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Un condenado por corrupción vende las mascarillas más caras al Ministerio de Salud
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Su nombre es Vayron Ronaldo Rodríguez López. Es propietario de Prodmedic, una  empresa con varias sucursales en Guatemala. Hace cinco años fue condenado por comprar los medicamentos que eran robados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Hoy, es uno de los empresarios que vende mascarillas al Ministerio de Salud.

El 19 de marzo, casi una semana después de que se anunciara el primer caso de coronavirus en Guatemala, Prodemic vendió mascarillas N95 a dos establecimientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Pese a que se trataba de las mismas mascarillas, estas fueron surtidas a diferentes precios, de acuerdo con los registros de Guatecompras. 

La Dirección del Área de Salud de Santa Rosa compró 330 mascarillas a Q75 la unidad y el Hospital Nacional de Coatepeque adquirió 300 y pagó Q50 por cada una. Las dos facturas  tienen la misma descripción: “Mascarilla diseño: con válvula, filtro, N95, sujetadores elásticos. Tipo: desechable”. Los  precios de referencia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) oscilan entre Q.19.50 y Q.25.

En estas dos compras, realizadas el mismo día, ambas unidades en conjunto le compraron 660 mascarillas a Prodmedic por un total de Q39,750. 

Mientras la empresa de Rodríguez López vendió cada mascarilla a Q75, otro negocio llamado Soluciones Médicas surtió cada  mascarilla N95 -con las mismas características- a un precio de Q4, un costo 18 veces más barato. 

El precio de Q75 ofrecido por Prodmedic por cada mascarilla N95, es el más alto entre 32 compras del mismo producto realizadas entre el 29 de febrero y el 6 de abril, y que fueron analizadas por Agencia Ocote.

Prodmedic no sólo ha hecho una venta con este precio. El 20 de marzo, la empresa vendió mascarillas N95 al Área de Salud de Santa Rosa también a un precio de Q75 cada una. Cinco días después el l hospital de Mazatenango, Suchitepéquez, también le adquirió mascarillas N95 con un valor de Q75 cada una. Sin embargo, esta última transacción fue detectada por la Diaco y fue anulada debido a que se superaban sus precios de referencia. 

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Consultamos acerca de estos precios a Vayron Ronaldo Rodríguez López, quien asegura que el valor de Q75 se debe a que sus productos son importados desde China y que, por la pandemia, el costo de estos aumentó. “Nosotros importamos esas mascarillas N95 a un valor de $5 -alrededor de Q40-“, dice. El empresario también critica los impuestos que debe cancelar por la importación de estos productos, pues afirma que éstos aumentan considerablemente sus precios.

Rodríguez López aclara que esta justificación de precios concierne únicamente a la sede principal Prodmedic, ubicada en la Ciudad de Guatemala. Y asegura desconocer las razones por las que sus otras tres sucursales establecieron distintos precios. La de Quetzaltenango surtió cada mascarilla a Q50, mientras que la de Santa Rosa vendió cada una a Q75.  “Vamos ver qué pasó ahí, concluye. 

Otras empresas vendieron mascarillas N95 a un precio menor durante los días en que la empresa de Rodríguez López fue beneficiada con compras estatales. Ortomedic es un ejemplo. El 17 de marzo, vendió cada mascarilla N95 a Q30 cada una. Estas fueron adquiridas por  la Dirección del Área de Salud Ixil. 

Durante 2020, Prodmedic ha recibido Q4.3 millones en compras estatales. Las adquisiciones están relacionadas con la pandemia y con otro tipo de insumos médicos. 

Desde el 2009 hasta la segunda semana de mayo de 2020, la empresa ha obtenido 667 adjudicaciones por Q22,953, 556.16.

El robo de medicamentos en el IGSS

El 9 de septiembre de 2014 fueron capturados dos trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS): el bodeguero Óscar Alfredo Conde Ulloa y el piloto Édgar Humberto Bautista Alonzo. Los dos laboraban para el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IGSS. Ambos se aliaron para robar medicamentos de esa unidad y luego los entregaban a Vayron Ronaldo Rodríguez López, propietario de Prodmedic, según reportó el Ministerio Público en esa fecha. 

Fotografía tomada por elPeriódico el día en que fue capturado Vayron Ronaldo Rodríguez López -tercero, lado derecho- junto con los dos trabajadores del IGSS.

Rodríguez López también fue detenido el 9 de septiembre de 2014 y unos meses después, en febrero de 2015, aceptó su culpabilidad en el Juzgado de Tercera Instancia Penal. La judicatura dictó una condena en su contra de tres años de prisión conmutables así como una multa de Q5 mil. Fue sentenciado por el delito de  tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes.

El caso, de acuerdo con los registros del Ministerio Público, estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos y fue consignado en el expediente MP001-2014-84877. 

Rodríguez López dice hoy que prefiere no recordar ese proceso penal, pero asegura que era inocente de los señalamientos. Cuenta que únicamente decidió seguir los consejos de los abogados que los defendieron y por esa razón decidió aceptar su culpabilidad. “Era lo más factible porque si no hubiera pasado demasiado tiempo en ese proceso”“, expresa López.  

El dueño de Prodmedic afirma que su empresa puede seguir fungiendo como proveedora del Estado, pues no tiene ningún impedimento legal. “Muchos diputados, muchos funcionarios, muchos empresarios que han sido condenados tienen empresas que siguen operando. El asunto es personal, eso quiere decir que aunque yo esté en la cárcel, mis empresas pueden seguir trabajando y vendiendo”“, asegura. 

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Edie Cux, presidente de la organización no gubernamental que trabaja por la transparencia en la gestión pública, Acción Ciudadana, lamenta que no haya sanciones administrativas contra proveedores que han dañado instituciones estatales como ocurrió en el caso de Rodríguez López. Para el experto en transparencia y fiscalización de gasto público, el IGSS debió solicitar su inhabilitación como proveedor. 

“El Ministerio de Salud ha sido totalmente deficiente. Resulta absurdo que se compren mascarillas a un precio más caro y realmente no se sabe si estas están llegando a las personas que las necesitan, como los médicos que han protestado en los últimos días. La Contraloría General de Cuentas debe verificar esta situación “, dice Cux. 

Agencia Ocote intentó comunicarse con el ministro de Salud Hugo Monroy para entrevistarlo y tener una postura institucional sobre estas compras, pero no contestó. También llamó y escribió a su comunicadora, Ana Lucía Gudiel, y tampoco se obtuvo una respuesta.

Las otras mascarillas sobrevaloradas

Prodmedic no es la única empresa que ha vendido mascarillas sobrevaloradas. La Dirección del Área de Salud de Chiquimula adquirió mascarillas N95 con un valor de Q60 cada una, al Hospital Centro Médico Santa Ariadna, S. A. La compra fue realizada el 25 de marzo y tuvo un costo total de Q12 mil.  Se buscó una explicación sobre este precio, pero la entidad no respondió.

El 18 de marzo, La Dirección del Área de Salud de Jalapa también adquirió mascarillas N95 sobrevaloradas. En total fueron 200 mascarillas con un precio de Q50 cada una. La empresa favorecida fue Servimedic.  Edgar Gustavo Ortiz Torres, propietario del negocio, afirma que su precio es el que se maneja actualmente en el mercado y que también se basó en el costo con el que fue adquirido a sus proveedores, más el margen de sus ganancias. “Hay un montón de gente que está exportando e importando y no tiene los permisos. Las mías son originales, algunas no son originales“, dice. 

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