El informe del ACNUDH describe la situación de los derechos humanos en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, producto de la «alta tensión social» luego …
En resumen
- El Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos presentó su informe 2024 sobre Guatemala y, aunque muestra avances, también refleja preocupaciones.
- Reconoce ACNUDH mejoras en la política de Gobierno, pero persisten ataques y criminalización por parte del Ministerio Público y algunos jueces.
- Exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, población indígena y de la diversidad siguen siendo víctimas de ataques.
El informe del ACNUDH describe la situación de los derechos humanos en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, producto de la «alta tensión social» luego de los resultados de las Elecciones Generales de 2023.
«En 2024, el ACNUDH observó un cambio de discurso a favor de quienes defienden los derechos humanos por parte de actores gubernamentales. Aun así, se registraron 145 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas operadoras de justicia».
«La criminalización y las intimidaciones y amenazas continúan siendo las principales agresiones utilizadas contra quienes defienden los derechos humanos».
«Si bien el número de ataques es menor al del 2023, es preocupante que agresiones provienen también de actores estatales, especialmente del sector de la justicia, incluyendo el Ministerio Público (MP) y algunos juzgados del Organismo Judicial (OJ)».
Así define una de las justificaciones del informe sobre los ataques en contra de un sistema democrático.
Esa situación persiste con «los intentos sistemáticos de socavar el Estado de derecho por parte del Ministerio Público», señala el documento.
En concreto, se refiere a las solicitudes de retiro de inmunidad contra el propio presidente Bernardo Arévalo.
También contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o diputados, entre otros funcionarios de Estado.
José Francisco Calí, representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, agradeció la presentación del informe.
Recordó, además, la visita de una comisión de alto nivel del ACNUDH a Guatemala en julio de 2024.
«Consideramos que presenta un diagnóstico que refleja la realidad nacional, coincidiendo con las prioridades de la administración del presidente… que responden a las necesidades de nuestra sociedad».
El mundo nos sigue observando
A criterio del abogado Carlos Juárez, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), este informe demuestra que Naciones Unidas y la comunidad internacional en general «mantienen el ojo sobre Guatemala».
Esa atención de los organismos internacionales sobre el país también es relevante para otros sectores.
Esto debido al seguimiento que se da a casos de defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, periodistas, mujeres, niñez, personas con discapacidad, diversidad sexual, juventud, migrantes, entre otros.
En ese sentido, el abogado del GAM considera que se debe priorizar un diálogo que incluya y escuche a esos sectores.
«El Gobierno debería establecer una ruta concreta para elaborar una política integral de abordaje de derechos humanos».
En su opinión, aunque en el Gobierno de Arévalo existe mayor apertura a la temática, se deben concretar mayores acciones.
Los ataques a defensores
Sobre los ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en comparación a 2023 el ACNUDH registra una baja.
Se indica que en 2024 fueron 63 casos, que corresponden a 92 víctimas, 68 hombres, 20 mujeres y 4 organizaciones.
«Esta cifra está relacionada con un cambio de discurso por las autoridades gubernamentales, a favor de la defensa de los derechos humanos, que se ha traducido en distintos esfuerzos para impulsar acciones».
Señala la preocupación de que el MP no haya implementado adecuadamente su instrucción sobre delitos contra personas defensoras y operadoras de justicia.
«Las personas defensoras del territorio, autoridades ancestrales y líderes comunitarios, así como abogadas y abogados que ejercen su defensa, también continúan siendo las principales víctimas».
Ese informe cita los casos de las abogadas Carmela Curup y Olivia Sian; Rigoberto Juárez, autoridad Q’anjobal; Lencho de San Pablo, en San Marcos; Jorge Coc y Marcelino Xol, ambos Q’eqchi’.
Además, «se documentaron al menos cinco asesinatos presuntamente vinculados a la labor de defensa de los derechos humanos de las víctimas».
Libertad de expresión sigue vulnerable
El ACNUDH indica que en 2024 se vieron en mayor riesgo los periodistas que dieron cobertura a procesos judiciales, especialmente casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos y corrupción de gobiernos anteriores.
Se documentó «47 casos de violaciones a los derechos a la libertad de
expresión y al acceso a la información contra periodistas, medios de comunicación y comunicadores comunitarios».
El documento señala que la Red Rompe el Miedo documentó 63 casos entre enero y noviembre de 2024, la mayoría perpetrados por agentes del Estado.
Además, señala que dieron seguimiento al caso de Jose Rubén Zamora, por detención y prisión arbitraria por 813 días.
En el caso de las radios comunitarias, se dio seguimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala.
Además, indicó que el ACNUDH valora la sentencia contra tres policías por la detención de la periodista comunitaria Norma Sancir.
Acciones contra operadores de justicia
El ACNUDH dice que está preocupado por la detención del exfiscal jefe anticorrupción Stuardo Campo desde el 1 de diciembre de 2023.
«Esto vulnera las normas y los estándares internacionales sobre privación de libertad, incluyendo los de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad».
Añade que también es preocupante la continua persecución penal en contra de los
exfiscales Lesly Pineda y Christian Dávila, y la abogada Claudia González.
Dice estar «preocupado por la falta de garantías de publicidad en los casos de criminalización contra personas operadoras de justicia».
Retrocesos para víctimas del Conflicto Armado
El informe del ACNUDH señala que existe «preocupación ante los importantes retrocesos en el acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado interno».
Señala casos como el de Luz Leticia Hernández Agustín, el caso Molina Theissen y Diario Militar, en donde documentó dilaciones indebidas en los procesos.
También, en el caso CREOMPAZ lamenta la resolución que ordena la anulación de todas las actuaciones judiciales y la liberación de todos los altos mandos militares procesados.
Además, el informe cita el seguimiento al caso Genocidio Ixil, Dos Erres y Rancho Bejuco.
Como responsabilidad del Gobierno, el informe indica que desde el 31 de diciembre de 2023 expiró el Programa Nacional de Resarcimiento, dejando sin atención a las víctimas del Conflicto Armado Interno.
Aunque existe el diseño del Plan Nacional de Dignificación y Reparación, así como de una Política de Memoria Democrática, con un registro nacional de víctimas y un Plan Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas, nada de esto se ha concretado.
Las sanciones contra actores corruptos
En opinión del abogado Carlos Juárez, la importancia y el impacto que tienen este tipo de informes «cobra relevancia porque somos un país en transición».
«Los 36 años de Conflicto Armado siguen generando implicaciones y fisuras en la sociedad que no termina de encaminarse a un proceso de reconciliación».
Juárez añade que organismos internacionales y Estados mantienen la vigilancia sobre «un Estado que históricamente ha sido violador de los derechos humanos de la población».
Indica que por eso es importante que el Gobierno haga eco y le dé el seguimiento debido a este tipo de informes.
Pero también recuerda que «esto puede generar que las medidas en contra de actores como la fiscal general y otros funcionarios procurrupción e impunidad sigan».
Esto, a criterio del abogado, puede «mantener las sanciones por parte de la Unión Europea y la comunidad internacional» en contra de Porras y su equipo cercano.
Se refiere a que tanto ella como el equipo de abogados de su círculo fueron sancionados tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea como actores corruptos y antidemocráticos.
Por esas sanciones, existen restricciones para que puedan entrar a más de 40 países y en EE.UU. también el congelamiento de bienes y cualquier actividad comercial.
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