En un hotel ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, unas 50 personas se han reunido para discutir cómo deben registrarse las denuncias de los golpes, las …
En un hotel ubicado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, unas 50 personas se han reunido para discutir cómo deben registrarse las denuncias de los golpes, las amenazas y el odio que reciben a diario. Son representantes de organizaciones y colectivos a favor de la comunidad LGBTIQ+ de Guatemala.
El 19 y 20 de mayo de 2022 se celebra el Congreso Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, una actividad que se realiza desde 2015. Desde entonces, aquí se ha discutido sobre el acceso a la justicia, a la salud, a las fuentes de trabajo y sobre la creación de una política pública para la comunidad LGTBIQ+.
Después de un parón de dos años, por la pandemia de COVID-19, el congreso vuelve a realizarse. Organizaciones como la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS), Asociación PASMO, Visibles, Gente Positiva, Odasa, Somos y USAID participan en el encuentro, titulado “El prejuicio en el registro de datos por orientación sexual e identidad de género”.
“Los datos son necesarios, son un herramienta para visibilizar y dar una mayor claridad del panorama para las personas LGTBIQ+ y lo que están viviendo. Los datos también pueden servir para planificar el diseño de políticas públicas”, dice Diego Lima, investigador de LAMBDA, una de las organizaciones que busca la inclusión y dignificación de las personas diversas en Guatemala.
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El activista explica que las instituciones no cuentan con formularios adecuados para registrar la violencia y discriminación que sufren las personas LGTBIQ+ que quieren denunciar. Uno de los principales problemas, explica, es la confusión sobre la orientación sexual y la identidad de género.
La identidad de género se refiere a cómo se siente una persona respecto a su ser: hombre, mujer o algún otro género como la identidad queer, que no encaja con ninguna de las dos. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia otras personas, como la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad.
El prejuicio en el registro
Los datos de denuncias por violencia o discriminación contra la comunidad LGTBIQ+ no pueden existir si los sistemas de registro públicos no cuentan con campos que permitan identificar a las personas diversas. Tampoco existen si la persona encargada de ingresar la información no lo hace.
Cuando esto sucede, un proceso que aparentemente no debería tener mayor complicación (agregar información en un sistema), se transforma en algo violento.
Así lo explica Galilea Monroy, directora de la REDMMUTRANS, en su intervención en el congreso. “Cuando denuncias en el Ministerio Público -MP-, te dicen ‘Don María’, ‘Don Galilea’, y no quieren tomar tu denuncia”, comenta la activista.
El Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género, que lidera LAMBDA, recopiló datos y formularios de registro de las denuncias presentadas y los casos relacionados con la población diversa. Solicitó esta información al Ministerio Público (MP), al Instituto de la Víctima, al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), al Sistema Penitenciario y al Ministerio de Trabajo (Mintrab).
Diego Lima, de LAMBDA, considera que, en comparación con las demás instituciones públicas, el MP es la que ha logrado sistematizar mejor la información de denuncias presentadas por la población diversa y de los casos en los que figuran como víctimas. Sin embargo, recalca que aún hace falta una política para investigar los casos contra la comunidad LGTBIQ+ y capacitaciones para los trabajadores que reciben las denuncias.
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“Puede que ahora haya más información, pero si voy a la Fiscalía de la Mujer, no reciben mi denuncia, me dicen que no pueden recibirla porque no soy mujer, sino hombre”, dice Galilea Monroy, directora de la REDMMUTRANS.
Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, asegura que, desde 2020 la institución trabaja en un protocolo que incluirá lineamientos para investigar los casos de la población diversa.
Según cuenta, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Secretaría de Política Criminal, la Dirección de Coordinación de Atención a la Víctima y la Secretaría de la Mujer del MP, junto con organizaciones sociales, trabajan en su creación. Hasta ahora, aún no se ha terminado. Por el momento no tienen una fecha para su publicación y socialización dentro de la institución.
Pantaleón agrega que en la Unidad de Capacitación del MP incluye en su programa de formación temas sobre orientación sexual e identidad de género.
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En una pantalla, al fondo del salón donde se realiza el congreso, aparece la información entregada por otra de las instituciones; el Ministerio de Trabajo.
Entre 2020 y 2021, el Mintrab contabilizó apenas dos denuncias de discriminación por orientación sexual e identidad de género. En estos dos años, no se registró ninguna denuncia presentada por integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
“¿El ministerio es capaz de registrar e identificar estos casos? ¿El ministerio es un espacio seguro para que la población LGBTIQ+ denuncie?”, cuestiona Lima.
Según el activista, el Mintrab ha recibido capacitaciones para sensibilizar a su personal sobre la población diversa. Aun así, hasta ahora no cuentan con un protocolo específico para documentar sistemáticamente los casos de personas que denuncian ser despedidos, discriminados y agredidos en sus trabajos por su orientación sexual o su identidad de género.
“Algunos trabajadores del ministerio han estado atentos y abiertos a las capacitaciones (que da LAMBDA), pero otros no ponen atención en los talleres”, dice.
Lima explica que el Ministerio del Trabajo empezó a recopilar información de casos relacionados con la comunidad LGBTIQ+ en 2018.
Ocote consultó al ministerio, a través de su departamento de comunicación social y por acceso a la información pública, sobre las denuncias y los casos que han registrado en contra de personas de la comunidad LGTBIQ+, la fecha en que se empezaron a contabilizar y la manera en que lo sistematizan. También se consultó si existe un departamento especializado en analizar estos casos y si se dan capacitaciones a su personal sobre diversidad.
Hasta el cierre de edición de este texto no se recibió una respuesta. Fernanda Morales, directora de comunicación del Mintrab, dijo que buscaría la información.
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Una institución cuyos registros de información son bien valorados por las organizaciones es el Instituto de la Víctima, que brinda asistencia legal gratuita y atención psicológica de las víctimas de delitos.
Diego Lima asegura que es la única entidad del sector justicia que tiene como opción en sus formularios de registro la identidad queer. En los formularios de las otras instituciones, solo aparecen como opciones “gay, lesbiana, bisexual y transexual”.
Uno de los participantes del congreso asegura que el Instituto de la Víctima busca crear un consejo consultivo que incluirá a organizaciones de grupos vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+, para mejorar sus protocolos de atención a las víctimas y para crear políticas públicas a favor de estos sectores.
Según el Instituto de la Víctima, este consejo incluirá a siete organizaciones no gubernamentales. La convocatoria está abierta y finalizará en julio de este año.
Discriminación en prisión
En la presentación de los datos del observatorio, Lima también dio información del Instituto de la Defensa Pública Penal y el Sistema Penitenciario. Según dice, los formularios de registro de ambas instituciones están desactualizados. Un ejemplo de esto, dice, es que las entidades confunden la identidad de género con la orientación sexual.
De acuerdo con Lima, la identidad de las personas trans es registrada como orientación sexual y en el campo de “género” han registrado a las personas gays, lesbianas o bisexuales.
Galilea Monroy asegura que en los formularios del Sistema Penitenciario utilizan el campo de “alias”, donde se debe escribir el sobrenombre de una persona, para poner el nombre social de las mujeres trans, que suele ser distinto al de su Documento Personal de Identificación (DPI).
Esto implica que exista un subregistro elevado en los datos del Sistema Penitenciario. No se sabe con claridad, por ejemplo, cuántas mujeres trans hay en prisión o cuántas personas homosexuales o bisexuales fueron detenidas.
Esto no solo se debe a un registro pobre y poco cuidado por parte de la institución. También al miedo que sienten las personas por autonombrarse como LGBTIQ+.
“Yo estuve en la cárcel y al principio no quise decir que era gay, porque me daba miedo que me pasara algo allá adentro”, dice un asistente al congreso.
No se identificó como un hombre homosexual en el Sistema Penitenciario, ni en el Organismo Judicial, ni en el Instituto de la Defensa Pública Penal ni en el MP. Su caso no se contabilizó hasta que, cansado de la violencia que sufría en prisión por su orientación sexual, decidió contárselo a la jueza a cargo de su caso. Ella ordenó que lo cambiaran de lugar.
Ocote solicitó a los equipos de comunicación del Sistema Penitenciario y del IDPP las estadísticas de personas de la comunidad LGBTIQ+ que han atendido y una copia del formulario de registro de esta información dentro del sistema, pero hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta. También se pidió esta información a través de las unidades de información pública de ambas instituciones. El IDPP únicamente indicó que, igual que el Mintrab, también recopila esta información desde 2018.
Isaí Vela, coordinador de proyectos de la Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral de Quetzaltenango (I.D.E.I.), que implementa proyectos comunitarios de salud y educación en el suroccidente de Guatemala, pone otro punto importante sobre la mesa: la doble exclusión que sufren las personas que son indígenas y parte de la comunidad LGTBIQ+.
“Debería existir una mirada más integral, el 44% de la población en Guatemala es indígena y sabemos poco de las personas que (además) son de la comunidad LGBTIQ+”, comenta.
Según Vela, el contexto machista que se vive en los territorios de los pueblos indígenas hace que sea más complicado asumirse como persona diversa.
La propuesta
En LAMBDA trabajan en un protocolo y en formularios de registro de datos de la comunidad LGTBIQ+. Esperan que el proyecto sea adoptado en el futuro por las instituciones públicas.
“Con esta propuesta se pretende estandarizar variables en los campos de registro de todas las instituciones públicas”, explica Diego Lima. “No es posible que una institución utilice distintas variables y conceptos erróneos sobre las personas LGTBIQ+”.
El proyecto incluiría los conceptos de la identidad de género y la orientación sexual para que los encargados de recopilar datos puedan ingresarlos. Además, se garantizarían una serie de capacitaciones brindadas por LAMBDA para los funcionarios.
“Con esto se pretende aumentar la gestión y calidad de datos, y promover espacios seguros para que las personas LGTBIQ+ denuncien la violencia y discriminación que sufren”, dice Lima.
Los otros datos que faltan
En el Congreso de Derechos Humanos LGBTIQ+ se habla, sobre todo, de muertes, de agresiones, de discriminación, de violencia. Pero alguien levanta la mano en el fondo del salón para hacer una reflexión distinta. Su nombre es Giovanni Meléndez, es especialista en proyectos de VIH de USAID.
“Sé que es de suma importancia hablar sobre el registro de los casos de violencia que sufre la comunidad, pero espero que un día haya también datos sobre las personas de la comunidad que tuvieron acceso a la educación universitaria, sobre los profesionales graduados, los que tiene postgrados, sobre los empresarios exitosos que hay en el país, sobre los atletas olímpicos, porque también es importante visibilizar esos logros para que las siguientes generaciones sepan que pueden aspirar a eso”, dice.
Ocote consultó al equipo de comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) si se contaba con registros de estudiantes y graduados que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, pero no se recibió respuesta. Su vocera, Francis Urbina, dijo que consultaría al departamento de registro y estadística. Si la universidad facilita la información, se añadirá a este texto.
Lesly Véliz, directora de comunicación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (CACIF) también dijo que haría las consultas para saber si contaban con datos de integrantes de este ente que pertenezcan a la comunidad LGTBIQ+. Hasta el cierre de esta edición tampoco se había recibido una respuesta.
