El nuevo intento del MP por extraditar a exfuncionarios y excolaboradores de la CICIG para ser juzgados en Guatemala, por un caso sin fundamento, fue respaldado el 2 de junio …
En resumen
- El Ministerio Público, a través del fiscal Rafael Curruchiche, recibió el respaldo de la Sala Tercera de Apelaciones para girar la orden de captura del excomisionado Velásquez Gómez y otras seis personas.
- Según el Artículo 10 del Acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para la creación de la CICIG, todo el personal de esa comisión cuentan con privilegios e inmunidades que siguen vigentes.
- Para la captura internacional, la Interpol debe emitir una alerta, sin embargo, extraoficialmente se indicó que, como con Sandoval en 2021, tras un análisis del caso se decidió no hacerlo, pues se considera una persecución política.
El nuevo intento del MP por extraditar a exfuncionarios y excolaboradores de la CICIG para ser juzgados en Guatemala, por un caso sin fundamento, fue respaldado el 2 de junio por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones.
Según el fiscal Rafael Curruchiche, los extrabajadores de la CICIG habrían «extorsionado y liderado una red criminal» en el caso Odebrecht.
Este caso considerado por la CICIG como de alto impacto nacional e internacional, evidenció que la constructora Norberto Odebrecht S.A. dio sobornos a funcionarios en diversos países.
Entre ellos en Guatemala al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Aparicio. También fue vinculado a este caso el exdiputado Manuel Baldizón.
Entre los dos habrían recibido US$17.9 millones, según las investigaciones. Sin embargo, el actual MP los ha beneficiado desligándolos del caso y criminalizando a fiscales e investigadores que llevaron el caso.
La jueza Abelina Cruz es quien ha cerrado este caso a favor de los dos políticos señalados por múltiples actos de corrupción.
No pueden detenerlo
La solicitud internacional de captura del excomisionado Velásquez y otras personas, girada por la Sala Tercera, tiene elementos no apegados a la ley. Su aval también muestra el desconocimiento del acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas.
Así lo afirman abogados y los gobiernos de Colombia y Guatemala. Afirman que la intención, de actores pro impunidad, es desacreditar el trabajo de los exfuncionarios de la CICIG.
Con esto desvían la atención de figuras clave de la corrupción en Guatemala como lo son Sinibaldi y Baldizón, se explica.
El acuerdo que blinda a los exCICIG
- El 12 de diciembre de 2006 en Nueva York, EE.UU., el Gobierno de Álvaro Colom y la ONU firmaron el acuerdo de creación de la CICIG que entró en vigencia un año después, ratificado por el Congreso de la República.
- En su artículo 10, se citan los «privilegios e inmunidades» del personal de la CICIG que se mantienen incluso después de culminar su mandato.
- «Esto incluye inmunidad de jurisdicción penal por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones», amplía el exfiscal Sandoval, consultado por Agencia Ocote.
- La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), no condiciona la inmunidad diplomática a interpretaciones subjetivas sobre si el acto fue adecuado o no al mandato, señala Sandoval.
- Solo la ONU, como entidad que nombró a Velásquez, puede determinar si él actuó fuera de su mandato.
- «Guatemala no tiene competencia unilateral para retirar o cuestionar esa inmunidad. Este principio está reconocido por la jurisprudencia internacional», indica Sandoval.
- El abogado guatemalteco Edgar Ortiz, también cuestionó en X «¿Por qué una Sala de Apelaciones gira la orden de captura? El juez natural para decidir sobre los imputados es uno de primera instancia, no una Sala».
- El exjuez, Carlos Ruano, también criminalizado y en el exilio, explicó que «Según el Código Procesal Penal, una orden de aprehensión sólo puede ser dictada por los juzgados o tribunales de primera instancia, los que llevan el control del proceso.
- Las Salas de Apelaciones, «están para conocer de apelaciones, como su nombre lo indica», asegura el exjuez Ruano. Según ambos expertos, «Si lo hacen es prevaricato».
- Tanto el excomisionado Velásquez, ahora embajador de Colombia en el Vaticano, como la fiscal general Luz Adriana Camargo, también cuentan con inmunidad otorgada por su país debido a los cargos que ostentan.
«Pueden presentar un amparo»
Según el vocero del Organismo Judicial (OJ), Ludwin Villalta, el excomisionado Velásquez y otras personas que se sientan afectadas podrían presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Si hay alguien que se vea afectado, podría presentar su recurso extraordinario de amparo para que la CSJ lo conozca», afirma.
Sobre el cuestionamiento que existe, ante la decisión de la sala que ordena las capturas, Villalta afirma que «los magistrados de la sala son maestros de derecho y conocen en primer lugar la ley. Nunca podrían emitir resoluciones contrarias a derecho».
1️⃣ Ayer una Sala de Apelaciones giró órdenes de captura contra Iván Velásquez, ex comisionado de CICIG, hoy embajador de Colombia en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, exfuncionaria de CICIG y ahora fiscal general de ese país. Algunas reflexiones 🧵 https://t.co/BHX1Cc7rRC
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) June 3, 2025
Interpol no emite alertas
Al cierre de esta nota, ninguna alerta internacional de captura contra el excomisionado Velásquez y los demás exfuncionarios ha sido publicada por la Interpol.
Medios colombianos aseguran que la Interpol no hará la publicación de las alertas. El director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, aseguró que el jefe de Interpol se lo confirmó.
El exfiscal Sandoval recordó que en 2021, cuando el MP de Porras también solicitó a la Interpol una alerta roja para su captura, la entidad negó la petición.
En esa ocasión «le dijeron a la FECI que no podían -emitir la alerta- porque advertían que era persecución política», señala Sandoval.
La Interpol es la mayor organización de policía en el mundo, que tiene su sede central en Francia. Este país, como toda la Unión Europea, mantiene una sanción a Consuelo Porras y sus más cercanos colaboradores como actores antidemocráticos.
Gobiernos y las Naciones Unidas
El Gobierno de Bernardo Arévalo también formalizó el rechazo a las acciones del MP. Arévalo indicó que «la fiscal general y jueces asociados a la corrupción han tergiversado el sentido de justicia en Guatemala».
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó en televisión abierta la noche del martes 3 de junio que la fiscal Consuelo Porras y «sus amigos mafiosos» tienen prohibido el ingreso a Colombia.
Petro también lamentó la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a actores sociales, abogados, periodistas y líderes indígenas en Guatemala.
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, también expresó su preocupación por las órdenes de captura contra los exfuncionarios de la CICIG.
A través de una publicación oficial, Guterrez recalcó la inmunidad de los extrabajadores de la CICIG y la obligación que tiene Guatemala de protección y cumplimiento de este mandato.
Ya en 2023, Guterres había advertido al Estado de Guatemala que no podía emitir una orden de captura en contra de Iván Velásquez y demás funcionarios del extinto ente investigador.
