Tras la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala en julio de 2024, este 1 de diciembre de 2025 se presentó un informe sobre …
Tras la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala en julio de 2024, este 1 de diciembre de 2025 se presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, indicó en conferencia de prensa que «Guatemala enfrenta serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho».
Dichas amenazas se derivan del «control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico».
Las mismas se encuentran «articuladas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad», denunció la relatora.
Pochak asegura que «se revirtieron» avances logrados por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según la CIDH, la expulsión de la CICIG en 2019 fue un factor clave en la profundización del deterioro del Estado de derecho.
Conferencia de prensa de la CIDH
«El informe concluye que el sistema de justicia no cumple con su rol de tutela judicial efectiva. Simultáneamente viene instrumentalizado para resguardar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad», declara Pochak.
Durante la visita in loco, la CIDH recibió información y testimonios que coincidieron en señalar al Ministerio Público (MP) como la principal amenaza en Guatemala.
Precisamente es el MP el que protege los intereses de las redes de corrupción y las élites utilizando el derecho penal, según la CIDH.
La entidad presentó su informe ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) como evidencia de un «intento de golpe de Estado» en las Elecciones Generales de 2023.
«Pese a la toma de posesión de las autoridades electas, (el MP) ha mantenido investigaciones infundadas e intimidatorias en contra del mandato democrático reflejado en las urnas», detalla.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por Rafael Curruchiche, es la principal unidad del MP señalada de perseguir a operadores de justicia. También a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y funcionarios del actual Gobierno.
Sistema que garantiza impunidad
La CIDH denuncia que esta instrumentalización no se utiliza únicamente para la criminalización, también para consolidar un entorno de impunidad.
La CICIG judicializó varias causas, pero ahora se han reconfigurado para proteger a las estructuras de poder político, económico y criminal que habían sido denunciadas.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) de Argentina y Alianza por las Reformas de Guatemala documentaron en el informe ¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025 el retroceso en la lucha anticorrupción.
«Los casos de gran corrupción de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no avanzan. La Comisión Nacional contra la Corrupción ha presentado 273 denuncias que corresponden a esos gobiernos; el 20% de estos casos han sido desestimados y el 80% se encuentra en investigación y no hay avances significativos», expresa el informe.
Criminalización como práctica generalizada
La CIDH indica que en Guatemala la criminalización es una práctica generalizada que afecta a toda la población, pero especialmente a grupos históricamente excluidos.
En 2025, se giraron órdenes de captura contra líderes comunitarios que promovieron el Paro Nacional 2023 protegiendo la democracia. Este es el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaflán, exdirectivos de los 48 Cantones.
Para ello el MP acepta denuncias de personas o entidades con intereses ilegítimos. Entre los denunciantes, se menciona la Fundación contra el Terrorismo, cuyos integrantes Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla fueron sancionados por la Unión Europea por acciones corruptas y que socavan la democracia.
Algunas de estas personas «han sido o están siendo investigadas por actos de corrupción u otros delitos graves». También hay «personas u organizaciones alineadas con intereses de grupos de poder quienes buscan deslegitimar, intimidar o castigar a quienes impulsaron o llevaron procesos judiciales en su contra» denuncia el informe.
La relatora de país indicó que se sostuvieron reuniones con todas las entidades estatales incluidas en el informe. En su reunión con el MP, este «negó la existencia de una práctica de criminalización».
El argumento fue que «tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe, sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión», según la CIDH.
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Patrones de criminalización denunciados
- Interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona y denuncias anónimas e infundadas
- Procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados
- Uso abusivo de la prisión preventiva
- Afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa
Operadores de justicia a cargo de la criminalización
- Fredy Orellana, Juez Séptimo A de Primera Instancia Penal.
- Jimi Bremer, Juez Décimo B de Primera Instancia Penal.
- Sergio Mena, Juez Séptimo B de Primera Instancia Penal.
- Víctor Manuel Cruz, Juez Décimo A de Primera Instancia Penal
- Geisler Smaille Pérez Domínguez, Juez Tercero de Primera Instancia Penal.
- Carol Patricia Flores, Jueza de turno de Primera Instancia.
- Magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal
El «riesgo de relajarnos»
El politólogo Renzo Rosal resalta que «hay un riesgo de relajarnos y pensar que lo que está sucediendo es coyuntural». «La justicia como instrumento es algo que hemos visto a lo largo de la historia política del país».
«Ya ha sido instrumento para sectores oligárquicos, económicos y demás, pero ahora, en el marco del cambio de poderes, esa instrumentalización de la justicia sigue siendo un factor determinante».
Rosal considera que, además de cooptada para proteger la corrupción y la impunidad, la justicia es usada para preservar ese régimen.
«Eso me parece lo más importante. El peligro no es solo en el presente. El informe resalta lo peligroso de continuar esa situación tan profunda. Por ello, son esenciales los procesos de elección de segundo grado», resalta.
Sacudir las fibras la sociedad
Para Rosal, el informe llega en un momento oportuno para sacudir las fibras de la sociedad guatemalteca.
«Aunque los procesos de elección (de segundo grado) planteen a nuevas personas, incluyendo en el despacho de la fiscalía general, eso no implica necesariamente que cambie la correlación de fuerzas».
Rosal considera que el informe de la CIDH «es muy contundente en subrayar la amplia responsabilidad que tiene el MP en todo este entramado. Si bien es cierto que abarca a las Cortes, a la CC y una serie de instancias, la declaración de la CIDH subraya el rol clave de perturbación del sistema de justicia que tiene el MP»
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