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Justicia transicional
Caso Diario Militar: los primeros procesados, los siguientes pasos
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Seis militares fueron ligados a proceso, señalados de participar en las capturas clandestinas, las torturas, los asesinatos y las desapariciones de 183 personas fichadas en el llamado Diario Militar. El Diario Militar, atribuido a “El archivo“, un cuerpo paralelo de inteligencia al Estado Mayor Presidencial, es un documento en el que figuran operaciones realizadas por fuerzas estatales entre 1983 y 1985, durante el régimen de Óscar Humberto Mejía Victores. Otros seis hombres señalados por la fiscalía y capturados por este caso aún no rinden su primera declaración.


El 9 de junio, una semana después de iniciada la audiencia de primera declaración de seis militares implicados en el caso Diario Militar, el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decidió ligarlos a proceso penal. Con ese fallo, la Fiscalía de Derechos Humanos podrá investigarlos durante los próximos tres meses, hasta llegar a la audiencia de etapa intermedia, en la que se decidirá si enfrentarán un juicio. 

Los militares ligados a proceso son José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar Virginio de León Sigüenza, Enrique Cifuentes de la Cruz, Rone René Lara, Edgar Corado Samayoa y Jaboco Esdrás Salán Sánchez. 

Cuatro de los seis militares sindicados conversan en un receso de la audiencia de primera declaración. Fotografía: José David López Vicente.

Salán Sánchez, quien fue subjefe del Grupo de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil, enfrentará los cargos por desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad. 

Por esos mismos delitos también fueron procesados Edgar Corado Samayoa, sargento mayor especialista y conductor del Estado Mayor de la Defensa, y Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista y quien prestaba apoyo al Estado Mayor de la Defensa. 

Mientras que José Daniel Monterroso Villagrán, sargento técnico oficinista del Estado Mayor de la Defensa, fue procesado por delitos contra los deberes de la humanidad y desapariciones forzadas, al igual que Edgar de León Sigüenza, sargento mayor especialista, investigador de la Dirección de Investigaciones Técnicas del Ejército y miembro del Estado Mayor de la Defensa.

Rone René Lara, sargento mayor especialista y conductor de vehículos del Estado Mayor de la Defensa, enfrentará los cargos de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad. 

Todos desempeñaban esos puestos entre 1983 y 1985, el período en el que fueron cometidos los crímenes contra las personas registradas en el Diario Militar. Los delitos ocurrieron durante el régimen militar instaurado por el general Óscar Humberto Mejía Victores en 1983, tras el gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt.

El Diario Militar

La autoría del documento, también conocido como Dossier de la Muerte, se atribuye a “El archivo“, un cuerpo paralelo de inteligencia al Estado Mayor Presidencial.

El Diario Militar tiene 73 hojas y está dividido en seis secciones. Las primeras cinco partes del documento contienen bitácoras detalladas de supuestos allanamientos realizados en diferentes casas y organizaciones. Al inicio se despliega el inventario de los objetos encontrados en cada cuarto de una de las viviendas.

Bitácora detallada de uno de los supuestos allanamientos recogidos en el Diario Militar.

Además, se recogen descripciones de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 

Descripción de una de las organizaciones recogida en el Diario Militar.

El documento incluye también un listado de 11 “órganos de divulgación al servicio de la subversión”, con los nombres de medios de comunicación, con información de sus directores y con su dirección física; y otro listado de agrupaciones consideradas como “fachada” de organizaciones subversivas, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) o el Grupo de Apoyo Mutuo.

Listado de organizaciones consideradas como “fachada” de agrupaciones subversivas en Diario Militar.

En las primeras páginas se incluyen los nombres de las personas que las integraban. Por ejemplo, en la página siete del diario hay una lista de nombres, con sus apodos y una breve descripción de la agrupación a la que pertenecían, escrita a máquina de escribir. En la parte superior, escrito con lápiz se lee “Apoyo Mutuo”. Entre las personas del listado está Edgar Fernando García, quien era esposo de la exdiputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, y que desapareció en febrero de 1984.

Listado de personas, apodos y organizaciones a las que pertenecían, según el Diario Militar.

El diario también contiene las fichas de 183 personas (adultos y niños) que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas o ejecutadas entre 1983 y 1985, durante el conflicto armado en Guatemala. 

Estas fichas incluían una fotografía, el nombre del capturado, la fecha y el lugar donde fue detenido, la organización (sindicato, movimiento político o estudiantil) a la que pertenecía o estaba ligado y si cursaba alguna carrera universitaria. 

Fichas de dos de las 183 personas registradas en el Diario Militar.

En mayo de 1999, Kate Doyle, investigadora del Archivo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, hizo público el Diario Militar. Según Doyle, el documento llegó a sus manos después de pagar U$2 mil a un empleado del Ejército guatemalteco, quien lo había sustraído de los archivos secretos de las fuerzas armadas.

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ordenó que el Estado de Guatemala investigara el caso. El fallo fue dictado tras una demanda presentada en 2005 por los familiares de 26 víctimas, quienes señalaron que las autoridades nacionales mantenían las investigaciones estancadas.   

Doyle fue una de las personas llamadas a testificar ante la Corte IDH en ese año. Durante la audiencia presentó un peritaje sobre el Diario Militar y respondió las preguntas de los demandantes y los jueces.

Una de las conclusiones de su investigación fue que “el Ejército, la Policía y los servicios de inteligencia en Guatemala son instituciones intrínsecamente opacas, secretas y cerradas, y ha sido casi imposible tener acceso a sus documentos”. 

Doyle no solo hizo público el Diario Militar. También el plan Operación Sofía, que fue vital en el caso por el genocidio ixil y que, según explicó ante la Corte la investigadora, no fue entregado por las fuerzas armadas, pese a que existía una orden judicial. “Esa postura, y ese legado de silencio por parte del Estado ha dejado a los sobrevivientes del conflicto y a los familiares de las víctimas con menos que nada”, declaró en la audiencia.

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En 2021, nueve años después de la resolución de la Corte IDH, la Fiscalía de Derechos Humanos pidió la captura de 12 militares. Aunque todos fueron detenidos, solo seis han enfrentado hasta ahora la audiencia de primera declaración. Los demás todavía no han declarado ante el juez, por cuestiones de salud. 

Los sindicados son Marco Antonio González Taracena, señalado de dirigir la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como “El archivo”; Víctor Augusto Vásquez Echeverría, quien ocupaba el cargo de comandante de la zona militar del departamento de Chimaltenango; Gustavo Adolfo Oliva Blanco, que era jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas;  Juan Francisco Cifuentes Cano, que se desempeñaba como jefe de la Brigada de Operaciones Especiales; y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Eliseo Barrios Soto, entonces especialistas del Estado Mayor de la Defensa. 

El fallo contra los primeros seis

El juez Miguel Ángel Gálvez sustentó su decisión de ligar a proceso a los primeros seis imputados con las declaraciones que testigos hicieron ante la fiscalía y el juzgado antes de la audiencia de primera declaración, con el Diario Militar y con otros documentos del Ejército que la fiscalía obtuvo a través de Kate Doyle, de órdenes judiciales y de solicitudes que realizó a las instituciones.

El juez Miguel Ángel Gálvez durante la audiencia de primera declaración en la que ligó a proceso penal a los seis militares señalados en el caso Diario Militar. Fotografía: José David López Vicente.

El 9 de junio, en las primeras filas de asientos del Juzgado de Mayor Riesgo B, en la Torre de Tribunales, los militares, que hoy tienen entre 63 y 74 años, escuchaban a Gálvez. El juez leyó extractos de algunos testimonios que, aseguró, evidenciaban el modo en que operaba el grupo de militares que participó en los operativos relacionados con el Diario Militar. Una de las declaraciones es la de Wendy Santizo Méndez, hija de una de las personas fichadas en el Diario Militar.

Era 1984. Santizo regresaba de la escuela junto con su hermano. En casa los esperaba un grupo de militares. Buscaban que los dos revelaran el paradero de sus padres. Los amenazaron a punta de pistola y luego la agredieron sexualmente. Tenía apenas nueve años. 

“Uno de ellos me tiró a la cama, me empezó a tocar las piernas y se puso encima de mí. Sentí un dolor muy fuerte debajo del vientre… luego fui al baño y vi que sangraba“, relató.

Su madre, Luz Haydee Méndez, es una de las mujeres que aparece en el Diario Militar. Hasta hoy se encuentra desaparecida. En el Dossier de la Muerte se anotó, a máquina de escribir, que fue capturada en la zona 19 de Ciudad de Guatemala, en marzo de 1984. 

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Los testimonios de Sergio Estuardo Ruiz y Miguel Ángel Ramírez Espino, dos agentes de la extinta Policía Nacional, y la declaración de un piloto del Estado Mayor de la Defensa, de quien se resguarda la identidad en el proceso judicial, también sirvieron para fundamentar su fallo. 

Los tres identificaron a los seis militares que fueron ligados a proceso el 9 de junio e indicaron en sus declaraciones que los sindicados o bien formaron parte de los operativos en los que fueron detenidas las personas, o bien se encontraban en los centros de tortura.  

Las declaraciones de estos testigos también evidenciaron la manera en que las personas eran torturadas para brindar información sobre las organizaciones consideradas enemigas por el régimen militar de Mejía Victores.

Los testigos señalaron que a algunas personas les cubrían la cabeza con una capucha que contenía Gamezan, un insecticida en polvo para controlar plagas, y que a otras les aplicaban cargas eléctricas en los dedos de sus pies. 

Los testimonios de otras dos personas, que fueron mencionados en los días previos a la resolución, detallan que ambas fueron detenidas y transportadas hasta los centros de tortura dentro de una panel blanca. 

Según el Diario Militar y las declaraciones dadas a la fiscalía en la investigación preliminar, una de las personas que llevaron a uno de estos centros fue Rubén Amílcar Farfán. Farfán era estudiante de literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Sindicato de Trabajadores de la universidad y de la Asociación de Estudiantes Universitarios y militante del Partido Guatemalteco del Trabajo. 

En mayo de 1984 fue detenido y llevado a la antigua Escuela Politécnica, que se ubicaba sobre la Avenida Reforma, en la Zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Según la resolución de Gálvez, el piloto del Estado Mayor Presidencial de la Defensa que dio su declaración identificó a Farfán cuando lo ingresaron a la Escuela Politécnica. El piloto indicó que en el lugar había una habitación denominada por los militares como “búnker”, donde se llevaban a cabo las torturas.

Hoy, Farfán se considera desaparecido, aunque dentro de su ficha en el Diario Militar, se lee que al “oponer resistencia fue 300”. Ese código, según la fiscalía, significaba darle muerte a una persona. 

Un día después de procesar a los sindicados, el 10 de junio, el juez decidió que permanecieran en prisión preventiva, por la gravedad de los delitos y por el temor o las amenazas que podrían recibir los testigos y otras personas que forman parte del caso, si les dictaban arresto domiciliario.

Hasta ahora se desconoce la fecha en la que se celebrará la audiencia de primera declaración de los otros seis militares que están implicados en el caso Diario Militar. 

La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá tres meses para investigar a los que ya fueron procesados. Luego deberá presentar la acusación contra ellos en la fase llamada etapa intermedia, en la que el juez Gálvez decidirá si se someten a un juicio ante un tribunal. 

En la audiencia, la fiscalía indicó al juez que solicitará más información al Ministerio de la Defensa y que todavía no finaliza el análisis de los documentos con los que ya cuentan. 

La Fiscalía de Derechos Humanos muestra la fotografía de una de las víctimas del caso Diario Militar durante la audiencia de primera declaración. Fotografía: José David López Vicente.

Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, explicó a Agencia Ocote que, si bien los testimonios son una prueba fundamental para el caso, el hecho de que exista un documento como el Diario Militar permite evidenciar la manera en que operaba la estructura de seguridad del Estado y verificar las declaraciones de los familiares de los desaparecidos. 

La fiscalía logró identificar a los 12 militares a partir de los testimonios, de documentos recopilados del Archivo Histórico de la Policía Nacional, de registros del Ministerio de la Defensa y de archivos hemerográficos. Según Pineda, esos documentos también permiten corroborar los allanamientos que supuestamente se hacían en las casas de los detenidos. 

El caso Diario Militar es la última investigación relacionada con el conflicto armado que presenta el Ministerio Público. Otros casos, como Creompaz, en el que se sindica a militares de la desaparición forzada de 558 personas en Cobán, Alta Verapaz; y el caso Mujeres Achí, en el que se acusa a expatrulleros de autodefensa civil por la violación sexual de 36 mujeres en Baja Verapaz, todavía se encuentran en diferenes fases judiciales.

En 2018, se dictaron las últimas condenas por crímenes cometidos durante el conflicto armado. La primera se emitió en mayo de ese año, contra cinco militares sentenciados por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana Emma, cometidas en 1981. La otra condena se dictó en noviembre, contra Santos López Alonso, que era integrante de la fuerza de élite conocida como Kaibiles y participó en la masacre de 201 personas en el parcelamiento Dos Erres, en Las Cruces, Petén.

Ese mismo año concluyó el segundo juicio por genocidio (después de que la Corte de Constitucionalidad anulara la primera sentencia en 2013). El tribunal confirmó en su fallo que en Guatemala se cometió un genocidio durante la dictadura de Efraín Ríos Montt, quien había muerto un año antes, sin ser condenado en el segundo juicio.

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