La mañana del 29 de abril, en el podio del Palacio Nacional de la Cultura, tomaron la palabra las autoridades indígenas. Uno a uno hablaron Simeon Palax, alcalde indígena de …
En resumen
- Autoridades indígenas anunciaron una hoja de ruta con el Ejecutivo para enfrentar la criminalización desde el MP.
- Presentaron un amparo contra Consuelo Porras por violar derechos y atacar la institucionalidad indígena.
- Pidieron al Congreso reformar la Ley del MP y exigieron la renuncia de Porras por persecución penal selectiva.
La mañana del 29 de abril, en el podio del Palacio Nacional de la Cultura, tomaron la palabra las autoridades indígenas.
Uno a uno hablaron Simeon Palax, alcalde indígena de Sololá, Feliciana Herrera, Alcaldesa Ixil, Juan Pablo Ajpacaja y Leticia Zapeta, presidente y vicepresidenta de los 48 Cantones.
También Dina Juc, autoridad de Santa Lucía Utatlán, Amílvar Urías, presidente del Parlamento Xinca.
En conjunto hablaron de «cerrar filas» ante la criminalización que el Ministerio Público (MP) inició contra autoridades ancestrales que les antecedieron y lideraron el Paro Nacional 2023.
Las actuales autoridades indígenas llegaron al palacio a reunirse con el binomio presidencial, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con quienes anunciaron una «hoja de ruta» para contrarrestar las acciones del MP.
Una acción de amparo
Anunciaron que se presentó una acción de amparo contra la fiscal general Consuelo Porras, debido a violaciones del debido proceso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
La acción fue presentada ante el Organismo Judicial por Luis Fernando García, por la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra).
Junto a él estuvieron presentes autoridades indígenas y organizaciones de sociedad civil.
El amparo fundamenta que fue porque el Ministerio Público (MP) «violenta la institucionalidad indígena y la de la Junta Directiva de los 48 Cantones».
La denuncia expresa que es por la «forma arbitraria y discriminatoria contra los pueblos indígenas en la acción penal pública y de todos los mecanismos procesales» en contra de los detenidos.
También explica que «ha habido una amenaza cierta e inminente de la inobservancia de la legislación tanto nacional como internacional vigente que protege las propias formas de vida ancestrales».
Suma la denuncia de Codisra y autoridades ancestrales que ven una «amenaza en el uso indebido del derecho penal» contra las autoridades indígenas.
A las denuncias de arbitrariedades judiciales se unieron representantes de la academia, sector religioso y representantes de organismos internacionales.
En el amparo, además, se espera que se declare la arbitrariedad de catalogar como actos terroristas las protestas pacíficas y libre expresión de los pueblos indígenas.
Acciones que buscarán en conjunto
Durante la conferencia de prensa, las autoridades indígenas solicitaron la renuncia de Consuelo Porras. También hicieron un llamado a los diputados para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
«Reiteramos que tienen en sus manos las herramientas para cambiar este rumbo y enderezar el camino hacia la democracia».
«Escuchen la demanda urgente del pueblo de Guatemala, tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de los cuatro pueblos de este país», mencionó el presidente Arévalo.
Mensajes de las autoridades
Juan Pablo Ajpacaja, presidente de los 48 cantones, denunció las actitudes racistas y discriminadoras de Porras, jueces, magistrados y abogados.
Aseguró que estas acciones las utilizan para «aplicar justicia» contra autoridades indígenas, pero que no investigan a criminales «de cuello blanco y del pacto de corruptos».
Ajpacaja mencionó que «el pueblo no se arrodilla, sino que se organiza, resiste y avanza».
Leticia Zapeta, vicepresidenta de 48 cantones, mencionó que «hemos sido testigos de como la persecución penal y la corrupción socavan el bienestar de nuestras comunidades, debilitan nuestras instituciones y erosionan la confianza de quienes nos gobiernan».
«Ante esta realidad declaramos con convicción no nos callarán», afirmó Zapeta.
Por su parte, Feliciana Herrera, alcaldesa Ixil, mencionó que las autoridades indígenas ancestrales de diversos pueblos se articularon en asamblea tras los ataques del MP.
«Estos funcionarios del MP y del OJ no son dignos de ocupar cargos donde deberían servir al pueblo de Guatemala».
«Contrario a ello, se han dedicado a perseguir a quienes luchamos por sobrevivir día a día, luchando contra la corrupción, utilizando y manipulando la ley penal», denunció.
Amílvar Urías, del Parlamento Xinca, dijo en su mensaje que «En conjunto con el presidente, hemos trazado una ruta de trabajo y acción para defender al pueblo de Guatemala».
Sin embargo, tras la conferencia de prensa no se dio esta hoja de ruta. Según Arévalo, porque «uno no le muestra su plan al enemigo».
«Escuchen al pueblo»
Dina Juc, autoridad de Santa Lucía Utatlán, Sololá, hizo un llamado a los diputados. «Escuchen la demanda urgente del pueblo, tienen una oportunidad histórica para ponerse del lado de los pueblos».
Y finalmente, Simeon Palax, alcalde indígena de Sololá, hizo un llamado a los guatemaltecos a no caer en desinformación de grupos aliados de la corrupción.
«La libre emisión del pensamiento y la manifestación pacífica de los pueblos son derechos constitucionales. Un pueblo unido jamás serán vencidos. Que vivan los pueblos», finalizó Palax.
Si quieres conocer más de lo que pasó con Luis Pacheco y Hector Chaclán, te invitamos a que leas en este enlace sobre su criminalización.
