«¡Hasta que extienda su carta de renuncia nos vamos a mover de aquí!», resuena en las bocinas de la resistencia instalada frente a la sede central del Ministerio Público (MP). …
«¡Hasta que extienda su carta de renuncia nos vamos a mover de aquí!», resuena en las bocinas de la resistencia instalada frente a la sede central del Ministerio Público (MP). Es la voz de Juan Menchú, un hombre de 44 años.
Menchú es alcalde indígena de los 48 cantones de Totonicapán, una de las organizaciones comunales que impulsó el Paro Nacional indefinido en Guatemala.
Unas movilizaciones que buscan la salida de la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta y de otros tres funcionarios más: los fiscales Rafael Curruchiche Cucul y Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y el juez Fredy Raúl Orellana Letona.
La tarde empieza a caer. Es 13 de noviembre de 2023 y hoy se cumplen 43 días de protesta en el Barrio Gerona, donde se ubica la Fiscalía.
«¡¿Tenemos aguante o no?!», grita Menchú. Unas cincuenta personas que han estado atentas a sus palabras lo vitorean.
El alcalde habla desde una tarima de no más de un metro cuadrado que han levantado con madera. Ahí las personas han expresado su repudio contra los funcionarios. Este pequeño escenario también ha sido usado por artistas que han llegado a cantar o tocar sus instrumentos.
La tarima está protegida con un toldo blanco. Las lluvias han incrementado en los últimos días.
La escena frente al MP es ligeramente diferente a la de hace un mes y medio. El 8 de octubre, los manifestantes apenas habían instalado dos carpas en la avenida. Pero este lunes hay por lo menos una docena, de diferentes tamaños y colores, que han traído desde sus departamentos o que habitantes de la Ciudad de Guatemala donaron a la resistencia.
Debajo de algunos de estos toldos es donde la gente duerme. Las carpas están cubiertas por nylon para aplacar el frío, que ha aumentado este mes de noviembre.
«¡Hemos estado en peores climas! ¿Cómo no vamos a aguantar este?», dice Juan Menchú.
En su espalda, carga una mochila negra en la que trae ropa y sábanas para pasar la noche en la resistencia después de viajar hoy desde Totonicapán. Esta no es la primera vez que llega ni la primera vez que dormirá en la calle. Dice que estuvo acá durante los primeros 21 días de protesta.
«Estamos conscientes de que están atentando contra nuestra democracia. Por eso estamos haciendo valer un derecho constitucional que tenemos, que es el derecho de manifestar y el derecho a la libre emisión del pensamiento. Lamentablemente es la única forma en que los funcionarios escuchan la voz del pueblo», dice luego de bajar de la tarima.
Ni Consuelo Porras ni los otros tres funcionarios han aparecido en eventos públicos desde hace más de un mes que la resistencia empezó como un Paro Nacional. El equipo de comunicación de la Fiscal General ha informado que no renunciará a su cargo. Su período finaliza en 2026.
Esta negativa hizo que el 22 de octubre las autoridades indígenas despejaran las carreteras que habían tomado 20 días antes y que cambiaran de estrategia: se trasladaron a la sede del Ministerio Público para acercar aún más su voz y su rechazo.
El alcalde indígena explica que entre los líderes de los distintos pueblos acordaron dividirse en grupos para mantener viva la resistencia frente al MP. Las principales organizaciones que han liderado las movilizaciones son los 48 cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, la Alcaldía Indígena de Nebaj, las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango y el Parlamento Xinka.
«Nosotros en los 48 cantones de Totonicapán estamos organizados por comunidades. Tenemos los grupos organizados, de forma ordenada y cronológica, hasta el 14 de enero —día de la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo de Léon—. Estamos siempre en asamblea permanente», afirma.
Además, personas de otros territorios han llegado a acuerpar sin necesariamente articularse con las organizaciones indígenas.
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Aunque su participación en el Paro Nacional ha supuesto menos ingresos para su familia, el alcalde indígena considera que estar presente es necesario. «No lo veo como una pérdida, el dinero se recupera. Lo veo más como una inversión porque la democracia no se puede comprar», dice Menchú, que también es zapatero en Totonicapán.
Explica que las donaciones de alimentos, artículos de limpieza y otros insumos, que provienen de las distintas comunidades del país y de la capital, han sido vitales para sostener la resistencia. Pero también dice que algunos de esos donativos han sido gracias a los migrantes en Estados Unidos, que envían dinero a sus familiares.
«La comida acá nunca ha faltado. No hemos pasado hambre. Nosotros hemos traído, pero también hay otras personas que vienen acá y nos la regalan», dice.
Son casi las siete de la noche de este lunes. Ya ha oscurecido. En las bocinas de la resistencia se hace un anuncio. Un grupo de personas ha traído 400 cenas. Un hombre pide que se forme una fila para pasar por la comida. Son frijoles volteados, arroz, tamalitos blancos de maíz, café y pan dulce.
«Somos de la renovación carismática católica de la parroquia Don Bosco. Nuestro grupo se llama Seguidores de Cristo», dice otro hombre que, con prisa, saca los tamalitos calientes desde una enorme olla y los coloca sobre los platos desechables que se repartirán.
Una de sus compañeras explica que hicieron una colecta para preparar las cenas. Vienen de la zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Varias de ellas visten huipil y corte.
Los representantes de otras iglesias, evangélicas y católicas, también han llegado a dejar alimentos para los manifestantes desde que empezó el Paro Nacional.
En la cocina que se instaló desde los primeros días de la resistencia, en plena avenida y bajo un toldo, sirven cenas para otro grupo de personas que espera su turno bajo una llovizna. Algunos se cubren con sus suéteres y unas mujeres con sus delantales. Hoy se prepararon dos platillos: caldo de res y pasta con salsa de tomate y carne.
En el espacio que se habilitó como cocina también se resguardan los alimentos y los utensilios que han sido donados. Hay harina de maíz, fideos, aceite vegetal, frijol, sopas instantáneas, arroz, azúcar, sal…
Las mujeres de diferentes pueblos indígenas y voluntarias de la capital suelen ser las encargadas de preparar la comida, en una plancha para cocinar que funciona con gas propano.
Antes, en este espacio, también había cientos de bolsas con agua que servían para cocinar. Eso ha cambiado porque hace unos días se instaló un tanque de plástico que filtra el agua que donan o que le compran a los vecinos del Barrio Gerona.
«Mejor hubiéramos esperado para que nos tocara caldo y no fideos», le dice entre risas un hombre a otro. Ambos están bajo el que una mujer colocó sobre su venta de pupusas para resguardarse de la lluvia.
Alrededor del edificio hay otras ventas de comida, ropa, zapatos, juguetes, banderas y vuvuzelas.
Mientras las personas terminan de cenar y esperan que pase la lluvia, los discursos en la tarima continúan. «Hemos recorrido nueve horas para estar aquí y seguir adelante. No venimos con armas, palos o machetes, sino con nuestra voz a esta noble lucha», dice un hombre que llegó hoy junto otras personas desde San Pedro Soloma, en Huehuetenango, un territorio habitado por el pueblo q’anjob’al.
Su intervención se escucha en toda la cuadra gracias a las bocinas que alquilan por Q1,500 diarios y que funcionan con electricidad que les proporciona un vecino de esa cuadra. «Hicimos un trato de Q500 mensuales con él», dice uno de los alcaldes indígenas de Sololá, que camina rápido hacia un toldo para resguardarse de la lluvia.
Al lado de la tarima hay una cubeta con tapadera, como las de pintura, que sirve para depositar las donaciones que se usarán para costear el equipo de sonido. Juan explica que el dinero que consiguen recolectar lo administran los líderes de los pueblos indígenas que están en la resistencia.
Cada cierto tiempo, las personas que intervienen en la tarima le recuerdan al resto que pueden dejar ahí sus monedas o billetes. «¡Les agradecemos su apoyo para el audio! ¡Que sepan que no nos financia ningún gobierno extranjero!», dice un hombre.
Esas bocinas no solo han servido para replicar las consignas, sino también para hacer sonar cumbia, marimba, música grupera, reguetón y merengue. El baile ha sido parte de la resistencia. Sobre todo en las noches.
Los inicios de la resistencia
«¡El que no levante las manos es Consuelo Porras!», grita entre risas un niño de unos diez años a través del micrófono. Se lo dice a un grupo de personas que bailan en un círculo que se ha formado frente al edificio del Ministerio Público.
Es 30 de octubre de 2023 y la resistencia frente a la Fiscalía está a pocos días de cumplir un mes de protestas.
La gente usa suéteres, perrajes, chumpas, sudaderos, bufandas, gorros. Algunos, que contemplan a los que se mueven al ritmo de la música, están envueltos en sábanas, sentados sobre sillas de plástico. Hace frío.
«¡Un saludo para los de Totonicapán! ¡A ver una bulla los de la capital! ¡Un grito los de Panajachel!», vocifera el niño que hoy cumple con el rol de animador. A su alrededor hay muchachos que hacen lives a través de TikTok y Facebook.
Lía, una adolescente de 16 años, es una de las personas que llegó esta noche. Es vecina del Barrio Gerona, donde se ubica la institución, en los límites del centro de la Ciudad de Guatemala. Dice que no recuerda cuántas veces ha venido a la resistencia, pero cuenta que algunas ocasiones ha regresado a su casa hasta las dos de la mañana.
«Venimos en apoyo de ellos, a acompañarlos, ellos duermen aquí en la calle», dice Lía sobre los líderes indígenas y los pobladores de departamentos como Totonicapán, Quiché, Sololá, Alta Verapaz o Huehuetenango que mantienen frente al edificio. Ella ha llegado esta noche junto con su familia y unos amigos.
A esta hora, aunque en las bocinas retumban canciones como la Cumbia Sampuesana de Aniceto Molina o El Tucanazo de Los Tucanes de Tijuana, a unos diez metros algunas personas duermen (o tratan de hacerlo) sobre entablados de pallets que instalaron debajo de toldos. Otros están acostados en tiendas de acampar o dentro de los buses en los que han llegado, y que están dispersos alrededor del edificio.
«Nosotros los respetamos -como autoridades indígenas- y también, como ellos, queremos democracia», dice Lía sobre los líderes de los pueblos originarios, que hoy están entre el público que formó el círculo en el que bailan sus amigos.
Una de esas autoridades indígenas es José Orozco de 47 años, del pueblo kaqchikel, en Sololá. «Estamos en peligro, estamos viendo tanta corrupción, nosotros queremos democracia», dice mientras sostiene su vara ,que representa su autoridad en la aldea El Tablón.
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Él, como sus compañeros, viste sombrero y una chaqueta con líneas verticales de tonos café y beiges con bordados negros en la parte inferior, característicos de ese territorio.
Orozco cuenta que «el 2 de octubre salimos a eso de las tres de la mañana desde Sololá y llegamos acá junto con los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán», relata.
El 30 de septiembre, las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, que forman parte del pueblo k’iche’, convocaron al Paro Nacional, que desencadenó decenas de bloqueos y manifestaciones en todas las regiones de Guatemala. Hoy solo queda la resistencia frente al MP.
El comunicado con el que se anunció la movilización también fue firmado por otras agrupaciones como la Alcaldía Indígena de Nebaj del pueblo ixil, la Alcaldía Indígena de Sololá del pueblo kakchiquel, las Comunidades Indígenas Aliadas de Chichicastenango del pueblo pueblo k’iche’, el Parlamento del Pueblo Xinca y Movimiento Social Q’eqchi de Cobán.
Con el paso de las horas y los días autoridades indígenas de otros pueblos originarios se sumaron al llamado. La Alcaldía Indígena de Ixchiguán del pueblo mam en San Marcos, las Autoridades Indígenas de San Juan Sacatepéquez del pueblo kakchiquel del departamento de Guatemala, las Autoridades indígenas del pueblo tz’utujil de Sololá, y son el pueblo poqomam representado por la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, y la Alcaldía Indígena de Chinautla, Guatemala.
«Esto es algo inédito. Las luchas de los pueblos indígenas siempre han existido, pero habían sido más fragmentadas. Algunas locales, como las manifestaciones de los 48 cantones de Totonicapán en la Cumbre de Alaska, cuando ocurrió la masacre», dice Rigoberto Quemé Chay, antropólogo maya k’iche’. El también investigador se refiere a la protesta del 4 de octubre 2012, en las que se rechazaba una reforma en la carrera de magisterio que implicaba más gastos y el alza en el precio de la energía eléctrica. En el desalojo, el Ejército mató a seis pobladores e hirió a 34.
Para Edgar Esquit, historiador maya kaqchikel, esa movilización de la cumbre de Alaska está vinculada con el Paro Nacional de 2023. El doctor en antropología considera que en ese momento hubo una conciencia clara sobre cómo desde el Estado -centralizado en la Ciudad de Guatemala- se repercute en aspectos comunitarios en Totonicapán.
«El tema del magisterio —por el que salieron a las calles los 48 cantones de Totonicapán en 2012— era algo que les afectaba localmente, pero era un asunto de interés nacional para el Estado. El asesinato de los manifestantes -ese año- también dimensionó el poder de movilización que tienen las comunidades y el poder que se ejerce desde el mismo Estado. Yo creo que esas luchas establecieron el contexto para las luchas actuales», afirma.
Casi 11 años después de ese crimen y sin ninguna condena de parte del sistema de justicia fue que los 48 cantones de Totonicapán, decidieron encabezar esta movilización que busca la renuncia de los cuatro funcionarios del sistema de justicia. Los acusan de violentar la democracia a través de un caso en contra los magistrados Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Movimiento Semilla, el partido político con el que ganaron Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera.
Sobre la articulación que se ha dado entre los diferentes pueblos indígenas y sus autoridades, el historiador Edgar Esquit explica que se deben estudiar distintos factores que pudieron incidir.
Uno de esos elementos, dice, es la legislación internacional actual sobre derechos de los pueblos indígenas, tal como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula la industria extractiva en territorios indígenas. Este se ha buscado hacer valer en distintos territorios como el q’eqchi y xinca, donde se han instalado proyectos mineros e hidroeléctricos que ha generado disputas legales en la Corte de Constitucionalidad. «Todo esto ha tenido bastante importancia en la toma de conciencia de derechos políticos de los pueblos indígenas», afirma.
José Orozco dice que en Sololá esperaba el llamado de sus compañeros para volver a «la lucha», ya que hasta ahora los objetivos de la movilización no han sido alcanzados. Explica que despejaron las carreteras, pero decidieron dividirse en grupos y turnos para mantener viva la resistencia. Unas comunidades de Sololá llegan un día y al siguiente arriban otras, según acuerden sus alcaldes indígenas.
Este lunes, 30 de octubre, José Orozco regresó y dormirá en la calle. Así como hizo al inicio del Paro Nacional. Cree que solo se quedará dos días.
«No vamos a parar. Yo hice 12 días —seguidos—, pero hay otros que han hecho más», dice mientras sus compañeros ven el baile que continúa en el centro de la resistencia.
Las primeras semanas
José Orozco tiene razón. Hay personas que han pasado más días que él en la resistencia. Una de ellas es Lucía Lázaro, de 64 años, alcaldesa indígena del pueblo ixil en Nebaj, Quiché.
17 de octubre, dos semanas atrás. Son más de las diez de la noche. Algunas personas toman café y comen pan dulce para hacerle frente al frío frente al Ministerio Público.
Lucía viste un gorro de lana rosa y una chalina beige que casi cubre por completo su blusa bordada con hilos de tonos rojizos, distintivos de su pueblo. Está al lado de un altar que se ha colocado frente al portón de la sede. Tiene flores y velas encendidas. Ahí, al lado de ese espacio, se han celebrado ceremonias mayas para pedir la renuncia de los cuatro funcionarios. Se han quemado velas, miel, pom, flores, incienso, licores y puros. Ella ha pasado los 15 días que lleva la resistencia. Llegó el día en que empezó el movimiento y dice que seguirá el tiempo que sea necesario.
«Estamos luchando no para mí nada más, no para uno, sino para todos nosotros los guatemaltecos. Es una lucha para nuestros hijos, nietos y bisnietos porque nosotros tal vez ya nos vamos a morir, ¿Pero qué recuerdo le vamos a dejar a ellos?», dice Lázaro.mientras un grupo de personas a unos cinco metros baila Gasolina de Daddy Yankee.
Esa escena contrasta con lo que se vivióen el día y en las primeras horas de la noche. En la bocina no resonaba música, sino los discursos y las consignas de las personas que llegan de distintas regiones de Guatemala. Lanzaban críticas y burlas contra la Fiscal General Consuelo Porras y en contra de Alejandro Giammattei. Otros usaban el micrófono para orar. Y unos más para cantar el himno nacional o canciones con crítica social.
El día y la noche en la resistencia también se diferencian por el recelo con el que los manifestantes responden a los periodistas. Son menos abiertos al hablar más entrada la madrugada. Piden que mejor se converse con sus líderes por la mañana. Otros llegan a interrumpir las entrevistas y a pedir que se deje descansar a las personas porque es tarde. Algunos se niegan a que se les tome fotografías cuando se les pide. Los que acceden a platicar prefieren dar sólo un nombre y un apellido, como Lucía .
En estas dos semanas, ella ha dormido en la calle y en las casas donde le han dado posada. «Traemos nuestras propias chamarras y nuestra comida, pero también la gente de los distintos pueblos y los migrantes nos han mandado nuestra comida», dice.
Una de las razones de Lucía Lázaro para estar en la resistencia es el trato que recibió la magistrada Blanca Alfaro durante el allanamiento en el que secuestraron las actas que registran los resultados electorales de la primera vuelta. «Las personas que fueron a sacar esa papelería la golpearon. No les importó que ella tenía lastimada su columna. Sentimos mucho eso. Es una actitud de gente machista», afirma.
«Nunca había pasado algo así. Siempre se ha respetado a los gobiernos que se eligen. La gente ya votó, la señora -Consuelo Porras- debería respetar ese derecho», dice sobre las acciones emprendidas contra los resultados electorales.
Esta noche una de sus preocupaciones es que se ordene al Ejército desalojar a los manifestantes que conforman la resistencia. Ese, dice, es uno de los rumores que le ha llegado. Para ella «no es justo» que usen a los soldados para dispersar las protestas debido a la participación que los militares tuvieron en las masacres contra los pueblos indígenas en el conflicto armado interno. Dos tribunales distintos han determinado que el Estado de Guatemala cometió genocidio contra el pueblo al que ella pertenece, el pueblo ixil.
El rumor que había escuchado Lucía se haría realidad la mañana siguiente. La Corte de Constitucionalidad ordenaría que el Ejército auxiliara a la Policía Nacional Civil (PNC) en la liberación de los accesos del edificio del MP.
Pero las autoridades indígenas y funcionarios del Ministerio de Gobernación negociaron y acordaron la colocación de vallas para garantizar el ingreso a la institución. Ese acuerdo evitó el uso de antimotines y soldados.
Para Rigoberto Quemé Chay, antropólogo k’iche’, que se ordene que el Ejército participe en el desalojo pese a su pasado, es una muestra de racismo contra los pueblos indígenas. «Ellos -los magistrados- cumplen con el papel de la represión violenta de un Estado colonial. Para ellos es más fácil ejercer la violencia contra los pueblos indígenas por el racismo, el racismo es odio. No es raro que actúen con ellos de esa manera en comparación con otros grupos o estratos», afirma.
[Escucha aquí el episodio de Saberes: Hacer política es más que la política, con Rigoberto Quemé]
«Esto se vincula con el racismo que prevalece en las estructuras del Estado. La concepción sobre los indígenas es que pueden ser violentados porque son personas que deberían estar quietas, obedeciendo. Si ellos protestan en contra de los patrones o gobernantes merecen ser callados con violencia. A ellos, a los indígenas no se les abre espacio de diálogo, lo vemos con el trato que reciben de Alejandro Giammattei y las autoridades del Congreso», agrega Edgar Esquit, historiador maya kaqchikel.
El acuerdo entre autoridades indígenas y la PNC también haría que se desocupara la entrada de uno de los parqueos del MP, donde hoy, 17 de octubre, descansa un joven. Su nombre es Julián Zúñiga, tiene 28 años, es uno de los alcaldes comunitarios del pueblo k’iche’ en San Andrés Sajcabajá, municipio de Quiché.
«Como guatemaltecos tenemos este derecho. No es una obligación venir, pero es necesario», dice mientras está sentado sobre las sábanas en las que dormirá a la intemperie. Llegó este día para cumplir con su turno. Él, junto con 79 personas salieron a las tres de la madrugada de su municipio.
Para Zúñiga, esta «pelea» también es contra la corrupción que ha provocado que no haya acceso a la educación ni empleos en su región. Eso, dice, han hecho que muchos jóvenes migren a Estados Unidos.
A su lado hay otros hombres que ven sus teléfonos celulares o que ya duermen sin importar el bullicio que hay en las calles. A esta hora todavía hay gente que ha llegado y que regala atoles y café. También una vendedora de elotes locos, de esos que llevan mayonesa, ketchup, mostaza y queso.
A unos cinco metros de ese puesto, hay un muchacho que prepara su tienda de acampar. Su diseño es de camuflaje militar. No dice ni su nombre ni su edad. Tendrá unos 25 años. Solo menciona que es k’iche’ y que es comerciante en el municipio de Santa Cruz del Quiché.
«Esto es una guerra, solo que esta vez no estamos usando armas y esta vez el enemigo no es el Ejército, sino la corrupción. Estamos luchando como nuestros abuelos nos enseñaron. Ellos ya lo hicieron y ahora nos toca a nosotros», dice.
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El 14 de noviembre, las autoridades indígenas mantuvieron una nueva reunión con representantes del PDH, el Ministerio de Gobernación y la PNC. Los funcionarios de seguridad pidieron abandonar la avenida.
En respuesta, los dirigentes de los pueblos originarios dijeron que podrían acceder a esa petición, pero tomarían de nuevo las carreteras.
