Diario Militar: Salan Sánchez busca apartar a víctimas del proceso

Durante una vista pública, Alejandra Cabrera Tena y María Eliza Meza Paniagua alzaron la voz en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado 1 de abril. Ambas forman parte del grupo de cinco víctimas y dos organizaciones sociales querellantes en el caso conocido como Diario Militar que un implicado intenta apartar del proceso en su contra.

Cabrera y Meza pidieron a los magistrados de la Cámara de Amparos que no se les aparte del caso, tal como solicitó formalmente el excoronel Jacobo Salán Sánchez. Salán Sánchez …

Abogado haciendo señas. Foto Lourdes Álvarezjpg

En resumen

  • Alejandra Cabrera y María Meza pidieron a magistrados de la CSJ no ser apartadas del caso Diario Militar.
  • El excoronel Jacobo Salán Sánchez, acusado de desapariciones y condenado por corrupción, enfrenta juicio.
  • El Diario Militar documenta desapariciones forzadas que realizó el Estado de Guatemala durante los años ochenta.

Cabrera y Meza pidieron a los magistrados de la Cámara de Amparos que no se les aparte del caso, tal como solicitó formalmente el excoronel Jacobo Salán Sánchez.

Salán Sánchez forma parte de un grupo de nueve exmilitares y expolicías ligados a proceso penal en 2021 por el exjuez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio.

Entre los delitos que se les atribuyen está desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad. Estos habrían sido cometidos entre 1983 y 1985 contra población civil.

En 2023, el exjuez Gálvez denunció que salió del país ante presiones, vigilancia e intimidación luego de encarcelar a los implicados en el caso Diario Militar.

El dolor del pasado

Durante una audiencia de vista pública, Alejandra Cabrera dijo que tenía 8 años de edad cuando «el Estado me falló y vulneró mi derecho a una familia, protección, educación, salud».

Indicó que «una panel blanca» se llevó a su papá -Leopoldo Cabrera- y desde ese momento vive una violencia sistemática que incluye el exilio y el intento de separarla del caso. 

«Apelamos, confiando en el sistema de justicia, que no permitan que estas acciones desaparezcan la verdad. Nosotros sobrevivimos a estos hechos», relata.

Por su parte, María Meza, señaló que su padre Gustavo Adolfo Meza Soberanis fue detenido y desaparecido en 1983. Su madre Ana Elizabeth Morales Paniagua sufrió el mismo destino en 1988.

Su tía Mayra Jeaneth Meza soberanis también fue detenida y desaparecida durante el Conflicto Armado Interno (CAI).

Víctimas y querellantes Diario Militar. Foto Lourdes Álvarez
Víctimas y querellantes del caso Diario Militar. Foto: Lourdes Álvarez

«Una Guatemala con memoria»

«A los 5 años es difícil despertar sin tener un papá y una mamá. Les pido por favor que mantengan nuestro derecho a la justicia», pidió la víctima a los magistrados.

Añadió Meza que para ella la tortura a la que fueron sometidos como familia sigue de generación a generación.

«No puede ser que al Estado se le olviden las víctimas. Queremos que nos digan en dónde están, queremos una Guatemala con memoria».

Durante la audiencia del 1 de abril, también  se pronunciaron los abogados Carmen Sandoval y Axel Marín, defensores del exmilitar Salán Sánchez.

A pesar de estar en audiencia y ante el pleno de magistrados, Marin, al notar que Agencia Ocote tomaba fotografías, posó en repetidas ocasiones mostrando sus dedos medio e índice.

El abogado Francisco Vivar, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indicó a Agencia Ocote que aún no se sabe la fecha en que se conocerá la resolución de la vista pública.

Confía el abogado en que la decisión sea favorable a las víctimas. En caso fuera adversa, indicó que pueden presentar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

«Dependiendo de la sentencia, tanto ellos como nosotros podemos presentar la apelación y ahí se definiría el sentido del amparo», afirma Vivar.

Salán Sánchez y el «Dosier de la muerte»

Jacobo Salán Sánchez es un excoronel, subjefe del curso para fuerzas especiales Kaibil, adscrito al Estado Mayor de la Defensa, según la publicación Caso Diario Militar: la inteligencia militar va a juicio.

Fue enviado a juicio por la desaparición de tres personas y delitos contra deberes de humanidad contra 10 personas. También por el asesinato de una persona y asesinato en grado de tentativa de otra.

Militares y policías de los años ochenta en el proceso:

  1. Marco Antonio González Taracena, general de división retirado, ministro de la Defensa entre 1995 y 1996.
  2. Víctor Augusto Vásquez Echeverría, general de división retirado.
  3. Gustavo Adolfo Oliva Blanco, teniente coronel retirado.
  4. Juan Francisco Cifuentes Cano, teniente coronel de Policía retirado.
  5. Jacobo Esdras Salán Sánchez, coronel retirado.
  6. José Daniel Monterroso Villagrán, sargento mayor especialista retirado.
  7. Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista retirado.
  8. Edgar Corado Samayoa, sargento mayor especialista retirado.
  9. Rone René Lara, sargento mayor especialista retirado.
Los militares acusados en el caso Diario Militar
Los militares acusados en el caso Diario Militar. Foto: Agencia Ocote

En los años ochenta, Salán Sánchez y demás sindicados formaron parte de estructuras extrajudiciales y paralelas al Estado de Guatemala.

Son acusados de identificar, catalogar, dar seguimiento, detener y desaparecer a las personas que eran consideradas «enemigos internos».

El concepto de «enemigo interno»

En 2021, el exjuez Miguel Angel Gálvez argumentó que fue a partir de la doctrina de seguridad nacional que se desarrolló el concepto de «enemigo interno».

Bajo ese concepto, «los militares guatemaltecos lanzaron operaciones de inteligencia para vigilar, capturar y eliminar».

Los blancos, según el material detallado en los folios del Diario Militar, eran supuestos integrantes de organizaciones guerrilleras.

El Diario Militar es un documento valioso, pues es de los pocos documentos militares desclasificados que se ha podido recuperar y validar en el mundo.

Cuenta a detalle sobre operaciones extrajudiciales, nombres, fotografías, códigos usados cuando las personas eran ejecutadas, entre otros.

De su origen contó a Agencia Ocote Kate Doyle, investigadora estadounidense que lo hizo público a finales de los años noventa.

«Cuando me llegó… por unos minutos no entendí realmente», afirmó Doyle.

El material contenía «fotos, nombres, fechas y personas…», señaló Doyle, que comparó esos datos con informes de derechos humanos de la época.

«Me di cuenta de que estas personas (asesinadas o desaparecidas) eran las mismas que aparecían en el listado de desapariciones forzadas».

Vínculos y pasado de Salán Sánchez

En la publicación, La «oficinita», centro de operaciones de un escuadrón de la muerte se indicó que en el edificio El Centro, en la zona 1 de la ciudad capital se reunían los señalados en el caso Diario Militar.

Ese fue  uno de los puntos clave para que exmilitares y exmiembros de la inteligencia gubernamental planificaran sus operaciones. 

Pero en el pasado de Salán Sánchez, según el repositorio digital de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también  se encuentra un caso en su contra por un desfalco millonario.

Jacobo Salan Sanchez, fotos Prensa Libre y Verad y Justicia
Jacobo Salán Sánchez siendo funcionario de Estado y una imagen procesado por delitos gravez. Fotos: Prensa Libre y Verdad y Justicia

Salán Sánchez fue señalado y condenado por peculado en grado de complicidad al ser encontrado culpable del desfalco de Q30 millones.

Según el Ministerio Público, ese dinero fue trasladado a cuentas personales del Crédito Hipotecario Nacional desde una sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa en 2001.

Represión y política

En ese tiempo Salán Sánchez era parte de la seguridad de Alfonso Portillo, quien ganó la presidencia por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en 1999.

El FRG fue el partido que intentó llevar a la presidencia a José Efraín Ríos Montt en 2003, pese a haber gobernado de facto entre 1982 y 1983.

Ríos Montt fue condenado por genocidio contra el pueblo maya Ixil el 10 de mayo de 2013, en una sentencia considerada histórica para Guatemala.

Pese a que la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso, en 2018, otro tribunal probó por segunda vez que en Guatemala sí hubo genocidio.

Sin embargo, Efraín Ríos Montt murió antes y no conoció la nueva sentencia. Las pruebas presentadas reafirmaron el papel de las fuerzas de seguridad en el exterminio de la población civil. 


Si quieres conocer a detalle el contenido del Diario Militar o «Dossier de la muerte» puedes dar clic aquí.

Lourdes Álvarez Nájera

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