El nombre de María Consuelo Porras Argueta de Porres no estuvo en la primera nómina de candidatos para fiscal general en las elecciones de 2026. Tampoco en la segunda, a …
El nombre de María Consuelo Porras Argueta de Porres no estuvo en la primera nómina de candidatos para fiscal general en las elecciones de 2026. Tampoco en la segunda, a pesar del amparo para repetir la votación que la Corte de Constitucionalidad concedió a Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo.
Si todo sigue el rumbo que debería, Gabriel García Luna —el fiscal nombrado por Bernardo Arévalo— tomará posesión el 17 de mayo de 2026 y Consuelo Porras se irá entonces del Ministerio Público (MP).
Se estima que dejará una institución desmantelada. Con la carrera fiscal debilitada y decenas de personas criminalizadas a lo largo de sus ocho años de gestión.
Porras también deja tras de sí otros cuestionamientos: despidos de dudosa legalidad y casos de abusos laborales.
La justicia como arma antojadiza
Primero fueron extrabajadores del Ministerio Público que habían investigado casos de corrupción e impunidad. La administración de Porras abrió decenas de casos penales en su contra.
Aunque no fueron los únicos criminalizados. Muy pronto se expandió fuera de sus dominios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que durante su gestión se ha criminalizado a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y del territorio y opositores políticos.
«Elimino a quien considero mi enemigo político o quien se opone a mis intereses de poder», explica David Gaitán, exmandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La administración de Porras criminalizó a Gaitán, quien hoy vive en el exilio.
Ante la falta de un registro oficial de las personas criminalizadas, las cifras varían. Brenda Guillén, coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), explica que los datos dependen de la conceptualización.
«La mayoría entienden la criminalización como el uso indebido del derecho para generar una orden de captura. Pero, desde Udefegua concebimos el proceso partiendo de un discurso de odio, la estigmatización, difamación. Va escalando, luego genera una orden de captura, una detención arbitraria», describe Guillén.
La experiencia de la Udefegua da cuenta de que la criminalización desde el MP se registra antes de Consuelo Porras. Pero se agudiza en su administración.
Despidos masivos
La criminalización fue la cara visible de una realidad que esconden las paredes del Ministerio Público.
Del 2018 al 2025, durante la administración de Consuelo Porras, el MP despidió a 571 trabajadores. Los años con más despidos fueron el 2023 (135 despidos) y 2025 (110).
Los datos —obtenidos a través de información pública— demuestran que en los últimos 20 años, los picos más altos de despidos han sido durante la administración de Porras.
Entre las 571 personas despedidas, están los jefes de las secciones de desarrollo de personal, eventos de cotización y licitación, sistema integrado de gestión, oficina de información, sección de evaluación, contabilidad y tesorería.
Además de los jefes, hay destituciones a coordinadores del área legal victimológica, procedimientos disciplinarios, recopilación de datos de campo, sistema y comunicaciones, área de desarrollo y producción y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).
Casi la mitad de las personas despedidas eran personal encargado de investigar y litigar casos. En la gestión de Porras se reportaron 275 integrantes del personal fiscal destituidos.
En febrero de 2026, Agencia Ocote solicitó información sobre las destituciones de los trabajadores, pero el MP la negó. Negó la información bajo el argumento de que contenía datos personales. Aunque en noviembre de 2025 entregó a Agencia Ocote el acuerdo de remoción del fiscal Edgar Gómez. Gómez logró la sentencia del Caso Hogar Seguro y quien fue despedido sin una causa disciplinaria específica, según la documentación revisada.
Ante la negativa de acceso a la información pública, no se pudo comprobar cuántas de las 571 personas fueron despedidas sin justificación.
Pero se puede tener una panorámica a través de un estudio en el que, en 2025, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y la Alianza por las Reformas hicieron un análisis del desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras.
El documento establece que de 105 fiscales destituidos entre 2021 y 2025, solo 20 fueron removidos a través de un proceso disciplinario formal. Los 85 restantes fueron destituidos sin causa justificada.
En su lugar, Porras colocó a personas afines a ella en puestos claves dentro del Ministerio Público.
O conmigo, o contra mí
En los pasillos del MP, el temor era constante. Cuatro trabajadores activos y dos extrabajadores hablaron con Agencia Ocote con la condición de no revelar su identidad. Contaron sobre fiscales y personas en cargos de direcciones que fueron despedidos después de oponerse a firmar un documento en el que se prometía fidelidad a la fiscal general Porras.
Agencia Ocote trató de conseguir este documento. Tanto empleados como exempleados explicaron que no se quedaron con una copia del mismo. Tampoco lograron hacer una fotografía ya que, al entrar al despacho de la fiscal general —a firmar el documento— no se les permitía ingresar celular.
Empleados también refieren que oponerse a una instrucción —o simplemente cuestionarla— se volvió una causa de despido. Según los testimonios recabados, algunas instrucciones se apartaban de los resultados técnicos de investigaciones, y habrían buscado perjudicar o beneficiar a determinadas personas, según lo dispusiera la fiscal general.
«Los últimos cuatro años han sido una zozobra. Desde que se implementaron los despidos masivos, nadie ha tenido paz. Todo el mundo al que le llaman de la planta del Ministerio Público piensa que lo van a destituir», dice uno de los trabajadores.
Los empleados consultados por Agencia Ocote coinciden en que existe temor a represalias por decisiones que tomen. Compartir en su estado de WhatsApp una publicación o una caricatura adversa a Porras; pronunciarse a favor de las manifestaciones durante el Paro Nacional de 2023; o tener relación con periodistas que cuestionan al Ministerio Público se ha convertido en un riesgo.
Juan Francisco Sandoval fue uno de los primeros fiscales en vivir este tipo de despidos. El 23 de julio de 2021, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fue notificado de su destitución por objetar por escrito una instrucción verbal de la fiscal general. En el acuerdo de destitución al exfiscal se le clasifica como «personal de confianza».
«Ella lo que quiere es vasallos», cuestiona Virginia Laparra, exfiscal de la FECI, que pasó por prisión y hoy está en el exilio. «En el momento en que no quieren hacer todo lo que ella dice, los desecha. Es una dinámica bastante enfermiza», reflexiona.
Laparra relata que previo al despido de Juan Francisco Sandoval, que entonces era su jefe, la fiscal general le ofreció a ella el cargo. Pero Laparra se negó. «Me dijo: “Si usted no está conmigo, está en contra de mí”. Y de ahí se apuntaron a la criminalización en mi contra».
La carrera fiscal destruida
Sandoval sostiene que, cuando Porras empezó a realizar despidos en forma directa e injustificada, violó la ley en forma reiterada y destruyó completamente la carrera fiscal.
«La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla la carrera profesional. Los empleados que pertenecen a la carrera fiscal ingresaron por un concurso de oposición. Realizaron pruebas. Según esa misma ley cualquier destitución debe ser precedida de un procedimiento administrativo», dice Sandoval.
Claudia González, abogada con experiencia en casos de corrupción e impunidad, asegura que «se había invertido en años de capacitaciones y había gente del MP altamente capacitada».
«Hubo una inversión por parte del Estado y de la comunidad internacional para que la institución funcionara. Venía en un desarrollo, no como el deseado, pero venía haciendo cambios. De un brochazo se borró todo», lamenta González, también criminalizada. La administración de Porras abrió un caso en su contra por abuso de autoridad, aunque nunca fue funcionaria pública.
En el título V de la Ley Orgánica del Ministerio Público, desde el artículo 60 hasta el 81, la norma explica las faltas y los procedimientos de sanción para los trabajadores de la institución.
Carlos Sacalxot es abogado y notario y desde hace 50 años se dedica a la defensa de los derechos de los trabajadores. Analiza la situación y explica que si un trabajador tuvo una carrera administrativa —es decir que entró por un concurso de oposición— esto le da el carácter de ser un trabajador permanente.
«Mi criterio es que si un trabajador llega a ejercer un cargo de confianza, pero ha transitado por un concurso de oposición y al haber ganado este concurso de oposición, la misma ley establece que se deben respetar los derechos adquiridos», dice Sacalxot.
Agrega que el problema es que la ley siempre está sujeta a la interpretación y en muchos casos se sesga para obedecer a cuestiones políticas.
Los costos de los despidos
Los despidos también afectaron los recursos de la institución. Los trabajadores han acudido a la vía legal y al momento de ganar el litigio, obtienen su reinstalación. Además, el MP debe pagar los sueldos que se dejaron de percibir durante el tiempo que no se trabajó tras los despidos.
El estudio del Instituto de Estudios Comparados constató por medio de solicitudes de información pública que durante la gestión de Consuelo Porras el MP ha pagado Q35,517,763.06 por 56 trabajadores reinstalados con orden judicial, que fueron despedidos en el tiempo de Porras y de otras fiscales generales. Los casos contra el MP, los ganaron en los juzgados de trabajo y previsión social.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Trabajo, entre enero de 2018 y junio de 2025, recibió al menos 74 denuncias en contra del Ministerio Público, entre las quejas estaban los despidos, malos tratos y represalias. La mayoría de los casos están en trámite. En el caso de los despidos, los trabajadores también pueden acudir directamente a los juzgados de trabajo para iniciar un proceso legal.
Claudia Gonzaléz recuerda que los procesos laborales no obtienen una sentencia inmediata. La reinstalación de muchos trabajadores despedidos por Porras ocurrirá con el nuevo fiscal general, lo que puede comprometer el presupuesto futuro por lo que se tendrá que pagar a las decenas de trabajadores despedidos injustificadamente.
Estas irregularidades han pasado bajo la mirada de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC). En 2026, la abogada defensora de derechos humanos, María Eugenia Solís García presentó un oficio a ambas instituciones para solicitar su intervención por los millones de quetzales que está gastando la institución a causa de la reinstalación de trabajadores por despidos ilegales.
Agencia Ocote consultó a los departamentos de comunicación social de la PGN y de la CGC, al cierre de esta edición, no habían dado una respuesta.«Esto es grave en tema de recursos. Las consecuencias de todos estos casos de despidos le van a venir al próximo fiscal», destaca González.
Sacar ventaja de un pacto
En 2021 se registró en el Ministerio de Trabajo el último Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores. Los empleados lograron una serie de beneficios económicos a través de bonos y aumentos salariales. «Como patrona», dicen algunos trabajadores, Consuelo Porras «no funciona mal»
Pero los beneficios pecuniarios no dignificaron del todo a los trabajadores del MP. Y para algunos dio pie a las destituciones arbitrarias. Así le pasó a Hilda Pineda y Wendy Ordóñez, dos de las fiscales afectadas.
En ambos casos el pacto colectivo abrió una puerta a su destitución sin un proceso disciplinario.
Previo al despido, Pineda fue trasladada de la Fiscalía de Derechos Humanos —donde investigó y litigó casos emblemáticos de justicia transicional— a la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros. En la evaluación de gestión de 2021 obtuvo la nota máxima de 100 puntos.
Ordoñez también fue destituida sin tener faltas en su trabajo. Durante su carrera fiscal, es recordada por dirigir la Unidad de Métodos Especiales (UME) que fue relevante para las investigaciones de la Feci y la Cicig.
Sus despidos se dieron porque fueron consideradas como «personal de confianza», basándose en lo dispuesto en el pacto colectivo.
En el artículo 37, el pacto incorporó los puestos de libre nombramiento y remoción.
Establece que serán considerados como puestos de confianza y de libre nombramiento y remoción una serie de cargos. Entre ellos, los jefes y subjefes de departamentos y unidades (como Pineda y Ordóñez).
Sacalxot, el abogado experto en derecho laboral, explica que hay dos asuntos distintos: ser trabajador de confianza y estar en un puesto de libre nombramiento y remoción.
«El trabajador de confianza puede ser una persona que ha transitado por un concurso de oposición y llega a estar en un puesto de confianza, pero eso no determina que sea de libre nombramiento y remoción, porque el de libre nombramiento y remoción es nombrado a dedo por meritocracia o razones políticas», dice Sacalxot.
Agrega que, al confundir el puesto de confianza y de libre nombramiento y remoción, la ley deja defender los derechos de los trabajadores.
El pacto colectivo señalado por fuentes como base para destituir personal sin un proceso disciplinario previo , tiene una vigencia de 30 meses a partir de su suscripción. Venció en septiembre de 2023. Sigue funcionando porque el mismo documento establece que si no se denuncia continuará en vigencia.
Agencia Ocote solicitó información pública para conocer si hay una nueva negociación en relación al pacto colectivo, pero fue negada por el MP. También consultó al departamento de Comunicación Social del Ministerio Público para conocer una explicación de la institución sobre los despidos injustificados, el uso del pacto colectivo para estos, los señalamientos de los trabajadores en contra de la fiscal general Consuelo Porras y la razón por la que su administración había registrado los números más altos de despidos de personal del MP en los últimos 20 años.
María José Mansilla, vocera del MP, respondió a este medio por mensaje de texto que, «las decisiones administrativas y laborales adoptadas por la institución se realizan con estricto apego al principio de legalidad, al debido proceso y a la normativa aplicable». Agregó que los pactos colectivos no son decisiones unilaterales, sino acuerdos entre ambas partes.
Las tareas del nuevo fiscal: cómo recuperar la carrera fiscal y la confianza del MP
Analistas consultados coinciden en que lo primero que debe hacer García Luna como nuevo fiscal general es tener un diagnóstico claro sobre la situación del Ministerio Público. Sobre la criminalización, David Gaitán señala que es necesario saber cuántas personas están criminalizadas.
«Que revisen todos los casos de criminalización y al hacer un proceso de depuración se podrán percatar sobre la cantidad de montajes que hay. Y no solo destrabar los casos de criminalización en favor de las víctimas, también quién deberá de asumir la responsabilidad por la manera en que fueron gestionadas esas investigaciones o fue realizada la persecución», dice Sandoval.
Claudia Gonzalez recomienda revisar con qué personal cuenta el MP. Según considera, aún hay fiscales con experiencia y voluntad para hacer un buen trabajo, aunque deben revisarse puestos clave, sin olvidar a las personas de confianza de Porras.
Ana Lorena Delgadillo, del Panel de Personas Expertas Independientes —un grupo de profesionales que analiza y evalúa procesos de elección—, resalta que el nuevo jefe del MP deberá tener un buen equipo de personas comprometidas con la confianza y la democracia.
«Va a ser muy importante que se haga una revisión del sistema de control y disciplinario interno. Saber cómo se harán todos estos procedimientos en un marco de respeto de los derechos laborales», dice Delgadillo. «Equipos de mucha confianza que a la vez puedan ir generando confianza en el interior y hacia afuera», dice Delgadillo.
De acuerdo con los expertos, para poner la mirada en el tema de impunidad, el nuevo fiscal general también deberá revisar expedientes de personas implicadas en casos de corrupción que fueron beneficiadas por la administración de Consuelo Porras, para determinar cuáles quedaron firmes y en cuáles aún se puede accionar legalmente para impugnarse.
«El Ministerio Público es una institución que todos los días tiene que estar funcionando», concluye Delgadillo. «Le va a tocar funcionar entre la emergencia y lo que tiene que ir reformando, al mismo tiempo».
