«Las víctimas y sobrevivientes, como sus familiares tuvieron que sortear muchas batallas a lo largo de todo este proceso. Algunas fallecieron y otras se vieron impedidas para estar presentes en …
En resumen:
- La Fundación Sobrevivientes solicitó que el expresidente Jimmy Morales y su exasesor, Carlos Beltetón, sean investigado por su involucramiento en el incendio en el Hogar Seguro.
- Según la Fundación Sobrevivientes, el incendio sucedió porque siete exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales abusaron de su poder e incumplieron sus funciones el 7 y 8 de marzo de 2017.
- En el juicio se comprobó que las niñas y adolescentes vivían en condiciones infrahumanas en el hogar.
«Las víctimas y sobrevivientes, como sus familiares tuvieron que sortear muchas batallas a lo largo de todo este proceso. Algunas fallecieron y otras se vieron impedidas para estar presentes en este tan importante momento luego de ocho años de espera», dice Carlos Quiej, abogado de la Fundación Sobrevivientes.
Este ha sido también un largo camino para las organizaciones e instituciones que, como la suya, acompañan y representan a las víctimas y sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que sucedió el 8 de marzo de 2017.
El proceso ha significado para ellas un «desgaste de inversión de tiempo y recursos que por diversas estrategias de la defensa se sigue prolongando demasiado por los abundantes recursos ordinarios y constitucionales invocados para enfrentar el juicio y los que vendrán para evitar el cumplimiento de la sentencia que, estamos convencidos, se emitirán en sentido condenatorio», agrega.
Después de ocho años de espera hoy, 17 de junio, Quiej presenta sus conclusiones como representante de familiares de 22 víctimas y una sobreviviente durante la etapa final del juicio.
«Se ha conocido la verdad histórica»
El abogado inicia su argumentación, que durará alrededor de dos horas. En la misma recalca que se comprobó la responsabilidad de siete exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales, a quienes la fiscalía acusa por la muerte de 41 niñas en el hogar.
«Esto fue posible gracias a la valentía de las sobrevivientes y testigos de los cuales se obtuvo de primera mano la narrativa de lo sucedido paso a paso», dice.
Estos testimonios permitieron conocer la verdad histórica de los hechos, según el abogado. Pero, también, los motivos que llevaron a las niñas a escapar del hogar el 7 de marzo de 2017, como resultado de las «condiciones infrahumanas en las que vivían».
Según comprobaron los peritajes especializados presentados durante el juicio, en el hogar, las niñas sufrían castigos físicos, tenían escasez de ropa y artículos de higiene y restricción para las visitas. No se les garantizaba el acceso a la educación y la atención psiquiátrica y la comida que les daban estaba en mal estado.
Las niñas y adolescentes vivían en condiciones «cuasi carcelarias» que denunciaban constantemente, indica el abogado.
Según el abogado, «en ese hogar, lo único seguro eran las condiciones de violencia». La institucionalización de las niñas y adolescentes no fue la excepción, sino la norma impuesta por un sistema de justicia insensible a su condición y por los adultos que tomaron decisiones sobre ellas.
Los empleados públicos sometieron a las niñas a tratos crueles, inhumanos y denigrantes por casi nueve horas el 7 de marzo de 2017. Esto, por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Según Quiej, las pruebas documentales y audiovisuales evidenciaron que portaban batones, dispositivos de descargas eléctricas y gas pimienta para reprimir a las niñas y adolescentes.
Las sobrevivientes que declararon en el juicio narraron cómo el incendio inició tras prender fuego a una colchoneta. Según el abogado, esta «acción se considera una medida desesperada para ser escuchadas y atendidas en el marco de un día simbólico como fue el Día de la Mujer».
Aunque pudo avisar de la situación, la policía a cargo de la llave del salón, según la acusación, Lucinda Marroquín, esperó nueve minutos para abrir la puerta, luego de que iniciara el incendio.
«¿Quién ordenó la detención de las niñas? ¿Cuál fue su delito? ¿Por qué tanta rabia en contra de ellas? ¿Por qué ese castigo?», cuestiona el abogado.
Confían que la jueza los declará culpables
El 7 y 8 de marzo de 2017, los siete acusados realizaron las acciones y omisiones idóneas para que el incendio se produjera, añade Quiej. Según el abogado, no estaban preparados ni tenían la formación adecuada para brindar una atención especializada a las niñas.
Durante esa jornada, las autoridades abusaron de su poder. Negaron los derechos de las niñas o dejando de hacer lo necesario para garantizarlos, dice el abogado. Eran los garantes de los derechos de las niñas, según su puesto y vinculación con el Estado. Aun así, reclama, los acusados desconocieron su mandato legal. Abandonaron sus funciones, al firmar un acta legal y retirarse del hogar cuando la situación aún no se había resuelto.
Quiej indica que, durante el juicio, las niñas han sido estigmatizadas y criminalizadas. Las personas han usado calificativos como «adictas», «mareras» y «adolescentes en conflicto», sin ser consideradas sujetas de derechos.
«Pero lo único que hacen estos calificativos es reforzar lo demostrado en el debate. Así eran consideradas en todo ese sistema. Desde su reconcentración, su reingreso y posterior encierro las trataron como peligrosas delincuentes. Aun y cuando no cometieron ningún delito y no tenían ninguna denuncia en contra», señala el abogado.
El abogado solicitó la pena máxima para los delitos que se les impugna a los acusados. Al iniciar su intervención, también dijo estar seguro de que se obtendrá una sentencia.
Solicitan que se investigue a Jimmy Morales
Quiej solicitó que la jueza Ingrid Cifuentes certifique lo conducente y ordene al Ministerio Público (MP) investigar al expresidente de la República, Jimmy Morales. Esto «en virtud de la participación que pudo haber tenido en los hechos (…) y las órdenes que pudo haber girado».
Al menos seis testigos han mencionado a Morales durante el juicio. Lo acusan de ordenar la presencia policial en el hogar y romper la cadena de mando de la PNC.
El abogado también pidió que se investigue a Carlos Beltetón, exasesor presidencial de Morales. Él llegó al hogar el 7 de marzo de 2017. Por medio de una llamada, comunicó al entonces presidente con un alto cargo de la PNC que se encontraba en el lugar.
Según Quiej, Beltetón, «no tenía atribuciones en el caso, pero intervino directamente en la toma de decisiones».
La Fundación Sobrevivientes, además, solicitó qué se investigue a quién llamó Lucinda Marroquín durante los momentos más críticos del incendio.
La resolución de la jueza se conocerá en la sentencia, que se prevé en las próximas semanas.
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