La defensa de Virginia Laparra no está conforme con la condena dictada por el juez Moisés de León, del Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango. Apelará la resolución con el argumento …
La defensa de Virginia Laparra no está conforme con la condena dictada por el juez Moisés de León, del Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango. Apelará la resolución con el argumento de que no existe un sustento real sobre el cual base la pena de cinco años de prisión.
Cristina Alonzo, abogada de Laparra explicó que la sentencia aún no está en firme, por lo que analizan los argumentos necesarios para apelarla.
El 8 de julio el Tribunal dictó sentencia en contra de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con sede en Quetzaltenango. Laparra fue acusada por el exjuez Lesther Castellanos Rodas, de revelar información bajo reserva.
Según la defensa de Laparra, el juzgador no tomó en consideración la argumentación de la defensa técnica y en su resolución tampoco fue mencionada.
Moisés de León, juez del Tribunal Segundo de Quetzaltenango, impuso la pena de cinco años de prisión conmutables, una sanción económica de Q50 mil y la inhabilitación para ejercer un cargo público de diez años.
Según la resolución del juez, Laparra divulgó datos durante una audiencia pública del 4 de julio de 2017, de un caso que se encontraba bajo reserva.
Pronunciamientos internacionales
Luego de la sentencia en contra de la exfiscal, una docena de organizaciones internacionales, la Unión Europea y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, lamentaron la condena.
«Lamentamos la reciente condena y vemos con preocupación que la resolución contiene una débil argumentación», señalaron las organizaciones a través de un comunicado.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló en su cuenta de X que la condena contra la exfiscal «es otro ejemplo de los atroces ataques del Ministerio Público» contra el Estado de derecho.
Nichols hizo un llamado a las autoridades de justicia a que «dejen de utilizar el sistema de justicia penal para perseguir a los defensores de los derechos humanos y la justicia».
Las organizaciones internacionales también señalan que Laparra ha sufrido una sistemática criminalización que evidencia el uso indebido del derecho penal.
Esta criminalización la atribuyen a la gestión de la fiscal general María Consuelo Porras «sancionada por corrupción por más de 40 países alrededor del mundo».
La Unión Europea (UE) también señaló por medio de su portavoz la preocupación por esta segunda sentencia en contra de Laparra.
Indica la UE que son esfuerzos para socavar el Estado de derecho «mediante la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades elegidas democráticamente, sociedad civil, medios y operadores judiciales».
El abogado Lesther Castellanos, en 2018 juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, interpuso la denuncia contra Laparra. Como querellantes en el caso se adhirió el abogado Omar Barrios y la Fundación Contra el Terrorismo, a través de su representante Ricardo Méndez Ruiz.
Los tres están incluidos en la lista Engel, de actores corruptos declarados por el gobierno de Estados Unidos.
Castellanos había sido denunciado previamente por Laparra por mala gestión de un expediente penal. El Ministerio Público desestimó el caso y aceptó la acusación de Castellanos en contra de la abogada por abuso de autoridad.
Por ese caso, Laparra fue capturada el 23 de febrero de 2022 y el 16 de diciembre de ese mismo año fue condenada a cuatro años de prisión.
Aunque la pena es conmutable, no se le permitió salir de prisión hasta que la Cámara Penal de la actual Corte Suprema de Justicia lo ordenó. Laparra recobró su libertad el 3 de enero de 2024.
Por ese caso, la organización mundial Amnistía Internacional declaró a Virginia Laparra «presa de conciencia».
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el presidente Bernardo Arévalo otorgó un reconocimiento a la exfiscal, por su lucha en defensa de la justicia.
