La lista de aspirantes a integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, -por ahora- incluyen a varias mujeres candidatas y algunas …
La lista de aspirantes a integrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, -por ahora- incluyen a varias mujeres candidatas y algunas que ya fueron electas; pero la proporción de su participación es menor comparada con los hombres.
Según analistas consultadas por Agencia Ocote, aunque algunas mujeres reconocidas se postularon como la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; o la presidenta de la CC, Leyla Lemus; esto no se traduce en un «avance» para la agenda de las mujeres.
Esta situación, que no solo se refleja en el proceso de elecciones de «segundo grado», tiene origen en la conformación estructural del sistema político de Guatemala. Las analistas consideran que se debe partir de ese punto para buscar transformaciones profundas.
Al momento, menos del 30% son mujeres
Para el proceso convocado por el TSE, del total de 181 aspirantes que se postularon, 129 eran hombres y 52 mujeres. Las candidaturas de mujeres representan el 28.7% frente a un 73.1% por hombres.
Al 18 de febrero, la comisión del TSE cerró la lista final de candidatos a magistrados, con un total de 15 hombres y 5 mujeres. Ellas representan el 25% del total.
Para aspirantes a magistrado de la CC, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), cuyas elecciones se realizaron el 12 de febrero; de 15 candidatos hombres, 5 eran mujeres.
Esto representa un 25% de participación para las candidatas, mientras que los hombres un 75% del total.
De ese proceso, Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo ya fueron electos como magistrada titular y suplente de la CC.
Por el listado de aspirantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuyas elecciones se realizaron el 16 de febrero, participaron 14 candidatos: 10 hombres y 4 mujeres.
Esto significa que las mujeres representaron el 28.6% del total, mientras que los hombres alcanzaron el 71.4%.
Del evento, Julia Marisol Rivera Aguilar fue electa como magistrada titular y José Luis Aguirre Pumay como suplente ante la CC
Sigue recepción de expedientes
La Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el Ejecutivo siguen en el proceso de recepción de expedientes para elegir a las personas que designarán como magistrados titular y suplente a la CC.
Al momento, sobre la elección del presidente Bernardo Arévalo, se han postulado candidatas como Carmela Curup Chajón, de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (Anmag); también Nydia Lissette Arévalo Flores, exdirectora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Otras candidatas son Delia Mariana Dávila Salazar; Cynthia Mariela Salazar Muñoz; Soria Toledo Castañeda y Gabriela Irene Salazar López.
Sobre la recepción de expedientes que sigue en el Congreso de la República, la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, de la bancada Winaq, comentó que al momento han identificado que sí se han postulado mujeres. El listado no se ha dado a conocer públicamente.
Sobre la participación indígena, la diputada dijo que de un total de 13 expedientes que se postulan al momento, en siete sí existe autoidentificación indígena; no especificó cuántas son mujeres indígenas.
Para conocer detalles específicos sobre la participación de pueblos indígenas en las elecciones de segundo grado, la diputada indicó que es «necesario preguntarle a cada aspirante cómo se autoidentifican».
Ese dato no se encuentra disponible en los registros oficiales de las personas que se postulan.
No obstante, añadió que “en la Corte Suprema de Justicia no veo ninguna probabilidad de que una persona indígena se postule, debido a las pugnas internas que existen en la Corte”.
Se refiere a las pugnas que han provocado retrasos en las elecciones de magistrados, denuncias por nombramientos irregulares y traslado de jueces sin procedimiento.
Asimismo, señaló que todas las comisiones que participan en la elección de magistrados -tanto el Congreso, el TSE, como las cinco entidades que designan magistrados de la CC- deberían incluir a representantes de los pueblos indígenas.
suplente del rector de la USAC. Foto: Congreso
La presencia de candidatas no es suficiente
La politóloga Annelisse Escobar, coordinadora de Innovación Pública de Diálogos, señaló que aunque hay mayor visibilidad pública de aspirantes mujeres, no ha observado que las candidaturas estén claramente vinculadas a una agenda de derechos de las mujeres.
«Creo que se ha mantenido la campaña muy general sobre tener las cualidades necesarias para ejercer el cargo -por ejemplo para una magistratura- pero nada tan alineado a una agenda de mujeres», explicó.
Myra Rodríguez, del Sector Interreligioso de Guatemala Centinela, señaló que el país sigue siendo estructuralmente patriarcal y machista y esto reduce espacios de participación para las mujeres.
Rodríguez también advirtió que «ser una candidata mujer no garantiza una política en favor de las mujeres» y señaló el actuar de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada a nivel nacional e internacional por Estados Unidos y la Unión Europea.
«La misma fiscal general Consuelo Porras, por el hecho de ser mujer, tampoco está garantizando ni está empujando una política e investigación que profundice las violencias de género», añadió.
La politóloga Escobar añade que «no siempre solo por ser mujer -eso implica- un nivel de apoyo», al referirse a perfiles que han sido señalados de corrupción o con «lazos muy dudosos» en su gestión en un cargo público.
La politóloga dijo que no le gustaría ver nuevamente a Leyla Lemus integrando la CC. Aunque Lemus no logró un puesto en el proceso actual, tiene un historial que incluye una orden de captura en su contra.
Leyla Lemus: de acusada por la CICIG y el MP a presidenta de la CC
Las entrevistadas coincidieron en que el debate sobre estos procesos también abre espacio para reflexionar sobre las condiciones estructurales para las postulaciones.
La socióloga Ana Silvia Monzón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señaló que se requieren acciones legales, procesos sociales e instituciones que cumplan con los compromisos asumidos por el Estado para garantizar mayor representatividad de las mujeres.
Señala que en Guatemala aunque hay avances en el reconocimiento de derechos para las mujeres «eso no se traduce en el ámbito político y laboral», porque persisten las brechas de género en cargos donde se toman decisiones de alto nivel.
Algunos de los compromisos pendientes parte del Estado son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a garantizar la participación de las mujeres en la vida pública en condiciones de igualdad.
A nivel nacional, esto se relaciona con el principio constitucional de igualdad y con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuya reforma ha sido señalada como clave para incorporar mecanismos de paridad y fortalecer la presencia de mujeres en cargos de decisión, incluidos los procesos de segundo grado.
Aunque la ciudadanía no participa de forma directa en estas elecciones de segundo grado, Escobar señala que sí existe un rol posible para garantizar que las mujeres que ocupan espacios puedan responder sobre transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, entre otros.
Considera que se puede exigir la transparencia de las elecciones y hacer «señalamientos claros», para que las personas que se postulan rindan cuentas.
También menciona el papel que pueden desempeñar sectores organizados, por ejemplo dentro de la USAC, especialmente los estudiantes.
Rodríguez subraya la importancia de promover la participación de mujeres en todo nivel y dar lugar a mujeres con trayectoria en distintos ámbitos, entre ellos pueblos indígenas, sector campesino, académico y profesional.
Las mujeres en política
A nivel de participación general de las mujeres en la política nacional, en las elecciones generales de 2023, ellas obtuvieron únicamente el 13% de los cargos de elección popular, según datos oficiales.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Congreso de la República, de los 160 escaños, sólo 32 fueron ocupados por mujeres (20%), de los cuales solo Sonia Gutiérrez Raguay se autoidentifica como indígena maya Poqomam.
En el ámbito judicial, la representación femenina ha sido más alta. En la CC, las mujeres han ocupado alrededor del 40% de las magistraturas, en periodos recientes al 2023.
A nivel global, la mujeres representan el 27.2% de los escaños parlamentarios, de acuerdo con el informe Women in Politics 2025 de ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria (IPU). Esto ubica a Guatemala por debajo del promedio mundial y también por debajo del promedio de América Latina que supera el 35%.
Aciertos y señalamientos contra algunas aspirantes
Tribunal Supremo Electoral
Ingrid Lisseth Soto Carcuz
Actual jefa de la Unidad Especializada sobre el Voto en el Extranjero del Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde el 2020.
Claudia Caterina Maselli Loaiza
En 2021, quedó ligada a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, por una resolución de la PDH en la que declaraba la no violación a los derechos humanos de una menor, por parte de la exfiscal Thelma Aldana y Mayra Véliz.
El caso no se resolvió mediante una conclusión administrativa del PDH, sino que en 2022 pasó directamente a la vía judicial. Hasta la fecha, el proceso sigue en curso legal.
Arabella Elizabeth Castro Quiñónes
Fue presidenta del Congreso de la República en 1994, siendo la segunda mujer en ocupar dicho cargo.
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez ( magistrada titular)
Fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ya fue electa como magistrada titular con un total de 8,920 votos.
Aleida del Rosario Ochoa López (a titular)
Según el informe Trayectoria de los candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por el CANG 2026-2031 de Movimiento Pro Justicia, el Ministerio Público informó que registraba tres denuncias en investigación y tres desestimadas, principalmente por abuso de autoridad.
Anabella Esmeralda Cardona Cámbara (titular)
En el informe de trayectoria por parte de Movimiento Pro Justicia, hay señalamientos por presuntos vínculos con militares y cuestionamientos en procesos gremiales del CANG. Fue vetada en 2014 por la Fundación Myrna Mack.
Universidad de San Carlos de Guatemala
Leyla Susana Lemus Arriaga (titular)
Actualmente es magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Principales señalamientos: Sectores académicos y sociales han cuestionado alguno de sus votos, además de su designación anterior generó debate sobre independencia judicial.
María Consuelo Porras Argueta
Actualmente es Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Ha sido cuestionada a nivel nacional por criminalizar y perseguir a periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, también fue incluida en listas de sanciones internacionales, por Estados Unidos en 2021 y por la Unión Europea en 2024, esa misma sanción ha sido renovada en 2025, 2026, extendiendo su vigencia hasta 2027.
María de los Ángeles Araujo Bohr
Exmagistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad. Algunos de los señalamientos evidenciados por parte del informe de Movimiento Pro Justicia, son acerca de vínculos familiares y conflictos de interés con su esposo, además de cuestionamientos sobre imparcialidad en procesos de alto impacto o inscripciones políticas.
Créditos:
Redacción: Jaqueline Gálvez
Edición: Lourdes Álvarez Nájera
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