Camilla Juárez recibió un mensaje de alerta el 15 de julio en un chat en el que participa junto con otros estudiantes de oposición a la elección fraudulenta de Walter …
Camilla Juárez recibió un mensaje de alerta el 15 de julio en un chat en el que participa junto con otros estudiantes de oposición a la elección fraudulenta de Walter Mazariegos y las acciones en la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Le aconsejaron ingresar a la plataforma web del departamento de Registro y Estadística, la unidad encargada de administrar, controlar y resguardar los registros académicos de la población estudiantil y egresados de la Usac.
Juárez ingresó sus datos y contraseña, como lo hacía al menos una vez cada semestre, para su registro de inicio de cursos, pero el sitio no cargaba. Justo unas horas antes se había asignado a las clases del octavo semestre de la carrera de Diseño Gráfico.
No le dio importancia. Pensó «la página siempre se cae». Más tarde, intentó restablecer la contraseña, pero en ese momento la página indicaba que su correo electrónico no existía en los registros. Intentó escanear el código QR de su carnet, pero tampoco pudo.
Ese viernes (17 de julio), Juárez intentó obtener su certificado de inscripción en la Facultad de Arquitectura, en cuya administración funciona la Escuela de Diseño Gráfico. Allí le dijeron que no era posible debido a que ya no aparecía en los registros de la universidad.
Un patrón: golpear a la oposición
El caso de Juárez no es el único. Se trata de más de treinta estudiantes (ellos aseguran que van 50) de los que, sin aviso, sus registros académicos fueron eliminados. La Usac ya dijo oficialmente que se trata de pérdida de datos tras la toma del campus en 2022-2023.. «Cada día van aumentando casos de los que aún no tenemos conocimiento», dice Lucía Ralón, estudiante también afectada.
El problema no alcanzó únicamente a la comunidad universitaria del campus central de la Usac, sino también a personas de cinco centros departamentales. Estos son el Centro Universitario de Occidente (Cunoc), el Centro Universitario de Totonicapán (Cuntoto) y el Centro Universitario de San Marcos (Cusam). También el Centro Universitario de Nor Occidente (Cunoroc) y el Centro Universitario de Sacatepéquez (Cunsac).
Además de estar inscritos y sin problemas administrativos previos, los estudiantes afectados tienen algo en común: todos se han opuesto —desde posiciones de liderazgo en la política interna— al gobierno universitario.
Algunos integraron agrupaciones que impulsaron candidaturas alternas a Mazariegos en la elección para rector. Una de ellas, Jennifer de la Cruz, estudiante de Derecho, participó como fiscal en la elección del cuerpo electoral que votaría por el rector. El proceso, dice, se vio marcado por irregularidades.
«De hecho, nos hicieron fraude: duplicaron carnets, llegaron a votar personas ya graduadas. Mucha gente que iba a votar por nosotros (la oposición), cuando llegaba, alguien más ya había votado en su nombre», explica.
Otros estudiantes han mantenido públicamente una postura crítica en contra de la administración de la Usac o de sus autoridades de escuelas y facultades.
Dos de los sancionados, Camilla Juárez y Andrés Luna, fueron electos en marzo pasado como representantes estudiantiles de Arquitectura e Ingeniería ante el Consejo Superior Universitario (CSU). Ambos lucharon contra las estructuras en sus propias facultades y vencieron a los aliados de Mazariegos y ahora sus registros académicos ya no existen.
CSU: el gobierno que se pliega al rector
Mazariegos gobierna el CSU sin oposición, a pesar de ser uno de los 41 concejeros (el resto son 10 estudiantes, 10 docentes y 10 decanos de cada facultad y 10 representantes de los colegios profesionales). La mayoría de los otros 40 consejeros son sus aliados, según un análisis de la fundación Myrna Mack.
Aunque los puestos se relevan cada dos años —con excepción de los decanos, que participan durante los cuatro años de su gestión—, el CSU no ha permitido la toma de posesión de representantes electos de oposición, como Juárez y Luna.
Ambos fueron electos hace cuatro meses y la administración sigue sin permitirles acceder a los cargos. «No he asumido porque la Junta Electoral Universitaria no ha procesado mi victoria», denuncia Luna.
Juárez incluso asegura que desde su facultad no le entregaban el acta de sus resultados y tuvo que pedirla por Acceso a la Información Pública. Ahora, la Junta Electoral tampoco le da posesión.
Mientras tanto, representantes electos afines a Mazariegos ya asumieron para fortalecer la administración impuesta. Uno de ellos es Josué Belarmino Sánchez Lemus, estudiante de Agronomía, electo también en marzo, y quien semanas después ya estaba en el cargo.
Versión sin sustento de la Usac
La universidad, a través de un video en sus redes sociales, asegura que la desaparición de los expedientes deriva del daño a los archivos y el sistema de registro durante la toma del campus en 2022 y 2023.
Luna, De la Cruz y Juárez señalan que esto no es cierto. De haber sido así, denuncian, su participación en los procesos electorales no habría sido posible.
«Nunca (desde 2022) tuve problemas para inscribirme, llevaba todas mis constancias de cursos aprobados (al día). Hay evidencia de que fui estudiante, también está el acta de cuando aceptaron mi candidatura y de cuando gané. Tengo todas mis notas, hasta ahora que se perdieron mis cosas», afirma Juárez.
«Lo que quieren es asustar a todos los estudiantes para que ya no haya movimiento en contra de Mazariegos», indica De la Cruz.
La denuncia penal
Nueve de los estudiantes afectados acudieron el viernes 24 de julio a presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP). En ella, acusan a Bryan Otto Fuentes Paz, jefe del departamento de Registro y Estadística de la Usac. Lo señalan por los delitos de abuso de poder, ocultamiento o eliminación de datos y discriminación por posicionamiento político.
«Fue un ataque directo por un sector allegado a Mazariegos debido a nuestras opiniones sobre las elecciones a rector y nuestras posiciones en la política universitaria. Espero que la justicia nos respalde de la forma más integral posible, acelerando nuestra reintegración dentro de la base de datos», dice Luna.
Los estudiantes exigieron una posición contundente del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera y de los diputados del Congreso de la República. Además, solicitaron acciones concretas de acompañamiento a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
«Es hora de que lo penal empiece a funcionar. Esperemos que este nuevo fiscal (general) empiece investigaciones contra Mazariegos, porque las pruebas del fraude y de todo lo que nos están haciendo existen. Pero nadie quiere hacer nada al respecto», finaliza Juárez.
