Durante mucho tiempo, una joven universitaria evitó denunciar al hombre que la acosó sexualmente. Quería mantener distancia, porque su principal objetivo era terminar la universidad, pero el agresor también era …
Durante mucho tiempo, una joven universitaria evitó denunciar al hombre que la acosó sexualmente. Quería mantener distancia, porque su principal objetivo era terminar la universidad, pero el agresor también era su catedrático.
Durante meses la joven guardó silencio. Cuando una amiga la animó a denunciar a nivel administrativo, se dio cuenta que la queja sería tramitada por las autoridades universitarias que conocían al profesor.
Su testimonio anónimo fue recopilado en la investigación Trayectorias y experiencias de denuncia frente al acoso sexual en las universidades, por la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas (RISE).
Ante la falta de apoyo que la joven enfrentó, desistió de llevar el caso a otras instancias como el Ministerio Público, por temor a perder la beca que le permitía continuar sus estudios.
Este caso refleja algo común para cientos de mujeres que no denuncian la violencia que sufren, porque según datos recopilados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Bienestar del Hogar (ENCABIH): viven bajo un sistema donde se minimiza y se normaliza la violencia; se les culpa y se les hace sentir vergüenza por las agresiones; también porque no saben cómo y dónde denunciar.
Femicidios y muertes violentas se incrementan
En 2025, a nivel nacional el Ministerio Público registró 206 femicidios, una cifra superior a los 180 casos que documentó en 2024. Sin embargo, este aumento no puede leerse únicamente como un repunte estadístico.
Durante los últimos diez años, entre 2015 y 2025, el registro del MP ha variado. En el 2015 se reportaron 231 femicidios, la cifra más elevada en la década.
Aunque en los años posteriores se observó una tendencia a la baja, con su punto más bajo en 2020, con 132 casos, a partir de 2021 nuevamente hubo un repunte hasta llegar a 206 femicidios en 2025.
Para Andrea Monterroso, politóloga e investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es fundamental entender qué hay detrás de estos números.
«Es necesario aclarar que se considera femicidio a la muerte de una mujer por razones de género, pero sobre todo, es el resultado de una relación de poder desigual».
Monterroso plantea claves para entender el aumento en 2025. Una de ellas es una mejora en la capacitación de los fiscales para la clasificación de los casos. En años anteriores, algunos hechos que hoy se registran como femicidios podían ser clasificados como homicidios comunes.
En el desglose de muertes violentas de mujeres en 2025, una de cada tres fue clasificada como femicidio.
Según datos del Índice de Denuncias de Delitos y Situación del Femicidio en Guatemala de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, desde que se creó el delito de femicidio en 2018 hasta finales de 2025, un total de 3,314 mujeres murieron por esa causa.
Ese dato contrasta con el número de hombres condenados por ese delito en el mismo período, únicamente 848.
Sobre los contextos donde se cometen frecuentemente los femicidios en el país, Monterroso explica que a nivel general pueden identificarse dos. El primero está asociado al crimen organizado o pandillas. «Un ejemplo de esto son las mujeres parejas o familiares de un hombre que sea integrante de alguna pandilla».
La analista indica que el otro, y el más común, es el femicidio íntimo. El cual ocurre cuando la víctima tuvo o mantiene algún tipo de relación con el agresor, como pareja, esposa, novia o conviviente. En la mayoría de estos casos, el crimen se relaciona con dinámicas de celos, control y desigualdad de género dentro de la relación.
A nivel territorial, la explicación del incremento de femicidios también estaría asociada al crecimiento de dinámicas de violencia contra las mujeres en estructuras criminales, particularmente en territorios como Chiquimula y Escuintla.
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) destacan que esos dos departamentos se encuentran entre los que reportan mayores índices de violencia durante la última década, con repuntes durante la pandemia de COVID-19.
Durante 2025 Chiquimula registró la tasa más alta de femicidios, con 12.5 casos por cada 100 mil mujeres, seguido de Escuintla, con 8.49 casos por cada 100 mil mujeres, según datos del Ministerio Público y del INE, recopilados por el CIEN.
«En Escuintla, el fenómeno se relaciona en gran medida con la presencia de pandillas», añade Monterroso.
Señala que en Chiquimula los casos parecen estar más asociados a dinámicas de violencia de pareja y patrones culturales vinculados al machismo, donde predominan roles de género que colocan a las mujeres en una posición de subordinación, lo que puede derivar en situaciones extremas de violencia que terminan en femicidio.
Sobre el seguimiento a los casos por parte del MP, durante 2025 se registraron 89 casos archivados de femicidio, 51 casos desestimados y 86 sentencias.
Monterroso destaca que a diferencia de la desestimación, que sí cierra por completo la posibilidad de continuar con el proceso, el archivo deja abierta la puerta a retomar la investigación.
La cantidad de casos archivados también se relaciona con actualizaciones en el sistema operativo de la fiscalía, lo que permitió ordenar y depurar casos. Además, la carga de trabajo de los fiscales influye en esta dinámica, ya que deben priorizar y avanzar con nuevos procesos, lo que puede derivar en el archivo temporal de algunos expedientes.
Disminución de denuncias, una tendencia
Según Karla López, investigadora de Diálogos, se estima que solo el 9% de las mujeres que experimentan violencia denuncian. Es decir, el 90% de los casos queda fuera de las estadísticas oficiales.
El dato que refiere la investigadora lo evidencia la ENCABIH de 2023, que establece que 48.8% de las mujeres consultadas que han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, solo el 9% ha presentado al menos una denuncia.
Esto transforma la lectura de las cifras, ya que no reflejan la magnitud real de la violencia, sino únicamente la parte que es visible a través de la denuncia.
Los datos del informe Tendencias y Patrones de la Violencia Contra la Mujer de Diálogos también evidencian que entre el 2015 al 2025, la tasa de denuncias de violencia contra la mujer registró su nivel más bajo de los últimos diez años.
Por ejemplo, en 2022 la tasa registrada fue de 569, mientras que en el 2023 fue de 521 y en el 2024 de 580 por cada 100 mil mujeres.
En 2025, Diálogos registró 36,947 mujeres víctimas de violencia, con una tasa de 402.2 por cada 100 mil mujeres.
Las cifras, aunque son muy elevadas, muestran que en 2025 la tasa fue la más baja.
En 2025, el Ministerio Público registró un total de 36,947 mujeres víctimas de diversos tipos de violencia: psicológica, física, sexual y económica, las cuales equivalen a 17 denuncias al día según el Observatorio de las Mujeres del MP.
Violencia psicológica, la más denunciada
En las denuncias registradas en 2025, la violencia psicológica sigue siendo la más frecuente con el 53% de la denuncias, seguida por la violencia física del 45%, el 1% por violencia sexual y el 1% por violencia económica.
Este patrón se ha mantenido desde el 2009, según datos de la Fiscalía.
Para la psicóloga Gabriela Monroy, especialista en acompañamiento psicoterapéutico para mujeres adultas, es importante entender que cuando se cruzan datos, no todos los casos de violencia física y femicidios estuvieron precedidos por denuncias de violencia psicológica, y tampoco todos los casos de violencia psicológica derivan en un femicidio.
Para Monroy una de las posibles explicaciones que la denuncia psicológica sea la más frecuente en las denuncias de las mujeres que sufren violencia, es que cada vez más mujeres logran identificar comportamientos que antes se consideraban normales dentro de las relaciones sociales.
«El objetivo de la violencia psicológica es controlar el comportamiento, dominar. Para eso hay muchas maneras: debilitar la autoestima, generar dependencia emocional o aislar de las redes de apoyo», detalla.
Además, advierte que este tipo de violencia suele crear las condiciones para que se ejerzan otras formas de agresión. «La violencia psicológica es, por excelencia, la que va a crear las condiciones para poder seguir violentando de otras maneras, de manera económica, física y así sucesivamente», explica.
Víctimas de violencia son mayoría jóvenes
El rango de edad de las víctimas de violencia psicológica y física donde destaca la violencia sexual, es entre 18 a 35 años aproximadamente según los datos registrados por Diálogos.
Sobre agresión sexual, en el año 2025 se contabilizaron 9,649 víctimas. La violación representó el 60% de los casos (5,834 víctimas), seguida de la agresión sexual con el 29% (2,839 vícitimas). Fue el 7% menor a 2024.
Karla López señala que la violencia sexual se ve reflejada en los embarazos en niñas y adolescentes. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), se registraron 2,101 nacimientos en madres de 10 a 14 años, durante el 2025, el cual refleja un aumento del 8% en comparación a 2024.
Paula Barrios de Mujeres Transformando el Mundo, indica que contrario a la idea de que estos hechos ocurren en espacios públicos o con desconocidos, en la mayoría de casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima. Entre ellos, parejas, exparejas, familiares, conocidos o líderes de comunidades.
Mujeres indígenas las que menos denuncian
Los datos registrados por el MP sobre la pertenencia étnica de las víctimas de violencia señalan que el 41% son ladinas, el 13% maya y el 0.2% corresponde a otros pueblos indígenas.
Deysee Cottom, de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia (AMMI) explica que la menor cantidad de denuncias de violencia por parte de mujeres indígenas responde a una combinación de factores familiares, comunitarios y estructurales.
Indica que muchas enfrentan dependencia económica de sus parejas y presión social dentro de sus comunidades, donde denunciar a un agresor puede ser mal visto.
Añade que cuando una mujer indígena denuncia a su esposo, puede generar sanciones morales por parte de la familia y la comunidad.
También señala que el acceso a la información y al sistema de justicia es más limitado en comunidades indígenas, lo que dificulta presentar denuncias.
Además, atribuye el factor de la desconfianza hacia las instituciones lo que influye en la decisión de no denunciar. «Para que las mujeres podamos denunciar con más seguridad, tenemos que confiar en los funcionarios públicos que dan esa primera atención».
También señala la necesidad de más información sobre las distintas formas de violencia, ya que muchas se han normalizado (como la psicológica y económica), así como de contar con atención con pertenencia cultural, libre de racismo y discriminación, e incluir servicios en idiomas indígenas que faciliten a las mujeres acceder a la justicia.
Aunque los 41% muestran mayor proporción de mujeres ladinas entre las denunciantes, las analistas consultadas concuerdan en que esto no significa que sufran más violencia a comparación de las mujeres indígenas. Más bien, refleja quiénes tienen mayor acceso a denunciar.
Además señalan que existen vacíos al momento de registrar la información como: falta de datos sobre relación víctima-agresor, ausencia de variables sobre contexto del crimen, limitaciones de capacitación del personal encargado para clasificar femicidios, en muchos casos no se registra el grupo etnolingüístico de pertenencia, lo que limita el análisis.
Los cambios para transformar esa realidad
Aunque el aumento de femicidios y la baja proporción de denuncias evidencian algunos vacíos institucionales determinantes, las especialistas coinciden en que los cambios que hacen falta no se pueden delimitar únicamente a la persecución penal.
Prevenir la violencia contra las mujeres requiere intervenciones más amplias e integrales que incluyan educación, atención temprana, acceso a información y fortalecimiento de redes comunitarias.
Aunque en los últimos años se han fortalecido unidades especializadas dentro del Ministerio Público y se han impulsado procesos de capacitación para fiscales y operadores de justicia en la identificación y clasificación correcta en la categoría de femicidio; también se han desarrollado iniciativas desde la sociedad civil y comunidades para acompañar a las víctimas y promover la denuncia.
Sin embargo, las analistas insisten en que aún faltan cambios estructurales para mejorar el acceso a la justicia en territorios rurales, garantizar atención con pertinencia cultural e idiomas indígenas, fortalecer la prevención desde las escuelas y reducir la impunidad.
Sin estas transformaciones, muchas mujeres seguirán enfrentando un sistema que no siempre les garantiza protección ni confianza para denunciar.
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera y Carmen Quintela
Recuerda que no es culpa de las mujeres omitir denuncias por violencia. Ese proceso puede ser complejo. En esta guía de Agencia Ocote te dejamos algunas recomendaciones para pedir ayuda si eres víctima de violencia
