El acceso a la salud en este año de pandemia se ha visto limitado por la falta de recursos y el acaparamiento de estos. Las vacunas son ahora el bien con mayor demanda y los países no acceden en igualdad de condiciones a estas. Gabriel Baracatt, director ejecutivo de la Fundación Avina, habla en esta entrevista sobre la posibilidad de convertir las vacunas contra la COVID-19 en un bien público global.
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Gabriel Baracatt trabaja desde hace más de 30 años en iniciativas que promueven la conservación del ambiente. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y fundador de la organización PROMETA (Protección del Medio Ambiente Tarija), que desde 1990 se dedica a apoyar el cuidado y gestión de áreas protegidas en Bolivia, el país en el que nació.
Fundación Avina, de la que Baracatt es director ejecutivo y de la cual forma parte desde el año 2000, tiene presencia en 19 países de Latinoamérica. La fundación desarrolla proyectos relacionados a temas ambientales, progreso social, innovación política, migraciones y finanzas. Su principal financista es el centro de pensamiento VIVA Idea.
Entre sus últimas iniciativas está la publicación del libro Más allá de las fronteras, que recopila historias de migraciones en México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos; y la Beca de Investigación y Divulgación sobre Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento en México para periodistas.
En este segundo año de pandemia de COVID-19, la ambición más grande de Avina, según Baracatt, es llamar la atención de los Gobiernos y de la ciudadanía, para que se discuta el acceso a la salud y a las vacunas contra la COVID-19 como bien público.
El concepto de “bien público” se deriva del de “bien común” del derecho civil, explica Baracatt, y se refiere a aquellos productos de beneficio común que deben estar garantizados y ser accesibles para las poblaciones, sin exclusión.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define los bienes públicos globales como aquellos cuyos beneficios tienen un alcance prácticamente universal, a partir de la cooperación. “Estados, empresas y ciudadanía son encargadas de que el acceso a bienes públicos sea una realidad. El agua, la justicia, la educación, las áreas verdes, la salud…”, ejemplifica Baracatt.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) también impulsa que las vacunas sean un bien público global para que su acceso no esté limitado únicamente a aquellos países que hacen las ofertas más altas por ellas.
Incluir a las vacunas contra la COVID-19 como bien público, dice Baracatt, sentaría precedentes para enfrentar lo que él considera como la siguiente crisis global: el cambio climático.
Como parte de este proceso, la fundación desarrolló un contador de vacunas a partir de la información de Our World in Data y de la Universidad Johns Hopkins, que muestra cómo avanza la vacunación en el mundo.
En Fundación Avina apuestan por que las vacunas sean registradas como un bien público global. ¿Qué significaría que una vacuna sea considerada bien público y qué implicaciones tendría?
Hoy vivimos un nivel alto de acaparamiento de vacunas. La disponibilidad está concentrada en los países más ricos del planeta, que tienen vacunas para tres o cuatro veces más del número de su población. Los 50 países más ricos del mundo tienen dos tercios de la cantidad disponible de vacunas en el mundo. Al ser consideradas como bien público global, las vacunas serían repartidas en equidad y el acceso se garantiza para todas las poblaciones.
Esto implica fortalecer mecanismos globales de colaboración como COVAX (la alianza impulsada por la OMS para garantizar el acceso equitativo a las vacunas) y llamar a la Organización de Naciones Unidas a negociar para que la vacuna no sea un instrumento de compra y demanda del mercado tradicional.
Hay que entender que no es suficiente que una población esté vacunada en un mundo hiperconectado. Convertir a las vacunas en un bien público permite vacunar a toda la población y generar comercio, viajes, transacciones.
Al igual que el cambio climático, queremos que para un problema global, exista una solución global; no una solución nacional. El mundo necesita de liderazgos y organizaciones sólidas y competentes.
¿Cómo es posible alcanzar un objetivo tan ambicioso, cuando las farmacéuticas ponen el equipo y deciden los precios?
Con los antirretrovirales para el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) se ha logrado que la patente sea compartida y permitir así la producción de medicamentos genéricos. Ese es un ejemplo de cómo un tratamiento caro e inaccesible para mucha gente pasó a ser de acceso para muchos. Las organizaciones internacionales, los Gobiernos, la ciudadanía global y las instituciones locales deben trabajar para replicar esta experiencia.
La COVID-19 no afecta solo a una porción de la población o a un grupo etario. Y además, genera cuadros clínicos muy complejos. La historia de la humanidad registra la victoria de David sobre Goliat. Eso nos da esperanza.
Para que las vacunas se constituyan como bien público, ¿habría que cuestionar el poder que tienen las farmacéuticas sobre el mercado?
Las farmacéuticas tienen un poder de negociación enorme. Por eso han firmado acuerdos de confidencialidad con muchos países. Pero es necesario que estén a la altura de las necesidades de la humanidad y estén dispuestas a firmar acuerdos que, por supuesto reconozcan sus esfuerzos de innovación y desarrollo, y que obtengan réditos en proporción a la ganancia del mundo al tener fácil acceso.
Si no se alcanza una inmunidad colectiva global, las nuevas cepas del virus y los procesos lentos de vacunación les implicarán a las empresas productoras más trabajo en la investigación y desarrollo de nuevas vacunas, pérdida en la credibilidad de sus productos ante la población y rechazo a la imagen de sus productos. La producción a mayor escala, para alcanzar niveles más altos de inmunización, debe ser el mayor atractivo.
[“Lo que sabemos sobre la realización de pruebas COVID-19 en fines de semana”]
¿Qué plantea Fundación Aviva para que esta propuesta sea una realidad?
Que los Gobiernos, los movimientos sociales, las organizaciones internacionales en grandes coaliciones, presionemos para que los países que están acaparando vacunas dejen de hacerlo, y que las farmacéuticas compartan y pongan a disposición a un precio accesible, o gratuito, las patentes para producir a escala global la vacuna.
Por supuesto, valorando el esfuerzo de la ciencia y las empresas que con innovación y dedicación han desarrollado la vacuna en menos de un año. Pero no solo se trata del lucro, debe haber una motivación ética para quienes las desarrollan.
Además, es necesario que se garantice un libre acceso a la información relacionada a los ritmos de vacunación, para así fiscalizar que se dé en términos de transparencia y eficiencia. En Fundación Avina hemos trabajado un contador de vacunas que se actualiza a partir de Our World in Data y la Universidad Johns Hopkins, que muestra cómo avanza la vacunación en el mundo, y así ver cuántas semanas necesita cada país para completarla. Al ritmo actual hay países que superan los tres o cuatro años para completar la vacunación.
[Puedes revisar aquí el Contador de vacunas COVID-19]
¿Quiénes deben promover que este plan sea una realidad?
Implica el engranaje de varios: Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, COVAX, los países ricos y las farmacéuticas. Hay que actuar de manera que se superen las diferencias políticas, partidarias e ideológicas, y pensar que el bien público mayor a proteger es el ciudadano, el ser humano, latinoamericano y global.
Guatemala tiene un sistema de salud frágil, que deja que el mercado y las grandes corporaciones definan precios de servicios y medicamentos. Varios sectores promueven que, frente a la ineficiencia del Estado, se permita que el sistema privado entre al proceso de vacunación. ¿Es posible que países como Guatemala entiendan las vacunas como un bien público?
En Bolivia, una prueba de PCR o un hisopado cuesta la mitad del salario mínimo de un trabajador. Es inaceptable. No podemos permitir que estas ventas queden tan abiertas al criterio del ser humano.
A los líderes políticos que no han tenido una lectura adecuada de la situación de la pandemia les han fiscalizado. Si no hubiera sido por la COVID-19, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump quizá se habría reelecto. Sin embargo, su mensaje confundía a la gente. Trump decía “no hay que usar máscara”, mientras científicos y científicas hablaban acerca del distanciamiento social y el uso del cubrebocas.
Por otro lado, está Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que no solo ha manejado con empatía la pandemia, sino que aseguró que no se vacunaría aún porque no tiene la edad de riesgo y había gente prioritaria. Los resultados son distintos de quienes han utilizado la situación como populismo barato.
Paraguay fue un buen ejemplo en el manejo de la crisis al inicio de la pandemia, cuando cerraron fronteras. Eso se reflejó en bajas tasas de contagio y de muertes. Ahora la población se moviliza en las calles y piden la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez, por el desborde en los servicios de salud y la no garantía al acceso de vacunas.
Por lo tanto, creo que los países como Guatemala deben sumarse a entender la salud como un bien público. Es cierto, hay escasez de vacunas, pero si hay mal manejo en las compras y en la garantía de la salud, la población pedirá cuentas a sus autoridades. Los gobiernos no tienen opción: o hacen bien las cosas o serán sometidos a un escrutinio público desfavorable en poco tiempo.
¿Cómo añadir al diálogo a los países que han acaparado vacunas o que las están produciendo?
No hay salvación individual. Los países deben sumarse a este plan por convicción o por conveniencia. No sirve vivir en una pecera aislado, si no van a poder compartir e interactuar con el resto del planeta.
La inmunidad va a ser fundamental cuando tengamos a una mayoría de la población inmunizada. Este no es un proceso que acaba con la segunda dosis porque los menores de 18 años aún no se están vacunando.
Hemos visto que en diferentes países han aparecido nuevas variantes o cepas del virus que pueden afectar a quienes ya están vacunados. La interdependencia para convivir es alta.
El acceso a vacunas ya es limitado en el mundo. Esto amplía la desigualdad, que se ha acentuado en este año de pandemia. ¿Cómo hacer para que la brecha del acceso a la salud se cierre?
América Latina es el 8% de la población mundial, pero el 30% de los muertos por COVID-19 están en nuestra región. Hoy se nos demuestra que un gobierno corrupto y un sistema de salud deficiente pueden ser la causa para que fallezca un amigo o un pariente cercano, simplemente porque no se les garantiza el acceso a salud. Lo que nos queda es el “oremos y recemos por nuestro amigo que está enfermo”, porque no hay más opciones. Pero la ciudadanía debe ser exigente.
Desde el inicio de la pandemia, cada país adoptó las medidas y restricciones que consideró adecuadas. ¿Debieron haberse pactado unas medidas globales? ¿Hubiera servido para reducir las cifras de contagios y de muertes?
Al inicio de esta crisis se observaron liderazgos que divulgaban lógicas políticas más nacionalistas que globales. “Make America Great Again (hagamos Estados Unidos de nuevo grande)” de Donald Trump, “Brasil a cima de tudo (Brasil la cima de todo)” de Jair Bolsonaro y “Prima Gli Italiani (Los italianos primero)” de Matteo Salvini: todas lógicas nacionalistas, muy locales. Ideas que debilitaban la idea de los mecanismos globales. Incluso la respuesta fue quitar el financiamiento como sucedió con la Organización Mundial de la Salud.
De haber tenido una organización más sólida y haber escuchado a la ciencia en conjunto, quizá las cifras y las pérdidas no serían tantas. En cambio, ahora muchos países tienen que enfrentar como consecuencia hasta cuatro crisis dentro de la pandemia: sanitaria, económica, emocional y política.
En algunos países continúan las restricciones, los cierres perimetrales de ciudades, las cuarentenas, los confinamientos… En Guatemala levantaron las últimas restricciones y el presidente dejó en la ciudadanía la responsabilidad de protegerse del virus. ¿Qué lectura hace de esto?
Mientras no tengamos vacuna, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y algunas medidas básicas de bioseguridad son fundamentales. Sin embargo, necesitamos que los Gobiernos tomen decisiones sobre las aglomeraciones y las convocatorias masivas que son invitaciones directas al contagio.
Es cierto, la gente necesita salir para trabajar o como distracción. Una opción es que vayan a los parques, que son áreas abiertas y donde se puede guardar distancia, pero no al partido de fútbol, no a centros comerciales. No es que solo quede en responsabilidad del ciudadano, hay un rol importante de regulación que lo deben cumplir los Gobiernos.
¿Cómo evalúan en Avina el impacto de la pandemia en poblaciones vulnerables, como las personas que trabajan en la economía informal, o que viven en pobreza? ¿Han estado los gobiernos a la altura?
Existen poblaciones sin recursos, sin acceso a salud, comunidades indígenas que están recluidas en áreas lejanas, selváticas, y los Gobiernos implementan programas de apoyo y estímulo a la reactivación económica, que no resuelven de raíz.
El promedio de la población que genera sus recursos por cuenta propia en América Latina es el 40%. Quienes viven del día a día son quienes más han sido golpeados porque la economía no les valora. Estas personas arriesgan e invierten su capital y su patrimonio más que cualquiera. Pagan impuestos, extorsiones y son sometidos a presiones municipales. Son quienes más duro la han pasado porque no tienen ahorros, no tienen patrimonio, no tienen acceso a salud y requieren de la actividad en las calles para sobrevivir.
Los Gobiernos no han estado a la altura del cuidado de este sector. Han procurado dar bonos, pero los indicadores de pobreza están subiendo. El impacto de esta pandemia ha sido multidimensional. Es fundamental tener una población vacunada para restablecer un orden económico.
¿Qué lecciones cree que nos está dejando esta pandemia?
La primera es entender que un elemento invisible al ojo humano, diminuto, que se origina de forma inadvertida, en el lugar más remoto del planeta, puede generar un impacto global. Dado que este tipo de virus es de origen zoonótico (que puede transmitirse entre animales y seres humanos), no podemos continuar con los ritmos de explotación al ambiente y la naturaleza como lo hacemos, porque el riesgo de que vivamos otra pandemia es latente.
Hay un desafío enorme para trabajar en la crisis climática. Tenemos que volver a pensar en el bien común, en el bien público. La lección es para todas y todos como ciudadanía: tenemos que ser conscientes del enorme poder que conlleva emitir un voto y participar en lo público. Hay una urgente necesidad de escoger Gobiernos que sean eficientes, eficaces y sobre todo transparentes.
