Un hombre de traje oscuro, con saco, pantalón y corbata está sentado en una mesa frente a 15 personas acomodadas en sillas negras y mesas de manteles blancos. Durante 23 …
Un hombre de traje oscuro, con saco, pantalón y corbata está sentado en una mesa frente a 15 personas acomodadas en sillas negras y mesas de manteles blancos. Durante 23 minutos es el centro de atención.
Se toma de la mesa para impulsar su silla hacia adelante, toma entre las manos los documentos que lleva consigo y comienza a hablar frente a un micrófono.
Néctor Guilebaldo De León Ramírez es uno de los aspirantes a dirigir el Ministerio Público y las 15 personas son los integrantes de la comisión de postulación que lo evalúan. Es 7 de abril de 2026 y estamos en el proceso de entrevistas a los candidatos a fiscal general.
Lo primero que menciona De León, el primer punto de su plan de trabajo, llega rotundo: transformar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El candidato considera que ha variado en sus funciones.
La FECI fue creada en 2008, para trabajar mano a mano con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y durante unos años lideró algunos de los casos de corrupción más sonados en Guatemala. Pero, desde que Consuelo Porras destituyó a su jefe, Juan Francisco Sandoval, y el fiscal Rafael Curruchiche tomó el relevo, la unidad se ha dedicado a criminalizar a periodistas, activistas y operadores de justicia.
De León asegura que, si llega a fiscal general, creará una fiscalía para investigar la corrupción en el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil.
La propuesta pareciera seguir la línea de las demandas de sociedad civil: depurar la Fiscalía desmantelada por la administración de Porras. Pero Néctor de León no es el candidato que las organizaciones sociales respaldan.
Para Lissette Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Myrna Mack, la propuesta del candidato es una forma de llamar la atención. «Son cuestiones más politiqueras, sin una base técnica. Es irresponsable que esté proponiendo cambios así tan radicales y que no guarden sustento. Hay que tomar primero el estado de las cosas. Hay instancias a lo interno del Ministerio Público que ya tienen esas herramientas», señala Vásquez.
De hecho, cuando De León hizo su propuesta, el comisionado Julio Cordón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, cuestionó que habría una duplicidad de funciones: ya hay una unidad con esa función; la fiscalía contra la corrupción.
En esa misma línea, César Vega, sociólogo y coordinador de la organización Acción Ciudadana, analiza el planteamiento y lo ve al estilo de los políticos tradicionales: los que ofrecen cosas que no son necesariamente viables.
La experiencia de Néctor de León en el MP
Con 76 años, De León es la persona de más edad de los candidatos a fiscal general. Es el único que ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Incluso llegó a ser fiscal general en funciones, en 2003, por ausencia temporal del Fiscal General, cubrió la plaza de Carlos David de León Argueta. En su carrera judicial ha ganado experiencia, pero también señalamientos por resoluciones judiciales cuestionables..
Su extensa hoja de vida incluye 34 años de ejercicio profesional. En el MP, antes de ocupar ese cargo de fiscal general interino, trabajó casi una década como agente fiscal y fiscal de distrito en las fiscalías de Totonicapán, Quetzaltenango, Malacatán, Sacatepéquez y la Metropolitana. También fue coordinador de la Unidad de Impugnaciones, de 2004 a 2012.
De León fue magistrado de la Corte de Apelaciones y también fue suplente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este fue su último cargo público.
A partir de ahí, su currículum vitae está en pausa. Desde 2023, no registra más actividad laboral.
Esta no es la primera vez que busca el cargo de fiscal general. También se postuló en 2022. Entonces, también logró llegar a la nómina final, en la elección en la que Consuelo Porras fue reelecta en el cargo.
Ahora, de nuevo en la nómina, aspira a sentarse en el lugar que Porras deberá dejar el 17 de mayo. Con 11 votos a favor, De León fue el último candidato en colarse en el listado final. Fueron necesarias cuatro rondas.
Sus resoluciones cuestionables como magistrado
Néctor de León no está entre los perfiles que organizaciones consideran adecuados para el cargo. El principal motivo está en sus resoluciones, las que la sociedad civil considera que han dañado su honorabilidad y lo hacen parecer un riesgo.
Una de estas alertas tiene que ver con las resoluciones que emitió durante los nueve años como magistrado presidente de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, y los siete como suplente de la Corte Suprema de Justicia.
En marzo de 2019 la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal resolvió confirmar la decisión del juez Mynor Moto de no ligar a proceso al exdiputado Orlando Blanco por financiamiento electoral ilícito.
Blanco había sido acusado por la Fiscalía de Delitos Electorales por supuestas anomalías en donativos que recibió la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Como magistrado suplente de la CSJ, De León también avaló la resolución para declarar con lugar la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras y José Francisco De Mata Vela.
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«Buscaban debilitar una Corte de Constitucionalidad como fue la de Mata Vela y Gloria Porras», explica Lissette Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Myrna Mack. «Era para retomar el control de esa corte y él se prestó para encaminar los antejuicios. Es alguien que no pareciera estar del lado objetivo de la de la ley, sino probablemente respondiendo a ciertos intereses»,
Vásquez no es la única que desconfía. César Vega, de Acción Ciudadana, centra su atención en el riesgo que representa este antecedente en la candidatura de De León.
«Puede ser alguien que continúe con esa práctica. Beneficiarse para unos casos y llevar otros que no tengan sustento técnico por temas políticos», dijo Vega.
Otro de los cuestionamientos surge de haber perjudicado con sus resoluciones a operadores de justicia criminalizados por la gestión de Consuelo Porras. En septiembre de 2022, la Sala Cuarta de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor de Aliss Noemí Morán y Paola Escobar, exintegrantes de la antigua FECI. Lo que las hizo regresar a prisión. Ambas habían sido señaladas por un acusado del caso comisiones paralelas 2020.
Vásquez hace énfasis en que este tipo de resoluciones, que considera lesionaron a operadores de justicia que cumplieron con su trabajo de buena manera, provocan la desconfianza hacia De León. Algo con lo que Vega está de acuerdo.
«Esta persona – el nuevo fiscal general – debe tener credibilidad ante todos los sectores y no solo ante unos. Porque el Ministerio Público ahora es una de las instituciones más cuestionadas, en las que menos confía la ciudadanía y eso es problemático en un modelo de Estado como el que tenemos», dijo Vega.
De León tuvo dos solicitudes de antejuicio para que perdiera su inmunidad, ambas de 2018. No procedieron, ya que fueron rechazadas.
La tacha y la excusa
En el 2022 cuando De León se postuló por primera vez para fiscal general, durante el proceso recibió una tacha. De acuerdo con los registros del Movimiento Pro Justicia, la colocó la Fundación Contra el Terrorismo, por la resolución en la que De León benefició al exdiputado Orlando Blanco.
Meses después, De León se excusó de conocer un caso de antejuicio en contra del juez Carlos Ruano, quien había sido criminalizado por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruíz.
La Corte Suprema de Justicia nombró a De León como juez pesquisidor, pero él presentó una excusa, alegando una supuesta enemistad con el abogado de la Fundación contra el Terrorismo, Raúl Falla.
Según relata a Agencia Ocote Carlos Ruano, la FCT había hecho publicaciones en redes sociales descalificando a De León y dudando del trabajo en las diligencias. Eso llevó al magistrado a presentar la excusa.
«Lo vi como una decisión que encuentran algunos juzgadores para no conocer procesos, por no sentirse plenamente independientes o con el carácter para llevar a cabo un trabajo independiente», dice Ruano.
Considera que es «una manera de evadir esa responsabilidad que tienen. Si la Fundación Contra el Terrorismo empezó a hacer comentarios de él o a descalificarlo, una actitud más seria, más profesional, hubiera sido la de seguir al frente».
Contratos que suman Q463 mil por docencia
En su CV, De León Ramírez incluye su experiencia como profesor de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Según Guatecompras, en nueve años, de 2014 a 2023, firmó 20 contratos que suman en total Q463,150. En el último año cobró Q25,425 por un curso a su cargo durante tres meses.
En 2023, luego de impartir por 10 años clases en cursos como «medios de impugnación», «política criminal» y «derecho penal, De León dejó la docencia de posgrado.
Además de ser docente, De León ha acumulado títulos académicos. Tiene el cierre de pensum en un doctorado en Derecho Constitucional, es máster en derecho penal y procesal penal y tiene diplomados en derecho constitucional, pluralismo jurídico y derechos humanos.
«Capacidades puede tener», considera Lissette Vásquez. «Pero en el plano de la honorabilidad ha demostrado en sus resoluciones haberse apegado a una alianza perniciosa», cuestiona.
«Provoca dudas serias al respecto de un posible rol desde el Ministerio Público. Entre la idoneidad y la honorabilidad es donde tiene muchas más cuestiones que le juegan en contra», concluye Vásquez.
Redacción: María José Longo Bauitsta
Edición: Carmen Quintela
Fotos: Christian Gutiérrez
Diseño: Oscar Donado
