En los últimos días, Guatemala ha vivido una escalada de violencia. Este fin de semana, reos de tres prisiones realizaron amotinamientos simultáneos. Después de que el Sistema Penitenciario recuperara el …
En los últimos días, Guatemala ha vivido una escalada de violencia. Este fin de semana, reos de tres prisiones realizaron amotinamientos simultáneos. Después de que el Sistema Penitenciario recuperara el control de las cárceles, se produjeron varios ataques contra miembros de la Policía Nacional Civil en los que ocho agentes fallecieron.
Ante este escenario, el Ejecutivo decretó un estado de sitio por 30 días en todo el país. Lo plantea como una medida extrema para recuperar el control y evitar que la situación se salga aún más de las manos.
🚨 Estado de sitio en Guatemala
— Agencia Ocote (@AgenciaOcote) January 19, 2026
El presidente Bernardo Arévalo decretó Estado de sitio por 30 días en todo el país, tras los ataques de pandillas contra agentes de la PNC.
🗣️ «No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas«, afirmó en cadena nacional.
🧵 En… pic.twitter.com/8kEowQD7JV
¿Qué es un estado de sitio?
Un estado de sitio es una de las medidas más drásticas que contempla la Ley de Orden Público para enfrentar situaciones extremas que ponen en riesgo el orden o la seguridad del país.
Forma parte de los llamados regímenes de excepción, que permiten al Estado limitar temporalmente ciertos derechos para responder a una emergencia grave.
Es una medida que está vigente durante un tiempo concreto en el que el Estado amplía su poder y la ciudadanía pierde derechos, especialmente en materia de seguridad.
En este tiempo se restringen algunos derechos: la libertad de acción, las detenciones legales, el derecho de reunión y manifestación y el de portación de armas. El abogado constitucionalista Edgar Ortiz da una breve explicación en este video sobre el enfoque que tendrían estas restricciones en el actual contexto.
¿Qué implica el estado de sitio?
Arévalo explicó en su intervención que esta medida «no altera la vida cotidiana en sus actividades normales» y añadió que la medida de suspender las clases este lunes 19 de enero es únicamente preventiva.
Aun así, durante un estado de sitio se pueden aplicar medidas de los estados de prevención y alarma, lo que supone:
- Prohibir reuniones, manifestaciones o concentraciones de personas.
- Suspender espectáculos públicos.
- Limitar la movilidad en ciertos horarios o lugares.
- Obligar a una persona a permanecer en su residencia o a presentarse periódicamente ante la autoridad.
Además —y este es uno de los puntos más delicados— las fuerzas de seguridad pueden:
- Realizar allanamientos sin orden judicial.
- Detener personas sin orden de juez, cuando existan indicios de que participan en actos que alteran el orden público.
Estas detenciones deben ser temporales y, si hay indicios de delito, la persona debe ser puesta a disposición de juez competente.
El abogado de derechos humanos Quelvin Jiménez advierte que «tiene implicaciones bastante serias». «Por eso es clave que el Ejecutivo explique con claridad qué garantías se van a limitar y cómo».
¿Por qué se decreta ahora?
Según Bernardo Arévalo, la decisión responde al poder que tienen las estructuras criminales, que no se limitan a pandillas, sino que incluyen vínculos políticos y económicos.
«Nada de esto es casualidad. Ocurre justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados», dijo el mandatario en un discurso emitido la tarde del domingo 18 de enero.
Arévalo también aseguró: «Sabemos quiénes están detrás. Grupos que se benefician de la corrupción, que crecen en las sombras y que se niegan a que como país vivamos con transparencia y justicia».
Además, hizo un señalamiento a «las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia».
¿Esto ya pasó antes en Guatemala?
Sí. No es la primera vez que un gobierno decreta un estado de sitio. Jimmy Morales lo hizo en septiembre de 2019, en 22 municipios de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Morales tomó la decisión después del asesinato de tres soldados del Ejército, en un enfrentamiento atribuido a narcotraficantes.
Dos años después, en 2021, Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio en Santa Catarina Ixtahuacán y en Nahualá, tras una masacre que dejó 13 muertos. Y dos gobiernos antes, Otto Pérez Molina usó esta misma medida en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango) —por disturbios ante la construcción de una hidroeléctrica— y en municipios de Jalapa y Santa Rosa, tras protestas en contra de la mina San Rafael, en las que se retuvieron a varios policías.
El abogado de derechos humanos Quelvin Jiménez explica a Agencia Ocote que el caso actual es distinto a otros que ha vivido el país. Primero, por el territorio que abarca: está vigente en todo Guatemala. Segundo, por los motivos: «en otros gobiernos, los estados de excepción se usaron sobre todo para reprimir manifestaciones sociales. Esta es la primera vez, en muchos años, que no se decreta para contener protestas, sino para enfrentar a estructuras criminales con alto poder», señala.
Jiménez recuerda que para muchas comunidades, estas medidas significaron allanamientos, detenciones arbitrarias y una profunda incertidumbre. La población hizo señalamientos de abusos y exceso de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. «La gente no sabía qué derechos se limitaban ni qué podía o no hacer. Eso generaba mucho temor», explica el abogado.
¿Es parecido a lo que vivimos durante la pandemia?
Sí, se parece. Para la pandemia por el COVID-19 el gobierno de Giammattei decretó un estado de calamidad pública, que implicó restricciones de movilidad, horarios y reuniones. Un estado de sitio también limita actividades cotidianas. La diferencia es que aquí el foco está en la seguridad y el control del orden público, no en una emergencia sanitaria.
La sensación, sin embargo, puede ser similar: no saber qué está permitido, qué está prohibido y qué puede pasar si no se cumple.
Pero, ¿ya estamos en estado de sitio?
Sí, pero de forma temporal y condicionada.
El presidente puede decretar el estado de sitio mediante un decreto emitido en Consejo de Ministros. Sin embargo, la Ley de Orden Público establece que el Congreso tiene tres días para ratificarlo. Si no lo hace, el estado de sitio pierde vigencia automáticamente.
De necesitarse una ampliación de esta condición excepcional, el presidente debe volver a decretarlo al término de los 30 días y el Congreso debe volver a ratificarlo.
¿Quién pone límites a este poder?
Aunque el estado de sitio amplía las facultades del Ejecutivo:
- El Congreso ejerce control político al ratificar o no el decreto o su ampliación.
- La Corte de Constitucionalidad puede conocer amparos ante excesos.
- Aunque la ciudadanía pierde derechos, no son todos y los que restan le permiten dar seguimiento legal al poder del Ejecutivo.
Los estados de excepción no suspenden la Constitución, pero sí exigen vigilancia, transparencia y rendición de cuentas.
Como explica Jiménez, sin una medida drástica, la violencia podría escalar. Pero esa medida solamente es legítima si es temporal, proporcional y claramente explicada.
Infórmate, pregunta y presta atención a las medidas concretas que anuncie el Gobierno y a la decisión que tome el Congreso en los próximos días.
En momentos de crisis, entender lo que pasa también es una forma de cuidarnos. En Agencia Ocote seguiremos explicando qué dice la ley y cómo estas decisiones afectan la vida cotidiana.
Y, ante la duda, desconfía: no compartas información que no esté verificada. En este tipo de situaciones es común que se compartan contenidos falsos o sacados de contexto. Si no tienes seguridad de si un dato, una imagen o un video son ciertos, envíalo por WhatsApp a Fáctibot (+502 4334 4043), nuestro chatbot contra la desinformación.
