El abogado Francisco Rivas Lara fue el ministro de gobernación de Guatemala entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. Antes había trabajado durante 12 años en el …
El abogado Francisco Rivas Lara fue el ministro de gobernación de Guatemala entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. Antes había trabajado durante 12 años en el Ministerio Público.
Primero, como auxiliar fiscal de la Fiscalía de la Mujer. Tras un ascenso, como agente fiscal y luego como jefe de la unidad especializada en contra de organizaciones que se dedican al narcotráfico, lavado de dinero y defraudación tributaria. También fue fiscal de sección de la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, y finalmente subsecretario general del Ministerio Público. Fue parte del equipo de las fiscales generales Claudia Paz y Thelma Aldana.
Durante su período al frente del ministerio de gobernación, Rivas logró en 2017 mantener un descenso en el número de homicidios, se posicionó como uno de los aliados principales contra la impunidad y de la embajada estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Retiró a los militares de los patrullajes de seguridad ciudadana en los que acompañaban a la Policía Nacional Civil, con el argumento de que no habían tenido ningún aporte; propuso la construcción de nuevas cárceles y detectó una estrategia criminal contra la PNC que, aseguró en su momento, fue una reacción por capturas de pandilleros.
Cuando renunció al cargo, el entonces presidente Jimmy Morales nombró en su lugar a a Enrique Antonio Degenhart Asturias, a quien el mismo Rivas señala de haber desmantelado la Policía.
En entrevista con Agencia Ocote, el exfuncionario —actualmente asesor legal y consultor independiente— hace una lectura de los acontecimientos recientes en Guatemala que llevaron a un estado de sitio y que han provocado incertidumbre y temor en la población.
Rivas examina qué ha fallado en la gestión de las cárceles que ha hecho el Ejecutivo de Arévalo, analiza el fenómeno de las pandillas y las carencias en las políticas de seguridad que se arrastran de anteriores mandatos. El exministro asegura que la crisis actual tiene un trasfondo político que busca desestabilizar al gobierno.
Los hechos se registraron en un momento clave, durante los próximos meses en Guatemala se elegirán magistrados para la Corte de Constitucionalidad, nueva Fiscal General y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Sobre la gestión de Arévalo, le da un voto de confianza al Ejecutivo. Considera que «ha hecho un esfuerzo importante», pero reconoce que la violencia y la seguridad son dos temas pendientes de su mandato.
¿Estamos ante una crisis estructural de seguridad o frente a un repunte coyuntural de violencia?
Esta ola de violencia, de psicosis y de terror originada después de los últimos acontecimientos es totalmente atípica.
Fue generado con una finalidad política, con la intención de desestabilizar al gobierno y alcanzar los fines más perversos, como es derrocar al gobierno actual y tomar de nuevo su posición para seguir controlando las instituciones claves de seguridad y de justicia.
En ese sentido considero que esto tiene otras dimensiones y tiene otras características. Por supuesto, tenía una finalidad especial, que no se logró.
¿Cuál es esa finalidad a la que se refiere?
Inicialmente, toman a los grupos pandilleros como un instrumento para generar la desestabilización, sobre todo de carácter político, con el objetivo claro de presentar denuncias y solicitudes de antejuicio al Presidente de la República.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tomar de nuevo el control de la Presidencia y de las instituciones clave del sistema de Justicia, como son la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público.
¿A quién se refiere exactamente?
Me refiero a toda esa mafia político-corrupta que tiene su representación en el Congreso.
Empresarios corruptos que se han agenciado de los negocios del Estado, especialmente de la obra gris, la construcción de carreteras que obtienen de manera corrupta, de manera fraudulenta. Al crimen organizado, especialmente el narcotráfico que financia a estos grupos que son los operadores de toda esa mafia. Tanto en el organismo judicial, jueces y fiscales corruptos.
Menciona a grupos que han financiado y que están utilizando a las pandillas, pero hasta ahora no ha habido una investigación sobre este tema. ¿Cómo probar el financiamiento y quiénes están detrás de estos acontecimientos, quienes instruyen al Barrio 18?
Considero que quien tiene que dar el primer paso para esclarecer esa relación que existe entre los grupos pandilleros con políticos corruptos y el crimen organizado, tiene que ser el Ministerio de Gobernación. Y el Ministerio de la Defensa, por medio de sus agencias de inteligencia. Para ir construyendo toda esa información preliminar que se pueda obtener a futuro con el fin de que esta se constituya en evidencia y prueba materializada en un juicio penal.
Esperar que el Ministerio Público lo haga en este momento sería iluso, porque en realidad ellos son parte de toda esta mafia. No van a desarrollar una investigación que evidencie estos hechos. Porque los verdaderos líderes de esta mafia no se los van a permitir, porque tienen cómo servirles a las autoridades superiores del Ministerio Público.
Será hasta con el próximo Ministerio Público, si es que se designa un fiscal objetivo, imparcial; y si se le deja trabajar libre y honestamente. Tendrá que desarrollar y construir toda una investigación en base a los hechos y a la información de inteligencia que se le pueda trasladar.
Todo se desencadena el 17 de enero, a partir de motines simultáneos en tres cárceles. El Ministerio de Gobernación responsabiliza de los motines a Aldo Duppie Ochoa Mejía, «El Lobo», máximo líder del Barrio 18, ¿Qué análisis hace de este primer evento?
Estos tres motines responden a que esta mafia instruyó que se hiciera con el Barrio 18. ¿Por qué? Existe una relación clara entre políticos corruptos y el Barrio 18.
Es del conocimiento público que la sobrina de Sandra Torres* tiene relación con este grupo pandillero; con el Lobo, integrante de la rueda del Barrio 18.
De esa cuenta es que lo utilizan para este amotinamiento y generar esta inestabilidad.
Obviamente es un grupo que se ha fortalecido en los últimos años, especialmente en los últimos seis años, con la extorsión como principal actividad criminal. Por medio de la cual se agencian de dinero, de armas de fuego y del reclutamiento de niños, adolescentes y mujeres. Tienen la capacidad para actuar dentro de los centros penales libremente, como lo hicieron y como se manifestó.
*María Marta Patricia Castañeda Torres es pareja de Aldo Duppie Ochoa Mejía. Castañeda Torres ha estado en al menos cinco procesos judiciales. Actualmente es señalada por su presunta implicación en el atentado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, donde murieron dos personas.
¿Qué falló en la seguridad del Estado para que ocurrieran tres motines simultáneos, que los reos retuvieran a guardias del sistema penitenciario y que un líder del Barrio 18 (El Lobo) siga teniendo el poder suficiente para —según el Ministerio de Gobernación— haberlos coordinado desde una cárcel de máxima seguridad?
Hay que tomar en cuenta que el sistema penitenciario ha sido una institución que el Estado ha abandonado por más de 40 años. Casi 50 años han pasado sin que el Estado pueda desarrollar acciones importantes dentro del Sistema Penitenciario para fortalecerlo y para tomar el control.
Se han hecho ejercicios en diferentes administraciones, pero se han abandonado y han quedado prácticamente en fases preliminares.
Existe un sistema penitenciario superado en su capacidad y en esta oportunidad no pudo prever y responder ante los hechos que se estaban fraguando.
Definitivamente falló la inteligencia penitenciaria que existe o que, al menos, está diseñada estructuralmente así. También falló todo el sistema de inteligencia del Estado. Se incluye a la Dirección General de Inteligencia Civil, a la Inteligencia Militar… no pudieron informar estos hechos para que fueran prevenidos por el Ministerio de Gobernación.
La Policía Nacional Civil apenas está tratando de retomar una dinámica que tuvo hasta antes del nombramiento del ministro Degenhart, que fue quien debilitó y prácticamente destruyó la Policía Nacional Civil.
La Policía como autoridad tampoco obtuvo información que le pudiera servir al ministro de Gobernación para poder prevenir estos hechos.
Y adicionalmente, afecta el cambio reciente en el Ministerio de Gobernación. El exjuez Marco Antonio Villeda, es recién llegado, sin equipos de confianza dentro del Ministerio de Gobernación, apenas conociendo la labor administrativa y de seguridad que demanda esa institución. Había una ausencia de control, de información y de inteligencia a nivel gobierno que permitió que esta mafia actuara.
Y, ¿en relación a Aldo Duppie Ochoa Mejía, considerado máximo líder del Barrio 18?
Se le considera el máximo líder del Barrio 18. Tengo mis dudas, porque esta es una organización criminal colegiada. Su máxima autoridad es una rueda y está integrada por más de 10 reclusos.
Hay otros actores dentro de la rueda del Barrio 18 que tienen esa capacidad, ese liderazgo, la logística en cuanto a armas, a pandilleros, en cuanto al dinero… Que podrían ser los responsables de la coordinación de los hechos que generaron la muerte de policías.
Hay que considerar al Barrio 18 como una rueda donde se discuten y se toman las decisiones de manera conjunta para después instruir a la gente que está afuera y que las materializa.
Ahí están otros igual de peligrosos que El Lobo, muchos de ellos ahora fugados.
Cuando el gobierno empieza a retomar el control de las cárceles, se registran ataques armados que hasta ahora han dejado 10 policías muertos. ¿Qué lectura se puede hacer de la frecuencia y la brutalidad de los ataques armados recientes?
En el momento en que las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, retoma el control de las cárceles del país, exhiben públicamente a El Lobo, pero lo exhiben de una manera humillante. Un Lobo disminuido, humillado. Eso fue un mensaje muy fuerte para el Barrio 18.
Producto de ello el Barrio toma la decisión, de atacar a las fuerzas de seguridad. Entonces los pandilleros actúan solos y causan la muerte de agentes de la Policía Nacional Civil generando la indignación y el repudio social. Y, como consecuencia, esto es un desgaste a esa mafia política.
Con los ataques en contra de la Policía Nacional Civil se podría evidenciar que fue una decisión del Barrio 18, donde operaron diferentes clicas.
Por eso se considera que fue una decisión del Barrio 18 en su totalidad. Discutía seguramente bajo la coordinación de la rueda del barrio y trasladó las instrucciones a los líderes que accionan en la calle.
¿Cómo se vincula el desmantelamiento de la cúpula policial que hizo Jimmy Morales con lo que sucede actualmente?
En aquel momento se destruyeron todos los procesos de fortalecimiento que se habían dado al nivel de la Policía Nacional Civil. Hubo unidades, departamentos, incluso dependencias que fueron eliminadas dentro de la estructura orgánica de la Policía Nacional y Civil.
Se destituyó, no solo a la cúpula policial de aquel momento, destituyeron a toda una generación de agentes de la Policía Nacional Civil que habían sido formados y capacitados con diferentes agencias de seguridad en diferentes campos o especialidades.
Los protocolos, las instrucciones que se habían diseñado para actuar en materia de seguridad, en materia de prevención de la violencia, fueron destruidos, eliminados. La Policía Nacional Civil se quedó sin rumbo, sin cuadros, sin estructura para continuar con su desarrollo como una fuerza de seguridad democrática.
¿Qué tendría que hacer este gobierno para revertir este daño? ¿Es posible lograrlo antes de que termine su mandato?
Hay que retomar los principios que le dieron origen a la Policía Nacional Civil, las bases sobre las cuales se estaba desarrollando, continuar con los procesos de formación dentro de la institución en temas de especialidades, no solo de carácter reactivo, sino que también preventivo. Formar a sus cuadros, continuar con ese proceso de desarrollo de la carrera policial porque prácticamente se quedó estancado.
Dignificar al agente de la Policía Nacional Civil, reconocerle su sacrificio. Lo que se hizo en el Congreso fue bueno, pero ¿cuántos agentes de la Policía Nacional Civil habían perdido su vida antes y dejaron viudas y niños huérfanos sin ningún respaldo económico? Hay iniciativas que ya preveían esos aspectos, pero que se quedaron sin que se les diera el seguimiento
¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio Público, actualmente dirigido por Consuelo Porras, en los hechos violentos de la última semana?
Las autoridades que dirigen el Ministerio Público tienen una responsabilidad enorme en estos hechos, en el fortalecimiento de las pandillas y en la violencia que se genera en el país.
Dejó de ser este un ente objetivo, imparcial, que investigaba estructuras del crimen organizado y crímenes que le afectan al ciudadano común para servirle a la corrupción, al crimen organizado, al narcotráfico. Producto de ello es que organizaciones criminales como esta del Barrio 18 se han venido fortaleciendo con los años.
La extorsión es el delito que más se denuncia. ¿Por qué se denuncia más? Porque es el que más se está cometiendo. ¿Por qué es el que más impunidad está generando? ¿Por qué no se persiguen a los líderes que están instruyendo órdenes desde las cárceles, pero también a los líderes que están coordinando las acciones en la calle?
Existe un ambiente de impunidad dentro del país que empodera a los criminales y producto de ellos delinquen en contra del ciudadano común.
Regresando al tema del financiamiento de esta crisis, el mismo Mingob asegura que los grupos que promovieron los actos de violencia son financiados. ¿Es algo que viene desde antes o surge hasta ahora?
No es una práctica común que se haya llevado a cabo en el país. Hoy se ha puesto en evidencia: estos grupos con un alto poder económico tienen la capacidad para financiar, para coordinar hechos con estos criminales.
Las futuras investigaciones seguramente van a evidenciar cuánto dinero le trasladaron al Barrio 18 por hacer hechos de esta naturaleza, porque eso no fue gratis. Seguramente fluyó mucho dinero para poder hacer estos amotinamientos.
No existen muchos hechos que puedan evidenciar esta relación entre políticos corruptos, el crimen organizado transnacional, grupos pandilleros, ahora considerados como terroristas.
Por un lado se requiere democracia y legalidad; pero por otro la ciudadanía exige mano dura —como ejemplo, las cuestionadas políticas de Nayib Bukele en El Salvador—. ¿Es posible conciliar ambas visiones de la seguridad: firmeza y respeto a la legalidad y los derechos?
Soy un fiel creyente de la seguridad democrática. Del concepto de seguridad democrática que se ha tratado de implementar en el país en diferentes ejercicios ministeriales.
Sí, se puede encontrar un punto de equilibrio donde no se violenten las garantías constitucionales, donde el funcionario no cargue en su conciencia la muerte y la violación de diferentes derechos humanos. Pero también se implemente la fuerza, con todo el peso de la ley para aquellas personas que están atentando en contra de la vida, la integridad y la propiedad.
Para eso se necesita que un sistema funcione. Pero, como actualmente está operando Guatemala es muy difícil. Primero, no existe una coordinación entre los organismos del Estado y del Ministerio Público; segundo, porque hay un sistema penitenciario sumamente debilitado; tercero, porque hay condiciones desiguales que motivan a que los grupos criminales cada día capten a más niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad.
Hay que desarrollar una política clara en materia de seguridad, donde los organismos del Estado se vean representados, donde el Ministerio Público sea un actor importante… Pero donde también el Ejecutivo, por medio de todos sus ministerios de carácter económico y social, participen para no generar condiciones de pobreza, de exclusión, que impulsen a que la gente más vulnerable sea captada por el crimen organizado.
¿Estamos muy lejos de que el Sistema Penitenciario sea un espacio para la reinserción?
No estamos tan lejos, siempre y cuando se fortalezca el sistema, mientras siga operando de la misma manera será muy difícil.
En este gobierno estamos viendo iniciativas que buscan crear infraestructura penitenciaria. No podemos tratar de generar control y autoridad en cárceles hacinadas, con delincuentes de alta peligrosidad que conviven con personas que han cometido delitos menos graves. No se puede si el Sistema Penitenciario no cuenta con el apoyo de los ministerios sociales. Que lo haga solo el Sistema Penitenciario es un error.
Créditos:
Entrevista: María José Longo Bautista
Edición: Carmen Quintela
Diseño: Oscar Donado
Fotos: PNC de Guatemala y Plaza Pública
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