Después de un 2020 con un descenso de los femicidios, en enero de 2021 las cifras volvieron a aumentar. La falta de políticas de prevención y una comunicación poco acertada del gobierno de Giammattei hacen que la eliminación de las violencias contra las mujeres parezca lejana.
No fue el día de enero que más muertes violentas de mujeres hubo, pero le faltó poco. El viernes 22 de enero de 2021, por un momento, se detuvo el contador. Los femicidios dejaron de ser un número más y la gente les puso nombre, apellidos, rostro y edad a las cinco mujeres que ese día hicieron crecer las estadísticas. Al menos a las que habían sido identificadas.
El femicidio de Luz María del Rocío López Morales fue el caso que encauzó la rabia y la indignación de personas que exigieron al gobierno de Alejandro Giammattei una respuesta más directa y pronta a las muertes violentas de mujeres. El cuerpo de Luz María apareció el 22 de enero en un tragante de la zona 2 de Ciudad de Guatemala, a pocos metros de su trabajo. Era técnica en investigaciones criminalísticas de la fiscalía de la Niñez y Adolescencia.
El mismo día, Cindy Laurena Chacón López, una mujer de 28 años, y su hermano fueron asesinados en Tiquisate, Escuintla. Nora Velásquez Lemus Martínez murió asesinada en su vehículo en la Colonia La Barreda, zona 18 de Ciudad de Guatemala. También se encontraron los cuerpos de dos mujeres sin identificar. Una en un costal, a orillas del río Icán, en Suchitepéquez. Otra, en un barranco de San Lucas Sacatepéquez.
En enero sólo hubo un día con más muertes violentas de mujeres: el 1. Se registraron seis. El 18, igual que el viernes 22, también se contaron cinco muertes violentas.
Quizás fue por la saña con la que encontraron los cuerpos. Quizás fue porque días antes un grupo de hombres había violado y asesinado a Hillary Sarai Arredondo de León, una niña de apenas tres años. Quizás porque la sociedad sentía más asco, más rabia y más miedo. Pero la percepción aquel viernes 22 enero de 2021 fue que Guatemala era para las mujeres un país un poco más inseguro del que ya conocíamos.
Esa era la sensación y los datos lo confirman. Hasta el 28 de enero, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) había recopilado en su página web datos de necropsias. A tres días de que cerrara el mes, se registraban 66 muertes violentas de mujeres. Fueron 13 más que las que se contaron en todo el mes de enero de 2020.
Francisco Jiménez y Carlos Menocal fueron ministros de gobernación durante el gobierno de Álvaro Colom. Todavía no se arriesgan a hacer un análisis de las causas de este aumento. Tampoco lo definen como una tendencia y esperan a tener datos de instituciones como la Policía Nacional Civil que ayuden a desglosar los casos con otras variables.
En lo que sí coinciden ambos es que, hasta ahora, veníamos de un descenso de muertes violentas (en general, no solo de mujeres), que en 2020 se marcó todavía más. Los datos del Inacif confirman esta curva:
Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), hace una acotación a los datos de muertes violentas: en los últimos años, remarca, el porcentaje de mujeres asesinadas en relación al de los hombres aumentó. “El peso de las mujeres asesinadas es más alto”, cuenta.
Según los mismos datos del Inacif, en 2016, del total de muertes violentas, el 13.5% correspondía a mujeres. El año siguiente fue el 14.3%. Después, el 14.7% y en 2019 era del 14.9%. En 2020 se redujo a 14.4%.
En las primeras semanas de 2021, del 1 al 28 de enero, se registraron 315 necropsias asociadas a hechos criminales. De esas, 66 fueron de mujeres. Al hacer el cálculo en estas semanas, el porcentaje sube de nuevo a 20.95%.
Si se desglosan los datos del Inacif por meses, las tendencias de muertes violentas de mujeres y de hombres de los últimos dos años también son diferentes. Entre enero y julio de 2019, las dinámicas fueron similares en ambos sexos. Sin embargo, desde mediados de 2019, las muertes violentas de hombres siguieron una curva descendente que únicamente se incrementó en junio de 2020 pero que después continuó a la baja.
En el caso de las mujeres, se registraron varios picos en julio y octubre de 2019 y en enero de 2020. Hubo un descenso de necropsias entre febrero y marzo, pero desde mediados del año pasado comenzaron a aumentar de nuevo. En enero de 2021 alcanzaron una cifra a la que no habían llegado desde julio de 2019. En esta gráfica pueden compararse las dinámicas:
Los femicidios que la pandemia evitó
De León, Jiménez y Menocal coinciden en la causa del descenso drástico a inicios de 2020. Según los tres, responde únicamente al confinamiento dictado por la pandemia de COVID-19. “Recordemos que el toque de queda era a las cuatro de la tarde. Normalmente los delitos contra la vida ocurren de noche”, resume Menocal.
Al revisar los datos del Inacif, este argumento toma sentido: las necropsias asociadas a hechos criminales tanto de hombres como de mujeres aumentan entre mayo y junio de 2020, cuando el gobierno de Alejandro Giammattei comenzó a aflojar las medidas.
Aun así, a consecuencia del encierro se dio algo que organizaciones de mujeres avisaron desde marzo de 2020: la violencia contra las mujeres (la física, la psicológica, la económica, la sexual…) aumentó en estos mismos meses.
Carmen Rosa de León recuerda que el confinamiento encerró a las mujeres y a las niñas con sus agresores y que eso se reflejó en las denuncias a instituciones públicas: “Cuando se quitó el encierro, estas cifras no bajaron, se mantuvieron”.
Esto no pasó solo en Guatemala. Fue algo sistémico. En el especial Violentadas en Cuarentena, que reunió a diferentes medios de América Latina, se demostró cómo en varios países, después de un ligero descenso de denuncias en marzo (ya que las mujeres no tenían los medios para presentarlas), se dio un aumento en los meses siguientes.
[Lee aquí el especial Violentadas en Cuarentena]
“A los hombres también los matan”
Esta frase, “a los hombres también los matan”, apareció en comentarios de publicaciones en redes sociales sobre los asesinatos de Luz María, Cindy, Nora y las otras dos mujeres identificadas. Es común leerla y escucharla cuando los medios hacen públicas estas muertes violentas o cuando grupos de mujeres se organizan para demandar seguridad.
Sí, a los hombres también los matan. De hecho, los matan más que a las mujeres, según las estadísticas de las instituciones públicas. Lo que remarca el exministro Francisco Jiménez es que es necesario ir más allá. Hacerse la pregunta clave: ¿por qué?: “Si uno analiza las noticias de medios y las condiciones en las que fueron asesinadas las mujeres, son diferentes de las de los hombres. Las mujeres son asesinadas por su condición de mujer. Es una realidad criminológica”, resume.
Esto, añade Jiménez, tiene que ver con la construcción de la masculinidad. “Vivimos en una sociedad en la que tenemos la concepción de que la mujer es un objeto. Tenemos que analizarlo más por ese lado que por la parte estadística”, explica.
“El drama es que, cuando uno ve la descripción de los homicidios de las mujeres, encuentra que muchas de esas situaciones, como las del viernes pasado (el 22 de enero), son casi cotidianas. Hay una saña y una violencia excesiva cuando las mujeres son asesinadas. Y la mayoría son asesinadas por hombres, no se están matando mujeres entre mujeres”, concluye.
Menocal lo secunda: “El asesinato de mujeres ocurre por razón de género. No ocurre porque las mujeres salgan a la calle o porque tengan una relación con estructuras del crimen organizado. Hay todo un sistema en contra de las mujeres, que empieza con los agresores que están en sus casas”.
El exministro cuestiona que “Giammattei no tiene esta idea de género. No hay una política de este gobierno para fortalecer los sistemas de defensa de protección de las mujeres. Programas de bienestar social que tienen que ver con apoyo a niñez, adolescencia y mujeres tuvieron una reducción de presupuesto”.
La prevención
El domingo 24 de enero por la tarde, dos días después de que aparecieran los cuerpos de cinco mujeres asesinadas en Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei se pronunció en un comunicado en el que condenó las muertes violentas y la desaparición de mujeres.
El texto de cuatro párrafos dejaba la responsabilidad en manos de la ciudadanía y de las mismas mujeres: “Hacemos un llamado a toda la población a hacer propia la cultura de denuncia y a que acudan a las instancias que tanto el Gobierno de Guatemala como el sector justicia han puesto a disposición para llevar a cabo los procesos de investigación y persecución penal correspondientes”. A continuación, facilitaba los contactos de las instituciones donde presentar las denuncias.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la impunidad en casos de violencias contra las mujeres es muy elevada. Algunos ejemplos: de todas las denuncias de abusos y agresiones sexuales contra niñas, sólo el 20.4% ingresa al Organismo Judicial y apenas el 7.5% termina en sentencia. Apenas el 17.3% de los casos abiertos por femicidio recibió una sentencia condenatoria. En 12 años, solo se emitieron 170 condenas por violencia económica.
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Hace un año, en su toma de posesión, el presidente destacó entre sus promesas que las mujeres serían “atendidas, escuchadas y protegidas”. “Si alguien les pone una mano encima, se verá con toda la fuerza del Estado”, dijo en su discurso.
Las acciones del gobierno de Giammattei, sin embargo, han ido en la dirección contraria. La primera evidencia, el cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem). En febrero de 2020, el Ejecutivo destituyó a la secretaria de la mujer Yolanda del Rosario Sian Ramírez y dejó su cargo vacante.
El presidente se basó en una supuesta inconstitucionalidad cuando se creó la secretaría y aseguró que el problema se solucionaría con una Comisión Presidencial de la Mujer. Un año después, la comisión no se creó y el cierre de la Seprem se discute en la Corte de Constitucionalidad.
A lo largo de todo este primer año de gestión, se repitió una de las críticas que había sido común en los últimos periodos presidenciales, desde el gobierno de Otto Pérez Molina. Los Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimu) no recibieron los fondos del Ministerio de Gobernación que necesitan para pagar salarios y apoyar a mujeres que necesitan ayuda. El gobierno de Giammattei volvió a dejarlos desprotegidos.
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La comunicación de las instituciones a cargo de la seguridad también evidenció que la violencia contra las mujeres no parece una prioridad, según Carmen Rosa de León. “Todo el discurso va apuntado a que esto no es una preocupación. No hay un enfoque especializado ni una acción decidida a atajar la situación. Hay toda una línea de no focalizar estos problemas”, explica.
La semana en la que varios Caimus se pronunciaron por la falta de fondos, el Ministerio de Gobernación publicó un video en su cuenta de Twitter en el que indicó, sin mayor contexto, que más de 300 mujeres habían sido detenidas por diferentes delitos.
El último ejemplo se vio el jueves 28 de enero en el Congreso de la República. En una citación de la bancada Semilla, Erick Tórtola, subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que el acoso no era considerado como un problema en la institución.
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“La prevención es un tema de segundo o de tercer orden —explica Francisco Jiménez—. Por cómo funcionan los temas de seguridad en Guatemala, se le da mayor peso a la contención. Actuamos al momento en que la amenaza ya está efectuándose, no actuamos con los riesgos. En general, somos apagafuegos, y eso le pasa a la seguridad”.
Las violencias contra las mujeres, añade Jiménez, todavía no entraron en la lógica de prevención, “porque si sólo se ven las estadísticas, aparentemente no son un problema”.
Según el exministro, las instituciones comienzan a moverse cuando la opinión pública pone los temas sobre la mesa. “Reaccionamos sólo cuando pasan cosas como lo de la semana pasada. De ahí, no se menciona. La prevención tiene resultados a cinco, diez, quince años. Implica trabajar sobre aquello que no se visualiza políticamente”.
El también exministro Carlos Menocal añade que lo que existe actualmente es una Policía Nacional Civil sin planes estratégicos en términos de política de seguridad ciudadana preventiva. “El presupuesto de la unidad de prevención contra la violencia se redujo. Es evidente que hay una debilidad de políticas de prevención, partiendo de que no han nombrado al tercer viceministerio de prevención”.
La anterior viceministra de prevención, Claudia Haydée Díaz León, asumió como ministra interina en mayo de 2020, después de que el anterior ministro, Édgar Godoy, pidiera permiso para ausentarse por problemas médicos. Godoy dejó finalmente su cargo y Gendri Reyes asumió en noviembre, pero no se volvió a nombrar a nadie en el viceministerio de prevención.
Agencia Ocote solicitó una entrevista en el Ministerio de Gobernación para saber qué medidas de prevención contra la violencia contra las mujeres tomó el actual gobierno y para conocer qué análisis hace la institución de la dinámica de las muertes violentas. Personal de comunicación indicó el 26 de enero que Edwin Monroy, portavoz de la PNC y Ronald Portillo, coordinador de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, darían las declaraciones. Sin embargo, a la fecha de publicación de este texto, no habían concretado ni fecha ni hora para hacer las entrevistas.
