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Es falso que los homicidios aumentaron, como dicen Porras y Jovel

En un video del pasado 31 de julio, la fiscal general Consuelo Porras afirmó que los delitos contra la vida «han incrementado y no es percepción». La misma afirmación ha mantenido la diputada Sandra Jovel durante una interpelación al ministro de Gobernación que se ha prolongado más de un mes en el Congreso. Pero los datos del MP, de Gobernación y del Inacif las desmienten e indican que la violencia homicida se mantiene a la baja.

Tras finalizar una visita a Guatemala, entre el 22 y el 26 de julio pasado, los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron al Ministerio Público (MP) …

Francisco Jimenez, Congreso, Sandra Jovel_cortesia_Ocote

Tras finalizar una visita a Guatemala, entre el 22 y el 26 de julio pasado, los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron al Ministerio Público (MP) de criminalizar a actores sociales y no centrarse en su tarea de investigar la criminalidad.

Inconforme con las observaciones, el 31 de julio Consuelo Porras aseguró que «teniendo como muestra los datos oficiales del Ministerio Público, la incidencia de delitos patrimoniales y contra la vida han incrementado, y no es percepción, es una realidad».

El señalamiento de Consuelo Porras fue hecho a través de un video (minuto 1:24) difundido por el MP.

Seis días después, el 6 de agosto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, acudió a una interpelación que se ha prolongado cinco semanas en el Congreso de la República, donde la diputada del partido Valor, Sandra Jovel, mantiene el mismo discurso de la fiscal general.

«La violencia, los asesinatos, los homicidios, las extorsiones y otros crímenes alcanzan niveles alarmantes», criticó Jovel ese 6 de agosto. Sus señalamientos la han llevado a pedir, en los últimos días, la renuncia del ministro Jiménez. 

Cuentas anónimas en redes sociales y la misma diputada Jovel publican constantemente que la criminalidad está en aumento en 2024.

La acusación de Sandra Jovel, durante la interpelación al ministro de Gobernación en el Congreso de la República.

Se pidió a la diputada Sandra Jovel los datos que respaldaran sus afirmaciones, además de indicársele que las cifras oficiales de las entidades, incluido el MP, aseguran que este año hay menos homicidios en comparación con 2023.

«Estamos hablando de lo que está viviendo hoy la población. Estamos hablando que la población se está sintiendo insegura y realmente no estamos viendo que se esté haciendo absolutamente nada», respondió Jovel a Ocote

La diputada también dijo: «Yo le pido al ministro (de Gobernación) que rinda cuentas, yo no trabajé en la gestión anterior, yo estoy trabajando en esta gestión y estoy haciendo mi trabajo como legisladora, fiscalizando», finalizó.

Moisés Arias, vocero del MP, también fue consultado sobre las declaraciones de la fiscal general, pero al cierre de este reportaje, no habían dado respuesta. Ocote actualizará la nota si responden.

Tras publicarse la verificación, el viernes 6 de septiembre al mediodía, el vocero del Ministerio Público envió la siguiente información:

«Es importante resaltar que los delitos contra la vida y la integridad de las personas son de naturaleza pública, lo cual implica que el Ministerio Público debe iniciar la investigación, en ese sentido los registros refieren que el 01 de enero al 06 de septiembre de 2024, se han atendido 1,121 casos de personas fallecidas en el departamento de Guatemala, siendo los meses de agosto (172), mayo (157) y julio (152) los meses con mayor incidencia criminal».

«Asimismo es oportuno hacer mención que, del 01 de enero al 30 de agosto de 2023, se registró 1,053 casos, lo que evidencia un aumento en este tipo de casos, tal y como lo refirió la Fiscal General durante su discurso».

Pero, ¿qué dicen los datos?

A través de solicitudes de información pública, Ocote obtuvo los datos del Ministerio Público (MP), del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). 

También se consultó a analistas de criminalidad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), de Diálogos y Diestra.

Los datos y analistas indican que las afirmaciones de Sandra Jovel y de la fiscal general Consuelo Porras son falsas. Hasta junio de 2024 la tasa de homicidios en Guatemala no ha aumentado.

En este comparativo de los datos de homicidios registrados en los primeros seis meses de 2022, 2023 y 2024, los registros son menores para este año, según las fuentes oficiales.

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Esta tendencia ya venía siendo analizada por los tanques de pensamiento y difieren con las declaraciones de la diputada Jovel y de la fiscal Porras.

En un análisis histórico de homicidios durante los seis primeros meses de 2024 comparado con el mismo periodo de cada año desde 2014, la tendencia se ha mantenido a la baja.

Entre 2018 y 2019 los registros muestran que esa disminución se hace más corta tanto en las cifras del MP como en las del Mingob. Mientras que en las certificaciones científicas del Inacif hay un leve aumento.

El 2020 fue el menos violento en la historia reciente de Guatemala. Es el año del inicio de la pandemia, que llevó a que el Gobierno decretara toque de queda a partir de marzo y que obligó a que por meses la población permaneciera en sus casas.

Entre 2021 y 2022, se dio un leve aumento de crímenes. Sin embargo, estos aún fueron más bajos que los registrados en 2019.

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Las cifras entre las instituciones que llevan el registro oficial de la violencia en Guatemala no coinciden. Esto se explica porque cada entidad tiene contacto con cada hecho violento en tiempos distintos y el fin de cada institución también es diferente.

Daniel Núñez, director académico de Diálogos, asegura que el trabajo que realiza cada entidad describe las diferencias. 

«El MP registra el caso como homicidio en función de las primeras averiguaciones o la acusación que vaya a realizar. La Policía (Mingob) es la primera entidad en llegar a la escena y esa primera impresión es la que registra del caso». 

«El Inacif, por su lado, es quien hace el posterior análisis científico y cuenta los cuerpos, por eso tiene el dato más alto.», asegura Núñez.

Registros del MP ¿muestran aumento de homicidios?

En los datos entregados por el MP, se observa que en 2023 se registra un alza mensual, que se ha mantenido en 2024.

Los datos de la Fiscalía empezaron a aumentar a partir de noviembre de 2022. Antes sus datos eran menores que los del Mingob.

Ese aumento contrasta con la información de Gobernación e Inacif, cuyos totales se mantienen en forma paralela y a la baja.

Esta desviación en los datos de las instituciones tienen una explicación técnica. Según Karla López, investigadora de Diálogos, se debe a la adquisición de un nuevo sistema informático que hizo el MP.

Es decir, «los casos no han aumentado, sino que el Ministerio Público registra mejor que antes».

Al analizar los datos que Ocote recopiló, López mencionó que el MP migró en 2022 a un sistema llamado Astrea, el cual está destinado a clasificar de mejor forma los datos de la entidad.

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López interpreta que en los últimos dos años las cifras que ofrece el MP –que ella consulta regularmente para sus análisis–, son más precisas y están mejor clasificadas que antes del uso de ese software. 

En efecto, en noviembre de 2021, el Ministerio Público compartió un video en el que explicaba que empezarían con la implementación de herramientas informáticas para modernizar los procesos de investigación.

Entre esas herramientas estaba el sistema ASTREA (Aplicaciones Tecnológicas para la Solución Estratégica de Casos y Atención a Víctimas).

En el video explican que se inició con capacitaciones de personal y  se empezó a implementar en la Fiscalía de la mujer, niñez y adolescencia, en la de adolescentes en conflicto con la ley penal y en la de trata de personas. 

También se indica en el video que ampliarían la modernización a otras fiscalías.

Además, López, al igual que Núñez, aseguran que los datos del MP pueden ser poco confiables debido a que estos varían por la naturaleza del trabajo de la institución. 

Ponen de ejemplo que un caso puede pasar a clasificarse como homicidio posterior a la investigación. También puede ser a la inversa.

***

El pasado el 7 de junio, Ocote verificó una publicación del abogado Mario Archila, en la que compartía una gráfica de muertes violentas que mostraba un aumento entre enero y abril de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023. 

Dicha gráfica incluía el logotipo del Ministerio Público. 

Al cuestionarle sobre la imagen, el vocero del MP, Moisés Arias, confirmó en ese momento a Ocote que los datos correspondían a estadísticas del sistema informático de la entidad.

También dijo que se presentaron en una reunión con la Comisión de la Mujer del Congreso con la temática «Aumento de casos de muertes violentas de mujeres del año 2024, comparado con el año 2023 y programas de prevención».

Según Arias, la actividad se llevó a cabo el 2 de mayo en el Congreso. Sin embargo, no explicó de dónde surgieron las cifras.

En esa verificación Ocote determinó que era falso que la violencia homicida hubiera aumentado, pues los datos no coinciden con el registro de otras entidades y las del mismo MP. 

Se intentó obtener una versión actualizada de Arias de por qué hay datos distintos del ente investigador y sobre el aumento de registros entre noviembre de 2022 y la actualidad y si estos datos pudieran derivarse del nuevo sistema informático.

«Se desconoce los datos que se están tomando en cuenta y se analizan para hacer la aseveración que refiere en su consulta», indicó Arias tras la publicación de esta verificación.

Lo que dicen las estadísticas

Walter Menchú, director del Centro de Observancia en Seguridad Ciudadana del CIEN, confirma a Ocote dos datos relevantes en el análisis de las estadísticas de homicidios.

El primero, que los registros paralelos entre las tres instituciones son normales y parte de las dinámicas de la responsabilidad de cada una.

Lo segundo es que la criminalidad ha mantenido la tendencia a la baja, con el fenómeno de un leve aumento posterior a la pandemia por COVID-19, pero luego se han vuelto a reducir.

«El tema se ha tratado como algo técnico, pero también como un tema político», aseguró Menchú en una transmisión sobre la percepción de la seguridad en Guatemala; respondiendo a las declaraciones de políticos y cuentas en redes sociales que alertan sobre un aumento de la violencia homicida.

«Quienes estén en la oposición, independientemente del gobierno de turno, van a tratar de utilizar las noticias negativas para presionar al gobierno», afirmó Menchú.

«Aunque las cifras muestren que el dato agregado es menor al anterior, (la desinformación) puede sesgar la percepción que tienen las personas en cuanto a la magnitud del delito». 

Menchú aclara: «no decimos que estamos bien, pero debemos poner en contexto que hace algunos años estábamos peor y tampoco se trataba este tema con tanto ahínco como ahora». 

Regresión de los últimos gobiernos

Si bien, las cifras de violencia se mantienen a la baja desde los últimos quince años, en los primeros años de la década del 2020 esa disminución ha sido más lenta en comparación con la tendencia de la década del 2010.

La medición internacional de la violencia se refleja en la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes. 

El análisis de Diestra, «La violencia en Guatemala» presentado en agosto de 2024, refleja que en los primeros 6 meses del año, la tasa es de 16.0 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Es menor que los 16.7 homicidios por cada 100 mil habitantes de 2023, pero mayor que la meta deseada de 15.5 para este año, según las Prioridades Nacionales de Desarrollo de la Secretaría de Planificación Estratégica de la Presidencia (Segeplan).

Dicha cifra podría mejorar de acuerdo con el trabajo de prevención que realicen las entidades encargadas de la seguridad en lo que resta de 2024. 

Rodolfo Mendoza, director de Diestra, entidad especializada en análisis estratégico,  recuerda que durante el gobierno de Alfonso Portillo arrancó el aumento de la tasa de homicidios, tendencia que se detuvo en la gestión del gobierno de Álvaro Colom.

«A partir de la mitad del gobierno de Colom empieza a bajar la tendencia y esto continúa hasta el primer año de Jimmy Morales, se estanca  durante el gobierno de Giammattei y en lo que va del primer año de Arévalo», explica. 

Mendoza tiene una teoría. Explica que hay una relación directa en la tasa de policías por habitantes y la tasa de homicidios. 

Esta relación se mostró durante el gobierno de Morales (2016-2020), cuando empezó a decrecer el número de policías en relación con la población.

En 2017, en su segundo año de mandato, Guatemala llegó a contar con el mayor número de policías por habitantes: 251 policías por cada 100 mil. 

Ese fue el último año de la gestión del ministro de Gobernación Francisco Rivas, quien realizó un trabajo coordinado con el MP de Thelma Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Iván Velásquez.

En enero de 2018, Enrique Degenhart asume en Gobernación y Consuelo Porras la fiscalía general del MP.

En medio de cuestionamientos y polémicas por la expulsión de la CICIG y la persecución a fiscales, jueces y actores sociales que luchaban contra la corrupción, inició el debilitamiento del sistema de investigación policial.

El debilitamiento, en la segunda mitad del período de Morales, incluyó la destitución de policías de carrera, nombramientos irregulares y traslados de personal especializado a instancias administrativas o de vigilancia.

En 2018, el total de policías por cada 100 mil habitantes se redujo a 240 y hasta ahora  la cifra no ha superado la máxima de 2017.

«Fue en el gobierno de Jimmy Morales que por primera vez no crece el número de policías, y en todo el gobierno de Giammattei tampoco». 

«Por ello la tasa de policías por habitantes desciende porque la población continúa creciendo y no se graduaron nuevos agentes». 

«Ese descenso inmediatamente se siente y se estanca la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes», teoriza Mendoza. 

Según los medios de comunicación, durante el gobierno de Alejandro Giammattei se continuó debilitando la especialización de investigadores y redujo la graduación de nuevos agentes.

En este caso, el aislamiento por la pandemia también redujo la graduación de nuevos agentes.

Para 2023, el último año de gestión de Giammattei, la tasa de policías era la más baja de los últimos nueve años: 233 por cada 100 mil habitantes.

Esta apenas es superior que la de 2015, con 230; pero inferior que la de 2016, con 235 policías por cada 100 mil.

«Hay un estancamiento (de homicidios) en los últimos tres años de Giammattei y en el primero de Bernardo Arévalo», explica Mendoza.

En la actualidad, así como se ha desacelerado el aumento de policías, ha ralentizado la reducción de homicidios. Esa es la explicación de Mendoza al fenómeno criminal.

Los retos y los problemas estructurales

La meta proyectada de Segeplan, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados a partir de 2019, es que al finalizar 2024 haya 287 policías por cada 100 mil guatemaltecos.

Consultado el Ministerio de Gobernación, su departamento de Comunicación indica que cuentan con un Plan Estratégico que responde al Plan de Gobierno, y este a los diferentes compromisos nacionales y otros convenios. 

«Pero todo depende del presupuesto, recurso humano y formación con la que se cuenta. En este año, ya hubo graduación de más de 2,400 agentes de PNC y la segunda cohorte ya inició», según el Mingob.

Tras la visita de una delegación de relatores, entre el 22 y el 26 de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que Guatemala «ha enfrentado una larga historia de violencia que tiene muchos factores que contribuyen a la problemática».

Entre ellos menciona «la pobreza, la desigualdad económica, desigualdades de género, falta de oportunidades, secuelas del conflicto armado interno, como la falta de justicia y reconciliación». 

Además, por años la proliferación y el fortalecimiento de grupos del crimen organizado han llevado a Guatemala a convertirse en un punto estratégico para el narcotráfico, según la CIDH. 

Durante dicha visita, el Gobierno recalcó a la CIDH que la Policía Nacional Civil es la encargada de proteger la vida, seguridad e integridad física de las personas. 

Según el Mingob será posible disminuir los índices de criminalidad y violencia social a través de cuatro ejes de acción: la prevención, investigación, sanción y reinserción social en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.


Si quieres conocer más sobre el análisis de la violencia homicida y delitos relacionados, te recomendamos leer este blog de Diálogos sobre el análisis interanual de homicidios y extorsiones entre julio de 2023 y junio de 2024.

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