Texto: Angel Mazariegos Rivas (Guatemala), Álvaro Montoya (Bolivia), Lilia Balam (México), Julett Pineda (Venezuela)

Fotos: Pablo Juárez (Guatemala)

Si la migración actual se dibujara en un mural enorme, este sería representativo de los flujos de personas que van, que salen, que huyen, que dejan. Los medios registran caravanas, ingresos por fronteras, cuerpos policiales extendiéndose como muros ante la llegada de personas sin documentos. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué sucede con quienes retornan a esos sitios que alguna vez juraron no volver a ver, a esas comunidades y ciudades que nunca dejarán de llamar hogar?

Según Eileen Truax, periodista mexicana especializada en migración, analizamos poco qué sucede cuando los migrantes se devuelven a sus países. Por su parte, la socióloga ecuatoriana Lorena Izaguirre considera que el retorno es una de las aristas menos exploradas del fenómeno global migratorio. Para ella, estos flujos continúan siendo un mito: generalmente pasan desapercibidos y muy pocas veces son vistos como relevantes.

Sin embargo, el retorno es justamente lo que miles de personas en Latinoamérica han debido plantearse debido a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de covid-19 y a la dinámica irregular de las fronteras. Migrantes que, con pasos inadvertidos, volvieron a sus países de la misma forma en que salieron.

Migrantes devueltos de imprevisto, arrinconados para firmar un regreso “voluntario” o forzados a subir a un avión tras emprender un largo trayecto que los acercó a sus ilusiones y que ahora los empuja a aceptar una realidad distinta de la que soñaron: el regreso.

Cuando la migración se considera “ilegal”: las deportaciones

El paso de Efraín Ballote Escalante por los Estados Unidos fue un paseo de montaña rusa de 13 años. Tenía 32 cuando sacó su visa de turista y pisó el territorio norteamericano por primera vez. Llegó buscando distanciarse de su pasado y pronto comenzó a trabajar. Tenía todo el ímpetu y las ganas.

Logró alcanzar la estabilidad económica, pero entonces las autoridades descubrieron que no tenía los documentos para laborar y lo sancionaron: lo deportaron o repatriaron. Es decir, fue expulsado de los Estados Unidos y enviado de vuelta a Mérida, su ciudad natal, ubicada en Yucatán, México.

Decidido a recuperar todo lo que tenía en el país norteamericano, regresó con un “coyote”. El proceso fue tan duro que tuvo una crisis emocional. A la larga, la experiencia terminó en una segunda deportación, tras la cual le prohibieron acercarse al territorio estadounidense durante los siguientes diez años.

Para Efraín, las repatriaciones representaron la ruptura de muchos planes. Eso mismo significa para otros miles de migrantes de todo el mundo. Varios investigadores consideran, además, que vulnera el derecho humano a circular libremente. Eduardo Domenech, de la Universidad Nacional de Córdoba, indica en uno de sus artículos que estas se “inscriben en procesos de criminalización de la migración”, pues marcan a una fracción de la población como “una amenaza o un peligro que puede desestabilizar la tranquilidad social, el orden público o la seguridad nacional”.

Los procesos de deportación son distintos en cada país. Generalmente, son repatriadas las personas que no cuentan con la documentación necesaria para ingresar o permanecer en un territorio del cual no son oriundas. En otros casos, como el de Estados Unidos, también se aplica a residentes que cometieron alguna falta o delito.

Diversos estudios y especialistas indican que las deportaciones han repuntado en el continente americano  desde el año 2000. En el caso de los Estados Unidos, aumentaron de manera significativa entre 2005 y 2015, durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. Solo en los primeros cinco años de ese período fueron expulsados del país alrededor de 850 mil mexicanos.

Aunque dichas cifras empezaron a decrecer a partir de 2015, no lo hicieron de manera significativa. Según Rodolfo Cruz, director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), esto puede deberse a que las políticas migratorias estadounidenses no se han flexibilizado. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México, en 2019 unas 211 mil 240 mexicanos fueron deportados desde EEUU. La caída en 2020, cuando se registraron 184 mil 423, puede atribuirse también a los efectos del confinamiento.

Entre 2010 y 2020 también se observó un alto número de deportaciones de migrantes centroamericanos. Según Cruz, esto podría deberse a las “caravanas de migrantes” surgidas en 2018 debido a la crisis económica, de violencia y de inseguridad que se vive en la región, sobre todo en el Triángulo Norte. La OIM asegura que la mayoría de estos retornos forzosos se producen desde Estados Unidos y México.

Solo en 2019, ambos deportaron más de 230 mil migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, ese año cerca de 54 mil 600 guatemaltecos fueron deportados por vía aérea desde Estados Unidos. En 2020 el número decreció un 72% debido a las restricciones de movilidad, pero aún no se detuvo: solo descendió a 15 mil 115.

En 2020, más de 23 mil personas entre salvadoreñas y guatemaltecas fueron deportadas desde México y Estados Unidos.

Para devolver a las personas a sus países de origen, las autoridades de cada nación realizan acuerdos en los que definen dónde y cómo se entregará a las y los migrantes. Los gobiernos también deben cumplir con protocolos para asegurar que dicho proceso no vulnere los derechos de las personas involucradas. Sin embargo, no todos cumplen.

Durante años se han registrado casos de violaciones a los derechos humanos durante las deportaciones. Según Cruz, esto generalmente refleja la falta de capacitación del personal encargado de ordenar los flujos migratorios. En el caso de las repatriaciones de Estados Unidos a México, ocurren generalmente cuando se expulsa a personas con antecedentes penales. “También es el caso de enfermos graves o con trastornos mentales, pues muchas veces los deportan y necesitan cierto tipo de atención médica”, apunta el investigador.

El panorama de las y los migrantes centroamericanos deportados desde México es distinto. En ese caso sí se han visibilizado varias violaciones a los derechos humanos. “Generalmente se dan en zonas donde es imposible documentar tales vulneraciones, pero cuando se realizan entrevistas a los migrantes, ellos admiten haber sido víctimas de esas violaciones”, reitera Cruz.

Según el académico, es necesario que los gobiernos de los países de origen de los principales flujos migratorios se sienten a dialogar para proponer políticas públicas coordinadas acordes a la realidad de quienes abandonan sus naciones. Un ejemplo sería la gestión de programas que faciliten la movilidad de quienes deben desplazarse por razones laborales, económicas o de seguridad. “La sugerencia es buscar que con las políticas migratorias se logren flujos migratorios ordenados, seguros y regulares”, apunta.

No obstante, el investigador reconoce que la región latinoamericana “todavía está muy lejos” de alcanzar esa meta. Esto se debe a la falta de voluntad política y porque “acabamos de salir de una política migratoria xenófoba y racista en los Estados Unidos que no ayudó en nada para poner orden. Al contrario, solo infundió miedo en los migrantes”, opina Cruz. Sin embargo, espera que con el cambio de administración en Washington se modifiquen las políticas migratorias regionales y los medios de comunicación apuesten cada vez más por emplear información académica en vez de replicar discursos discriminatorios y xenófobos.

A la fecha, Efraín no critica ni a las autoridades ni a las políticas migratorias estadounidenses. De hecho, recuerda el país con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Para él, es un lugar que brinda muchas oportunidades a quienes quieren trabajar y superarse. Incluso tiene planes de tramitar de nuevo su visa para poder visitar a la familia que tiene al otro lado del Río Bravo.

“Conocí un mundo mejor que el nuestro. Y aunque sí soy más feliz viviendo en México, lo ideal para mí sería tener la visa de turista para poder ir con mi familia cuando yo quiera”, sentencia.

Un sueño diluido: La migración de retorno forzado

La migración forzada no es solo el retrato de un migrante detenido a la espera de un vuelo de repatriación. Es también el de miles que huyen de condiciones insostenibles en los países que los recibieron, condiciones que los obligan a retornar al lugar de donde salieron y dejar inconclusos los objetivos que se habían planteado.

Es precisamente lo que le sucedió a Mónica Quijua, quien  tuvo que regresar de improviso a Bolivia debido al cierre masivo de empleos que trajo la pandemia.

Mónica es una de los más de 120 mil bolivianos que residían en Chile hasta 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Como muchos de sus coterráneos, quienes buscan alternativas en el extranjero a las limitadas oportunidades laborales de su país, fue allá a trabajar como temporera, nombre con el que se conoce a las personas que van al campo a recolectar y empacar frutas de temporada.

Aunque no son residentes permanentes, los temporeros representan un flujo migratorio importante y bien recibido en el país, debido a que su mano de obra suele ser barata. Este flujo le viene bien a los empresarios, aunque no tanto a los chilenos, cuya mayoría no acepta trabajar bajo las condiciones laborales y salariales impuestas por la industria agrícola.

El regreso de los temporeros a sus países suele ser voluntario. Normalmente, las y los migrantes que se dedican a este tipo de labores buscan no sobrepasar el año de permanencia en el país de destino. Sin embargo, si el ciclo es interrumpido abruptamente antes de tiempo, no lograrán satisfacer el objetivo económico inicial. Entonces el retorno se transforma en uno forzado.

Según los investigadores Shirley Viviana Castaño y Santiago Alberto Morales, en esos casos el retorno se entiende no como una simple acción, sino como una decisión racionalizada del migrante que pone en perspectiva no haber cumplido las metas que se propuso o no ver un futuro promisorio si decide quedarse.

Además de los más de 2.6 millones de decesos registrados en el mundo hasta la fecha, la recesión económica ha sido precisamente uno de los principales efectos adversos de la pandemia. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la recesión de 2020 provocó un decrecimiento del 5.3% en la economía regional. Se trata de su peor desempeño en los últimos cien años, equivalente a una década de retroceso. Por otra parte, el comercio se desplomó un 15% y las remesas otro 20%.

Como resultado, la contracción del mercado laboral ha mermado la capacidad de muchos países destino de recibir migrantes. De ahí que la pandemia haya desencadenado una serie de retornos durante los cuales miles de migrantes han debido lidiar no solo con la emergencia sanitaria, sino también con el cierre de fronteras.

Aun así, hasta el pasado mes de julio al menos 11 mil 500 paraguayos se habían repatriado desde Uruguay, Argentina y Bolivia, mientras cerca de 2 mil 200 salvadoreños habían regresado también a sus casas. Otros reportes de prensa dan cuenta de unos 40 mil colombianos retornados hasta octubre de 2020. Para febrero de 2021, más de 98 mil nicaragüenses habían emprendido el camino de vuelta desde otros países de Centroamérica.

Con una disminución del 7.5%, Chile proyectó en 2020 la caída más aparatosa de su Producto Interno Bruto (PIB) en 35 años. Los más de un millón 492 mil migrantes residentes en el país figuran entre las poblaciones más impactadas por ello.

Eso, sumado a los largos meses de cuarentena que se aproximaban, empujó a Mónica, a su hermana y a otros mil 300 bolivianos en Chile a regresar a su país apenas en abril de 2020, cuando no estaban ni cerca de haber reunido la cantidad de dinero planeada. Como si fuera poco, el largo e inhumano proceso de repatriación al que el Estado boliviano sometió a sus ciudadanos al regreso les consumió parte del dinero que habían ganado trabajando en el campo.

Retornar voluntariamente al lugar quemado (o amado) también es migrar

Luis López es un cocinero guatemalteco que regresó a su país hace una década, después de haber trabajado en Estados Unidos durante más de 30 años. Salió de su país en 1980, cuando tenía treinta años, sin documentos, solo con la ilusión de una vida mejor. Hizo el viaje por tierra, huyendo de la policía, y finalmente regresó en avión, esta vez con un pasaporte que lo distingue como ciudadano estadounidense.

Luis es un migrante que regresó voluntariamente a su país. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el retorno voluntario está basado en el poder de decidir, que se define por “la ausencia de cualquier coerción física, psicológica o material”.

“No lograron ingresar a territorio de Estados Unidos, los detiene la Policía en México, deciden regresar a Guatemala a medio camino porque el trayecto es arriesgado y así la lista”, ejemplifica Alejandra Mena, portavoz de la Dirección de Migración de Guatemala, como algunas de las razones por las cuales algunos migrantes deciden retornar a sus países de origen de forma voluntaria.

La estrategia de los gobiernos centroamericanos y mexicano para detener las caravanas de migrantes ha estado presente en este sentido en el último lustro. Aunque la región no deja de ser un punto estratégico en el trayecto hacia Estados Unidos, hay personas dispuestas a volver cuando el camino se torna complejo.

Mena agrega que también hay quienes regresan de forma ordenada y con sus papeles completos luego de estar muchos años en el extranjero, como Luis López. Sin embargo, aunque los casos como el suyo son pocos, no suelen aparecer como migrantes retornados en los registros del Estado. “Nosotros solo atendemos a personas que viajan de forma irregular. Personas que no tienen identificación ni pasaporte”, dice Mena.

No obstante, si un migrante sale de Guatemala “de forma irregular”, como le llama la Dirección de Migración del país centroamericano, llega a México y, estando allí, decide volver a su país, también de forma irregular, es muy posible que pase inadvertido, que no quede rastro de su migración.

Es lo que, según Carlos Woltke, defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, sucede con muchos de sus coterráneos, quienes pueden reingresar al país solo con demostrar que son de allí. Por tal razón, a veces no son contabilizados como migrantes que retornan voluntariamente.

El retorno voluntario asistido, en cambio, sucede cuando el Estado o un tercero -una organización internacional, por ejemplo- ofrece a la persona asistencia, financiera o de otro tipo, para el retorno y, en ocasiones, para su reintegración.

Sin embargo, Woltke apunta que el término “voluntario asistido” no es adecuado para todos, puesto que a veces puede resultar opaco. “Claro, firman sin ser obligados, pero básicamente es una deportación aceptada”, dice.

De acuerdo con datos de la OIM, durante el período 2018-2019, en Norte y Centroamérica la agencia de las Naciones Unidas ayudó con regreso asistido principalmente a migrantes de Honduras (dos mil 272), El Salvador (402) y Estados Unidos (260). En Sudamérica, las nacionalidades que más lo solicitaron durante el mismo período fueron la brasileña (mil 625), la colombiana (389), la peruana (170) y la venezolana (125).

Quienes aplican a un retorno asistido dejan documentada su salida al reingreso. “Cuando vuelven, se les pregunta cuándo salieron del territorio, cómo lo hicieron y por dónde, para documentar el tránsito. Después, vuelven a su vida”, explica Woltke. “En teoría, el Estado tiene programas que promueven la reinserción laboral y [les brindan] ayuda económica y social, aunque en la práctica esto no se ha concretado”. 

Mena asegura que cuando una persona retornada desciende del avión, el Estado le ofrece ayuda psicológica, asistencia en refugio y, si son personas de otros países, transporte para volver a estos. “Cuando las caravanas de migrantes centroamericanos, por ejemplo, el Gobierno de México proporcionó cuatro buses para que la población hondureña pudiera regresar a su país”, ilustra.

En cuanto a los deportados, Mena asegura que su porcentaje en Guatemala es alto en comparación con el número de personas que salen del país. “Antes de la declaración de la pandemia llegaban cuatro vuelos diarios desde Estados Unidos y cada uno, en promedio, traía 100 personas”, señala. Después, según ella, las deportaciones se han comportado de forma irregular.

“Ahora estamos pendientes de una posible caravana que se está movilizando desde Perú. Personas de Cuba, Haití, China y Panamá podrían acuerpar ese movimiento”, dice mientras parece recordar que los flujos migratorios y el movimiento de seres humanos no terminan aquí.

Este texto fue publicado originalmente por Distintas Latitudes, en su especial investigativo Migraciones LATAM: Huidas, retornos y permanencias. Puedes leer el especial completo aquí.