Rueda Calvet, ligado a proceso por violación y remuneración por la trata de personas vuelve a ser beneficiado con medidas sustitutivas.
En febrero de 2019, una adolescente de 13 años fue engañada por una compañera dos años mayor, dentro del instituto en el que estudiaba en San Felipe, en el departamento de Retalhuleu. Según la Fiscalía Contra la Trata de Personas, esta compañera la llevó a una casa, donde una mujer, identificada con el apodo de Paola, la mantendría encerrada por ocho meses, hasta octubre de 2019, cuando fue rescatada.
Durante ese tiempo la adolescente fue explotada sexualmente en moteles de Retalhuleu y Quetzaltenango. Según la investigación del MP, “Paola” recibía los pagos de los hombres que la violaban.
Casi dos años después, la mañana del 6 de septiembre de 2021, el MP realizó cinco allanamientos en San Felipe. Horas después, informó que en los operativos fueron detenidos Héctor Raúl De León García, exalcalde de San Felipe; un hombre llamado Alfredo Rueda Calvet; y una joven de 17 años, de la que no se dieron más detalles. Era la compañera que habría engañado a la adolescente dos años antes, según la Fiscalía.
Fiscalía contra la Trata de Personas realiza cinco allanamientos, inspección, registro y secuestro de evidencias en diversos inmuebles ubicados en San Felipe Retalhuleu en coordinación con la #PNC por un caso de explotación sexual de una menor de edad.#Ampliaremos pic.twitter.com/EuwcvGro4F
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 6, 2021
La Fiscalía contra la Trata de Personas señaló al exalcalde y a Rueda Calvet de ser dos de los hombres que la habían violado.
De León García fue el jefe edil de San Felipe entre 2016 y 2020, tras ganar las elecciones como candidato de la coalición de los partidos políticos Unionista-Creo. Intentó reelegirse en 2019, en la lista de Podemos, pero perdió ante la agrupación Valor, liderada por Olga Barrios, quien no tomó posesión por haber sido condenada por sustraer dinero de fondos públicos.
Este 6 de septiembre, la fiscalía también solicitó la captura de otras dos personas: la mujer con el apodo de Paola y otro de los hombres acusados de haber violado a la adolescente. Ambos están fuera de Guatemala, según el MP, que reserva la información de sus nombres y de si coordinan su búsqueda con la Interpol o con alguna institución en otro país.
Por ahora, de este caso se sabe poco. Está bajo reserva, ya que hay incluidos delitos sexuales contra una adolescente. A las audiencias únicamente pueden acudir los detenidos y la fiscalía. La prensa tiene prohibido el ingreso.
Según explicó un integrante de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, el caso surgió de una investigación de 2012, cuando el Ministerio Público desarticuló una red de personas que explotaban sexualmente a adolescentes en Suchitepéquez, departamento que colinda con Retalhuleu.
La investigación se originó después de una denuncia presentada por el Gobierno de los Estados Unidos, sobre una estructura de trata de personas cuyos integrantes producían y distribuían material pornográfico de menores de edad. La red ofrecía por catálogo a adolescentes, de entre 13 y 17 años.
El caso tomó relevancia pública el 7 de diciembre de 2012, con el rescate de siete adolescentes. Según el MP, en los siguientes meses fueron capturadas al menos 12 personas, integrantes de la red y clientes de la misma.
Entre los detenidos estaba César Crisóstomo Barrientos Aguilar, hijo del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Ricardo Barrientos Pellecer, quien murió en 2014. El MP investigó su muerte y concluyó que había sido un suicidio.
Barrientos Aguilar fue capturado en julio de 2013. Antes había sido el abogado defensor de uno de los señalados de integrar esta red de trata: Elson Noé González Bercián, detenido siete meses antes, en diciembre de 2012, el mismo día en que fueron rescatadas las víctimas.
Según señaló entonces la Fiscalía Contra la Trata de Personas, el hijo del exmagistrado era uno de los clientes de este grupo.
La red contaba con una cartera de clientes en la que figuraban médicos e ingenieros del suroccidente de Guatemala. Estas personas pagaban de Q600 a Q2 mil en cada encuentro con las adolescentes, de acuerdo con el MP.
Otro de los entonces señalados entonces por la fiscalía fue Alfredo Rueda Calvet, el hombre que hace unos días fue detenido junto con el exalcalde de San Felipe. Le sindicaban de haber sido cliente de la red de trata. Un juzgado lo ligó a proceso penal en 2013, pero no le dictó prisión preventiva: fue beneficiado con medidas sustitutivas. Por eso, en septiembre de 2021, cuando fue capturado de nuevo, estaba en libertad.
Según una fuente dentro de la fiscalía, este caso abierto hace nueve años está conectado con el que se inició con la detención del exalcalde y de Rueda Calvet. Hasta ahora, el MP no ha dado más detalles de otros nexos.
El caso que se abrió en 2012 sigue sin cerrarse. El juicio todavía no comenzó porque la defensa de los sindicados ha presentado recursos legales que lo han retrasado.
Nuevas medidas sustitutivas
El 9 de septiembre de 2021, el Juzgado de Trata de Personas de Quetzaltenango ligó a proceso penal a Alfonso Rueda Calvet por los delitos de violación y remuneración por la trata de personas.
Cinco días después, el 14 de septiembre, en el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, Héctor Raúl De León García, el exalcalde de San Felipe, también fue ligado a proceso penal por los mismos delitos y por posesión de material pornográfico de menores de edad.
El delito de remuneración por la trata de personas tiene una pena de seis a ocho años de prisión, el de violación de ocho a doce años, y el de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, de dos a cuatro años.
En el Código Penal, modificado en 2009 con la aprobación de la Ley Contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se establece que el delito de remuneración por la trata de personas castiga tanto a quien explota sexualmente a una persona (en una red de prostitución, el proxeneta) como quien abusa sexualmente de ella (el cliente de la red).
Tanto Rueda Calvet como De León García fueron beneficiados con medidas sustitutivas y no deberán estar en prisión preventiva mientras dure todo el proceso penal. Por ahora, sólo deberán llegar a firmar quincenalmente a los juzgados y no podrán salir del departamento de Retalhuleu.
El Juzgado de Trata de Personas tomó la decisión de beneficiar con medidas sustitutivas a Rueda Calvet a pesar de que había sido señalado en el caso de trata de personas y prostitución abierto en 2012.
José Cantoral, fiscal a cargo del caso en la Fiscalía Contra la Trata de Personas, informó a Agencia Ocote que el MP ya apeló la resolución con la que se decretaron medidas sustitutivas a favor de Rueda Calvet y que también impugnarán las otorgadas al exalcalde, De León García.
Cantoral explicó que durante la audiencia de primera declaración hicieron referencia al otro caso en el que está involucrado Rueda Calvet, el abierto en 2012, para que el juez dictara prisión preventiva. El fiscal considera que el juzgado pudo haber obviado esto, debido a que todavía no se dictó una sentencia condenatoria en su contra en el anterior caso.
Stephanie Rodríguez, abogada feminista especializada en derechos humanos, explica que en estos casos los jueces otorgan medidas sustitutivas porque para estos delitos la ley no contempla la prisión preventiva como regla, como sí ocurre con otros delitos como el de asesinato o secuestro.
Sin embargo, considera que los jueces deberían emitir sus resoluciones con perspectiva de género, pues los señalados de violación o trata de personas pueden representar un peligro para sus víctimas aunque no haya una sentencia en firme como en el caso iniciado en 2012.
