En 2024 visité Sololá para entender la situación del lago de Atitlán como parte del especial periodístico La última gota. Durante mi visita, un grupo de investigadoras me explicó que …
En 2024 visité Sololá para entender la situación del lago de Atitlán como parte del especial periodístico La última gota. Durante mi visita, un grupo de investigadoras me explicó que la contaminación no solo afecta al lago. Está también en los servicios de agua de los municipios de la cuenca.
«Cuando viajo a Panajachel, incluso utilizo agua embotellada para cepillarme los dientes», dijo una de ellas. Con esa conversación, entendí que el agua puede estar contaminada aunque se vea clara o no tenga mal olor.
Dos años después, recordé esa conversación cuando leía los resultados de la Encuesta Nacional de Desarrollo Humano (Endesa). El estudio encontró que, en Guatemala, más de la mitad de la población consume agua de una fuente contaminada por E. coli, un indicador de la presencia de heces fecales.
Sololá ni siquiera es uno de los departamentos más afectados —ahí el problema afecta al 44% de la población—. En Huehuetenango, por ejemplo, ocho de cada diez personas consume agua contaminada por heces fecales.
Los resultados de la Endesa también muestran la desigualdad. En territorios urbanos hay infraestructura para clorar el agua y tratarla. En zonas rurales el abandono estatal se traduce en agua de peor calidad y mayores índices de pobreza.
Las encargadas de atender este problema son las municipalidades. Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) también reciben fondos para ejecutar proyectos que garanticen el acceso a agua limpia.
Sin embargo, aunque en febrero de 2026 el gobierno anunció un presupuesto de Q6,312.1 millones para obras de infraestructura para sistema de agua potable, alcantarillado, tratamiento de desechos sólidos y saneamiento, la ejecución permanece baja.
Frente al abandono estatal, algunas personas podemos decidir sobre el agua que consumimos. Como la investigadora con la que conversé, podemos, por ejemplo, beber agua embotellada o filtrada y utilizar agua clorada para ducharnos o lavar los platos.
Pero, ¿qué pasa con quienes no pueden hacerlo? ¿Qué sucede con las personas que caminan horas para obtener agua de un riachuelo ya contaminado? ¿Quién responde por las enfermedades que niños y ancianos obtienen después de tomar agua contaminada?
Todas esas preguntas me siguen dando vueltas después de trabajar el tema que publicamos hace unos días:
