SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Cuatro condenas por cada 100 denuncias por trata de personas en Guatemala

Persiste la impunidad en el delito de trata de personas. El Ministerio Público registró 3,715 denuncias por el delito de trata de personas entre enero de 2008 a septiembre de 2022. Aproximadamente, solo cuatro casos de cada 100 obtienen sentencia condenatoria. Las dos modalidades más denunciadas son la explotación sexual y laboral. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que el gobierno de Guatemala realiza esfuerzos, pero no cumple con la totalidad de los estándares mínimos para eliminar la trata de personas.

Persiste la impunidad en el delito de trata de personas

Trata de personas en guatemala

Los datos oficiales de 2008 a 2022 muestran que del total de las denuncias por trata de personas recibida en el Ministerio Público (MP), solo el 3.8% ha logrado sentencia condenatoria, es decir, solo en 4 de cada 100 denuncias la justicia logró identificar y condenar un culpable. Esto equivale a decir que en Guatemala persiste un 96 % de casos en impunidad frente al delito de trata de personas.

Además, de cada 100 denuncias, 19 se resolvieron a través del criterio de oportunidad, que permite al MP abstenerse de la acción penal, con el consentimiento de la persona agraviada y autorización del juez de primera instancia o de paz que conozca el asunto.

[También te interesará leer: Guatemala ante el bicentenario: el dominio de la corrupción y la impunidad]

A diciembre de 2022, de las 3,715 denuncias recibidas en el Ministerio Público (MP), 1,610 se encontraban en archivo físico, 95 habían sido archivadas, 1,137 seguían en investigación, 408 fueron desestimadas y 159 estaban en etapa intermedia.

Desde 2008, el MP ha registrado 236 sentencias por trata de personas; de estas, 142 sentencias fueron condenatorias y 94 absolutorias. Es decir, de cada 10 sentencias, 6 son condenatorias.

El Código Penal define el delito de trata de personas como «la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación». 

Existen 16 modalidades, según los fines de la explotación: «la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejido humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil».

María

María denunció a sus captores y logró que cayera un grupo de 15 personas dedicadas a la explotación sexual en Chimaltenango. 

Ella tenía 13 años cuando conoció a un joven de 19 años. «Él me enamoraba», declaró María, según su denuncia. Un día la invitó a cenar. Le colocó una venda en los ojos y la subió a un carro. «Me dijo que era una sorpresa que me tenía. Al día siguiente, cuando yo despierto, estaba en un cuarto encerrada y desnuda», relató María ante el Ministerio Público (MP) en 2016.

María permaneció retenida por diez años, hasta que logró escapar y denunciar. 

El hombre que la secuestró llevaba a otros hombres a una habitación o trasladaba a María a bares para que abusaran de ella. Cobraba 60 quetzales por 10 minutos, y 200 quetzales por 30 minutos. «Nunca supe los nombres de los hombres con los que él me vendía. Algunas veces llevaba a los hombres a la casa y otras veces me llevaba a los bares. Si no salía a trabajar, le pegaba a mi hijo», indicó la joven.

El hijo del que habla María nació durante su cautiverio. Tras dos años retenida, María quedó embarazada de un hombre que pagaba a su captor para que la llevara a un bar para tener relaciones sexuales con ella. El hombre le decía que la ayudaría a escapar, pero lo amenazaron con matarlo y dejó de llegar al bar. 

Los familiares de María la buscaban desde 2006. Al pasar los años, creyeron que había muerto. Pero ella estaba cerca, a 21 kilómetros de donde vivía su familia. 

En 2016, María reconoció a su madre y a su hermana en la calle. Las vio por la ventana del cuarto. Gritó el nombre de su mamá. Ellas llegaron hasta la casa para intentar liberarla, pero las encerraron en el cuarto junto a María y las amenazaron de muerte.

Cuando las dejaron solas en la habitación, la hermana de María llamó a la policía. Una patrulla policial acudió al lugar para rescatarlas. «Nosotras quebramos una ventana para hacerles señas a los policías cuando llegaron indicándoles que allí estábamos… así fue como nos llevaron a la comisaría», testificó la joven cuando logró escapar a los 23 años.

El Ministerio Público recibió la denuncia el día en que María logró escapar. 

«Lo que yo quiero es que se aplique la ley en contra de él y que no me hagan daño, si algo malo me llega a pasar es responsabilidad de ellos (las personas que la tenían retenida)», dijo María a la auxiliar fiscal que tomó su denuncia. 

En 2019, las autoridades realizaron un operativo para capturar al captor de María, señalado por trata de personas y agresión sexual; también detuvieron a la madre del captor, de 67 años, también acusada de trata de personas y maltrato contra menores de edad. La policía detuvo a otras 13 personas señaladas por trata de personas y/o promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Les incautaron Q200 mil en efectivo y celulares con reporte de robo. En el operativo rescataron a otras dos mujeres nicaragüenses. 

María es una de las 4,895 mujeres víctimas de trata de personas, desde que se tipificó la trata como un delito. Las edades de las víctimas son omitidas en los registros del MP en casi la mitad de los casos (48%). Del total de víctimas mujeres con registro de edad (2,948) se logró determinar que casi la mitad de ellas (1,423) son menores de edad.

Miguel

Cuando Miguel tenía 17 años viajó 240 kilómetros, desde Quiché hasta Villa Nueva, para trabajar en el negocio de su tía política. Desde entonces trabajó para ella sin recibir ningún pago. No tenía otros familiares ni amigos en su nuevo municipio de residencia. 

«Mi trabajo consiste en cocer el nixtamal, a partir de las cuatro de la mañana. Luego lo lavo para que lo lleven al molino. Posteriormente comienzo a pelar y cocer las papas para la venta. A las ocho de la mañana desayuno. Luego, lavo el baño y limpio el local en el cual tiene una venta de pollo y papas mi tía, quien también es mi patrona», así describió el inicio de su jornada diaria cuando denunció a su tía por explotación laboral. 

Pasaba todo el día pelando papas en el local. Al llegar la noche debía lavar platos, manteles y servilletas. También tenía que preparar el nixtamal para el siguiente día. Su tía se dormía a las 10 de la noche, pero él no podía dormirse hasta terminar con todas sus labores, se acostaba alrededor de la media noche. Trabajaba 20 horas, de lunes a domingo, sin días de descanso, sin estudiar, ni realizar ninguna otra actividad ajena a sus obligaciones. 

A veces dormía en el suelo. Otras veces compartía una cama con un trabajador de su tía, un joven que vendía granizadas. 

Esta fue su rutina durante cuatro años. Al cumplir 21 años logró denunciar a su tía ante el Ministerio Público. Él habla el idioma k’iche’, no podía entender completamente el español, por lo que un traductor le ayudó a interponer la denuncia.

«Me paga 600 quetzales, pero ese dinero no me lo da porque me dijo que lo iba a guardar en su cuenta del banco. Durante los cuatro años que tengo de estar aquí, no me ha dado ningún dinero», declaró el joven. 

Miguel también contó que cuando decidió regresar a vivir con su familia en Quiché, le pidió a su tía dinero para el pasaje del bus, pero ella no le quiso dar nada. Se enojó con él y le dijo que se fuera, pero que no le pagaría. 

Aunque tampoco quería estar con su tía, porque ella, además de explotarlo, también lo golpeaba y lo insultaba, después de pensarlo y recordar que su mamá y hermanos también lo maltrataban, se convenció de no irse.

Poco después de sentirse obligado a quedarse, le empezó a doler la cabeza, el estómago, se sentía muy cansado. «Le he pedido a mi tía que me lleve al doctor, pero ella no quiere, ni me quiso comprar pastillas para el dolor», contó al momento de la denuncia.

Miguel dijo a la auxiliar fiscal que unos policías habían llegado a la casa y él les dijo que su tía lo maltrataba, no le pagaba por su trabajo y pidió que lo sacaran. Los policías tomaron nota, le pidieron sus datos y se fueron. «Me quiero ir de esta casa por los malos tratos que ella me da y porque ya estoy muy cansado, por lo que pido que me saquen y me lleven de acá», dijo Miguel.

La auxiliar fiscal tomó la denuncia en 2020, dentro de la casa de la tía de Miguel. Ese día el joven fue trasladado a una casa refugio de la Fundación Sobrevivientes. 

Un año después, su tía fue condenada por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral. Se le impuso una pena de 10 años de cárcel y una multa de Q300,000.

El dinero de las multas entra a las arcas del Estado. Cuando hay sentencia en firme, luego de la fase de apelaciones, las personas agraviadas reciben alguna reparación como acceso a becas estudiantiles o programas sociales. Y en solo en algunos casos reparación económica. Miguel recibió una beca para estudiar y se ordenó a su tía que le diera Q10 mil.

Miguel es uno de los 2,089 hombres víctimas de trata de personas, según las estadísticas del MP. De ellos, 375 son hombres menores de edad, 208 tenían menos de 12 años.

Los testimonios fueron reconstruidos a partir de las declaraciones en el MP. Estos documentos forman parte de los expedientes judiciales.

Las diferencias en la clasificación de los datos

La gestión de información sobre trata de personas tiene sus complejidades, tanto por la definición legal como por las competencias y recursos institucionales. El MP registra denuncias y si hay indicios suficientes del delito pasan a proceso penal, otras las archivan o desestiman. No todas ingresan a los juzgados. Por su parte, el Organismo Judicial (OJ) recibe solamente los casos que entran a proceso penal.

Por el delito de remuneración para la trata de personas se registran 74 denuncias en el MP, de las cuales 29 estaban en investigación, siete se encontraban en etapa intermedia, cinco habían sido desestimadas, 28 se encontraban en archivo físico y una estaba archivada. Desde 2008, según el MP, 21 personas fueron sentenciadas por remuneración para la trata de personas: 15 fueron condenadas y seis absueltas. 

Las fiscalías orientan sus esfuerzos a la investigación de acusaciones en las cuales existen posibilidades de individualizar al imputado, en caso contrario, están facultadas para archivar los expedientes. 

El Código Penal define que comete este delito «quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza». La sanción es de seis a ocho años de prisión.

Ocote solicitó al MP y al OJ estadísticas por dos delitos: trata de personas y remuneración para la trata de personas. El MP tiene estadísticas bajo esta clasificación, pero el OJ no proporcionó datos por casos de trata de personas, dio información por otros delitos relacionados con explotación que se modificaron o añadieron tras la aprobación de la ley VET. 

La clasificación es distinta, cada institución define los criterios de forma independiente. Los fiscales presentan la acusación por los delitos que solicitan procesar a la persona sindicada, pero son los jueces quienes deciden los delitos que impondrán en la condena. 

«Cuesta visibilizar la trata, porque modifican el delito. Si bien es cierto, que se dan otros delitos, el principal es trata de personas», indica Claudia Hernández, directora de Fundación Sobrevivientes, organización querellante en algunos procesos judiciales por casos de trata de personas. 

Algunos de los delitos en las estadísticas del OJ podrían encuadrarse en modalidades de trata de personas, por ejemplo, empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad; producción de pornografía de personas menores de edad; remuneración para la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. 

[Lee también: Un acusado de explotación sexual que tenía medidas sustitutivas vuelve a quedar en libertad]

El fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Mynor Pinto, explica que en algunos casos los fiscales no pueden demostrar que la persona sindicada cometió el delito de trata, debido a que no cuentan con la declaración de la víctima o medios de prueba suficientes. «Hay algunos casos que se van por promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, porque no se puede acreditar la trata, entonces para que el hecho no quede impune, nos vamos por los delitos de explotación cuando no podemos probar la acción». Pinto también recalca la importancia de habilitar más juzgados especializados en trata de personas. Solamente hay tres en el país. 

Entre enero de 2009 y julio de 2022, el OJ contabiliza 969 casos por estos cinco delitos.  Los datos de las sentencias difieren del MP, esto puede deberse a que el OJ reporta en su clasificación el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución –que no en todos los casos implica trata de personas–. En el OJ se registran un total de 724 sentencias.

Las diferencias en la clasificación de las estadísticas no permiten un análisis para determinar la cantidad de las denuncias que llegan a un proceso judicial y los casos por trata de personas que obtienen sentencia en los Tribunales del país. 

Mónica Leonardo, abogada especialista en derecho internacional y consultora independiente, explica que la falta de estandarización de datos es una falencia. «Hay discrepancias entre las clasificaciones que se hacen de una institución a otra, lo cual dificulta poder hacer una comparación de resultados. Incluso dentro de las propias instituciones, en lo individual, también vemos discrepancias».

A las discrepancias que señala Leonardo, se suma otros factores sociales como los debates de los movimientos que reivindican el trabajo sexual que suele ser criminalizado por confundirse con la trata de personas. 

Aura Godínez, secretaria del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala (Sitrasexgua) e integrante de la Organización de Mujeres en Superación (OMES), recalca las diferencias entre la trata de personas, el proxenetismo y el trabajo sexual. 

Godínez explica que la trata es tráfico de personas, encierro en lugares de explotación sexual, privación de la libertad y esclavitud. En el caso de proxenetismo, son personas que regentean a mujeres, dan «protección» a cambio de recaudación total o parcial de las ganancias de la trabajadora y encubren situaciones laborales irregulares e inseguras. «El trabajo sexual autónomo es una decisión propia. 

Yo decido a qué cliente atiendo, qué cuota cobro, dónde voy a trabajar. Esa es la información que se traslada al acompañar, ¿Tú estás por decisión tuya o porque alguien te está obligando?», precisa Godínez. 

La incidencia del delito y la capacidad de investigación

El Ministerio Público creó la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas en 2012, durante la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz. En la actualidad, hay cuatro fiscalías especializadas en todo el país: en Ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango, para la región de Occidente, en los departamentos de Alta Verapaz y Chiquimula, para la región Norte y Nororiente. La actual fiscal general, Consuelo Porras, mantiene en análisis la propuesta de abrir otra fiscalía especializada en Petén. 

El fiscal Mynor Pinto refiere que, en la actualidad, el MP cuenta con alrededor de 30 auxiliares y agentes fiscales especializados en el delito de trata de personas. 

En las estadísticas del MP se detalla que los departamentos que han tenido más cantidad de denuncias en los últimos 14 años son: Guatemala con 1,167; le siguen Quetzaltenango con 245; Escuintla con 220; y Alta Verapaz con 160.

Como parte de esta estructura hay cinco unidades de investigación especializadas: en explotación sexual, una en explotación laboral y otras modalidades de trata de personas, una en explotación sexual infantil en línea, otra en venta de personas y adopciones irregulares, y otra más en estructuras criminales. 

Alexander Colop, jefe fiscal contra la Trata de Personas, explica que en Guatemala se han observado cuatro formas en la que operan quienes cometen el delito de trata de personas: desde estructuras criminales nacionales; organizaciones criminales transnacionales; grupos emergentes de personas que tiene la posibilidad eventual de explotar a alguien; hasta casos de familiares o personas del círculo de confianza que explotan a la víctima.

El funcionario reconoce que existe un subregistro en las denuncias, porque las víctimas no siempre tienen la posibilidad de denunciar. «Muchas veces el delito de trata de personas se invisibiliza. Es decir, es muy poca la denuncia que hay porque la víctima, en algunos casos, está retenida. No puede venir y denunciar. Es bien complejo, por eso no podemos basarnos en la incidencia de lo denunciado. Llevar la especialización a las regiones va a permitir que se tenga mayor acceso a la justicia», señala.

Colop indica que no se reciben denuncias de las 16 modalidades que contempla el Código Penal. Las dos más denunciadas son la explotación sexual, en casos de mujeres, y explotación laboral, en casos de hombres. Aunque desde el año 2020, «a partir de la pandemia», asegura Colop, «hemos visto que la explotación sexual infantil en línea ha sido la modalidad que más se denuncia. De 2020 para acá (2022) ha habido un repunte».  Según el funcionario, puede ser debido a que durante el confinamiento niñas, niños y adolescentes permanecían más tiempo usando internet y los depredadores aprovechaban la situación para acercarse por vía electrónica. 

El fiscal también dice que no ve de manera negativa la desestimación de casos en la fiscalía que dirige, porque asegura que para poder desestimar los casos realizan una investigación que descarta el delito. «A diferencia de otras fiscalías en que, si se cita a la persona afectada y no viene, se archiva. Aquí es distinto, porque se elabora informe de la investigación, se buscan otros medios. Para nosotros es una salida positiva porque descartamos que exista delito que perseguir».

La abogada Mónica Leonardo afirma que debería realizarse una investigación cualitativa para determinar las razones por las que se archivó cada denuncia. «Este análisis es algo que el Ministerio Público no hace. Estudios académicos y de organizaciones sociales en otros temas nos hacen dudar que las denuncias archivadas no sean una importante cifra de impunidad, donde víctimas de los delitos de trata de personas no están encontrando justicia».

Mynor Pinto, fiscal adjunto, asegura que en la Fiscalía contra Trata de Personas los fiscales realizan la revisión y análisis de las denuncias archivadas. «Antes de mandar al archivo, se agotan todos los medios de investigación, cuando no se puede proceder o no existe la individualización del sujeto pues no podemos avanzar, pero siempre se investiga».

Incumplimiento de estándares mínimos

Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos publica el informe anual sobre Tráfico de Personas, y en este de 2022 aborda como tópico de interés Forced Labor, que se define como una forma de trata de personas. En este informe otorga una clasificación a los países con base en el cumplimiento de los estándares mínimos para eliminar la trata de personas.

Los estándares que analiza el Departamento de Estado se establecen en la Ley de Protección a Víctimas de Trata de Personas (TVPA, por sus siglas en inglés), creada en el 2000, para la trata de personas.

El más reciente informe señala que el gobierno de Guatemala no cumple en su totalidad con los estándares mínimos, pero «realiza esfuerzos significativos para hacerlo». Guatemala se ha mantenido en la clasificación de nivel 2 desde 2019, que agrupa a los países con gobiernos que no cumplen con todos los estándares, pero se esfuerzan por combatir el delito. Algunas naciones vecinas de Guatemala también se encuentran en el nivel 2: Honduras, Belice, Costa Rica y México.

[Puedes leer más: La casa de las historias calladas]

En el documento se detalla que el gobierno de Guatemala incumplió con los estándares mínimos en áreas clave como brindar suficientes servicios especializados a las víctimas; ​​el débil monitoreo y la supervisión en los albergues gubernamentales; la falta de formación de algunos funcionarios de justicia penal fuera de las áreas urbanas, quienes carecen de conocimientos suficientes sobre los elementos e indicadores de la trata de personas o los métodos centrados en las víctimas. 

Según el reporte, algunos de los esfuerzos gubernamentales en Guatemala fueron orientados a «enjuiciar y condenar a más traficantes sexuales y laborales; expandir la presencia del sector judicial y el alcance educativo para las comunidades desatendidas; referir a más víctimas a refugios públicos y de organizaciones no gubernamentales; aumentar la capacitación de los funcionarios de primera línea para identificar y ayudar a las víctimas».

Algunas de las recomendaciones para el gobierno de Guatemala señaladas en el informe son: investigar y responsabilizar penalmente a los funcionarios del gobierno por su complicidad en el tráfico de personas; aumentar los esfuerzos de capacitación para identificar a las víctimas de trata, particularmente entre las poblaciones vulnerables; mejorar el monitoreo, supervisión y capacidad de las operaciones de refugio para niñez víctimas de trata en todo el país; modificar la ley para incluir una definición de trata de personas compatible con el derecho internacional.

Con la aprobación de la ley VET, también se ordenó la creación de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia. Su misión es velar por el cumplimiento de la normativa que le dio vida, además de brindar asesoría para prevenir, atender y proteger a las víctimas de trata de personas. La SVET coordina la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT), que integra a 32 instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil relacionadas con la temática. 

Ocote solicitó entrevistar a Sandy Recinos, secretaria ejecutiva de SVET, pero la institución optó por enviar un pronunciamiento por vía escrita: 

«El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce los esfuerzos que ha realizado el Estado de Guatemala, sin embargo, evidencia que el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. El Estado, consciente de la importancia de fortalecer la atención en materia de trata de personas promovió, en el marco de la CIT, reuniones con las subcomisiones para la formulación de una Estrategia Nacional: Fortalecimiento en el abordaje de la trata de personas en Guatemala 2022-2023».

La Secretaría, según su respuesta, reconoce las falencias y espera que la estrategia nacional permita proteger a la población ante los tratantes, mejorar el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas, así como la aplicación de sanciones a quienes cometan este delito en una o más de sus modalidades.

Los vacíos en el registro de la información

La ausencia de datos dificulta el análisis. En las estadísticas del Ministerio Público se incluye la variable de “pueblo de pertenencia”, pero en la mayoría de las denuncias (91%) no se identifica la etnia de la persona agraviada. «No registrado, no sabe, no responde, ninguno», son las respuestas en los reportes del MP. Estos datos ayudarían a identificar a los grupos de la población que podrían ser más afectados.

En las estadísticas aparecen solamente 25 personas sindicadas que tenían un parentesco con la víctima (de 6,818 sindicados). Aunque el fiscal Alexander Colop asegura que «se da mucho» la explotación ejercida por familiares o personas cercanas a la víctima.

El Ministerio Público utiliza el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP), creado en 2003. El personal de cada fiscalía debe registrar la información en esta plataforma. Este sistema es de uso interno, le permite al personal subir toda la documentación de los expedientes: oficios, memoriales, citaciones y demás diligencias de los procesos. 

Ocote obtuvo las estadísticas de las denuncias, casos abiertos y sentencias a través de solicitudes de información pública al MP, la fuente técnica de los datos es el SICOMP. Colop reconoce que existen deficiencias, indica que a veces tiene que notificar que no coincide la información en el sistema con los datos que manejan en los expedientes de la fiscalía. 

La abogada Mónica Leonardo recalca que es importante el correcto registro y gestión de la información porque permite analizar el fenómeno y orientar los esfuerzos institucionales. La especialista cree que con datos más precisos «el sistema de justicia podría hacer las adecuaciones de recursos profesionales, técnicos y financieros que necesita el abordaje del delito, la cooperación internacional podría tener un enfoque mucho más preciso para otorgar financiamiento, la sociedad supiera encaminar las acciones de incidencia que realiza». 

[Más historias: Reclutas del crimen organizado]

En noviembre de 2021, el MP anunció un nuevo sistema informático denominado Aplicaciones Tecnológicas para la Solución Estratégica de Casos y Atención a Víctimas (ASTREA). Este sistema aún se encuentra en fase de implementación, incluirá variables que toman en cuenta el género, multiculturalidad y discapacidad. Esto permitirá tener información más integral de las víctimas.

La abogada opina que la reforma tecnológica es necesaria, pero no es suficiente, debe ir acompañada de formación al personal y monitoreo constante de la aplicación de la herramienta. 

Prevención y atención a las personas sobrevivientes

María y Miguel recibieron apoyo de la Fundación Sobrevivientes. La organización les acompañó, les brindó atención médica, psicológica y terapia ocupacional para reconstruir su proyecto de vida. Miguel permaneció un año en una casa refugio para personas adultas y estuvo en un proceso de educación para culminar sus estudios hasta alcanzar el nivel diversificado. 

Cuando la persona lo desea, la fundación también puede constituirse como querellante adhesivo en los procesos judiciales.

Las declaraciones de ambos fueron recibidas en anticipo de prueba. En la mayoría de los casos de trata personas, las personas agraviadas no comparecen ante un juez. La ley VET establece que la prueba anticipada debe valorar el interés superior de la víctima, sobreponiendo al interés del proceso penal.

En el informe de estado en materia de trata de personas 2021-2022, la SVET enumera las acciones realizadas para prevenir el delito: campañas de información pública a nivel nacional; campañas de información pública a nivel departamental y local; 1,188 actividades y procesos formativos dirigidos a funcionarios y empleados del Organismo Judicial en 2021; la implementación de las Unidades Móviles para la Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (UNIVET).

«La prevención del delito se ha focalizado mucho en el tema de campañas, charlas y talleres. Pero cuando hablamos de prevención, es de sacar estrategias, identificar el problema, las causas y los efectos. Se necesitan estrategias para la implementación de la política con asignación presupuestaria», argumenta Claudia Hernández, directora de Fundación Sobrevivientes. La prevención también implica que diversos grupos de la población conozcan sus derechos. 

**** 

Miguel regresó a Quiché, ahora tiene 23 años. Logró terminar sus estudios de nivel diversificado para conseguir un empleo en ese departamento. 

María busca seguir adelante, salió de Guatemala para evitar represalias y garantizar su protección. Su hijo cumplió 14 años en 2022, solo un año más que la edad que ella tenía cuando fue captada por el hombre que la mantuvo retenida durante una década. 

Las personas sobrevivientes aspiran a conseguir justicia y evitar que su historia la vivan otras. El gobierno genera leyes e instituciones para combatir el delito, pero las vulnerabilidades estructurales del sistema de justicia obstaculizan que el país alcance los estándares mínimos para erradicar la trata de personas.


IMPORTANTE:

Si conoces un posible caso de trata de personas, puede denunciar a los siguientes números telefónicos:

Ministerio Público: +502 2411-9191

Policía Nacional Civil: 110 y 1518

Procuraduría General de la Nación: +502 2414-8787 

Algunas organizaciones que brindan apoyo a víctimas de trata de personas:

Fundación Sobrevivientes: +502 2245-3000

Misión Redentora: +502 4090-6707.

Angélica Medinilla

También te puede interesar

CONTAMOS LA
REALIDAD DESDE MIRADAS DIVERSAS

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

ENCUÉNTRANOS EN NUESTRAS REDES

La realidad
de maneras diversas,
directo a tu buzón.