La búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno (CAI) entre 1960 y 1996 en Guatemala, continúa siendo un tema impostergable en el país,y es un proceso que combina …
La búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno (CAI) entre 1960 y 1996 en Guatemala, continúa siendo un tema impostergable en el país,y es un proceso que combina ciencia forense, memoria histórica y el acompañamiento persistente de las familias que se niegan al olvido.
A pesar de ello, no existe un registro nacional de personas desaparecidas, ni un plan nacional de búsqueda y tampoco un banco de perfiles genéticos que permita agilizar los procesos, en casos del CAI y otros de desaparición.
La iniciativa de ley número 35-90, que podría servir de marco de regulación para brindar una respuesta efectiva a la problemática, lleva estancada en el Congreso de la República unos 20 años.
Sobre los datos de las personas desaparecidas durante el CAI, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estima que fueron unas 45 mil personas, en gran medida bajo responsabilidad del Estado.
El 93% de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el CAI se cometieron por parte de instituciones oficiales o grupos paramilitares, según la CEH.
Sobre la identidad etnolingüística de las víctimas, la CEH destacó que 83% formaban parte de un pueblo indígena maya, además una de cada cuatro víctimas era mujer.
Las desapariciones que el propio Estado generó, todavía pesan en las familias, comunidades y en la sociedad guatemalteca en general.
A la fecha, los nombres, historia y legado de las personas desaparecidas se mantienen vigentes, en gran medida, por los esfuerzos de familiares que les buscan y esperan, donde destacan las mujeres buscadoras.
Localizar a una persona desaparecida no es solo un desafío técnico, es un acto de memoria y un gesto de dignidad, que a veces se convierte en una deuda histórica que atraviesa generaciones.
La desaparición forzada no es agenda del pasado
Para la diputada maya Poqomam, Sonia Gutiérrez Raway, de la bancada Winaq, la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas durante el CAI no es un asunto que debe quedar en el pasado.
«Ese tema es una obligación vigente del Estado, por ello, insistimos en que es importante la defensa de los estándares internacionales de derechos humanos en función de obligar a Guatemala a garantizar la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas», asegura.
Aunque la diputada resalta que «una ley en este sentido es un acto de justicia y humanidad, y es indispensable para fortalecer la reconciliación nacional y la confianza en las instituciones», el Congreso enterró la iniciativa 35-90 desde el 2016.
Hasta noviembre de 2025, esa iniciativa u otra relacionada con el tema, no se mencionó durante las sesiones parlamentarias.
Entre los aspectos generales, la iniciativa 35-90 se contempla crear la comisión de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición.
Además, diseñar, evaluar y ejecutar los planes de búsqueda, que incluyan el estudio, la documentación, la sistematización, análisis, el registro y el seguimiento, de casos de personas víctimas de desaparición.
Otro de los componentes a destacar son las medidas de atención integral en beneficio de las víctimas y sus familiares, teniendo como base los estándares internacionales.
Para el abogado Carlos Juárez responsable del Archivo Histórico del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), ese instrumento sería, ante todo, una respuesta humanitaria.
«A estas alturas la mayoría de gente no tiene la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, pero sí tiene la esperanza de encontrar los restos».
Según Juárez, una ley sobre la temática permitiría realizar una búsqueda estatal responsable y objetiva, dándole a las familias la certeza de que se hizo una búsqueda con todos los medios al alcance del Estado.
Tampoco existe una política pública de personas desaparecidas, que no solo afecta la investigación de casos del CAI, también limita la capacidad del Estado para responder a las desapariciones actuales, un fenómeno que ha cambiado de forma, pero no ha disminuido.
Según cifras oficiales del Ministerio Público, en promedio se activan entre seis y siete alertas diarias de desaparición de mujeres en Guatemala desde el 2019 a la fecha.
La directora de Búsqueda e Identificación de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Claudia Rivera, explica que la ausencia de una política pública también deja sin respuesta a miles de casos posteriores al CAI y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.
«Desde la firma de la paz a la fecha, la desaparición es similar o hasta más, como unos 45,000 o 50,000 desaparecidos». Lo que cambió, dice, son los actores y las causas.
En años recientes predomina la violencia contra la mujer, la trata de personas y el crimen organizado, un fenómeno que afecta sobre todo a mujeres jóvenes, señala la entrevistada.
Para ella, esa continuidad de las desapariciones muestra por qué es urgente una política estatal.
«Es responsabilidad del Estado dar solución a eso». Sin un marco claro, la información se dispersa entre distintas instituciones —policía, fiscalía, juzgados, escena del crimen, laboratorios—, haciendo que «no haya un empate» entre datos esenciales.
«Al final, no es tan fácil identificar a una persona», resume enfatizando que la FAFG puede integrar todo el proceso en un solo lugar: entrevistas, procesamiento de fosas, análisis antropológicos y genéticos y confirmación de identidades.
Derecho a la verdad, justicia y reparación
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en referencia a las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Guatemala, indica que si bien existen algunos artículos en la Constitución Política y otras leyes, resultan insuficientes para dar respuestas integrales.
Entre las leyes más recientes destaca la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y la Ley del Sistema de Alerta Alba Keneth
«Guatemala ha tomado algunas acciones en favor de los derechos de las víctimas, como la expedición de algunas normas y el enjuiciamiento de algunos de los responsables de hechos de desaparición forzada. No obstante, en términos generales, las acciones que se han tomado son insuficientes», señala la CIJ.
Lo anterior, sobre «garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación», ante los múltiples desafíos y las barreras que enfrentan las víctimas y sus familiares.
También señala la falta de acceso a la información que se encuentra en archivos militares o en manos del Ministerio de Defensa; prácticas dilatorias en los procesos penales como el caso Diario Militar.
Además, la falta de garantías para la independencia de jueces y fiscales a cargo de investigaciones sobre esos temas; falta de presupuesto, que también afecta la traducción e interpetración cuando se trata de idiomas indígenas, entre otros.
La búsqueda que asumen familiares y organizaciones
La CIJ también ha reiterado que el Estado de Guatemala «no ha asumido un rol preponderante» en la búsqueda de las personas desaparecidas y por el contrario, las acciones las impulsan sus familiares y organizaciones sociales.
Entre esas organizaciones se menciona al GAM, la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y la Coordinadora Nacional de las Viudas de Guatemala (CONAVIGUA)
Sobre el tratamiento forense, se menciona que desde 1997 la FAFG, ha enfocado su trabajo en buscar, exhumar, analizar e identificar a personas desaparecidas durante el CAI.
Según datos de la FAFG, se han identificado a más de 3.800 personas desaparecidas durante el CAI. Cada hallazgo no es solo un número, es una historia, un pueblo, una memoria colectiva que regresa al presente.
La CIJ destaca que a través de un nombramiento legal, desde la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio Público puede solicitar a la FAFG realizar informes periciales sobre casos del CAI.
Señales que hablan desde la tierra
El origen del trabajo forense sobre casos del CAI está marcado por la ausencia de información oficial y la urgencia de las familias.
Cada fosa clandestina, cada testimonio de vecinas o vecinos, cada documento fragmentado, cada registro oficial disperso funciona como una señal que alerta sobre lo que alguna vez ocurrió en silencio.
La FAFG desarrolló protocolos que combinan ciencia, ética y acompañamiento psicosocial. Su labor va más allá de la exhumación, busca preservar la memoria histórica y garantizar que cada acción respete la dignidad de los desaparecidos y de sus familias.
Su director ejecutivo, Freddy Pecherelli, explica la esencia del trabajo: «Lo que hemos aprendido es que la búsqueda, es un tema de las familias. Nosotros existimos por las familias. Todo lo que hacemos se basa en el respeto, la confianza y el liderazgo que las familias tienen en ese proceso de búsqueda».
Cada intervención de la FAFG comienza con un mapeo del territorio y la identificación de posibles fosas, siguiendo protocolos arqueológicos creados para ese propósito.
Luego, la antropología forense analiza los restos humanos, documenta evidencias y establece hipótesis sobre la edad, sexo, contextura y circunstancias de la muerte.
Finalmente, a través de la genética se puede confirmar identidades, apoyando a las familias en la difícil tarea de cerrar un capítulo de incertidumbre.
La ciencia que devuelve nombres
Uno de los avances más significativos en Guatemala ha sido la incorporación de la genética forense.
Desde 2008, la FAFG cuenta con un laboratorio acreditado bajo normas internacionales ISO 17025, que permite identificar restos humanos de manera confiable y profesional.
Pecherelli aclara: «Nosotros no hacemos casos de criminalidad común, nos enfocamos en desapariciones y muertes, porque eso es lo que requiere atención especializada».
Paralelamente, la FAFG ha expandido su modelo a otros países. Ha colaborado en Colombia, México y Asia, capacitando a equipos locales y creando centros de identificación que replican la experiencia guatemalteca.
Su proyecto Academia Forense Global ha formado a casi 100 personas de 24 países, combinando teoría y práctica y fortaleciendo la capacidad internacional en contextos de violencia y conflicto.
Más allá de los huesos: el dolor de la pérdida ambigua
El trabajo científico no se limita a identificar restos. La pérdida ambigua, término que describe la experiencia de las familias de desaparecidos, define un sufrimiento prolongado: ausencia de cierre, alternancia entre esperanza y desesperanza, rabia y frustración crónica.
Cristina Mendoza González, Responsable Regional del Programa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), explica:
«La pérdida ambigua describe la vivencia de las familias de personas desaparecidas… Entender esto ayuda a no imponer duelos o expectativas de cierre».
En Guatemala, el acompañamiento psicosocial está a cargo de las organizaciones y de algunos integrantes de las propias comunidades que acompañan a las familias que buscan a sus desaparecidos.
La atención se adapta a las necesidades de cada caso, con diálogos en el idioma propio y con la participación de líderes comunitarios que también ofrecen apoyo emocional y social.
La prioridad bajo ese enfoque es respetar la cultura, el idioma y el contexto de cada familia antes de ofrecer intervenciones especializadas.
Mendoza señala que «las buenas prácticas incluyen poner a las familias al centro, respetar su idioma, cultura y contexto, y fortalecer la intervención comunitaria antes de la especializada» .
Memoria social y reconstrucción de identidad
Documentar y analizar información forense va mucho más allá de identificar los restos humanos. Cada testimonio, cada registro oficial y cada fragmento de información ayuda a reconstruir la identidad de los desaparecidos y a entender el contexto de su desaparición.
Guillermo Vásquez, arqueólogo y asesor en gestión de información forense del CICR, destaca que esta reconstrucción social complementa la dimensión biológica.
Además, permite generar hipótesis sobre patrones de violencia, vínculos familiares y comunitarios y los contextos en los que ocurrieron los hechos.
La falta de formación y sensibilidad dentro de las instituciones tiene consecuencias directas para las familias que siguen buscando a sus seres queridos.
En ese sentido, el abogado del GAM añade que esta situación resulta «sumamente compleja», porque muchas veces quienes acuden a pedir ayuda reciben respuestas que desaniman y hieren, lo que profundiza la revictimización.
Frente a esta ausencia de acompañamiento por parte del Estado, las familias acaban asumiendo el rol de investigadoras mientras lidian con instituciones que, según él, actúa con indiferencia e incluso llega a criminalizar la búsqueda.
María Elizondo y Gerardo Molosnik, asesora jurídica y coordinador del área jurídica del CICR, recuerdan que el derecho a saber de las familias permanece vigente, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
«Desde el derecho a saber de las familias, no importa cuánto tiempo pase… siempre van a tener esta necesidad de saber».
Una verdad que emerge desde el silencio
Para Otto Ical Coy, la desaparición de su padre no es solo un hecho del pasado, también significa un mundo entero que se partió en dos a cuando él tenía dos años y medio de edad en los años 80.
Creció entre silencios —los de su mamá, atrapada entre el miedo y la psicosis de volver a perder a alguien de su familia— y dos recuerdos que le han acompañado durante su vida.
Como si se tratara de las páginas sueltas de un libro que nunca pudo leer completo, Ical Coy recuerda un paseo en motocicleta y un beso de despedida que le dio su papá.
En conversación con Agencia Ocote, Ical Coy cuenta que su vida avanzó empujada por esa ausencia y por la mística que su papá le dejó cimentada sin saberlo, que la pobreza material empieza en la mente y que la educación es la llave para romper cualquier cadena.
Si la historia no hubiera sido interrumpida, dice, su destino habría sido otro —quizá la medicina, quizá la ingeniería—, pero sobre todo sin un duelo que ya lleva 35 años.
Durante décadas, su familia vivió en ese limbo que Claudia Rivera de la FAFG define como pérdida ambigua, sin respuestas, sin cuerpo, sin despedida, sin verdad.
Ical Coy agrega que el impulso de buscar a su papá, le llegó como un golpe en el pecho cuando escuchó que estaban exhumando cuerpos en la zona militar de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz.
Ical Coy recuerda que sintió que algo le dijo «ahí está tu papá» y aunque su mamá temblaba de miedo, él y algunos otros miembros de su familia dieron una muestra de ADN en el 2012 para saber si alguna de las víctimas tenía parentesco.
Cuatro años después, en el 2016, gracias a la ciencia forense les devolvieron un nombre, una coincidencia genética y una certeza, en ese lugar estaba su papá.
La voz de Ical Coy se quiebra al contar que cuando recibió la confirmación por parte de la FAFG, que los restos sí correspondían a su padre, no era solo la noticia, era la verdad esperando décadas para pronunciarse.
Describe el momento como cuando uno se quita un peso de los hombros y tira una carga de leña después de un camino interminable.
«Sentí un alivio espectacular», dice. Lloró sin poder contenerse. Sus compañeros lo abrazaron. En esa época, Ical Coy trabajaba en el Ministerio Público.
Recuerda que esa noche habló con su mamá hasta las tres de la mañana; ella también soltó la carga que llevaba encima desde 1983.
Hoy Ical Coy forma parte del equipo de la FAFG como investigador forense y dice que hace su trabajo «no al cien, sino al millón» porque sabe lo que significa esperar una respuesta por décadas y cómo se rompen los hijos cuando se rompe la historia de un país.
Añade que también sabe que el Estado sigue ausente donde más debería estar, al garantizar una búsqueda digna y acompañando a quienes aún caminan con la carga completa de sus seres queridos desaparecidos.
La historia de Ical Coy resume en una sola vida, lo que significa buscar a un desaparecido en Guatemala.
«De a poco, la verdad sale a la luz. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y gradualmente aparecerán más cuerpos, más identificados y más familias que sabrán la verdad. Y la verdad los hará libres.»
Aprendizajes regionales
Entre las buenas prácticas para el tratamiento de las osamentas del CAI se encuentra el respeto cultural y espiritual; acompañamiento psicosocial; métodos científicos integrales; participación familiar activa; difusión responsable; entre otros.
En América Latina, las búsquedas de personas desaparecidas han generado metodologías únicas que combinan conocimiento científico, memoria histórica y organización comunitaria.
Estas experiencias no sólo han marcado la región, sino que también se han convertido en referentes internacionales.
En Argentina, por ejemplo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desarrollaron, desde finales de los años 70, un modelo pionero de documentación, recolección de testimonios y exigencia de justicia.
Su trabajo llevó a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una de las instituciones más avanzadas del mundo en identificación por ADN.
En paralelo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) —fundado en 1984— estableció estándares técnicos y éticos que hoy se consideran indispensables en la investigación forense humanitaria.
El EAAF ha trabajado en más de 50 países documentando desapariciones, exhumando fosas clandestinas y creando metodologías que combinan ciencia, antropología, participación comunitaria y memoria colectiva.
Todas estas experiencias demuestran que la identificación de personas desaparecidas no es solo un proceso científico, es un acto profundamente humano que requiere memoria, colaboración internacional y la persistencia de familias y comunidades.
Las metodologías latinoamericanas con su mezcla de rigor técnico, acompañamiento psicosocial y organización colectiva se han convertido en un faro para otros países que buscan caminos similares hacia la verdad.
El hilo que une toda esta labor es el reconocimiento de que las familias son protagonistas y la prioridad es garantizar que cada acción respete la experiencia de quienes buscan respuestas.
Cristina Mendoza recuerda: «Estas experiencias nos muestran que la intervención debe considerar todos los niveles: comunitario, familiar e individual, y no solo asistencia psicológica. La violencia afecta de forma colectiva, y la respuesta psicosocial debe abordar este espectro».
En un país donde la justicia a veces tarda décadas, las organizaciones y sus equipos recuerdan que detrás de cada osamenta hay una vida, una familia y una comunidad que merece respuestas. Recuperar la memoria es, finalmente, recuperar la dignidad de Guatemala misma.
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Créditos:
– Texto: Andrea Godínez y Lourdes Álvarez Nájera
– Edición: Lourdes Álvarez Nájera
– Foto: Andrea Godínez
