«¿Por qué consideramos el agua como algo sagrado? Porque es parte de la vida. Es nuestra cosmovisión», dijo Elena Chiquival, coordinadora del Consorcio de Asociaciones de Mujeres de Santiago Atitlán. …
«¿Por qué consideramos el agua como algo sagrado? Porque es parte de la vida. Es nuestra cosmovisión», dijo Elena Chiquival, coordinadora del Consorcio de Asociaciones de Mujeres de Santiago Atitlán.
Chiquival creció escuchando que el agua es sagrada y por eso debe protegerla.
Esto la llevó, junto a su comunidad, a preservar el agua y limpiar las playas comunitarias del lago Atitlán, del lado de su municipio.
Su visión se repite en otras regiones del país, como se pudo conocer en el conversatorio «Agua para la vida y la comunidad» organizado por Oxfam y al cual también asistieron personas expertas en el manejo del agua.
El pueblo Q’eqchi’ concibe al agua como un bien que no puede (ni debe) ser comercializado, según José Gómez García.
Gómez es coordinador de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo y Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales (ACODET).
Para preservar ese bien, el 65% de las comunidades que conforman ACODET en todo el país tienen un área de reserva, donde se ubican los nacimientos de agua.
«Los ríos y el agua se han convertido en el corazón de nuestras luchas. Nos han unido», explica Gómez.
«Muchas veces dicen que el agua viene del chorro, pero no es así. El agua viene de los bosques, viene de la montaña».
«Detrás de esa gota de agua que hay en la ciudad, hay una resistencia», asegura.
Registros oficiales dan cuenta que a nivel nacional, el 76% de los sistemas de agua que surten al país fueron construidos por esfuerzos particulares de las comunidades.
Es decir, por comités de agua, consejos comunitarios de desarrollo urbano y rural (Cocodes), asambleas comunitarias, organizaciones y asociaciones.
En el área rural la cifra aumenta al 85%.
Sin embargo, según Alex Ricardo Caldera Ortega, de la Red Mexicana de Monitoreo de Reservas de Agua de la Red Wateral Gobacit, los pueblos indígenas de la región tienen entre 15 y 20% menos acceso al agua que el resto de la población.
Esta brecha en el acceso al vital líquido fortalece la desigualdad de género, afirma Aida Carrillo, vocera comunitaria del Parlamento Xinka e integrante de la Comisión de la Juventud Xinka.
«Viene a afectar, principalmente, a nosotras las mujeres porque somos las abastecedoras y recolectoras del líquido», explica.
Las grandes amenazas
En el perímetro del lago Atitlán el principal problema que enfrentan las comunidades que lo habitan es la contaminación, según Elena Chiquival.
Esto principalmente por el plástico y los agroquímicos que los ríos arrastran hacia él, según la líder comunitaria.
También le preocupa la alteración del ecosistema del lago a partir de acciones no reguladas, como el uso de lanchas y de jaulas para viveros de peces.
Durante el conversatorio, los representantes también reconocieron la crisis climática como una amenaza.
«El año pasado fue complicado para la vida. Algunas personas quedaron sin acceso al agua y tuvieron que caminar para recogerla», recordó Gómez García.
También reconocen el impacto de los megaproyectos e industrias extractivas en la calidad del agua de sus territorios.
Citaron ejemplos como de los cultivos de palma africana en Alta Verapaz y de la minería en Santa Rosa y Jalapa.
Ante estos proyectos, los pueblos indígenas realizan acciones encaminadas a la prevención y protección del agua.
Un ejemplo de ello son los resultados de las consultas comunitarias, afirma Francisco Rocal, delegado de la Cumbre Plurinacional por el Agua.
«Más de cien consultas comunitarias se han realizado, más de dos millones de personas han dicho que “no” al modelo extractivista, minero y energético», indica Rocal.
La «solución»: una ley de aguas
El Gobierno anunció a través del Ministerio de Ambiente la creación de una iniciativa de ley de aguas en agosto de 2024.
Para ello, creó también un gabinete específico del agua, encabezado por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera.
«Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no estábamos tan preparados como teníamos que estar y, por eso, nos hemos tomado un poquito más de tiempo», asegura la ministra de Ambiente, Patricia Orantes.
«A veces es bueno dar un paso para atrás para poder dar unos tres pasos para adelante», reconoce Orantes.
La creación de dicha iniciativa de ley pretendía ser un proceso participativo.
En palabras de Orantes, la ley de aguas manifestaría la voz, los aprendizajes, los conocimientos y las prácticas de los sistemas locales comunitarios.
«Me ilusiona este proceso que puede ser un ejemplo a nivel latinoamericano de cómo una pieza tan importante y crítica puede ser un ejemplo de construcción social y con mucha legitimidad por parte de los pueblos».
Las representaciones indígenas reconocen la necesidad de una ley de aguas en Guatemala.
«Es necesaria porque el sector empresarial de la oligarquía sigue contaminando con impunidad. Sigue desviando ríos y haciendo lo que quiere con el agua», señala Francisco Roncal.
Las poblaciones solicitan a la ministra de Ambiente que se les tome en cuenta para el proceso de construcción de la iniciativa de ley.
«Las comunidades indígenas demandamos nuestra participación porque históricamente hemos aportado al cuidado del agua», resalta Elena Chiquival.
Orantes les aseguró su participación.
«No puede haber política del agua, estrategias del agua y ley del agua sin la participación de los pueblos. Todo con los pueblos y nada sin ellos, con ese espíritu queremos trabajar», les ofreció.
Según la ministra, el proceso de construcción de la iniciativa de ley de aguas está por reanudarse y constará de tres ciclos de intercambio con los pueblos.
En el primer ciclo, se dará a conocer la visión de Gobierno y la situación del país.
Para el segundo, se presentarán los contenidos clave de la iniciativa y se buscará retroalimentación.
En el tercer ciclo, se concretará la propuesta final que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, presentará al Congreso de la República.
El Ministerio de Ambiente espera finalizar este proceso en septiembre de 2025.
