La FECI se creó con el objetivo de investigar casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público catalogaban de alto impacto o gran …
La FECI se creó con el objetivo de investigar casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público catalogaban de alto impacto o gran corrupción.
Mientras Juan Francisco Sandoval fungió como jefe de la FECI, la entidad investigó ejecuciones extrajudiciales, trata de personas, narcotráfico y corrupción.
En 2021 Sandoval fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras y en su lugar dejó a Rafael Curruchiche.
Ahora, en lo que va de 2024, la FECI ha sido señalada por perseguir y criminalizar a periodistas que han sido críticos de su labor.
Rafael Curruchiche mismo ha hecho señalamientos infundados contra medios independientes.
Acusado por entrevista
Diego España, periodista del diario La Hora, es el último en sumarse a la lista de judicializados.
En su caso, la fiscal de la FECI, Sofía Castillo Rivas, utilizó la Ley de Femicidio para criminalizarlo y procurarse impunidad.
España enfrenta dos investigaciones penales luego de evidenciar que Castillo Rivas sostuvo una reunión privada con la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano.
El periodista de La Hora cuestionó a la fiscal de la FECI sobre los motivos de la reunión.
#LHVideo l Fiscal de la FECI Rafael Curruchiche mintió en declaraciones a la prensa, fiscal Sofia Castillo admitió reunirse con jueza Abelina Cruz.
— Diario La Hora (@lahoragt) November 22, 2024
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Al día siguiente, la fiscal presentaba una denuncia contra España en la Fiscalía de la Mujer.
La jueza Cruz Toscano sustituyó a la exjueza Erika Aifán, hoy exiliada tras ser criminalizada por la misma FECI.
Cruz ha cerrado casos de corrupción investigados por la antigua FECI y la CICIG como Construcción y Corrupción, en el cual benefició a Alejandro Sinibaldi.
eP Investiga compartió que Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, presionó a la Fiscalía de la Mujer para que el periodista «no quede impune».
La jueza Maribel Culajay prohibió al periodista acercarse a Tribunales y al Ministerio Público, vedándole el derecho a informar.
Este 10 de diciembre, el juez José Gilberto Godoy revocó parcialmente las medidas de seguridad que se otorgaron a la fiscal Castillo Rivas.
Ahora, el periodista recupera su derecho de informar, pero sigue bajo investigación por el delito de amenazas en la Fiscalía de la Mujer.
#LHVideo I El periodista de La Hora, Diego España, explica que se declaró con lugar parcialmente el incidente de oposición de medidas de seguridad y que presentó en su contra la auxiliar fiscal de la FECI, Sofia Castillo Rivas.
— Diario La Hora (@lahoragt) December 10, 2024
Con esta resolución podrá volver a ingresar al MP y… pic.twitter.com/ElVbpuCLMW
Diego España explica la resolución que le permite volver a entrar al Ministerio Público y Torre de Tribunales.
Sin embargo, la fiscal presentó otra denuncia, por el mismo hecho, en la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia por los delitos de intimidación y coacción.
Diego España menciona que «el juez consideró que la resolución de la jueza anterior fue bastante excesiva y no fue precisa, porque se me estaba vedado el ingreso al Ministerio Público» lo que vio encaminado a restringir su derecho como periodista.
«Hizo la observación y fue específico que el llegar a documentar, tomar fotografías y la labor como periodista, está amparado en ley», agrega España sobre la resolución del juez.
El Ministerio Público, por su parte, se opuso a dicha resolución y quería continuar con la violación a los derechos del periodista.
Quieren que vuelva a prisión
Uno de los casos más documentados de la FECI es el de Jose Rubén Zamora, que inició en Tribunales en 2022.
Ese año, la FECI armó un caso para incriminarlo con el delito de lavado de dinero, amparados en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Durante 813 días, el fundador de elPeriódico estuvo preso en condiciones que equivalen a tortura, según la Organización de las Naciones Unidas.
«En el lado positivo, tenemos un Ejecutivo que buscar condiciones dignas y evita la criminalización», asegura Ramón Zamora, sociólogo e hijo de Jose Rubén.
«Pero también tenemos este otro lado de las instituciones capturadas por el crimen organizado y por actores corruptos y antidemocráticos», afirma.
Ramón Zamora reconoce que las condiciones de su padre cambiaron de un día para otro luego de que Bernardo Arévalo asumiera la Presidencia
Considera que se está caminando hacia una ruta más democrática.
Sin embargo, también tiene claro que esto causó una reacción en entidades estatales que buscan mantener impunidad.
«Hay actores que se van quedando con menos espacios y reaccionan más fuerte. Puedes ver las acciones del MP de la primera semana de diciembre», relata.
Contra Zamora, la última acción que tomó la FECI fue presentar una apelación el 24 de octubre, en contra de la medida que le otorgaba arresto domiciliario.
Según la fiscalía, había un peligro de fuga o de obstaculización de parte del periodista. Por eso pidieron regresarlo a prisión.
«El caso de mi papá se ha vuelto simbólico en el país».
«El Ejecutivo lo ve como que está apoyando la lucha para defender la libertad de expresión, y el MP mira como un premio si logra mantenerlo en la cárcel».
Según Zamora, para el MP lo que logre hacer con su padre «es una muestra de que aún tienen poder. Creo que no van a parar».
Criminalizados en el exilio
Junto al caso de Jose Rubén Zamora, no puede dejar de mencionarse a los ocho periodistas que también fueron perseguidos por la FECI desde febrero de 2023.
Cuando elPeriódico cubría las audiencias por la detención de su fundador, la FECI, a través de la fiscal Cinthia Monterroso, solicitó al juez Jimmy Bremer que se criminalizara a la plantilla de periodistas.
El juez accedió y ordenó investigar a la directora del medio, Julia Corado y al jefe de redacción, Gerson Ortiz.
También a los periodistas Alexander Valdez, Rony Ríos, Cristian Velix y Denis Aguilar, además de los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.
la FECI y el juez los señalaron por supuesta obstrucción a la justicia por sus publicaciones sobre el proceso contra Zamora.
Tras esa persecución, tuvieron que salir del país.
El 8 de enero de 2024, la jueza quinta Aurora Gutiérrez resolvió que el caso debía ser conocido por un tribunal de imprenta y no continuar por la vía penal.
La FECI presentó un recurso ante la Sala Tercera de Apelaciones que el 13 de marzo declaró sin lugar. Una vez más el MP se opuso y el caso no se cierra.
Julia Corado recuerda que para inicios de 2024 el grupo de exiliados sentía la esperanza de que su situación cambiaría y hasta pensaban en regresar.
«Esperábamos tener garantías para regresar, pero el tiempo fue pasando y ahora vemos que la situación, en vez de mejorar, empeora».
«Tenemos nuevos casos de compañeros criminalizados y eso denota que no hay garantías de retornar a un estado realmente democrático», lamenta la periodista.
Para Corado, hay una diferencia radical en la actual FECI y de la que salió el exfiscal Juan Francisco Sandoval, también exiliado y con órdenes de captura.
Finalmente, Corado expresa que hace falta determinación del gobierno.
«Tienen que actuar. Al principio hubo apoyo de la gente que esperaba celeridad para seguir los pasos correctos y dar el salto para retornar la democracia».
Con orden de captura
Otro periodista criminalizado desde 2021 por la FECI es Juan Luis Font, de quien se conoció una reciente orden de captura.
Cofundador de ConCriterio y exdirector de elPeriódico, se fue al exilio desde 2022 tras conocer que la FECI tenía una investigación en su contra.
El pasado 6 de diciembre se emitió una orden de captura en su contra por los delitos de colusión y cohecho activo.
La captura fue ordenada por la jueza Abelina Cruz, que este año benefició a Alejandro Sinibaldi.
Una denuncia de Sinibaldi, precisamente es que derivó la captura contra Font este mes.
Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, explicó que esta orden se presentó debido a que en 2021 Font se enteró de una investigación en su contra y habría buscado beneficiarse.
El caso estaba en el Juzgado Tercero y Font pidió que fuera enviado al de Mayor Riesgo D, que en ese entonces estaba a cargo de la jueza Erika Aifán.
Según Curruchiche, la intención era porque había una relación de amistad entre el periodista y la jueza, que desde 2018 quedó «plenamente establecido» a través de interacciones en Twitter.
«Quedó plenamente establecido que a través de la red social Twitter, hoy X, había una relación de amistad» entre Font y Aifán, asegura Curruchiche.
Font, en cambio, asegura que la petición fue para unificar su caso con el caso Construcción y Corrupción, que era del cual Sinibaldi lo estaba señalando y que se ventilaba en el Juzgado D.
El 8 de diciembre, ConCriterio emitió un comunicado en el que señala que la orden de captura contra Font es «un acto más del hostigamiento judicial que sufre desde 2021».
@jlfont001 enfrenta una orden de captura basada en una resolución que la propia Corte de Constitucionalidad validó como legal. En @concriteriogt denunciamos esta persecución judicial que busca silenciar voces críticas del periodismo independiente en Guatemala. pic.twitter.com/dG6pa3wc0H
— ConCriterio (@concriteriogt) December 9, 2024
ConCriterio, además, menciona que la familia de Juan Luis Font ha vivido hostigamiento digital. Pese a ello, el periodista sigue realizando su labor.
«ConCriterio S.A. tiene convicción en la inocencia de Juan Luis. A la vez, manifiesta que su persecución impacta al programa radial y a la libertad de prensa en un contexto de criminalización de periodistas como lo denuncian entidades nacionales e internacionales», comparte el comunicado.
El 5 de diciembre, Rafael Curruchiche, acusó a los medios Plaza Pública, Prensa Comunitaria y el Diario La Hora de «prestarse a un juego del actual gobierno».
El contexto de las acusaciones ocurrió cuando la FECI allanó la empresa de familiares de Marco Livio Díaz Reyes, titular de la SAT.
Recientemente, la FECI inició una criminalización contra la máxima autoridad de la SAT, luego que este denunciara públicamente que no existen avances en investigación de los casos por corrupción denunciados.
Si te interesa proteger tu derecho a estar informado, te invitamos a conocer al colectivo No Nos Callarán, un colectivo de periodistas comprometidos con la libertad de expresión y el derecho de informar.
