Juan Rodríguez espera a uno de los laterales del camino de terracería. Del otro lado, decenas de cafetales crecen bajo la sombra de los árboles. Se encuentra en la aldea …
Juan Rodríguez espera a uno de los laterales del camino de terracería. Del otro lado, decenas de cafetales crecen bajo la sombra de los árboles. Se encuentra en la aldea Volcancito, en Casillas, departamento de Santa Rosa, a unos 1,730 metros de altura sobre el nivel del mar.
Rodríguez ha vivido en esta aldea desde que nació, hace 45 años. Es aquí donde ha construido su vida y múltiples proyectos ambientales. Y, también, donde ha defendido el territorio ante la amenaza de la tala ilegal y la minería.
El líder comunitario se resguarda del sol de mediodía bajo las láminas de una construcción de concreto. Es la entrada a dos habitaciones, ocupadas por máquinas y un escritorio.
Esta es la sede de la cooperativa de Café Xinka, un proyecto comunitario que produce y exporta este grano, con procesos amigables con el ambiente y vinculados a las prácticas ancestrales del lugar.
El café es una actividad económica habitual de esa comunidad Xinka. «Es uno de los medios de vida, de los mayores generadores de ingreso para nuestras familias», explica Kelvin Jiménez, asesor jurídico del Parlamento Xinka, la autoridad indígena que aglutina representación de unas 22 comunidades.
En esta cooperativa, la producción de café también se ha convertido en la alternativa económica ante la presencia de minería en la región.
Un producto de la resistencia
En 2007, una empresa comenzó a comprar terrenos en el territorio Xinka, recuerda Rodríguez. Se rumoreaba que se utilizarían para cultivar hortalizas y preparar «buenas orquídeas». Conforme el proyecto se expandió, las comunidades cercanas se enteraron de su verdadero propósito: la explotación minera.
En 2008 y 2009 se realizaron consultas municipales de vecinos sobre el proyecto minero. Estas fueron impugnadas por la central minera. Esto, según Jiménez, «demuestra cómo se intentó callar la voz de las comunidades».
El gobierno de Guatemala otorgó la licencia de exploración «Oasis» a Entre Mares, una subsidiaria de Goldcorp en 2010, según el sitio web Fuera Mina Escobal. Les permitiría determinar si existían yacimientos de oro, plata, níquel y otros minerales en tres municipios: San Rafael las Flores y Casillas, en Santa Rosa y San Carlos Alzatate, en el departamento de Jalapa.
En 2013, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la licencia de explotación minera (registro LEXT-015-11) que haría funcionar a la Mina San Rafael. Esta tiene vigencia hasta el 2038.
Los efectos tardaron poco en llegar. Los temblores, provocados por el trabajo de la mina, agrietaron los hogares en las comunidades cercanas. Como resultado, y debido a la compra de terrenos por parte de la empresa, la aldea La Cuchilla, ubicada en San Rafael Las Flores, fue abandonada casi por completo por sus habitantes.
La presencia de la mina transformó la vida en el territorio Xinka. «En el municipio San Rafael (Las Flores), cuando la mina no había llegado, solamente habían dos prostíbulos, según la historia de la gente que vive directamente en ese pueblo. Ya en el año 2014- 2015, habían 27», dice Rodríguez.
Pronto, la población comenzó a alertar sobre el impacto ambiental que el proyecto tenía en las comunidades. Según Jiménez, existió un fraccionamiento de los estudios de impacto ambiental. Es decir, que se presentó un estudio específico para cada parte del proyecto, como túneles o líneas de transmisión eléctrica.
De esta manera, «se trató de minimizar o esconder los verdaderos impactos ambientales», explica el abogado.
En 2019, el Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) realizaron el estudio Desigualdad, Extractivismo y Desarrollo en Santa Rosa y Jalapa. En él, concluyeron que el uso intensivo del agua por la industria minera en este territorio amenaza el acceso para las comunidades.
«El uso intensivo limita la capacidad de resiliencia de los ecosistemas que configuran la cuenca, por el ritmo y cantidad del agua usada en el ciclo minero. Los procesos industriales en los que se utiliza el agua dentro del ciclo minero también ponen en riesgo la contaminación de los afluentes de agua», agrega el estudio.
El manto freático (la capa de agua subterránea que se acumula en el subsuelo) también se vio impactado. Según reportó la municipalidad de San Rafael Las Flores, este se disminuyó 10 metros en diez años.
«Por otro lado, también hay una alteración de los niveles de arsénico en el agua. Los niveles son bastante preocupantes porque tenemos niveles por encima de lo permitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en cuanto al arsénico en el agua para el consumo humano», explica Jiménez.
En la cuenca del río Los Esclavos, por ejemplo, el agua baja turbia o sucia. Los peces, camarones y cangrejos también comenzaron a desaparecer, recuerda Rodríguez.
Además, alrededor de 50 nacimientos se han secado desde la llegada del proyecto minero a la región, agrega el abogado del Parlamento Xinka.
Este impacto ha sido comprobado de manera científica, indica una representante de CODIDENA, que pidió no ser identificada. «El agua sigue teniendo alteraciones en la región. Está comprobado que en este lado de la cuenca, hay presencia de metales y que ya están en los cuerpos de macroinvertebrados acuáticos», explica.
También comenzaron a aparecer rajaduras en las viviendas cercanas a la mina. Según las comunidades, eran originadas por las vibraciones causadas por detonaciones provenientes de la compañía minera.
Además, «las mayores ganancias (económicas) se van del país y lo que dejan en las comunidades es división y contaminación», agrega la representante
La Resistencia Xinka
Por este motivo, en 2017, la población exigió explicaciones a la mina, pero nunca las recibió. Ante esto, decidieron organizarse. Iniciaron una resistencia pacífica y, por turnos, ocuparon el kilómetro 80 de la carretera hacia Casillas para impedir el acceso de los camiones a la mina.
«Una abuela cedió un lote de tierra y dijo, “Como están luchando a favor de la vida de las comunidades y de los pueblos, les cedo el lugar para que acá hagan sus turnos.” Y fue allí donde nos organizamos y nos «echaron penca», porque nos lastimaron, nos golpearon y nos han criminalizado», recuerda Rodríguez.
Ese mismo año, plantearon un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La población Xinka realizó una resistencia pacífica fuera de las instalaciones.
La CSJ ordenó suspender de forma provisional la licencia de exploración y explotación de los proyectos El Escobal y San Juan Bosco, de la mina San Rafael.
El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad. El 3 de septiembre de 2018, el tribunal concluyó que el proyecto minero El Escobal debía suspender operaciones, mientras se realiza un proceso de consulta comunitaria, que incluyera a la población Xinka de la región
Este fallo tuvo también un saldo para las comunidades. Jiménez cuenta que al menos 200 personas Xinka fueron criminalizadas por su participación en la resistencia. Tan solo en 2013, 11 enfrentaban un proceso legal.
El Estado, a través de sus ministerios, realizó estudios de impacto ambiental, social, cultural y económico. Los resultados se compartieron con las comunidades Xinka, en su propio idioma. Claudia Dary fue la investigadora principal, por su reconocimiento y trayectoria de trabajo en la región.
Para ello, cada comunidad escogió un representante para participar en el proceso de consulta. Juan Rodríguez es el representante de la aldea Volcancito. Son 59 en total.
«Hemos ido a las comunidades a contarle qué es una minería, por qué sucede y en dónde está. Luego preguntamos a la gente: ¿Están de acuerdo ustedes con el proyecto? Para que digan que sí o que no», explica Rodríguez.
A partir de allí, las comunidades eligieron si aceptar o rechazar el proyecto minero. Algunas votaron levantando su mano y otras, emitieron su voto en pequeños papeles, de manera anónima.
El proceso de consulta ha sido acompañado por formaciones y sensibilización a las comunidades.
«Conocíamos la cultura, pero no la identidad. (…) hoy sí, ya conocemos nuestra identidad y vivimos la cultura todos los días, esa nunca se ha perdido. Yo puedo decir hoy que mataron a nuestros abuelos, que cortaron el árbol, quemaron las ramas, quemaron todo, pero las raíces no las pudieron dañar. Y de esas raíces somos nosotros el día de hoy», explica Rodríguez.
La población Xinka no aceptó la presencia del proyecto minero en su territorio.
Ahora, «el papel del Estado es dar respuesta a esta decisión. Se generará un diálogo en torno a ella», dice Jiménez.
La solución: la organización
En 2015, mientras la minería se expandía en el territorio Xinka, las comunidades se percataron de otro problema: la tala ilegal. El bosque, asegura Rodríguez, estaba siendo deforestado sin mayor control por parte de las autoridades. Ante esto, conformaron un colectivo ambientalista que llamaron los Guardianes de la Naturaleza, del cual Rodríguez es parte.
Dicha agrupación inició realizando jornadas de reforestación. En 2018, conformaron también, con el apoyo de CODIDENA y del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), a un grupo de jóvenes que realiza monitoreos de la calidad y cantidad de agua en el territorio Xinka. Lo llamaron los Científicos Comunitarios.
En la Resistencia Xinka había también un productor de café que lo comercializaba a Canadá y Estados Unidos. Él les ofreció enseñarles el proceso. Ese primer año, un joven del colectivo preparó una primera producción con un pulpero manual (un artefacto que extrae la pulpa o materia prima del café).
Algunos de los Guardianes de la Naturaleza experimentaron un proceso de formación sobre café. Aprendieron a seleccionarlo, lavarlo, secarlo e incluso, catarlo. También a identificar su calidad (primera, segunda y tercera).
El siguiente año, los Guardianes de la Naturaleza (que cambió su nombre a Comunidad Xinka) produjeron nueve quintales de café. En 2022, obtuvieron 300. «Ya en el 2023-2024 salieron 700 quintales y en el último año, sacamos 700 quintales de pergamino (estado intermedio en el proceso del café, cuando el grano está seco)», explica Rodríguez.
Esta nueva etapa de producción fue posible por el acceso a nuevas tecnologías y por la implementación de sistemas agroecológicos. El colectivo obtuvo una máquina para lavar café, tostadores de café propios y un pulpero industrial. También construyeron sus propias secadoras (de café), que hoy se encuentran bajo la sombra, a un lado de la casa matriz.
En 2021, lanzaron el producto como Café Xinka, con el apoyo técnico y económico de organizaciones como FUNDEBASE y Jotay Guatemala.
La producción
Con el alza de la producción, el Café Xinka se convirtió en uno de los ejes de trabajo principales de la Comunidad Xinka. Por ello, decidieron convertirse en una cooperativa.
La casa, en la que hoy solo se encuentra Rodríguez, suele estar llena en los meses de producción, de marzo a junio. En esa temporada, hay unas 12 personas trabajando en el proceso. Cuando la cantidad de café aumenta o cuando las lluvias son muy fuertes y es necesario cubrir los granos, llaman a otras personas de la comunidad a trabajar.
«Mientras haya vida, mientras haya café, nosotros no vamos a parar de trabajar porque defender la vida de los demás es responsabilidad de cada uno de nosotros, especialmente en territorios indígenas», explica Rodríguez.
El 75 % del café producido se exporta a Canadá, explica Rodríguez. El resto, se le vende a «coyotes», como llaman a personas locales que compran este producto a menor precio. Esto les permite pagar a los trabajadores mientras el dinero de la exportación llega, a través de un beneficio.
«Ya estamos trabajando con nuevas variedades de café. Hemos sacado ya un café de 80 puntos, que es lo más alto que se puede dar por la altura», dice Rodríguez.
Este año, lograron enviar a un joven de la comunidad a estudiar a la Asociación Nacional del Café (Anacafé). El sueño, dice Rodríguez, es que los jóvenes se certifiquen y que la Cooperativa cuente, en el futuro, con su propio cuerpo de ingenieros agrónomos.
Sin embargo, la participación de las mujeres continúa siendo un reto para la cooperativa. La causa, considera Rodríguez, es el machismo enraizado en la cultura Xinka. No obstante, desde la Comunidad Xinka, realizan procesos formativos en derechos de las mujeres.
En noviembre, unas 30 personas que integran la cooperativa se reunieron para planificar la próxima temporada de cosecha.
«El Café Xinka es relevante por su organización comunitaria. Es una forma de demostrarle a la empresa y al Estado que se puede tener alternativas económicas amigables al ambiente que benefician directamente a las comunidades», indica la representante de CODIDENA.
Sin embargo, en la región existen también otras actividades económicas amigables con el ambiente. Una de ellas, es la producción de macadamia y el Café Resistencia.
«El gobierno de Otto Pérez Molina decía que era importante traer empresas extractivas a Guatemala para desarrollar las comunidades y los pueblos. Pero no, el desarrollo está en cada una de las comunidades», dice Rodríguez.
«Si cultivamos y nos enseñan a trabajar lo que tenemos, no hay necesidad de minería acá, no hay necesidad de ir a Estados Unidos. Lo que hay es necesidad de ponerle cabeza, corazón y las manos para trabajar», finaliza el defensor del territorio.
