El Benedicto que está siendo enjuiciado se ve muy diferente del que fue el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala entre el 2 de julio de 1981 y …
El Benedicto que está siendo enjuiciado se ve muy diferente del que fue el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala entre el 2 de julio de 1981 y el 18 de marzo de 1982, cuando se habrían cometido los delitos de lesa humanidad que le imputan.
Por fotografías de la época y en una entrevista de 2016, al recordar su tiempo en el puesto, del que tuvo que renunciar luego de que su hermano Fernando Romeo Lucas García fuera derrocado, su imagen era la de un militar firme y que prefería estar en el campo, dirigiendo a sus tropas.
«Un comandante debe salir y dirigir… por eso es que yo no permití masacres ni cosa por el estilo porque tenía control de mi gente», le aseguró a Alejandra Gutiérrez Valdizán y a Julio Serrano Echeverría en el documental Benedicto, publicado en 2016 por Plaza Pública.
«Las decisiones se toman y no se delegan (…) Es lo que yo hice con el Ministro de la Defensa cuando llegó a la Fuerza Aérea y me dijo: “Andá, atendé tu despacho”. Yo le dije: “No, yo tengo que estar allá, porque allá me necesita mi gente y es donde tengo que ver qué es lo que está sucediendo y que es lo que voy a hacer”», aseguró en ese entonces.
Una fotografía del Benedicto de 1982, con un fusil sobre el hombro, lentes de sol y una sonrisa que lo muestran disfrutando del momento refleja la personalidad de este militar formado en la Escuela de Saint Cyr en Francia, que desempeñó el cargo de la persona que ideaba y ejecutaba los operativos contrainsurgentes.
Iduvina Hernández, activista universitaria y periodista que en la década de los noventa cubrió la fuente militar para la revista Crónica, recuerda la imagen de Benedicto Lucas. Aunque nunca lo entrevistó, rememora su figura siendo transmitida en la televisión.
Recuerda que también entrevistó a oficiales que lo conocieron y que sentían una gran admiración por él. «Desde la perspectiva de liderazgo militar era visto como un hombre poderoso, cruel. La sensación es que era grande y alto», cuenta Hernández.
«Era una figura marcial y muy fuerte, poco comunicativo. En ese tiempo no necesariamente era una figura muy pública, quizá no tanto por él como persona, sino por su creación: las Patrullas de Autodefensa Civil», detalla la periodista.
Las Patrullas de Autodefensa Civil fueron grupos de personas de las comunidades, organizados y armados por el Ejército de Guatemala a partir de 1981 para contrarrestar a las guerrillas. Fue precisamente en Quiché donde las iniciaron y de ahí las extendieron a otros departamentos.
En el tiempo en que cubrió la fuente militar para Crónica, Hernández entrevistó a oficiales que conocieron a Lucas García, y comenta que dentro del Ejército, oficiales, subtenientes y tenientes lo idolatraban.
«El cargo de ministro de la Defensa es político, pero el de Jefe (del Estado Mayor) es, desde el punto de vista militar, el líder natural», explica la también activista.
Las llegadas de Benedicto Lucas al combate animaba a la batalla. No lo veían como un líder de escritorio, sino que «se fajaba con ellos», según Hernández.
Ahora, a sus 91 años, con una imagen que dista mucho del general que alguna vez fue, está siendo enjuiciado en el segundo caso por genocidio que se realiza en una corte de Guatemala. Proyectado desde una cañonera, viste una bata y casi nunca habla.
Pero su imagen no es lo único distinto en este juicio.
Un general mediático y otro olvidado
Hace 11 años se produjo la primera sentencia por genocidio en contra del expresidente de facto Efraín Ríos Montt. Junto con José Mauricio Rodríguez Sánchez (absuelto en el caso), se encontraban cada día con una sala llena de cámaras, reporteros y cientos de personas que acudían a seguir las audiencias.
Ríos Montt estuvo presente en todas las audiencias en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia. El entorno político hizo que todo el tiempo estuviera rodeado de cámaras y su juicio estuvo expuesto ante miles de personas a nivel nacional e internacional.
Se celebraron poco más de 25 audiencias para que los jueces Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante llegaran a una sentencia. Sin embargo, el proceso duró meses debido a los amparos y apelaciones que la defensa utilizó desde el inicio del juicio.
Cuando el tribunal lo encontró culpable y fue sentenciado a 80 años de prisión por genocidio contra el pueblo ixil, la noticia le dio la vuelta al mundo debido a que fue la primera sentencia por ese delito que se daba en un tribunal del mismo país donde ocurrieron las masacres.
Luego de muchas presiones hasta del sector empresarial organizado en el CACIF, el juicio tuvo que repetirse en 2018. Ríos Montt ya no vio la condena, pues ese año falleció. Tenía 91 años, los mismos que hoy tiene Lucas García.
Actualmente, se vuelve a juzgar el delito de genocidio en una corte local. Pero ahora apenas hay cámaras o personas que acuden al debate público.
En el juicio contra Lucas han pasado 27 audiencias desde que inició el 5 de abril. Se han presentado testigos, antropólogos, historiadores y arqueólogos forenses para dar peso a las acusaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Según el cronograma, aún faltan peritos y testigos, tanto de la parte acusadora como de la defensa.
Las audiencias suelen ser largas y se celebran en el decimoquinto nivel de la Torre de Tribunales.
Los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A, Gervin Sical, juez presidente y Óscar Herrera y Lilian Ajcam, vocales, escuchan los peritajes presentados por los fiscales del Ministerio Público (MP) Cándida Morales y Erick de León.
También a los abogados querellantes, Mario Trejo, Jovita Tzul y Francisco Vivar, en representación de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación.
Los juicios contra Benedicto Lucas
Este es el segundo juicio que se realiza en contra de Benedicto Lucas García.
Fue capturado en 2016 por el Caso Creompaz junto a otros siete militares. Se trata de una base militar ubicada en Cobán, Alta Verapaz, de donde es originario Benedicto, que fue usada como cementerio clandestino durante el conflicto armado interno.
En el lugar fueron desenterrados entre 2012 y 2014 los restos de 565 personas muertas de forma violenta, entre ellos 90 niños y adolescentes, cuando funcionaba la antigua Zona Militar 21, que hoy es sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz).
El caso sigue detenido en la etapa intermedia y Lucas García está a la espera de ir a juicio.
El primer juicio en su contra fue en 2018, por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.
Benedicto Lucas fue declarado culpable por la desaparición forzada del menor, delitos contra los deberes de humanidad y violación con agravación de la pena en agravio de Emma Guadalupe, hermana de Marco Antonio.
Por este caso, Lucas recibió una condena de 58 años de prisión.
Héctor Reyes, abogado querellante en el caso Molina Theissen, recuerda para Ocote una anécdota de la condición física de Benedicto, lo cual le permitía subir por las escaleras los trece niveles de la Torre de Tribunales para llegar a la sala de audiencias.
Tenía más de 80 años. El exjefe del Estado Mayor del Ejército sin usar el elevador «Iba con grilletes y subía implacablemente, mientras sus guardias del sistema penitenciario iban dos o tres niveles detrás de él», recuerda el abogado Reyes.
Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta también quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre de 2019 por genocidio. El MP los señalaba de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.
A Benedicto se le acusa de coordinar 21 masacres en comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, región que el Ejército denominó durante el conflicto como el «Triángulo Ixil».
Aunque en 2023 la Corte de Constitucionalidad les otorgó a todos los condenados del caso Molina Theissen prisión domiciliar, Benedicto no pudo salir debido a los casos Creompaz y Genocidio Ixil.
Actualmente, Benedicto está siendo juzgado en solitario, ya que César Noguera Argueta falleció en noviembre de 2020 y el 3 de enero de 2024, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A resolvieron que por una condición médica, Manuel Callejas era incompetente para enfrentar el proceso penal.
Benedicto comparece ante al tribunal a través de una videoconferencia en la que siempre usa una bata. En el Centro Médico Militar lo acompaña la jueza de paz Marta Villagrán, que se encuentra con él para verificar la calidad del audio de la audiencia y que se respete su derecho a un juicio justo.
El tribunal estableció así las audiencias debido a problemas de salud de Benedicto. Según el departamento de Comunicación del Ministerio de Gobernación, Benedicto Lucas García continúa como privado de libertad del Centro de Detención Mariscal Zavala,
No ha tenido un egreso, pero la condición del exmilitar es de traslado por atención médica. Según Gobernación, permanece con seguridad penitenciaria.
¿Sin presupuesto para su defensa?
Otra diferencia grande entre el primer juicio por genocidio y el segundo en Guatemala son los abogados defensores. El equipo legal de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez era privado, todos hombres y abogados de renombre.
La mayoría ya no se encuentran dentro del panorama de litigio, como Francisco Palomo, un polémico abogado asesinado en junio de 2015. Palomo representó a grandes empresarios y políticos guatemaltecos durante décadas.
También fue miembro del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por Ríos Mont, partido por el cual fue diputado al Parlamento Centroamericano.
Francisco García Gudiel, que durante años defendió a acusados por corrupción y a narcotraficante. Está implicado en casos de lavado de dinero y en marzo de 2024 se ordenó que lo investigaran por su posible participación en un asesinato.
También Luis Rosales, exdiputado con los partidos FRG y Valor, liderados por Ríos Montt y su hija Zury Ríos. Es actual magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Marco Antonio Cornejo, exasesor legal de Ríos Montt en el Congreso, exdiputado por el FRG y actual magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral.
Danilo Rodríguez Gálvez, un exguerrillero convertido en abogado, también formó parte de la defensa contra el genocidio. César Saúl Calderón, defensor del expresidente Otto Pérez Molina y otros exfuncionarios en casos por corrupción, además de defensor de empresarios de farmacéuticas y una hidroeléctrica.
Moisés Galindo, abogado de militares y exfuncionarios condenados por corrupción, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y Byron Lima Oliva. También ha sido detenido en dos ocasiones por actos de corrupción, uno durante el gobierno del FRG y otro con el del Partido Patriota.
El equipo legal de Benedicto Lucas está conformado por María Teresa Martínez y Carmen Peralta, ambas del Instituto de la Defensa Pública Penal.
Karen Fischer, mandataria judicial de Benedicto, ya no se presenta a las audiencias, luego de que el tribunal le ordenara sentarse en el área del público. La decisión judicial fue solicitada por una de las defensoras que pidió que Fischer no se sentara junto a ellas durante el desarrollo del debate.
En audiencias y procesos anteriores, Benedicto fue representado por su hijo Jorge Lucas Cerna, que renunció a seguir defendiéndolo a inicios de este debate, argumentando problemas de salud.
Pero el abogado Héctor Reyes cree que los movimientos en la defensa de Lucas García podrían ser una estrategia jurídica.
«Es raro que la Defensa Pública Penal tiene en este caso a la misma abogada defensora (María Teresa Martínez) que tiene el otro general retirado del otro caso por genocidio durante el gobierno de Ríos Montt», reflexiona.
Se trata de Luis Enrique Mendoza García, quien fue jefe de operaciones del Ejército entre 1982 y 1983, detenido en 2019 cuando llegó a un centro de votación en Baja Verapaz. Mendoza es el suegro del exdiputado Estuardo Galdámez, candidato a la presidencia ese año por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
«Yo siento que hay una estrategia jurídica de parte de ellos. No parece coincidencia que fuera esta misma abogada la que defienda a los dos militares en dos casos que parecieran iguales, pero son muy distintos», teoriza Reyes.
Se intentó hablar con la defensa de Lucas García, pero ninguna de las dos abogadas accedió a una entrevista.
Con su bata, durante las audiencias, Benedicto muestra en algunas ocasiones un reloj negro que porta en la muñeca, el cual es bastante visible cuando se pasa las manos por el rostro.
Aunque tiene derecho a manifestarse durante el juicio, no suele hacerlo. En realidad, las pocas cosas que se logran escuchar de esa videoconferencia son las ocasiones en las que la jueza Marta Villagrán asegura al tribunal que el exmilitar está presente y que escucha todo.
Actualmente está presente, pero lejos de ser aquel general que se sentía un todopoderoso.
«Yo en el Ejército soy muy bien visto, muy respetado y todo… me dicen que yo soy un ícono y claro, me siento halagado, porque yo sembré cátedra y ejemplo en el Ejército», aseguró Lucas García en el documental de 2016.
En esa ocasión dijo que militares de la base Creompaz le regalaron un mapa en relieve de Quiché y Alta Verapaz que tiene en su casa. Uno igual era en el que marcaba el terreno para el combate cuando se cometieron las masacres por las que ahora es juzgado.
«Formé unidades especiales. Yo lo que hice fue emplear la táctica verdadera que se tiene que emplear en la guerrilla contra guerrilla. Lo que hice fue formar la fuerza de tarea y diseminar toda la tropa en todo el territorio», dijo con orgullo para el documental de 2016.
Para Iduvina Hernández, la visión que se tiene ahora del general retirado podría ser producto de una estrategia. Le llama la atención que el hijo del militar haya renunciado a su defensa y la forma en que él se muestra a las cámaras.
«O ya se dio por vencido, o está buscando llamar a la lástima. ¿Qué mejor que hacerse enfermo y no hablar?»
«Buscará verse como todos ellos (las víctimas), que son ya octogenarios y nonagenarios, los que lograron sobrevivir. Pero, doña Emma Molina tiene 90 años y tiene una lucidez y una dignidad enorme», afirma Hernández.
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En la sala de debates del quinceavo nivel de la Torre de Tribunales, el otro sonido que se suele escuchar es la música que se reproduce cuando se pierde la conexión de la videoconferencia.
Estas interrupciones suelen ser, si no incómodas, disruptivas.
El perito Marco David García, licenciado en Bioquímica y Microbiología, compareció ante el tribunal el pasado 22 de mayo, explicando su participación en la comparación genética de las osamentas halladas y los familiares de desaparecidos con el fin de identificar los restos.
Mientras el perito explicaba cómo el ADN servía para la identificación de las víctimas, se perdió la conexión y comenzó a sonar música calmada, que hacía ruido no solo por el volumen, sino porque también representaba un corte en la intervención del contexto que daba Marco David García.
Estas pérdidas de conexión suelen suceder por unos segundos solamente, pero todo debe parar y retomarse en el momento en que la imagen de Benedicto Lucas García vuelve a aparecer en la pared. La jueza Villagrán habla para aclarar que ya se restableció la videoconferencia y que pueden escuchar la audiencia con normalidad.
Puedes seguir la continuación del Debate Oral y Público en el Juicio por Genocidio a través de las transmisiones en vivo en las páginas de Verdad y Justicia.
