Son aproximadamente las 8:40 de la mañana del 22 de abril de 2024. Una mujer entra por una puerta lateral con el rostro cubierto. Tres biombos no permiten ver su …
Son aproximadamente las 8:40 de la mañana del 22 de abril de 2024. Una mujer entra por una puerta lateral con el rostro cubierto. Tres biombos no permiten ver su corto recorrido que la lleva directo a una silla frente a los tres jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A.
Después de que los juzgadores verifican su identidad, inicia la declaración.
«¿Testigo, usted es ixil?», pregunta la fiscal del Ministerio Público (MP).
«Sí, yo soy ixil», responde la mujer en su idioma. Un intérprete sentado junto a ella es quien le traduce al español.
La testigo está a punto de narrar lo que sufrió a partir del 16 de febrero de 1982.
«Se escuchaban los helicópteros y salíamos a ver. Pero nuestros padres nos decían que nos escondiéramos, que no saliéramos de las chozas». narra la mujer, hoy de 50 años.
«No lo recuerdo exactamente, pero es probable que para ese tiempo (febrero de 1982) tenía 8 o 9 años», dice.
«Aproximadamente eran las once de la mañana. Veía pasar los helicópteros y no le daba importancia. Creía que era algo divertido, como ver a los buitres volar en el cielo. Nunca pensé que llegaran a matar a las personas».
Entre el público hay un grupo de mujeres Achi. Minutos antes, en la Plaza de los Derechos Humanos, frente al palacio de la Corte Suprema de Justicia, realizaron una ceremonia maya junto a otras mujeres para pedir que los testimonios permitan alcanzar justicia.
Las mujeres Achi están en representación de un grupo de víctimas de ese pueblo, que en enero de 2022 lograron la sentencia en contra de cinco expatrulleros de autodefensa civil (exPAC).
Estos las violaron y torturaron en repetidas ocasiones en los ochenta bajo amenazas de muerte en una aldea de Rabinal, Baja Verapaz.
«A eso de las 2 de la tarde empezaron a caer bombas. Además de los helicópteros, pasaron aviones que hacían un ruido muy fuerte. Cuando vimos eso nos refugiamos en unos arbustos», continúa relatando la víctima en el tribunal.
«Habíamos varias mujeres y yo le decía a mi hermana que escapáramos. Ella me decía que tenía a sus niños y que no podía. Otra niña mayor que yo me dijo que nos fuéramos, me agarró la mano y escapamos».
El Tribunal de Mayor Riesgo está integrado por el juez presidente Gervi Sical y los vocales Lilian Ajcam y Óscar Herrera.
Este mismo tribunal, presidido en ese entonces por la jueza Yassmín Barrios y con Sical como vocal, fue el que condenó en 2022 a los exPAC por el caso de las mujeres Achi.
«Escapé. Llegué hasta la orilla de un río, y no me importaba si me iba a ahogar porque tenía miedo», expresa la mujer frente a los juzgadores.
«Lo que no me di cuenta es que solo estaba dando la vuelta, al final volví a caer donde estaban las chozas». La testigo no logra terminar las frases, pues las lágrimas brotan constantemente.
«A eso de las 10 de la noche escuchamos que las personas estaban gritando. Vimos que venían los soldados con unas linternas, cascos y mochilas. La niña con quien me escapé me hizo señas que no nos moviéramos, y vimos a los soldados pasar», explica.
El hermano del presidente
El relato es parte del testimonio de una sobreviviente de abuso sexual sufrido durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), cuando el Estado Mayor del Ejército estaba dirigido por su hermano, el también general, Manuel Benedicto Lucas García.
Benedicto Lucas ahora enfrenta este juicio en solitario por los delitos de genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada.
El expresidente Romeo Lucas murió en 2006 en Venezuela, a donde huyó tras ser expulsado de Guatemala cuando fue derrocado en 1983. La Audiencia Nacional de España inició un proceso en su contra en 1999, por genocidio, pero el país sudamericano no aceptó su extradición.
«Empezamos a ver que amaneció», continúa la mujer ante los jueces, que sigue relatando lo que vio desde los arbustos. «Vimos a un montón de gente en una choza y pensamos que estaban en reunión».
«No estaban reunidas, estaban colgadas. A algunas les habían cortado las manos, el cuello, eran personas muertas en esa choza. Ahí encontré a mi hermana colgada», detalla.
«Nos fuimos otra vez al río y ahí estaban los soldados, ya no podíamos hacer más. Era como la presencia del demonio en ese lugar. Realmente era una situación de terror y mucho miedo».
«Nos amarraron. Vi cuando violaron a la otra niña y sabía que eso me iba a pasar a mí. Me dejaron inconsciente. No fue un soldado, fueron varios», agrega.
«Ya no nos veían como humanos, nos veían como animales. Llegaron a matar a las personas y no sé por qué», dijo la mujer al final de su declaración.
Los crímenes que le imputan a Lucas García por ser la cabeza de mando del Estado Mayor del Ejército fueron cometidos entre el 16 de agosto de 1981 y el 23 de marzo de 1982.
Se le acusa de coordinar 21 masacres en comunidades de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, región a la cual el Ejército denominó en la guerra contrainsurgente como el «Triángulo Ixil» debido a la posición geográfica de los tres municipios en los cuales habita la población maya Ixil.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala Memoria del Silencio, señala que las violaciones sexuales fueron parte de una «estrategia de terror», y se realizaban «antes de una masacre y de modo público y masivo».
Asimismo, el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala Nunca Más (Remhi), explica que «la violación se constituyó también en moneda de cambio: algunas víctimas fueron violadas y, a cambio, lograron sobrevivir ellas mismas o sus hijos, o simplemente evitar que el violador las acusara de “guerrilleras”. En otros casos, pese a ello perdieron la vida».
La Fiscalía de Derechos Humanos individualiza durante el juicio por genocidio a 71 víctimas, 12 comunidades desplazadas, 109 víctimas por sometimiento, 18 comunidades quemadas, 16 víctimas por violencia sexual y 42 víctimas de desaparición forzada.
En total, la fiscalía registra 844 víctimas. Entre ellas, las sobrevivientes que ahora declaran en el juicio.
«Miles de mujeres, hombres, niños, niñas fueron víctimas de grandes violaciones de derechos humanos. Particularmente, en este caso, el pueblo maya Ixil fue atacado de forma indiscriminada con el fin de exterminarlo», afirma Jovita Tzul, abogada de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), querellante en el juicio.
Tzul limitó sus preguntas a la testigo. Argumenta que la declaración ha sido «contundente» además, no duda en aseguras que «sí cree» lo que la mujer ha contado ante los jueces.
La abogada María Teresa Martínez Velásquez, del Instituto de la Defensa Pública Penal, ejerce la defensa técnica de Lucas García.
Ella también hizo su interrogatorio a la testigo. Le pidió que aclarara algunos detalles de lo narrado y luego se sentó.
Por videoconferencia
Benedicto Lucas está en una silla de ruedas, en una sala del Hospital Centro Médico Militar. Se le observa a través de una pantalla en la pared detrás de los jueces.
Lo acompaña una jueza de paz que verifica que esté escuchando lo que se dice en la audiencia. El reproductor de video no es de buena calidad y no se observa gesto alguno del militar retirado.
El juez presidente, en reiteradas ocasiones, pregunta si las personas conectadas a la videoconferencia están escuchando con claridad, si la señal está bien. La respuesta es afirmativa.
También recuerda el juez que a las 12:45 le sirven la comida a Lucas García en el Hospital Militar, por lo que a esa hora harán un receso.
En ocasiones también se dan recesos para que alguna de las partes pueda ir al baño.
El juicio inició el 5 de abril. Hasta el momento el MP y los querellantes han presentado a peritos forenses, víctimas sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Cada día ha aparecido por videoconferencia el general Lucas García.
Este exjefe del Ejército ya fue condenado en 2018, por delitos de deberes contra la humanidad y violación sexual agravada, junto a los militares retirados Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Hugo Zaldaña Rojas, por hechos cometidos en contra de Emma Guadalupe Molina Theissen.
También se declaró culpable a Lucas García y Callejas por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, hermano de Emma Guadalupe. Las penas se establecieron entre 33 y 58 años de cárcel.
Un tercer caso involucra a Lucas García. En enero de 2016 el general retirado fue capturado por el caso Creompaz.
La investigación describe que la Zona Militar No. 21 ubicada en Cobán, Alta Verapaz —hoy la sede del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz)— fue usada como un cementerio clandestino de víctimas del conflicto armado interno.
Ahí fueron desenterrados los restos de 565 personas. Las excavaciones las realizó la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) entre 2012 y 2014, que dieron lugar a la captura de 14 militares, incluido Lucas García.
El caso no ha avanzado. En febrero de este año, la Corte de Constitucionalidad ratificó el fallo de una sala de apelaciones que ordena sobresehimiento sobre algunos hechos en contra de varios militares. En el caso de Lucas y otros siete implicados, está pendiente la audiencia de ofrecimiento de pruebas para ir a juicio, según confirma el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos.
Primer juicio por genocidio
En 2013 ocurre el primer juicio en el que se dicta una sentencia por genocidio. El expresidente de facto Efraín Ríos Montt fue declarado culpable por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo presidido por la jueza Yassmín Barrios.
El tribunal lo encontró culpable y lo sentenció a 80 años de prisión por las masacres que durante su gobierno (1982-1983) también coordinó el Ejército en contra del pueblo Ixil.
En mayo de 2013, diez días después de la condena, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia contra Ríos Montt, argumentando fallos en el proceso y ordenó repetirlo.
Pese a que en 2017 se había reiniciado el juicio en su contra, el 1 de abril de 2018 falleció a los 91 años. En septiembre de ese año se dictó sentencia: Los tres jueces declararon que existió genocidio contra el pueblo ixil.
Sin embargo, en una resolución dividida dos a uno, el otro general enjuiciado, José Mauricio Rodríguez Sánchez —jefe de inteligencia militar de Ríos Montt— fue absuelto «por falta de pruebas en su contra».
Ahora, el juicio contra Benedicto Lucas García, es el segundo por el delito de genocidio en Guatemala y continúa en el 15 nivel de la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala.
El juez presidente ha dicho que este caso es público, que no se está ocultando nada y que debe ser transmitido por los medios de comunicación para que la población pueda ser observadora.
La fiscalía y las organizaciones querellantes han presentado ante el tribunal pruebas testimoniales, audios y peritos, sin embargo, son más de 150 testigos que declararán ante los jueces. Se prevé que el caso dure varias semanas.
