentación, la condena parecía improbable. Jeannette Valdés, presidenta del tribunal, señaló que la investigación tenía «deficiencias», «incongruencias» y «errores». Además, afirmó que la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) habían presentado «100 mil llamadas y 5 mil correos para apantallar».
La jueza siguió con las críticas hacia el organismo auspiciado por Naciones Unidas: «CICIG fue una institución que se empoderó mucho y el juez que no resolvía conforme sus peticiones era difamado, lo tachaban de corrupto», dijo.
También aseguró que «el trabajo de CICIG dejó mucho que desear» y que en Guatemala «no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacer lo que hicieron».
Hasta ese momento, parecía que Valdés le daba la razón a Pérez Molina, que antes de que empezara la audiencia había expresado que se sentía satisfecho con el tribunal porque «fue totalmente diferente y transparente». Eso, aseguró, le daba la certeza de que habría una «sentencia favorable» para ellos, los acusados.
La Línea no es el primer caso emblemático que conoce Valdés. Ella fue la presidenta del tribunal que condenó al exjefe policial, Pedro García Arredondo, por el incendio de la embajada de España en Guatemala, en el que murieron 37 personas. Fue también una de las juezas que declaró inocente al exdiputado Julio Juárez por la muerte de un periodista. En ese caso determinó que hubo inconsistencias en un testimonio clave.
El caso del asesinato del periodista también fue conocido en su primera fase por Miguel Ángel Gálvez, quien también fue criticado por Valdés durante la sentencia en el caso La Línea. La jueza señaló que Gálvez había mantenido en prisión a varios sindicados antes de que celebrara su audiencia de primera declaración.
«El juez no puede hacer figuras jurídicas que no existen. No puedo inventarme la prisión provisional sin pretexto de carga», dijo la jueza. Ese es el mismo señalamiento que la Fundación Contra el Terrorismo usó para pedir el antejuicio de Gálvez.
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Aunque, en efecto, el término no existe en la legislación guatemalteca, en la práctica, varios jueces lo han empleado porque sus juzgados están saturados de casos y no pueden atender a los capturados inmediatamente, o porque en un caso figuran decenas de sindicados y así es imposible que la audiencia de primera declaración se celebre en un solo día.
El tribunal, además, informó que había dejado fuera de su sentencia una prueba clave con el que el MP y la CICIG habían sustentado su acusación: la declaración de Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, uno de los mandos medios de La Línea que se había unido a la estructura a través de Juan Carlos Monzón, entonces secretario de Baldetti Elías.
González Álvarez había sido admitido como colaborador eficaz. Su testimonio ilustraba el esquema de pago de las coimas para Baldetti y Pérez Molina. Las juezas lo excluyeron por formalidades. En su análisis determinaron que durante su declaración fue tratado como sindicado y no como testigo por el entonces juez Gálvez, pese a que en ese momento ostentaba esa figura.
Aun así, la sentencia llegó.
El tribunal, por unanimidad, estableció que Baldetti y Pérez Molina ocupaban los mandos más altos dentro de la estructura de defraudación aduanera y determinó que, gracias a esta posición, obtenían la mayoría del total de sobornos de las aduanas, específicamente el 61 %.
La interrelación de llamadas intervenidas, testimonios, documentación financiera demostraban la culpabilidad de los dos exfuncionarios, según las juezas. Esas pruebas, argumentaron, también evidenciaban cómo los dos avalaron la integración de nuevas personas en la estructura y cómo se reunían con mandos medios.
El tribunal explicó que Pérez Molina y Baldetti Elías se habían unido a La Línea a través del esposo de la exvicepresidenta, Mariano Paz, pues fue él quien los puso en contacto con Osama Asis Aranki, que ya dirigía una red de defraudación en las aduanas que semanalmente recaudaba Q9 millones.
Aranki, sin embargo, no mantuvo por mucho tiempo su puesto de mando medio debido a que la estructura no confiaba en él. De acuerdo con las juezas, eso hizo que lo retiraran de la agrupación y lo reemplazaran con Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, un hombre que había formado parte de una estructura antigua de defraudación aduanera llamada Red Moreno. El cambio, según el tribunal, fue consentido por el mismo Pérez Molina.
El tribunal explicó que la integración y retiro de integrantes de la estructura nunca afectaron a Pérez Molina ni a Baldetti Elías, los altos mandos identificados como «El Uno» y «La Dos». «A ellos les interesaba seguir recibiendo dinero», afirmó.
Las juezas usaron esos argumentos para declararlos culpables de los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera. Les impuso una condena de ocho años de prisión por cada cargo. Se trata de la pena máxima por el delito de asociación ilícita, mientras que el de casos especiales de defraudación aduanera la pena máxima es de diez años, pero solo se les impuso ocho.
En suma, la condena es de 16 años en total a cada uno.
El tribunal determinó que La Línea, entre marzo de 2014 y abril de 2015, recolectó Q28.5 millones en sobornos. De ese total, Q8.7 millones eran para cada uno de los altos mandos de la estructura, Pérez Molina y Baldetti Elías. Por esa razón las juezas les impusieron a los dos una multa equivalente a esa cifra.
Esta es la primera condena para Pérez Molina y la segunda para Baldetti Elías. La exvicepresidenta fue sentenciada a 15 años prisión por un proyecto fraudulento de limpieza en el lago de Amatitlán.
En el caso La Línea, los dos exfuncionarios también eran acusados de enriquecimiento ilícito. Pero el tribunal los absolvió de ese cargo. Argumentó que la fiscalía no había presentado pruebas que demostraran un incremento a su patrimonio a raíz de la defraudación aduanera en la que participaron. No hubo entrega de informes, reportes, documentos de banco que lo sustentaran, según las juezas.
«El Tribunal no dudó en ningún momento que existió un incremento patrimonial ilícito. Pero no hay prueba que permitan determinarlo», aseguró la jueza Valdés.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, no comparte el criterio de las juezas. El exfuncionario, que está en el exilio, afirma que se les pudo condenar por ese delito con el testimonio de Eco y los informes financieros que demuestran cómo la mayoría de las coimas estaban dirigidas para el exbinomio presidencial.
No obstante, Sandoval explica que en una segunda parte de la investigación de La Línea, que se convirtió en el caso Cooptación del Estado, se logra determinar los bienes que Pérez Molina y Baldetti adquirieron con estos sobornos y otros casos de corrupción, así como los mecanismos utilizados para darles una apariencia de legalidad.
«La sentencia de La Línea es importante, emblemática. Es la primera condena por corrupción que dicta un tribunal guatemalteco contra un presidente. Demuestra que el caso no era un invento, como intentaron hacerlo creer. Es también una sentencia que dicta un tribunal en medio de un ambiente hostil para los operadores de justicia», dijo Sandoval a Ocote.
Baldetti Elías y Pérez Molina al final del día anunciaron que apelarán la sentencia.
Dos exjefes de la SAT entre los inocentes
De los 29 acusados en el caso La Línea, la condena solo alcanzó a 19. El tribunal usó las llamadas telefónicas, reportes financieros, informes bancarios, fotografías de seguimientos y testimonios para condenar por asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera a los integrantes de La Línea.
Entre las diez personas que fueron declaradas inocentes está Omar Franco y Carlos Muñoz, exjefes de la SAT. Las juezas establecieron que las pruebas aportadas por la fiscalía no demuestran que ambos hubiesen colaborado con la estructura.
Según el tribunal, la fiscalía no determinó cuál era el rol de cada uno dentro de la estructura y que con las llamadas no se podía inferir cómo habría colaborado con la red. Las juezas además señalaron que hubo testigos que los favorecieron, pues declararon que desconocían si ellos también habían sido beneficiados con las coimas.
Esos mismos argumentos los utilizaron para liberar de todo cargo a Claudia Méndez Ascencio, exintendente de aduanas.
Entre las pruebas mencionadas por el tribunal estaba la declaración de Aníbal Argüello, un investigador de la CICIG, que la defensa intentó dejar fuera del caso porque había sido condenado en un procedimiento especial por el delito de falsedad ideológica debido a irregularidades en actas para constituir una agrupación política llamada Partido Ambientalista Guatemalteco.
Argüello realizó informes en los que se estableció los mecanismos de defraudación que utilizó La Línea en diferentes aduanas. La jueza argumentó que no se podía quitarle credibilidad a los peritajes hechos por el especialista, pues el proceso en el que se le condenó era ajeno al caso La Línea.
