Después de las tormentas
Delitos sexuales
Doscientos doce policías acusados por violencia sexual en los últimos once años
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Una ciudadana fue violentada sexualmente por dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el 3 de enero en Escuintla, según el Ministerio Público (MP). Este no es el único caso, en los últimos 11 años, el MP registra 212 denuncias contra agentes policíacos por delitos sexuales.


Eran las 7.45 de la noche, cuando una joven de 24 años salió de su trabajo del barrio La Arenera. No encontró transporte público para regresar a su casa.  Al ver una patrulla de la Policía, pidió a los agentes que le ayudaran a llegar al lugar donde un familiar la recogería.

Los policías Elmer Leonel Orellana Monterroso y Melvin Florentín Pérez Vicente, que estaban en el vehículo ESC 174, asignado a la subestación 31-31 del Puerto de San José, aceptaron llevarla. En el camino ella les pidió que se detuvieran un momento.  Necesitaba ir al sanitario. Los policías no se detuvieron.  En cambio, la violaron en la patrulla, de camino al Puerto Quetzal, en Escuintla. 

El Ministerio Público y la Inspectoría General (IG) recibieron la denuncia.  Cuatro días después, los agentes fueron capturados.  El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Escuintla, después de ligarlos a proceso, se inhibió de conocer el caso y remitió todas las actuaciones al Juzgado de Femicidio de Escuintla.  

Este no es el único caso en que se ven implicados agentes policiacos. El l7 de julio de 2019, ocurrió una agresión sexual en contra de una automovilista en la zona 15.  El PNC Ubert Reyes Oliva, junto a otros agentes, revisaron el vehículo de una mujer que estaba parqueada en la vía pública.

En la denuncia registrada por el MP, la joven explicó que no había cometido ningún delito, pero el agente la habría amenazado con capturarla si no hacía lo que le pedía.

“El agente Reyes Oliva aprovechándose de su cargo ejerció violencia psicológica y agredió sexualmente a la víctima que se encontraba en su vehículo”, informó el MP en octubre de 2019.

Doscientos doce agentes denunciados

En once años, del 1 enero de 2010 al 11 de enero 2021, 212 agentes de la PNC han sido denunciados por delitos sexuales. 

El MP documenta la denuncia de 249 mujeres agraviadas por agentes de la PNC: 129 habrían sufrido violación, 71 agresión sexual, 30 violación agravada, 16 agresión sexual con agravación de la pena y tres por violación con circunstancias especiales de agravación.

El número de víctimas es mayor que de policías sindicados, porque un mismo policía pudo ser acusado por varias mujeres.

De acuerdo con el MP, a partir de estas denuncias, 212 agentes fueron sindicados; 109 policías fueron acusados por violación, 65 por agresión sexual, 26 por violación agravada, 11 por agresión sexual con agravación de la pena y uno por violación con circunstancias especiales de agravación.

[Lee también: Acoso sexual en la Policía]

Pero, no todos los casos obtienen sentencia.  Los datos del MP reflejan que, del 1 de enero de 2010 al 31 de enero de 2021, solo un 19% de los casos alcanzó una condena. En este período de tiempo, 38 agentes fueron condenados: 14 policías por delitos sexuales: cinco por violación, cinco por violación agravada, dos por agresión sexual y dos por agresión sexual con agravación de la pena.

Mientras que diez policías fueron absueltos en el mismo periodo de tiempo, es decir, un 3.6% del total de policías denunciados: cuatro por violación, tres por violación agravada, uno por agresión sexual y dos por agresión sexual con agravación de la pena.

De los casos denunciados y procesados, un 78% de los casos queda sin recibir justicia.

Agencia Ocote solicitó al Ministerio de Gobernación información sobre las denuncias y sanciones que la institución tiene registradas del 2010 a 2021, pero informaron que los datos únicamente se proporcionarían a partir de 2014, por no contar con los registros de años anteriores.

Del 1 de enero de 2014 al 20 de enero de 2021, la PNC documentó 58 denuncias de mujeres civiles, en contra de personal de la PNC: 39 por acoso, siete por agresión sexual y 12 por violación. 

Podrían ser más

Dorotea Gómez, defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que no han recibido denuncias de mujeres civiles afectadas por delitos sexuales por agentes de la PNC, pero si han conocido casos de acoso sexual dentro de la institución policial, entre 2017 y 2018.

La defensora de la Mujer considera que podrían existir más denuncias de delitos sexuales cometidos por parte de personal policial.  Los datos oficiales reflejan un subregistro.  

Gómez afirma que el temor es un factor que debe considerarse.  Ejemplifica que, si la mayoría de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y no denuncian a su pareja, difícilmente lo harán en contra de una autoridad. 

La respuesta de la Policía

El director de la PNC, José Tzubán, dice que la institución ha colaborado con el MP, para poner a disposición al personal que ha incurrido en delitos.

“Es lamentable que estos hechos sucedan con los integrantes de la PNC, quienes tienen el deber de garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas, y con esto demuestran su falta de profesionalismo y lealtad a la institución policial. Todo integrante de la PNC de acuerdo con la doctrina institucional debe guardar los principios y valores policiales, por ello en todo momento y sin importar las circunstancias deben ser garantes de la protección de las personas”.

En relación con la violación de la joven en Escuintla, Tzubán explica que a través de la Inspectoría General apoyaron al MP y a lo interno iniciaron el expediente disciplinario de infracción “muy grave”. De encontrarse responsables penal o disciplinariamente a los agentes, les darán de baja de la institución, “debido a que sus conductas son contrarias a su función y deben castigarse”.

¿Sanciones?

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), opina que los delitos sexuales cometidos por personal policial deben ser sancionados, no deben ser encubiertos, al contrario, las autoridades deben contribuir con la investigación.

 Tzubán reitera que la institución ha colaborado con las investigaciones cuando el personal policial ha estado involucrado en delitos.

El procedimiento que realiza la PNC, cuando conoce una denuncia por medio de la Inspectoría General, consiste en asignar a un investigador que está en coordinación con el MP para que averigüe los hechos denunciados. De los resultados se remite una copia del informe circunstanciado a la Fiscalía que conoce el caso.  El MP y la PNC giran la orden de captura y se abre un expediente disciplinario para deducir responsabilidades administrativas.

De acuerdo con Tzubán, la línea 3032-7356, atiende las denuncias contra personal policial que ha incurrido en delitos.

Sin embargo, además de las acciones punitivas, también se cuestiona a Tzubán sobre la prevención. El director de la Policía asegura que, para el ingreso a la Academia, se realiza una evaluación psicológica a los aspirantes, que según Tzubán, es una herramienta que permite predecir conductas a futuro y que se refleja en un resultado “apto o no apto”. 

“Si en caso se denotan rasgos de personalidad que no son acordes al perfil de ingreso para ser formado como policía, se declara no apto, y no se le permite el ingreso. Cabe resaltar que es la prueba que más pierden los aspirantes”, explica el entrevistado.

Desde que surgió la Convocatoria a Curso Básico de Formación de Agentes de Policía (Acuerdo Ministerial número 23-2020, de fecha 10 de febrero de 2020), se establecen los requisitos mínimos que debe presentar un aspirante en el proceso de selección; entre estos no se estipula la certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas) -un registro del MP en que se consigan a todas las personas condenadas por delitos sexuales-.

Sin embargo, según la PNC, utilizan otros mecanismos para investigar, a través de la Sección de Confiabilidad del Departamento de Incorporación de la Subdirección General de estudios y Doctrina, que solicita al Ministerio Público la emisión de las constancias para verificar si tienen procesos abiertos o denuncias por la posible comisión de delitos.

Formación en temas de género

Godoy afirma que las autoridades deben fortalecer a la PNC, a través de capacitación y sensibilización con enfoque de género.  Esta profesionalización debe ser constante y no esporádica. 

El director de la PNC, José Tzubán, indica que en la Academia de la PNC se imparten capacitaciones con enfoque de género al personal policial, de 10 a 12 horas y se fortalece esta temática en los cursos de ascenso.

Según el director, en el año 2020, realizaron procesos de capacitación y sensibilización a su personal, en materia de niñez y adolescencia (1,127 hombres y 285 mujeres participantes), violencia contra la mujer (960 hombres y 279 mujeres), violencia intrafamiliar (162 hombres, 36 mujeres). En 2021 han impartido 30 capacitaciones similares, especialmente en temas de violencia contra la mujer, donde han participado 696 hombres y 15 mujeres policías. 

“También se implementa para casos de investigación criminal un programa de estudios de 192 horas de duración, Curso de Investigación Criminal en Delitos de Violencia contra la Mujer y Femicidio”, dice el jefe policial. 

Además, según el director, hay otro programa para los investigadores criminales de la PNC, que dura 200 horas, “Curso de investigación de delitos de violencia sexual”.

Una reforma truncada

Según Guerrero, exasesora de la Comisión para la Reforma Policial, explica que durante la implementación de la Reforma Policial (2010-2018), se crearon protocolos de actuación para reducir el acoso sexual a mujeres policías y se implementó el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (Mopsic). 

Sin embargo, A Guerrero señala el desmantelamiento de la PNC, por parte del exministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que provocó un ambiente de impunidad.

“La desmantelada que le dio Degenhart a la Policía, se llevó todo.  Todo avance que tenía la Reforma Policial en cuestiones de equidad d género y derechos humanos de las mujeres policías, todo lo que se había hecho está desarticulado”, indicó.

Durante la administración de la excomisionada para la Reforma Policial, Adela de Torrebiarte (quien falleció en diciembre de 2020), se impulsó la profesionalización de la fuerza policial, a través de la creación de la Subdirección de Estudios y Doctrina, la implementación de la Escuela de Oficiales; la política, modelo y sistema educativo policial y las alianzas con la Universidad de San Carlos y centros de estudios superiores privados para los policías.

El pasado 23 de diciembre de 2018, venció el plazo para que el Gobierno prorrogara el Acuerdo que dio vida a la Reforma Policial. Agencia Ocote cuestionó al director de la PNC, por qué no dieron continuidad a este proyecto y responde: “El proyecto de reforma policial finalizó en el año 2018 y a partir de esa fecha la Policía Nacional Civil debía hacerse cargo del desarrollo de la institución de forma permanente, lo cual no se hizo de forma adecuada ya que varios de los procesos como los de educación y controles internos quedaron sin evolución. Es por ello que al momento de asumir como Director General de la PNC en el mes de junio 2020 se realizaron diagnósticos para determinar las deficiencias institucionales tanto operativas que tienen relación con la disminución de la incidencia criminal, así como aquellas que les dan soporte a estas acciones”.

Según el director, se aprobó la “Estrategia de Seguridad Publica y Desarrollo Institucional”, en la cual se diseñaron los componentes para el desarrollo de la institución durante el año 2020, entre los que se encuentran: análisis y reforma del Régimen Disciplinario de la PNC, Propuesta de Nueva Ley de la PNC, fortalecimiento de las unidades de investigación criminal, institucionalización de los procesos normativos, análisis y reforma al Mopsic, y la inauguración de la Escuela de Especialidades.

Mientras, tanto los policías Elmer Leonel Orellana Monterroso y Melvin Florentín Pérez Vicente, que fueron acusados por la violación del 3 de enero,  fueron enviados a prisión preventiva en la Granja Penal Canadá en Escuintla y fueron ligados a proceso por violación; fueron agregados los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, según el MP.

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