En diciembre del año pasado, una mujer de 48 años intentó suicidarse en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Ella padece de bipolaridad y ansiedad.

Estuvo internada en el área intensiva del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt. Al darle de alta, fue remitida de nuevo al Hospital Nacional de Chimaltenango, el establecimiento más cercano que brinda atención psicológica y psiquiátrica.  Allí ya era conocida. Antes de su intento de suicidio se encontraba bajo tratamiento, pero no pudo continuarlo porque no podía pagar los medicamentos recetados y no tenía dinero para el transporte entre Antigua y Chimaltenango, a 40 kilómetros de su casa.

El personal del Departamento de Salud Mental del hospital conseguía muestras de los medicamentos o donaciones de los fármacos que ella necesitaba. Algo bastante usual en el sistema de salud.

Su bipolaridad y depresión empezaron a tratarse semanalmente y luego quincenalmente en el Hospital Nacional de Chimaltenango. Pero llegó la pandemia a Guatemala.

Desde marzo ya no recibió la atención psicológica y psiquiátrica que necesitaba. A ella le sucedió lo mismo que a cientos de guatemaltecos más.

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Eduardo Sajquim, psiquiatra encargado del Departamento de Salud Mental del hospital de Chimaltenango, explica que desde el 16 de marzo, tres días después de que en el país se anunciara el primer caso de COVID-19, la atención de salud mental fue suspendida como parte de las medidas que impuso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  (MSPAS) para evitar la propagación del virus.

—Nosotros, en psiquiatría y psicología atendíamos a siete pacientes diarios. Cada uno llegaba con cita. Mirábamos también uno o dos pacientes en emergencia, y a algún paciente internado por otros padecimientos. Normalmente estaba lleno de pacientes. Estábamos dando citas cada dos meses para la mayoría. Era lo más cercano porque había muchos—, dice el médico que trabaja desde hace cuatro años en el hospital.

—¿Es decir que todas las citas, las psicoterapias, que estaban en agenda quedaron suspendidas? —, se le pregunta.

—Sí, todas suspendidas — responde.

En el Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional de Chimaltenango trabajan un psiquiatra, tres psicólogas y un estudiante que realiza su ejercicio de práctica supervisada.  

Ahora llegan por turnos.  Unos un día, otros el siguiente. La atención que brindan se limita a las emergencias y en algunos casos a la entrega de recetas o medicamentos para quienes  los requieren y que tienen la posibilidad de llegar, dice Sajquim.

En el hospital atienden a personas de todos los municipios de Chimaltenango, así como de otros departamentos cercanos, como Sacatepéquez.

El psiquiatra cuenta que la pobreza es un patrón en la mayoría de los casos que atienden en el establecimiento.  

Según el Informe de Desarrollo Humano en 2014, 503,915  personas vivían en pobreza en Chimaltenango. De acuerdo con el censo realizado en 2018, sólo el 58% de toda la población del departamento, alrededor 616 mil personas, tiene acceso a agua entubada. Además, solo el 18% tiene una computadora y apenas el 12% cuenta con acceso a internet; lo que dificultaría, cualquier tipo de terapia a distancia.

Las cifras son similares a nivel nacional. En todo el país solo el 21% de la población cuenta con una computadora y el 17% tiene acceso a internet.

La movilidad, sin depender de los servicios públicos, también es un privilegio para algunos guatemaltecos. Según el censo, solo el 23% tiene una motocicleta y otro 24% posee un carro. 

Con la pandemia, el no tener vehículo propio es una brecha más para las personas que requieren medicamentos recetados por sus psiquiatras. Las medidas gubernamentales, hasta hace poco, prohibieron la circulación del transporte público.

Sajquim se lamenta de que la mayoría de sus pacientes no han llegado a recoger sus recetas o sus fármacos.  Una de las personas que no cuenta con un vehículo propio para movilizarse es la mujer que intentó quitarse la vida en diciembre. 

El caso de Chimaltenango es solo un ejemplo, lo mismo sucede en todo el país. En la Ciudad de Guatemala, ocurrió lo mismo con una mujer que era atendida en el Hospital San Juan de Dios por un trastorno de ansiedad. Ella es una empleada doméstica que en un mes gana menos del salario mínimo.

Su ansiedad fue provocada por la violencia que sufría en su matrimonio. Además, vive en una de las denominadas zonas rojas de la capital.

Una de las personas que trabajan en el San Juan explica la historia de esta persona que se quedó sin atención. Solicita que su identidad no sea revelada. El personal de salud del sistema sanitario ha recibido reprimendas desde las jefaturas por dar declaraciones.

La ansiedad de ella se agravó con las noticias de la pandemia incluso antes de que la enfermedad llegara a Guatemala.

La paciente recibía medicamentos y psicoterapias mensualmente para controlar su ansiedad. Pero las consultas externas fueron cerradas. Y ella quedó a su suerte.

En el Hospital San Juan de Dios, uno de los más grandes de Guatemala, cada psicólogo atendía diariamente entre seis y siete personas. En este centro laboran 45 psicólogos y psiquiatras, según información oficial entregada por el MSPAS. 

Fernando Solares, director del hospital, explica que los servicios aún no funcionan en su totalidad, pero que desde hace unos tres meses fue habilitado un equipo temporal para atender a las personas que tengan una emergencia relacionada con su salud mental.

El funcionario también reconoce que por el momento los tratamientos que recibían las personas seguirán suspendidos y que el personal labora por turnos para evitar la aglomeración de personal dentro de las instalaciones.

A Solares se le pregunta si ya se decidió una fecha para restablecer los servicios en su totalidad.

—Quizá a mediados del otro año, cuando todo esto pase—, responde.

La otra fuente consultada de este hospital dice que la mayoría de pacientes atendidos en el hospital viven en pobreza y afirma que algunos provienen de departamentos lejanos de la capital, quienes asisten semestralmente a sus terapias porque no pueden movilizarse.

El profesional se queja de la suspensión de los servicios, pues asegura que los padecimientos podrían agravarse; no solo por la falta de psicoterapias y medicamentos, sino por las medidas restrictivas impuestas por la pandemia como el confinamiento y la falta de transporte público para trasladarse desde sus casas hacia el trabajo.

—Muchos de ellos no tienen teléfono, menos internet. Aunque hubiera recursos para hacer videollamadas, ellos no podrían continuar con sus terapias—, dice.

Los escasos servicios desde siempre

En 2006, se realizó una evaluación avalada por la Organización Mundial de la Salud que concluyó que en Guatemala no existía “una política ni un plan actualizado de salud mental“. A raíz de estos resultados  se creó la Política Nacional de Salud Mental 2007-2015.

Esta política impulsada durante el gobierno de Óscar Berger buscaba dotar “de recursos humanos, materiales y medicamentos psicotrópicos mínimos en los tres niveles de atención, que garanticen el flujo y resolución de los problemas de salud mental”.

Todos los planes quedaron en papel. De acuerdo con datos parciales proporcionados por el MSPAS, sus establecimientos cuentan con 416 psicólogos y psiquiatras. Es decir, 2.7 especialistas en salud mental por cada 100 mil habitantes. En Estados Unidos y Canadá, por hacer una comparación,hay 51.9 especialistas por cada 100 mil habitantes, según el  Atlas de Salud Mental de las Américas 2017 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La cartera indicó, a través de una solicitud de información pública, que sólo contaba con la información actualizada de 71 unidades ejecutoras (establecimientos o áreas) que la conforman. En total son 86.  Dicha información del MSPAS no incluye datos de Totonicapán y Suchitepéquez, y contiene datos parciales de Jalapa, Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Escuintla, Petén, Quiché y Alta Verapaz.

El 46% de los psicólogos y psiquiatras contratados por el MSPAS se encuentran en el departamento de Guatemala, y la mayoría labora para el Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, el único en su tipo en el país.

De acuerdo con el Atlas de Salud Mental de las Américas 2017 , la media de personal dedicado a la salud mental por habitante en Centroamérica, México y el Caribe, es de 8.2 por cada 100 mil.

En 2007 se registraban 107 psicólogos y psiquiatras contratados por la cartera. Aunque, en ese entonces el 76% de ellos estaba concentrado en el departamento de Guatemala, de acuerdo con la Política Nacional de Salud Mental.

Los funcionarios del Ministerio reconocen las deficiencias en los servicios de salud mental. Marline Paz, encargada del área técnica del Programa Nacional de Salud Mental del MSPAS, afirma que los servicios ofrecidos por el sistema público son limitados e insuficientes.

—Estamos conscientes de que falta mucho por lograr en cuanto al talento humano y en cuanto a los medicamentos. Es nuestra labor sensibilizar sobre el tema en las agendas técnicas y políticas—, dice Paz quien trabaja para esta dependencia que elabora normativas y protocolos de atención para los distintos establecimientos que brindan atención psicológica y psiquiátrica.

Paz declara que aún se desconoce la fecha en que se reanudarán los servicios de salud mental. Asegura que eso está en manos de Amelia Flores, la titular del MSPAS.

La funcionaria explica que ahora la prioridad es la lucha contra la pandemia y que por esa razón el Programa Nacional de Salud Mental elaboró protocolos para que el personal de todos los centros -médicos o enfermeros, no necesariamente psicólogos y psiquiatras- puedan darle apoyo a los usuarios que lleguen a los establecimientos y que estén sufriendo de ansiedad, depresión o alguna crisis emocional durante esta emergencia sanitaria.

La salud mental no fue prioridad en la manera en que se distribuyeron los Q14.6 mil millones que fueron aprobados para atender la emergencia. No definieron presupuesto específico para la salud mental.

En Guatemala hay aproximadamente 18 mil psicólogos y de ellos al menos 12 mil están agremiados en la entidad que representa y otro porcentaje en el Colegio de Humanidades, según Estuardo Vladimir Valdez, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala.

—Un 75 por ciento de los psicólogos están en el departamento de Guatemala—, dice.

Valdez explica que, fuera del sistema público, cada sesión con un psicólogo cuesta en promedio Q300. Dice que incluso algunos llegan a cobrar Q600 por cada una, una quinta parte del salario mínimo.

Una alternativa en medio de la crisis

Lilian Boror aún llora a su hijo. Busca pruebas de que él está muerto. Quiere quitarse de encima cualquier ilusión que la haga dudar de que su hijo no es la persona enterrada sin identificación en los primeros días de junio, en medio de la crisis sanitaria.

Ella es una de las personas acompañadas por la Liga Guatemalteca de Higiene Mental a través de un proyecto que puso en marcha a raíz de la pandemia. Ante la falta de atención a la salud mental en el sistema público, la organización no gubernamental organizó a toda prisa un programa que brinda atención psicológica por medio de llamadas telefónicas que son costeadas por la misma Liga.

Boror explica que el domingo 31 de mayo su hijo enfermó. Tenía dificultades para respirar y fue llevado de emergencia a un centro de salud de San Miguel Petapa, un municipio cercano a la Ciudad de Guatemala en el que vive con su familia.

Antes de ser entubado, Carlos Otoniel García Boror logró comunicarse con su madre. Le dijo que le habían hecho la prueba de COVID-19 y que sería ingresado al área intensiva.  Esa fue la última vez que Lilian escucharía la voz de su hijo.

Boror no supo más. Llamaba y nadie daba una respuesta en el hospital temporal. Otra historia de precariedad, la familia no tenía dinero para trasladarse a Villa Nueva y averiguar. Finalmente, después de cinco tortuosos días recibieron la noticia por teléfono: Carlos Otoniel murió el mismo día de su traslado y fue enterrado sin identificación en el cementerio La Verbena, habilitado para los fallecidos por COVID-19.

Ahora Lilian se obsesiona con comprobar que el cuerpo “xx” de la Verbena es su hijo y busca respaldo en la Liga de Higiene Mental, que tiene años de trabajar con personas que han dejado ciclos abiertos por las desapariciones de la guerra en Guatemala, que en 36 años sumó 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos.

Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, afirma que este es uno de los casos más duros que ha conocido por medio del programa de llamadas telefónicas para atender la emergencia de la pandemia. 

La historia de Boror, explica Garavito, es similar a otros casos que han ocurrido en medio de la pandemia. Las personas no han podido despedirse de sus seres queridos como tradicionalmente se hace en Guatemala. No hay funeral, no hay flores, no hay velas, no hay un entierro acompañado por más personas.

—Estos mecanismos que ahora no se hacen ayudaban a superar el duelo, es ahora un duelo congelado—, expresa Garavito, quien compara el caso de Boror con el de los familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto armado en el país, quienes desconocen si realmente fallecieron y no tienen algún lugar a donde ir a visitarlos, a dejarles a flores.

Garavito lamenta la situación de Boror, pues considera que lo más probable es que la exhumación ocurra dentro de cinco años.

Boror está agradecida con la Liga La Higiene Mental. Dice que la ha ayudado a sobrellevar su tristeza. Ella es una de las aproximadamente 400 personas que han sido apoyadas a través de la liga.

Garavito explica que el proyecto empezó a funcionar dos semanas después de que se detectara el primer caso de COVID-19, aquel 13 de marzo.  

—Cuando la pandemia empieza en Guatemala, al igual que todo el mundo, nos retiramos a nuestra casa. Pero una semana después, yo los convoqué (a los integrantes del equipo). Les dije que no podíamos estar en la casa sin hacer nada porque la pandemia implicaba un efecto en la salud mental que tenía que ser atendido y que el gobierno no lo haría—, dice Garavito.

El grupo de piscólogos que ahora atiende a las personas por medio de llamadas está conformado por tres mujeres y dos hombres.

Garavito explica que el programa es para las personas con crisis emocionales originadas de la pandemia. Cuenta que los principales padecimientos tratados son la ansiedad, la depresión, los duelos y el miedo al futuro, los cuales son atendidos en una o tres sesiones. El personal además cada semana o quincena se comunica con los pacientes para descartar un agravamiento.

—La demanda empezó a crecer no solo en la Ciudad de Guatemala, sino también se comenzaron a atender a personas de Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, Escuintla y otros departamentos. Puedo decir que un 40% son personas fuera de la Ciudad Capital. Esto demostró que la gente considera importante atender su salud mental, pero donde viven no hay psicólogos o los servicios son caros, o viven lejos de la ciudad y no pueden llegar a una consulta en la ciudad, donde están concentrados estos servicios—, declara Garavito.

Esto es apenas una muestra de las secuelas que deja la pandemia en Guatemala, un país que antes tampoco priorizaba la salud mental.

—En Guatemala el enfoque que desde el gobierno se le da a la pandemia está basado fundamentalmente en una política pública de salud física. Esto no es casual. La salud mental nunca ha sido considerada una prioridad, no ha tenido importancia—, explica Garavito.

Garavito señala que en el sistema público históricamente ha priorizado la atención de las personas con patologías mentales, es decir los padecimientos que requieren de medicamentos e internamiento, y no aquellos trastornos que no necesitan de estos. Miles de guatemaltecos requieren atención en salud mental por diversas causas: la falta de empleo, la criminalidad, el conflicto armado interno y los desastres naturales que ocurren con frecuencia en Guatemala.

Y esta atención, por ahora, sigue suspendida.