La desconfianza y señalamientos que hacen familiares de las víctimas del caso Diario Militar y sus abogados, ante las acciones de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, no son …
La desconfianza y señalamientos que hacen familiares de las víctimas del caso Diario Militar y sus abogados, ante las acciones de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, no son recientes y tampoco nuevas.
Así lo señala el abogado Santiago Choc, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).
«Desde agosto, cuando el MP intentó cambiar los delitos imputados -a los acusados en el caso Diario Militar-, advertimos una intención de favorecerlos», señaló Choc.
Los sindicados por este caso son: Toribio Acevedo Ramírez, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Alix Leonel Barillas Soto y Edgar Virgilio de León Sigüenza, que enfrentan cargos por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa, cometidos entre 1983 y 1985.
El abogado Choc explica que en la audiencia realizada el pasado 26 de agosto, el MP manifestó su intención de «declinar la imputación de hechos» vinculados con delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, lo que generó preocupación entre las víctimas.
Posteriormente, en la audiencia del 7 de octubre, el fiscal José Crisanto Gómez solicitó una clausura provisional y un cambio en la tipificación de los delitos a favor de los acusados, sin notificar previamente a las partes querellantes.
Según Choc, esto constituye una violación al derecho de las víctimas a la participación en ele proceso.
Añadió que estas actuaciones también representan un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado guatemalteco a investigar y sancionar las desapariciones forzadas del caso Diario Militar.
El caso Diario Militar, también conocido como Dossier de la Muerte, documenta la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura de al menos 183 personas, entre estudiantes, sindicalistas y militantes sociales, entre 1983 y 1985.
Se trata de uno de los procesos judiciales más emblemáticos sobre violaciones a derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala.
Piden apartar a fiscales del caso
El 7 de octubre, la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón decidió aplazar la audiencia al 19 de enero de 2026, mientras el MP resuelve una recusación presentada por las partes querellantes.
La defensa de las víctimas planteó la separación de los fiscales José Crisanto Gómez Meléndez y Noé Nehemías Rivera Vásquez, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, por considerar que actuaron con negligencia.
Esto, luego de intentar modificar el curso del proceso y plantear la posibilidad de una clausura provisional del caso sin previo aviso a las partes, lo que generó desconfianza sobre su imparcialidad.
Según los querellantes, estas acciones del MP buscan debilitar un proceso judicial que lleva más de cuatro décadas en la búsqueda de justicia.
El fiscal Rivera Vásquez, nombrado por Porras, fue incluido en la «Lista Engel» por el Departamento de Estado de Estados Unidos, acusado de obstruir procesos de rendición de cuentas y de usar su posición para proteger a aliados políticos de investigaciones.
Desde su nombramiento ha sido cuestionado por organizaciones sociales y de víctimas, ya que consideran que pone en riesgo el derecho a la justicia.
Según la abogada querellante Jovita Tzul, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, la decisión de la jueza de aplazar la audiencia al 2026, no implica una suspensión del proceso, sino un período de tiempo para que el MP conozca y responda las recusaciones.
Explica que al pedir que se aparte a los fiscales del caso, se busca garantizar la objetividad del proceso, pero alertó que «el Ministerio Público pretende una clausura provisional del caso, lo que implicaría dejar en libertad a los acusados y consolidar la impunidad».
Tzul recuerda que el fiscal Rivera Vásquez «ha actuado en detrimento de las víctimas» y que esta situación ya fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«En los casos donde hay actores de alto rango político o económico, las posturas de la Fiscalía se alejan de su mandato legal», sostiene.
Francisco Vivar, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), señala que «ha sido evidente la poca objetividad con la que el MP ha actuado durante todo el proceso, especialmente cuando intentó variar el curso del caso para favorecer a los sindicados».
Vivar añade que el MP, como representante del Estado, «está incumpliendo obligaciones internacionales de investigar graves violaciones a derechos humanos».
Las organizaciones querellantes, entre ellas CALDH, FAMDEGUA y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), publicaron además un comunicado conjunto en el que exigieron el respeto a los estándares internacionales de justicia.
«El Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. La inacción o parcialidad del Ministerio Público sólo profundiza la impunidad»,señalaron.
«Hasta encontrarlos»: promesa que guía la búsqueda
Mientras en los tribunales, jueces, fiscales y abogados discuten recursos y recusaciones, las familias continúan cargando con el peso de la ausencia de sus seres queridos.
Paulo Estrada, hijo de Otto René Estrada Illescas y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, ambos registrados en el Diario Militar, recuerda que la búsqueda de sus desaparecidos es una promesa de amor.
Estrada dice que conoció a su padre a través de las anécdotas de sus compañeros de lucha o familiares y menciona que su desaparición es una herida transgeneracional.
«Yo empecé a buscar a mi papá para tener identidad, para saber de dónde venía», comenta.
De su tío Julio, recuerda lo mucho que sufrió su abuela por encontrarlo y la sorpresa que les dio una persona, que un día apareció con un dinero, que según les dijo, Julio le había dejado para una operación de ojos que necesitaba su mamá.
«Ese tipo de cosas creo que son las cosas que al final de cuentas te reparan. Saber que eran personas que amaban, que eran como nosotros, comunes y corrientes, queriendo una Guatemala distinta», señala.
Estrada lleva cuarenta años esperando que el expediente judicial consigne lo que al país todavía le cuesta aceptar: que su padre y su tío fueron desaparecidos por el Estado.
«Esta lucha no es solo por nosotros —dice—, sino por las nuevas generaciones que siguen preguntando dónde están sus abuelos», agrega.
En sus palabras enfatiza una promesa, que se repite entre los familiares de víctimas desaparecidas «seguir hablando de ellos y ellas para que no vuelvan a desaparecer del todo».
«Esto es una promesa de amor, prometimos encontrarlos. Vi el sufrimiento de mis abuelos, de mi madre… y ese dolor sigue ahí. La desaparición forzada es la peor tortura: no saber dónde están», puntualiza.
Salomón Estrada Mejía, es otro de los querellantes y familiar de una de las víctimas, Félix Estrada, que resume: «Nos preocupa que nos sigan negando dónde están nuestros familiares desaparecidos. Un nuevo 1 de noviembre sin poder ir a verlo a algún cementerio».
Para él, la suspensión de la audiencia no solo retrasa un proceso judicial; prolonga un duelo que nunca termina.
«La justicia es lo único que puede cerrar un poco esa herida que se hereda, que duele, incluso en quienes no los conocimos», agrega.
Ambos entrevistados coinciden en que cada aplazamiento judicial reabre un vacío.
«Hay abuelas que todavía esperan, madres que murieron sin respuesta. Cada documento, cada audiencia, es un recordatorio de lo que no se ha hecho», reitera Paulo.
Aunque la suspensión de la audiencia representa un nuevo obstáculo, los querellantes confían en que el proceso pueda retomarse con garantías.
La decisión sobre las recusaciones contra los fiscales quedará en manos de la actual jefa del MP y será clave para definir el rumbo del juicio.
Al consultar avances sobre ese tema, María José Mancilla, vocera del MP, dijo que «el caso sigue igual, en etapa intermedia y una parte del ofrecimiento de prueba»
Créditos:
– Texto: Andrea Godínez
– Edición: Lourdes Álvarez Nájera
– Foto: Christian Gutiérrez
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Llamado a la acción: Puedes conocer más detalles sobre el Diario Militar y otros casos de desaparición forzada en Guatemala en Archivo Histórico del GAM
