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Explora aquí la segunda temporada completa de Aquí pasó algo
Lee aquí la transcripción del episodio:
Estamos en Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, a más de 200 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala.
Sobre la carretera RD-AV9, que conecta este municipio con Chisec, a la altura del kilómetro 18, hay un desvío hacía la finca «Chicoyogüito».
Es fácil ubicarlo, está justo a la altura de un sencillo monumento con forma de bala.
El paisaje es típico de la zona: un bosque espeso y nuboso. Al lado del camino, corre el río Cahabón.
A un par de kilómetros, llegarás a un espacio amplio, con algunos edificios no muy altos.
Aquí puede distinguirse uno: un edificio con gradas pintadas de color celeste chillón.
Es una construcción de dos niveles. Al frente, dos cañones antiguos custodian la entrada. A un lado, el emblema de las Naciones Unidas; al otro, el de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
Sobre la fachada principal se lee, pintado con letras grandes: Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz.
Este lugar es más conocido por sus siglas: CREOMPAZ.
Aquí, desde 1979 y durante 25 años, funcionó la Zona Militar 21. En 2004 fue desactivada durante el gobierno de Oscar Berger.
Durante los años más crudos del Conflicto Armado Interno, este lugar fue un centro de detención, tortura y desaparición forzada.
Entre 2012 y 2015 el Ministerio Público y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la FAFG, descubrieron uno de los cementerios clandestinos más grandes del país: más de 500 osamentas fueron exhumadas.
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Ronaldo Ernesto Galeano: Mi nombre es Ronaldo Ernesto Galeano. Soy abogado del Grupo de Apoyo Mutuo. El Grupo de Apoyo Mutuo está constituido como querellante dentro del caso denominado CREOMPAZ. Yo he sido uno de los abogados que ha estado dándole seguimiento al proceso penal.
Esta zona militar denominada hoy CREOMPAZ, anteriormente era la zona militar número 21, José Antonio Irizarri, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Y en esta zona militar sucedieron graves hechos, graves violaciones a derechos humanos en contra de población Q’eqchi’, Achí y Poqomchi del área de Baja Verapaz y Alta Verapaz principalmente. Aunque no se descarte que hayan personas que provenían de otras áreas. Que fueron llevadas ahí luego de ser secuestradas por agentes del Estado de Guatemala y llevadas al ese lugar. En donde pues obviamente existían acciones en contra de la dignidad de la humanidad como tortura, ejecuciones extrajudiciales.
Actualmente es uno de los casos en donde se ha encontrado la mayor cantidad de osamentas en América Latina, se puede decir. Y forma parte de los casos denominados de justicia transicional en donde el Estado pues debería de procurar hacer justicia y sancionar a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.
El caso inicia por un caso denominado «Plan de Sánchez» en 1993. Que es conocido en un juzgado de primera instancia penal de Alta Verapaz en Cobán.
Sin embargo, como consecuencia de la investigación de los hechos ocurridos en 1993, se identifica que personas víctimas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial estarían en la zona militar 21. Y como consecuencia de eso, la investigación se amplía. Se extiende a la zona militar y ahí se realizan diligencias de investigación. Se logra ubicar lugares en donde probablemente existen víctimas de desaparición forzada.
Y con un trabajo de la FAFG, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, es que se logra identificar que ahí existen osamentas humanas y es así como se inicia el trabajo de investigación.
En esa zona militar se encontraron víctimas de distintas aldeas como Pambach, de Santa Cruz Verapaz, en donde fueron detenidos y desaparecidos unas 75 personas, principalmente hombres de Río Negro, donde fueron hubo una masacre de 80 personas asesinadas. Pero se supone que también se llevaron a personas de esa aldea para la zona militar del caserío Chituj, Chiacal y Barrio San Sebastián, son aldeas de San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz. Y también otras personas que fueron detenidas en Chisec, Alta Verapaz.
De todas estas víctimas, el caso conocido como Creompaz estaba siendo conocido por la ejecución extrajudicial de 29 personas.
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Lo que sucede es que existe una decisión de la Corte de Constitucionalidad que indica que todo lo actuado queda invalidado prácticamente. Esto representa un gran retroceso para el caso en sí, pero sobre todo para la sociedad en general. Para el Estado de Guatemala, para las víctimas que han estado pendientes de que se haga justicia y es una resolución que no tiene un fundamento sólido. Es decir que se ha buscado la forma de favorecer a los militares para que no se continúe con la investigación de los casos. Lamentablemente, bueno, digo lamentablemente porque esto dejaría sin justicia a las familias de las víctimas. La mayoría de los militares ya tienen una edad avanzada y no podrían enfrentar un juicio futuro.
Y esto sin duda representa para las familias una frustración y para el Estado en sí un incumplimiento de las más elementales obligaciones que tiene y es que es buscar justicia en estos graves casos de violaciones a derechos humanos que, como le digo, no solo atentan contra la familia, sino contra la humanidad entera. Porque fueron agentes del Estado con el respaldo de la institucionalidad, con los recursos del Estado.
Es decir, con los mismos recursos de la gente se dedicaron a secuestrar a la gente, asesinarla, a torturarla y esto es inadmisible desde cualquier punto de vista y no puede ser que después de tantos años de investigación, de seguimiento del caso, de que se haya logrado concretar el vínculo directo de altos mandos militares como generales y como coroneles que tienen relación directa con la ejecución de estas personas.
Sí considero que no es que ya no se pueda seguir investigando, porque si se puede, pero esto implicaría probablemente iniciar un caso nuevo. Y eso es lo complicado, porque ha existido una intención directa de debilitar las fiscalías del Ministerio Público que tienen conocimiento de este tipo de casos. ¿Cómo? Destituyendo fiscales o trasladándolos a fiscalías que no tienen nada que ver, llevando fiscales nuevos, auxiliares fiscales que no conocen los casos denota la intención de que este tipo de casos se queden estancados o en el olvido.
Pero la importancia de conocer el pasado es fundamental para todos los pueblos, para cualquier pueblo en el mundo. Pero para Guatemala, sobre todo porque tiene un pasado reciente en donde el Estado utilizó los medios que tenía a su alcance para callar voces.
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¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares? En el departamento de Quiché, a 162 kilómetros de aquí, en la parroquia del Espíritu Santo de Zacualpa, durante el Conflicto Armado el Ejército instaló un destacamento militar. Ahí torturó y asesinó a decenas de personas. Hoy los religiosos lo han convertido en un memorial para las víctimas.
Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Te animamos a que escuches y veas otros productos sobre el tema en nuestro sitio web. Puedes leer: «Creompaz: El centro de torturas que no le da paz a sus víctimas» para conocer más del proceso judicial del caso CREOMPAZ.
