Héctor Oswaldo Samayoa Sosa asumió el cargo de director ejecutivo de la Copadeh el 24 de enero. Samayoa es un abogado especializado en derechos humanos. Escatedrático universitario, y doctorando en …
Héctor Oswaldo Samayoa Sosa asumió el cargo de director ejecutivo de la Copadeh el 24 de enero. Samayoa es un abogado especializado en derechos humanos. Escatedrático universitario, y doctorando en Derecho Constitucional Internacional. Tiene experiencia como consultor de organismos internacionales en derechos humanos y derecho humanitario.
La Copadeh fue creada durante el mandato del expresidente Alejandro Giammattei. En 2020, Giammattei cerró la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos (Copredeh). También otras dos entidades que nacieron con los Acuerdos de Paz: la Secretaría de la Paz y la Secretaría de Asuntos Agrarios. Las funciones de estas instituciones fueron integradas en la Copadeh.
«Hemos encontrado una institución con poca vocación de servicio… una oficina de trámites, casi que un juzgado o un centro de atención a casos», señala Samayoa. «El tema de derechos humanos queremos enfocarlo no en defender al gobierno, sino en gestionar derechos. No queremos reducir el ámbito de paz a reparaciones, se trata de reunificación, reconciliación y no repetición», afirma.
Durante el gobierno de Giammattei, aumentaron las agresiones a defensores de derechos humanos. Decenas de jueces, fiscales, periodistas y ciudadanos han sido amenazados, denunciados y perseguidos penalmente por el Estado. Algunos se vieron forzados al exilio.
El director de la Copadeh asegura que el Ejecutivo no perseguirá a ninguna persona por su posición política o ideológica y que velará por la libertad de expresión y de defensa de derechos sin distinción. Pero también recalca que existe la independencia de poderes y que el Ejecutivo no puede «entrometerse» en las acciones del poder judicial.
En el primer año de gestión al frente de la Copadeh, Samayoa quiere crear un plan nacional de dignificación y una política de protección a personas defensoras de derechos humanos.
¿Cómo evalúa el trabajo que realizaba la Copadeh?
Encontramos una institución con poca vocación de servicio y un mal clima organizacional. Sus trabajadores y trabajadoras no identifican el objeto de la comisión. Eso quiere decir que la cabeza no genera condiciones laborales. Si yo genero buenas condiciones, el personal me va a rendir.
Siempre he dicho: ¿cómo le explico a las personas qué son los derechos humanos si nunca los han vivido?, ¿cómo le digo a este grupo de trabajadores que tiene que trabajar por los derechos humanos si no les estaban respetando los suyos?
También había deudas de indemnizaciones, exclusiones y en algunos casos no se corresponden las exigencias laborales con las capacidades o formación profesional de las personas.
Empezamos a trabajar en que el personal vea lo que son los derechos humanos. Que el personal los viva. Yo no entré quitando un montón de gente, sólo puestos políticos, me quedo con el personal que hay.
Y lancé el mensaje: «Creo que ustedes son capaces de cumplir sus funciones, pero el gobierno anterior, por su desprecio a los derechos humanos, no se los permitió». Si no dan la talla o si en sus evaluaciones objetivas resulta que no están cumpliendo, eso será distinto, pero no voy a despedirlos a todos.
Hay algunas decisiones que se están tomando para resguardar que los bienes del Estado sean regularizados y puedan estar sometidos a la fiscalización ciudadana. pic.twitter.com/ROa756NfFr
— Oswaldo Samayoa Sosa -HOSS- (@hoss06) January 26, 2024
¿Cuáles son los puestos políticos que destituyó?
Al subdirector ejecutivo, al director del área de derechos humanos y a un jefe de promoción de derechos humanos. Hay tres destituciones más que se van a hacer. Incluso no necesariamente para que se vayan, se trata de reubicarlos. Se busca que acepten un cambio de puesto, pero si no lo aceptan, tendrán que salir.
Son cambios estratégicos. Yo llego aquí y no voy a despedir a alguien para traer a un amigo. Me parece que no es una buena política y no debo favores.
¿Quiénes le asesoran o son personas de su confianza?
El doctor en sociología Carlos Amézquita, quien va a estar en la Dirección de Paz. Él estuvo en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en el Remhi (Informe de Recuperación de la Memoria Histórica) y ha trabajado en organismos internacionales.
El director del área de derechos humanos será David Dávila, un licenciado en ciencias jurídicas que ha trabajado litigando en casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La subdirectora ejecutiva va a ser Natalia Garavito, una abogada especializada en género y derecho internacional de derechos humanos.
La futura directora administrativa financiera será la licenciada Paulina Hernández, ella es administradora. Viene de trabajar en organismos internacionales en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
El mensaje que quiero lanzar es que todo el personal que esté ocupando las direcciones está formado para lo que queremos lograr y los resultados que estamos buscando. Son dos mujeres y dos hombres que me acompañarán.
¿Han encontrado algún hallazgo de corrupción en la Copadeh?
Al momento no. Estamos realizando una auditoría que continuará hasta mediados de marzo. Queremos estar totalmente seguros de la información que recopilemos y hacer un acto público al finalizar la auditoría.
Una de sus primeras decisiones fue prohibir el uso de vehículos con placas particulares. ¿Cuántos tenía la Copadeh sin placas oficiales?
Encontramos 40 para los cuales se están tramitando las placas oficiales y algunos se trasladarán a otras dependencias como la Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión Anticorrupción. La Copadeh tiene muchos carros, es una institución con 75 carros y no los usamos todos.
A la Comisión de Asuntos Municipales, donde está Karin Slowing, se le darán unos con todo el proceso administrativo que lleva. Hay tres paneles con placas particulares que sirven para trasladar gente, lo que hicimos fue identificarlas con un rótulo de la Copadeh.
La idea es que sea fiscalizable y que ningún particular en la noche salga a pasear en ellos. Era una mala práctica., No había un control de combustible, tampoco de kilometraje y se introdujeron. Se está revisando el uso de equipo, luz, etcétera. Todo lo estamos auditando.
En una publicación de Prensa Libre se menciona que usted dijo que desde el Ejecutivo se ofrecerán condiciones para que unos 72 guatemaltecos exiliados, perseguidos por la justicia, puedan regresar. ¿Cuál es la propuesta para esas personas?
La parte humana es que toda persona que se fue exiliada, quiere regresar a su país, extraña su cultura, su casa, su familia, su trabajo, todo. Pero hay que decir que para que estas personas se sientan seguras al regresar, necesitan que se den garantías.
La garantía del Ejecutivo es que no va a perseguir a ninguna persona por su posición política, ideológica, por su libertad de expresión y de defensa de derechos. Defender derechos es un derecho.
Hoy recibimos en nuestra sede la visita de un grupo de activistas con quienes establecimos una mesa de diálogo para escucharles y atender sus demandas en defensa de los Derechos Humanos. En COPADEH tenemos las puertas abiertas para todas y todos. pic.twitter.com/Qz2mvGX5b7
— COPADEH Guatemala (@copadehgt) February 16, 2024
Pero, en el caso de algunos exfuncionarios, operadores de justicia, manifestantes y otras personas que tienen procesos penales, el Ejecutivo no puede simplemente decir ya no. Debemos seguir una ruta. No podemos entrometernos en el poder judicial, si no estaríamos haciendo lo mismo que generó esos exilios.
Lo que sí podemos hacer es, utilizando los mecanismos legales, buscar que los casos que son espurios o montados, el sistema de justicia los pueda observar. ¿Cómo?, promoviendo acciones para que vean los estándares internacionales, promoviendo el modelo de garantías constitucionales y acercando a la población los medios para informarse de que una detención es cuestionable.
Tenemos pronunciamientos del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, el Estado ha invitado al relator de libertad de expresión, Pedro Vaca,, por el tema de los periodistas. Tenemos que echar mano de otros actores para generar cuestionamiento y compartir sus informes para que funcionarios vean y revisen esos casos.
Se reunió con la Asociación de Periodistas de Guatemala para hablar sobre el programa de protección a periodistas. ¿La Copadeh impulsará que se retome el programa?
En la política de protección a personas defensoras de derechos humanos, incluimos a los periodistas, por supuesto. Dentro del Ministerio de Gobernación se creará una dirección de derechos humanos, el ministro tiene ese compromiso. Lo que se busca es crear un programa de alerta temprana, de análisis, de protección, no exclusivamente a periodistas, sino a todas las personas defensoras de derechos humanos.
Consideramos que los periodistas entran en el marco de personas defensoras cuandola función periodística está en riesgo, su libertad de prensa y expresión. Hay un proceso constitucional para proteger al periodismo y hay que respetarlo. Queremos retomar el programa de protección a periodistas, pero no lo podemos hacer tan rápido, en tanto lo logramos, empezaremos con esta política.
¿Cuáles son sus planes para fortalecer el trabajo de la Copadeh?
Primero el plan nacional de dignificación, que lanzamos el 25 de febrero. El plan es tomar los archivos del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) que se cerró, digitalizarlos y resarcir aquellos expedientes que quedaron pendientes de ser pagados.
Eso incluye recuperación de la memoria histórica, y hacer el registro único de víctimas, porque no existe. También el registro de personas desaparecidas. Otro eje tiene que ver con archivos y memoria. El Estado tiene muchos archivos de memoria histórica y muchas reparaciones en varios casos.
¿Qué acciones concretas priorizará en el primer año?
La política de protección a personas defensoras de derechos humanos; echar a andar el plan nacional de dignificación; la recuperación de archivos.
También el comienzo de un litigio basado en reparación a víctimas de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y seguimiento a acuerdos de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el ínterin empezar a dignificar a víctimas, particularmente en temas de migración. También en casos emblemáticos en que el Estado tiene que publicar algún pronunciamiento. Tenemos que estudiarlo, porque si se haceen un caso, se tiene que hacer con otras. Hay que ser prudentes y respetuosos.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta?
Mataron el proceso de democratización. Hubo un proceso para que llegáramos a lo que ocurrió el año pasado, en que la gente defendió el voto, sin importar partido político.
Eso es resultado de una madurez política, que viene de un proceso de democratización que inició en 1986, quienes estudian ciencia política lo tienen claro o algunos que estudiamos derecho lo vemos.
Pero no necesariamente la sociedad sabe del proceso de democratización, que dentro están los Acuerdos de Paz y está la sociedad actual, que es una sociedad postconflicto armado.
Queremos recuperar ese proceso de democratización que hoy no está presente. La Copadeh no está trabajando por promover una agenda democrática y de paz. En el ámbito de derechos humanos, encontré una oficina de trámites, casi que un juzgado o un centro de atención a casos.
No queremos reducir el ámbito de paz a reparaciones, se trata de reunificación, reconciliación y no repetición.
El tema de derechos humanos no queremos enfocarlo en defender al gobierno, sino en gestionar derechos desde el Ejecutivo. Esta institución tiene que acompañar a los ministerios en sus planes para tener una política nacional de derechos humanos.
Oswaldo Samayoa junto a Tania Reneaum, directora ejecutiva de la CIDH, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, y Julio Saavedra, procurador general de la nación de Guatemala.
Hay varias sentencias de la CorteIDH que el Estado de Guatemala no ha cumplido. En 2022, familiares y sobrevivientes de la masacre de Xamán, pedían que se cumpliera con las medidas de reparación de la sentencia de 2018. ¿Cómo planea dar cumplimiento a las sentencias por crímenes del conflicto armado interno?
Lo primero es la debida diligencia. Hay muchos casos que no se han reparado económicamente porque no están completos los expedientes, pero no le podemos cargar eso a las víctimas. La institución tiene que ser diligente para tener los expedientes y archivos completos para hacer los pagos.
El segundo problema es que no hay un presupuesto nacional de reparaciones. La institución no tiene un plan de reparaciones, y ahora lo estamos diseñando. La idea con ese plan es poder pedir al Ministerio de Finanzas que asigne presupuesto que sea ejecutable inmediatamente en el pago a víctimas. No le puedo pedir todo, que asciende a casi 24 millones 700 mil dólares que el Estado adeuda.
La estrategia de mis antecesores era dejar que los casos sigan avanzando para que las víctimas mueran, pero se les olvidó que los derechos se heredan. Si muere la víctima, los hijos, cónyuge o nietos heredan. No es una buena estrategia aplazar el reconocimiento de que se violó un derecho..
Con ello se agranda la aflicción de la víctima, se generan más heridas en la comunidad, en el pueblo o en las personas. Un litigio que cuesta dinero al Estado y genera un desgaste innecesario. Si hay violación a los derechos humanos, hay que reconocer y reparar rápido.
¿Cómo evitamos esos pagos? Tenemos que trabajar en que la población entienda que no es «cool» que el Estado violente derechos. Muchos cuestionan el dinero que se paga a víctimas, pero no es culpa de ellas, sino de los funcionarios que no respetan los derechos o se extralimitan.
La Copadeh tiene un rubro para cumplir con sentencias judiciales. ¿Usted buscará que se incremente la ejecución de ese presupuesto para dar resarcimiento?
El presupuesto es de 35 millones de quetzales para funcionamiento. No es una institución que gaste dinero en proyectos o planes. El 80% se va en personal. El otro 20% se va en algunas actividades, viajes a la CIDH, litigio en la CorteIDH, visitas a terreno para verificar situaciones. En eso se va. La cooperación internacional ha aportado mucho a esta comisión.
El objetivo es, si el presidente considera que mi trabajo es bueno y me mantiene los cuatro años, dejar una institución que tenga un 75% de presupuesto del Estado y un 25% de cooperación y ser 100% efectivos en la ejecución, acompañado de máxima transparencia.
¿Existe algún caso de víctimas de la guerrilla que el Estado deba resarcir?
Hay casos, está el de la masacre en la aldea El Aguacate, que tiene sentencia de corte nacional. No recuerdo que tengamos una sentencia en el sistema interamericano. En todo caso, a nivel internacional no podemos decir que fue el Ejército o la guerrilla. Ahí es el Estado.
En estos casos, casi todos llegan al sistema interamericano, porque hay negligencia del sistema de justicia nacional. Nuestro sistema tiene que ser efectivo al resolver para evitar que las víctimas tengan que acudir al sistema internacional.
¿Cómo ha sido su acercamiento con organizaciones querellantes que llevan casos del conflicto armado interno?
Todavía no lo hemos hecho. Hemos hablado, sobre todo, con los peticionarios ante el sistema interamericano. Pero vamos a empezar el proceso de reuniones para revisar sentencias de cortes nacionales que se deben cumplir, como la del caso Sepur Zarco. Esa es una sentencia delicada, de 2016, que hay que darle seguimiento.
¿Qué evaluación hacedel conflicto territorial limítrofe entre Tajumulco e Ixchiguán en San Marcos?
Lo hemos evaluado como institución. Es un caso que ha llegado a acuerdos interesantes, pero el fondo sigue sin ser tratado. Sin embargo, la Copadeh ya no trabaja la conflictividad. A partir del 24 de enero se empezó un proceso de transición y se trasladará a una subsecretaría especializada en la Secretaría Privada de la Presidencia.
La conflictividad requiere una especialidad de diálogo, que aquí en la Copadeh se diluye. Se diluyen los derechos humanos o se diluye el abordaje de la conflictividad, pero lo que pasó aquí es que se diluyeron los dos. El diálogo para abordar la conflictividad es una cuestión de presidencia y la Secretaría Privada puede tener los mecanismos para informar mejor al presidente para que tome mejores decisiones.
En en el área de ese conflicto territorial está la aldea Las Brisas, una comunidad de donde hombres armados expulsaron a sus habitantes hace dos años. Ahora viven refugiados en otros territorios con familiares y amigos y las autoridades no hicieron nada. ¿Qué hará la Copadeh?
El desplazamiento forzado también lo vamos a ver junto con la Secretaría Privada. Nosotros tenemos la intención de verificar antes. Hay desplazamientos por conflictividad agraria y recién se lanzó el acuerdo para trabajarla. Luego tenemos la conflictividad por temas territoriales.
En ambas conflictividades vamos a encontrar desplazamientos forzados. Primero vamos a tratar la forma de que los desalojos no sean arbitrarios, lo segundo será cómo buscar los mecanismos de atención humanitaria.
Una estrategia de trabajo de gobierno son los enfoques territoriales interministeriales, ese enfoque se lo puede dar mejor la Secretaría de Programación Ejecutiva de la Presidencia, que coordina cómo se van a dar las intervenciones.
Desde la Copadeh vamos a empezar a promover un análisis del Fondo de Tierras. En un acuerdo que se publicó hay una propuesta de fortalecimiento del Fondo de Tierras para la compra de fincas.
Al mismo tiempo, vamos a buscar intervenciones interministeriales para la reducción de pobreza y extrema pobreza y si es necesaria la atención humanitaria de emergencia, poder hacerlo.
La Copadeh no es una entidad operativa, sino consultiva. Lo que hacemos nosotros es tener estudios y a partir de eso hacer recomendaciones.
¿Cuáles espera que sean sus logros al terminar su gestión?
Queremos dejar establecida una comunicación donde todas las personas comprendamos que los derechos humanos son límites al poder, que los derechos humanos no están para obstaculizar el accionar de la política, sino para una convivencia armónica.
La idea es dejar instalado el mensaje de que somos una sociedad postconflicto, si nos reconciliamos y quitamos la polarización ideológica podemos avanzar.
La paz no es algo que se construye de la noche a la mañana, es un proceso sostenido y debemos seguir trabajando en ello. De todos los lugares y de todos los sectores del país hay víctimas, no podemos excluir a nadie.. Hay que tener memoria.
Nos interesa que las víctimas disminuyan, en términos de endeudamiento para el Estado, yque cada vez sean menos los casos en sentencias. Para eso necesitamos difundir y formar a los funcionarios, sensibilizarlos de que si no respetamos los derechos generamos responsabilidad al Estado.
