La exfiscal general del Ministerio Público (MP) y candidata presidencial del partido Movimiento Semilla, Thelma Esperanza Aldana Hernández, dijo durante su asamblea de proclamación del 10 de marzo, que no existe un precedente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en otro país.

“Guatemala fue el primer país del mundo que pidió asistencia a Naciones Unidas para combatir las estructuras criminales que han secuestrado nuestro Estado y así surgió la CICIG”, aseguró.

Sin embargo, para la creación de la CICIG se consideró la experiencia de una investigación en conjunto desarrollada por El Salvador y la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Salvador pidió ayuda a la ONU en 1993 tras los asesinatos y atentados a líderes políticos en la posguerra y así nació el “Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política”.

Este grupo realizó una investigación de ocho meses encabezada por el gobierno salvadoreño y la ONU, con la asistencia de policías y expertos en investigaciones españoles. No lograron ninguna condena, pero el reporte final reconoció la existencia de los grupos ilegales armados y documentó 25 casos que mostraron enlaces entre ex-paramilitares, redes criminales organizadas, la policía nacional y oficiales gubernamentales.

A partir de las recomendaciones del grupo conjunto, en 1995 se creó el Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO), con la cooperación técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El DICO llevó a cabo investigaciones sobre grupos de exterminio y atentados en El Salvador. En 2001 desapareció, al ser absorbido por la División de Élite del Crimen Organizado, de la Policía Nacional Civil.

Helen Mack, activista de derechos humanos y quien participó el proceso de creación de la CICIG, indicó que se hizo el análisis de la experiencia en El Salvador para crear la comisión en Guatemala. Mack hace referencia al Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo 1994, que incluía la frase, “para mantener un irrestricto respeto a los Derechos Humanos, no deben existir cuerpos ilegales ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos”.

El Acuerdo relativo a la creación la CICIG fue firmado por la ONU y el Gobierno de Guatemala el 12 de diciembre de 2006. La Corte de Constitucionalidad (CC) dio su visto favorable en mayo de 2007 y fue ratificado por el Congreso en agosto de ese año. La creación de la CICIG tenía por objetivo apoyar al MP, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado para investigar los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) y desmantelar estos grupos.