La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se siente inmensa. Ese espacio, donde se conocieron casos tan relevantes como el de genocidio, en el que Efraín …
- La resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinará si Anahy Keller continúa como sindicada por el caso Hogar Seguro.
- Si la resolución es favorable, los magistrados también deberán decidir si el juicio se reinicia o continúa en la etapa donde terminó para Keller.
- Los recursos de casación responden a una resolución de la CC que favoreció a Keller que, a criterio de los abogados, fue arbitraria y mal fundamentada.
La sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se siente inmensa. Ese espacio, donde se conocieron casos tan relevantes como el de genocidio, en el que Efraín Ríos Montt fue sentenciado, hoy resuelve otro proceso histórico.
Los cuatro magistrados de Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conocen aquí tres recursos de casación presentados por los abogados que representan a las familias de las víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Con ellos buscan que Anahy Keller, la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia, sea enviada a juicio de nuevo.
Si los recursos de casación son aceptados, la sala también deberá decidir si se reinicia el juicio contra Keller o si se retoma desde la etapa en la que se encontraba hasta su salida, según Carlos Quiej, abogado de la Fundación Sobrevivientes que representa a las familias de 23 víctimas y una sobreviviente.
Al momento del incendio, Keller era la subsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez de la Secretaría de Bienestar Social, a pesar de que su trayectoria laboral se limitaba a la producción de programas televisivos. Fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales, a quien testigos señalan de ordenar presencia policial en el hogar y, así, saltarse la cadena de mando de la Policía Nacional Civil (PNC).
El Ministerio Público (MP) acusó a Keller de los delitos de incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas. Entre enero del 2024 y junio del 2025, enfrentó juicio junto a otros siete exfuncionarios acusados por las muertes de 41 niñas y adolescentes y las lesiones de otras 15, víctimas del incendio en el hogar.
El 21 de mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo que la dejaba fuera del juicio. En él, los magistrados confirmaron la resolución de un juez que en 2017 argumentó que Keller no tenía ninguna responsabilidad sobre lo acontecido en el hogar y que se acercó a sus instalaciones el 7 de marzo de dicho año «como una guatemalteca que solo quería ayudar».
Pero, «¿cómo va a ser posible que esté sentado (en el banquillo de acusados) el señor Carlos Rojas (exsecretario de la SBS) que era su jefe y el señor Santos Torres que era el director del hogar y ella no esté por ninguna parte?», cuestiona Quiej.
Una resolución «sin fundamento»
Los magistrados de la Cámara Penal son claros: cada uno de los abogados solo tendrá diez minutos para argumentar. Inicia Édgar Gómez, el fiscal del Ministerio Público (MP). De manera clara y contundente, solicita que se declaren con lugar los recursos planteados por los querellantes adhesivos.
A turnos y con rapidez, los abogados de la Fundación Sobrevivientes, el Bufete Popular de Derechos Humanos y Juanita Pérez, representante de Vianney Hernández —la madre de una de las víctimas—, hablan desde el podio. Sus voces resuenan en la gran sala, ocupada por menos de treinta personas, la mayoría, trabajadores del Organismo Judicial.
Sus argumentos coinciden. Aunque son varios los recursos planteados, la CC decidió agruparlos dentro de una misma resolución. Esto implicó que no se haya realizado un «análisis interpretativo e individual» de cada uno, según Pérez. Como resultado, no se respondió a las argumentaciones de cada uno de los equipos legales, sino de manera general.
Según los abogados, la CC tampoco analizó los informes presentados por el MP que evidencian la presencia de Keller en el Hogar, ni revisó algunos documentos clave como el manual de formas y procedimientos que sustentaba la función que le correspondía como exsubsecretaria.
Diana Vivar, abogada del Bufete Popular de Derechos Humanos y representante de 13 querellantes adhesivos, señala que, la CC utilizó el acuerdo gubernativo 18-2006, un marco normativo ya derogado, para fundamentar su decisión y fallaron en considerar el 101-2015, que incluye las atribuciones del puesto que Keller ostentaba.
La resolución tiene una «falta de fundamentación, tal como lo reitera la jurisprudencia nacional e internacional», dice la abogada.
Según los abogados, la CC violó los derechos procesales de los querellantes adhesivos con la resolución que, a criterio de Vivar, es «incongruente, arbitraria y jurídicamente inválida».
El laberinto sin salida de Anahy Keller
Los recursos de casación constituyen un peldaño más en la escalera que Keller sube para escaparse de la justicia. Este ascenso inició en 2017, cuando un juez de primera instancia resolvió que la exsubescretaria no tenía «funciones» en el hogar que la implicaran en el caso.
Esta decisión finalizaba el juicio para ella. Aunque los querellantes adhesivos apelaron, la resolución de la CC llegó años después, en 2023.
«La sala solamente dijo: “El juez se fundamentó bien y lo hizo conforme a la ley”. Señaló que le daba la razón al decir que (Keller) no debía entrar a conocer el proceso y que había sobreseimiento (que da fin en definitiva al proceso) a su favor», explica Quiej.
Ese mismo año, los querellantes adhesivos presentaron tres recursos de casación que, según el artículo 440 del Código Procesal Penal, aplica contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones. El sistema de justicia les dio trámite hasta 2024 y fijó audiencia para un año después.
Keller, por medio de su abogado, intentó escapar del proceso una vez más, afirmando que existía sobreseimiento. La jueza Cifuentes no lo aceptó porque los recursos de casación aún no eran resueltos.
Sin embargo, en junio de 2024, fue obligada a aceptar cuando se le notificó de la resolución provisional que la CC dictó del amparo promovido en su favor.
El recurso de amparo es una medida de restablecimiento de derechos de una persona vulnerados por el Estado. No es una instancia revisora del proceso penal.
«El Estado no le estaba vulnerando ningún derecho. Tenía su derecho a defensa, ahí estaba su abogado y el derecho de audiencia. Ella podía ejercer su defensa material», argumenta Quiej.
Pero la respuesta al amparo fue provisional. La CC aún debe responder de manera definitiva.
«Si ellos no resuelven conforme a derecho, a nosotros (los abogados de los querellantes adhesivos) nos corresponde también presentar un amparo de ser posible para que se respete el derecho de las niñas a tener justicia», agrega el abogado.
La sala tiene quince días hábiles para resolver los recursos. Sin embargo, los querellantes temen que la decisión tarde en llegar.
Mientras Keller continúa trepando para escapar de la justicia, el juicio contra los otros siete acusados continúa. La presentación de las conclusiones de la defensa acaba de iniciar.
«Este caso no solo exige justicia para las víctimas, sino también para quienes sobrevivieron en el Hogar Seguro. Esto interpeló a nuestras instituciones y a la legitimidad del Estado de Derecho. No es admisible una resolución sin respuesta. Las adolescentes víctimas merecen respuestas firmes y un debido proceso», finaliza Pérez ante la Cámara Penal.
