En 2009, Carlos Castresana, el primer comisionado de la Cicig en Guatemala, busca alguien que pueda ayudarle a entender mejor el contexto político guatemalteco. Claro está, no es una tarea …
En 2009, Carlos Castresana, el primer comisionado de la Cicig en Guatemala, busca alguien que pueda ayudarle a entender mejor el contexto político guatemalteco. Claro está, no es una tarea fácil para una comisión que no solo comenzaba operaciones, sino que estaba para, tal cual lo dijo Castresana en su momento, sostenerle la mirada al monstruo.
A fines de ese 2009, Trae de Buenos Aires a Aníbal Gabriel Gutiérrez, abogado, un ex funcionario de confianza de la cancillería de Néstor Kirchner, exembajador de Argentina en Guatemala entre 2006 y 2007; y un cercano conocedor de la realidad guatemalteca de aquel entonces.
Gutiérrez trabajó en la comisión desde entonces y durante las comisiones de Carlos Castresana y Francisco Dall´anese; se retiró del cargo en 2014. Fueron cinco años clave previos a la gestión de Iván Velásquez. A diez años de su paso por la Cicig tiene la distancia para exponer las lecciones que considera claves para el presente de Guatemala.
Gutierrez en Argentina, entre 1993 y 2004, fue Asesor de la Comisión de Población y de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados de la Nación; Asesor Técnico del Secretario de Justicia de la Nación; Secretario General de la Sindicatura General de la Nación, Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina con rango de Secretario de Estado y Embajador. Luego de su experiencia en la Cicig volvió a Buenos Aires y fue director de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en Argentina, en 2018-2019. A la fecha trabaja como consultor y profesor universitario en temas relacionados a su profesión como abogado y su experiencia relacionada a los Derechos Humanos.

Usted fue consejero político de Cicig entre 2009 y 2014, ¿en qué consistía su trabajo y cuál era su análisis en aquel momento sobre la situación política del país y qué estrategias se plantearon?
Mi función, más que nada, era ver cómo se le daba contexto político a la tarea de investigación que tenía la Comisión. Además de la relación política de la Comisión con el gobierno.
Llego a la Comisión con Castresana de comisionado, al que yo conozco, siendo embajador. Cuando llegué a Guatemala en la embajada (2006-2007) una de las cosas que me puse como objetivo fue caminar, hablar y conocer mucho a los actores políticos guatemaltecos.
Entonces, cuando me llama Castresana justamente lo que me dijo es «necesito alguien que conozca el contexto político guatemalteco y que lo conozcan los funcionarios guatemaltecos».
Yo estaba alejado desde el punto de vista de la investigación criminal, no era lo mío; soy abogado pero no soy penalista. Mi trabajo era tratar de entender el contexto, y desde el análisis de las instituciones del Estado, qué había que hacer para no repetir la historia; porque ese era un poco el tema.
Cualquier ejemplo: el tema de adopciones internacionales. En Guatemala no sé si lo seguirá siendo hoy, pero era un tema complejo. Eso era parte del trabajo de la Comisión, la investigación que se hizo para tratar de desenmascarar las estructuras de crimen organizado que estaban detrás de eso.
Pero, desde la Consejería política lo que veíamos era ¿qué hay que modificar de la institucionalidad guatemalteca para que eso no siga existiendo? Porque se podía desenmascarar, descubrir, procesar y condenar una estructura de crimen organizado, pero iba a volver a haber dos, tres, cuatro, cinco; las que fueran.
Y eso es lo que llevó a la modificación de la Ley de Adopción, y en contexto de la creación del Consejo Nacional de Adopciones, trabajar en el fortalecimiento del consejo. Esa era un poco la función nuestra.
Y después, el diálogo político permanente con los actores políticos del Estado, ya sea con el gobierno de Álvaro (Colom) como con el gobierno de Otto Pérez.
Era como un puente, de alguna manera…
En algunas cosas era como un puente. Después, cada comisionado con el que estuve tuvo su propio estilo.
Su permanencia en la Cicig le permitió acompañar procesos de dos de los tres comisionados. Y, según los análisis y resultados, el «tono» o formas de trabajar fueron muy distintos entre los tres. ¿Considera que los objetivos y la forma en qué abordaron la misión cambió mucho entre uno y otro? ¿Podría describir a cada uno?
Fueron tres comisiones distintas. Vos tenés una comisión con Castresana (Carlos), una comisión con Dall´anese (Francisco) y una comisión con Velázquez (Iván); son tres comisiones completamente distintas y creo que ese es uno de los puntos débiles.
Carlos Castresana fue un comisionado muy enfocado en que la Comisión trabajara para generar las condiciones que mejoraran la justicia y la seguridad en el país.
Dall´anese era un fiscal-fiscal, de manual. Entonces lo que quería era multiplicar los casos penales, los casos judiciales; llevar a juicio a todos los que pudiera y yo creo que ahí le da una impronta distinta.
Velázquez, a la distancia, sin haber trabajado yo con él, pero sí obviamente he mantenido contacto, como hasta el día de hoy, con colegas que trabajaron con él. Era todavía más operador judicial que Dall´anese. Entonces, qué es lo que hace: profundiza el proceso de investigaciones y de casos.
El problema que había, para mí, era por cómo se estructura la Comisión, que el comisionado era Dios. O sea las decisiones del comisionado internacional contra la impunidad solo eran revisadas por Dios, si sos creyente. Si no, no había quién tuviera el poder de decidir, de modificar una decisión del comisionado desde el punto de vista formal y legal.
Y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces ahí había una deficiencia seria de estructuración inicial. No podés tener una organización en manos de una persona que toma decisiones y esa decisión no puede ser apelada ante nadie.
Por otro lado, la Comisión fue producto de un proceso de análisis largo y muy profundo
que se dio en Guatemala, acompañada por la cooperación internacional, pero que se dio en Guatemala. Y ese proceso de análisis se abandonó. Creada la Comisión y pasado un tiempo, porque al principio sí sucedía, se abandonó.
Y en el momento que se dejó de pensar, que los guatemaltecos dejaron de pensar, «a ver, ¿para dónde llevamos este barco?», y la propia Comisión dejó de autoanalizarse; entonces las decisiones del comisionado de turno empezaron a ser la verdad revelada. Y ahí es cuando te empezás a equivocar feo.
Los «jueves de Cicig» , yo a la distancia lo veía con espanto. Porque siempre me acuerdo que al principio de la Comisión decíamos que había una palabra del mandato que era la más importante de todas. Y la palabra era «coadyuvar».
La Comisión había perdido eso. La Comisión había perdido su esencia que era, con todos sus más y sus menos, sentarse con las autoridades guatemaltecas a consensuar hacia dónde ir. Con algunos gobiernos y funcionarios iba a ser más fácil que con otros.
Obviamente que Castresana tuvo mucho mejor nivel de diálogo con Álvaro Colom que con Óscar Berger, seguro. Pero tuvo que trabajar con los dos, y había que trabajar con los dos.
Y obviamente era mucho más fácil y mucho más productivo trabajar con Claudia Paz (y Paz) que trabajar con el fiscal anterior, con Velásquez Zárate (Amílcar).
Pero esa era la obligación que tenía la comisión y creo que fue lo que perdió en la última etapa. La comisión ya iba por sus colores nomás, y ahí sí va a algo que Dall´anese solía repetir y que a la distancia uno dice «tenía razón». Él decía «el mayor riesgo que nosotros corremos es que la Comisión sea un paréntesis en la historia de Guatemala». Las cosas vienen mal, se abre el paréntesis Cicig, mejoran un poquito, se cierra el paréntesis Cicig y están igual de mal o peor que antes. Y me parece que eso fue lo que pasó.
En Ocote hicimos una investigación en la que siete personas relacionadas con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y Cicig señalaron a la comisión de falta de previsión, y que se pudo hacer más para proteger a los miembros guatemaltecos de la Comisión ante una posible vendetta. ¿Les dejaron solos? ¿Se discutió esto dentro de la Cicig en su época?
Se hablaba de eso y la verdad que es una vergüenza lo que pasó. Hay mucha gente, muchos compañeros guatemaltecos y guatemaltecas que trabajaban con nosotros codo a codo y que después la pasaron muy mal.
Creo que el sistema, y cuando hablo del sistema hablo de todos, no estuvo a la altura. Y es Naciones Unidas que era el papá. Y es el Estado guatemalteco quien era la mamá de la criatura Cicig. Y era la cooperación internacional que eran todos los tíos que tenía la criatura Cicig. Y todos, todos, absolutamente todos, se olvidaron de los guatemaltecos que trabajaron en la Comisión. Los persiguieron, los encarcelaron, se tuvieron que exiliar, no consiguieron trabajo; ¿cuál era su único su único delito? Haber trabajado en una organización que tenía el objetivo de mejorar el país.
A Castresana le preocupaba, y mucho. Lo repetía constantemente. En ese momento me acuerdo que los guatemaltecos que estaban en la comisión eran 44. Y él siempre decía «hay que ocuparse de qué va a pasar con esos 44 guatemaltecos el día que se vaya a la Comisión». Decía que esas personas más allá de ser funcionarios de la comisión ya tendrían que ser funcionarios permanentes de alguna agencia de Naciones Unidas, para que tuvieran el blindaje político, institucional, laboral necesario para seguir viviendo en su país. Eso no pasó.
En la gestión de Francisco Dall´anese esa no fue una preocupación para él como comisionado. Y por lo que tengo entendido, por lo que me han dicho mis compañeros que siguieron trabajando con Velásquez; a Velásquez tampoco le preocupó el tema.
Y al Estado obviamente menos le preocupó, porque el mazazo llegó desde ahí. El contraataque llegó de los que se sintieron amenazados.
Y por lo que tengo entendido, el resto de la cooperación que puso mucho dinero para darle vida y sostener Cicig durante los los 11 años que existió la Comisión; tampoco se hizo cargo de eso.
Que si se hubieran puesto de acuerdo, se podría haber hecho perfectamente. Pero bueno, es una lástima y es terrible porque además el mensaje simbólico es muy fuerte: si llega a ver otra comisión con estas características, «pensalo dos veces antes de meterte ahí», porque puede ser muy bueno todo el presente, pero no sabes qué futuro vas a tener.
La Comisión tenía muy buenos funcionarios guatemaltecos. Tenía buenos profesionales, tenía buenos administrativos. A la calidad humana de los guatemaltecos había que sumarle el compromiso con lo que hacían y su capacidad de trabajo, entonces toda esa gente se desperdició.
Es posible hablar de intimidades de la operación de Cicig, digamos, subjetividades, cómo se vivía el ambiente ahí dentro, cómo recuerda el espíritu de la comisión en la época en que estuvo trabajando ahí…
Mirá, en la época que yo estuve el espíritu era «estamos haciendo historia»; sobre todo en la gestión de Castresana. Castresana es, desde el punto de vista del liderazgo, un líder nato y él sabía transmitir eso; entonces lo que lo que se vivía en la Comisión era: estamos haciendo historia.
Con Francisco Dall´anese, eso se perdió un poco. Quedaba lo que cada uno traía de su propia historia, de sus países, de su propio compromiso político y personal.
Y el clima era «vamos para adelante que vale la pena esto».
Y porque era duro. Porque en algún punto a la distancia o desde afuera, había quien lo podía ver como que vivíamos en una etapa idílica y no lo era tanto. Porque el nivel de presión laboral y estrés era grande. Muchos estábamos sin la familia, eso también pesaba. Y cuando llegaba la palmadita en la espalda, reconfortaba y mucho.
Decíamos «disfrutemos esta palmadita en la espalda, porque a lo mejor hasta la próxima palmadita en la espalda van a pasar un montón de hechos y de cosas que nos van a bajar, que nos van a tirar para abajo»; entonces, cada palmadita en la espalda se disfrutaba.
Cada visita que hacía un canciller, un ministro de un país a Guatemala y que venía a la Comisión a tener una reunión; el secretario general de Naciones Unidas cuando vino. Bueno, el canciller de la Argentina también estuvo, el canciller del Uruguay y le hablaban a los empleados, a los funcionarios de la Comisión; y lo disfrutábamos.
Era ese mensaje de «qué bueno lo que están haciendo, qué importante lo que están haciendo», qué bueno estemos acá –en ese momento, me acuerdo, que éramos 22 nacionalidades distintas ayudando a un país de América Latina a mejorar–.
Desde ese punto era un sueño colectivo hermoso. Yo creo que después se desvirtúa ese sueño colectivo.
Dentro de ese sueño colectivo que nos describe allá dentro, el combate contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), ¿fue sensible el contrapeso? ¿Demostraron ustedes cómo operan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos?
Yo creo que sí. Yo creo que fue sensible porque, primero, esos cuerpos ilegales no se habían enfrentado nunca a un esquema de investigación y de persecución penal tan poderoso como el que llevó Cicig. Grandes profesionales, buenos abogados, buenos detectives, buenos investigadores financieros. Ahí había mucho para enfrentarlos.
Un Ministerio Público que en algunos casos empezaba a estar a la altura y a acompañar y a nutrirse de eso. Sobre todo en la gestión de Claudia (Paz y Paz), donde vos veías que ya la tarea del investigador Cicig y del fiscal de guatemalteco ya no era tan subordinada como lo era al principio, donde casi el fiscal guatemalteco hacía lo que el investigador internacional le decía; sino que ya iban codo a codo, ya iban juntos. Entonces ahí había una cosa importante y creo que fue muy bueno.
¿Qué fue lo que pasó también? Yo creo que en algún punto, y esto empieza a pasar en la gestión de Dall´anese y se profundiza en la gestión de Velázquez, se pierde el rumbo del contenido del mandato. La Comisión que se crea para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad se convierte en una comisión anticorrupción. Y la corrupción era solo una parte del mandato. O sea, la función de la Comisión no era perseguir corrupción estatal porque ahí la desdibujabas. La corrupción no es el problema estructural de Guatemala, el problema estructural de Guatemala era, no sé si lo seguirá siendo, esos aparatos clandestinos de seguridad. Que obviamente tienen como un subproducto la corrupción, viene de la mano, pero no era el foco del mandato, no era la corrupción.
Nuestra preocupación no debía ser un ministro o un diputado que hiciera negocios; nuestra preocupación tenía que ser un ministro que encabezara un cuerpo ilegal de seguridad. Que ese cuerpo ilegal, entre todas las cosas malas que iba a hacer, también iba a cometer actos de corrupción, iba a robar, a matar, a hacer desaparecer gente; iba a ser un cuerpo armado para venganzas, a hacer inteligencia ilegal; un montón de cosas, no solo robar. Y creo que ahí se pierde…
A propósito, el caso Pavón fue uno de los grandes casos de aquel periodo. Recientemente se condenó por tercera vez en Suiza a Erwin Sperisen, al menos dos ex presidentes están vinculados con el caso, Giammattei por su participación como director del sistema penitenciario y Berger como presidente durante la toma de Pavón. Cómo explicaría la extraña suerte que tuvo este caso entre juicios en cuatro países diferentes, España, Austria, Suiza y Guatemala.
Extraña, realmente. Era un caso muy sólido. Era un caso con mucha prueba y mucha prueba documental no sólo testimonial. Había mucha evidencia.Y fue un caso que termina muy raro, como vos decís.
Termina con uno absuelto en Austria, otro condenado en Suiza, otro absuelto en España y otro absuelto en Guatemala; todos por hechos que sucedieron en el mismo momento, la misma madrugada. ¿Qué vieron, por qué tan distinto? De alguna manera también es la muestra de cómo funcionan las instituciones de justicia y cuán permeables son a las presiones.
Y también creo que hay una cosa que tuvo ese caso que a lo mejor se tendría que haber hecho distinto. Tal vez le faltó a la Comisión y al MP juntos, mayor trabajo de estrategia judicial internacional.
Hasta ese momento la comisión estaba muy enfocada en la estrategia judicial local y la internacional salió medio de golpe, fue una jugada inesperada. Pero me parece que faltó mayor trabajo de estrategia.
Lo cual es una pena también, producto de la inmensa cantidad de trabajo, las presiones y el poco tiempo. Porque con sus más y sus menos, Dall´anese era un muy buen fiscal y Claudia Paz es una extraordinaria abogada; entonces, puestos a trabajar ellos dos conduciendo equipos de fiscales y abogados, y tomándose el tiempo necesario, yo creo que se podría haber diseñado una estrategia que hubiera dado mejor resultado, y no esta disparidad, donde pareciera que la Comisión perdió. Yo creo que no perdió porque expuso una realidad que era muy evidente. Y el caso creo que demostró muy gráficamente lo que había sucedido. Y Bueno, después, las negras también se mueven en el ajedrez.
En el momento de esta entrevista (septiembre 2024) recién quitan de las carteleras de cine en Guatemala un documental «El caso Sperissen», en el que el director y sus entrevistados denuncian un proceso imparcial en Suiza pero no aportan pruebas de descargo a las acusaciones concretas de las ejecuciones. Argumentan además que Cicig negoció con testigos.
Recuerda usted algunos de los aportes que pudo dar la Cicig a la justicia Suiza, comunicación, cercanía, o similar, tomando en cuenta que la misión estaba circunscrita a Guatemala, ¿cómo recuerda que se llevaron estos procesos que implicaban otras jurisdicciones geográficas? ¿y qué puede decir de los señalamientos de las negociaciones?
Cuando estos países toman los casos, los fiscales viajan a Guatemala, se reúnen con los investigadores guatemaltecos de la Comisión y del MP y analizan juntos la carga probatoria que se tenía.
La justicia suiza no podía recolectar prueba en Guatemala respecto a lo que había pasado años antes, entonces iba con la prueba que se había recolectado en el Ministerio Público y los investigadores de CICIG declararon en la justicia suiza.
Esa cosa de la «negociación de la Comisión», se habló en todos los casos. En todos los temas y en todo momento. Porque si había una cosa que hacer sí o sí, era desprestigiar a la Comisión y la única manera de desprestigiarla era atacando su fortaleza: la seriedad de sus investigaciones. Entonces hacia eso iban.
Que pudo haber habido en algún caso alguna conversación con alguien, puede ser, no lo sé. Tampoco es algo que esté mal cuando estás investigando un delito. ¿Testigos falsos? Nunca, en todos los años que trabajé en la Comisión, jamás tuve la más mínima sospecha de que se hubiera plantado un testigo. Nunca.
Me enteré de algunos testigos, sí. Me entrevisté con algunos, sí. Pero nunca, jamás, tuve la más mínima sospecha de que hubieran inventado un testigo que fuera a decir algo. Para nada.
Ahora, que había gente que testimonió o que habló primero y se fue a vivir al exterior, y que después había todo un operativo para que siguiera viajando para testimoniar, claro que sí. Pero si los empleados que trabajaban a cara descubierta haciendo tareas administrativas, asignando los pilotos a un empleado de Cicig que tenía que ir a algún lado; si esos, cuando se fue la Comisión, no consiguieron trabajo; ¡cómo le hubiera ido a un efectivo de la Policía Nacional Civil que declaró lo que vio!
Estos señalamientos para para debilitar a la Comisión, tiene que ver con el término «politización de la justicia», que han usado distintos sectores que fueron perseguidos por el trabajo de la comisión. Habiendo sido precisamente político su rol en la comisión, ¿qué piensa de esa acusación?
Primero: hay que dejar de ver la politización de la justicia como algo malo. El poder judicial es un órgano político también. Es uno de los poderes del Estado, no podemos pretender que no hace política. ¡Claro que hace política! Hace política judicial.
Analicemos la Corte Suprema de Justicia de cualquier país y díganme si hace o no hace política. ¡Claro que lo hace! Desde ese punto de vista y sí, claro que había. Ahora, cuál era la politización que podía llegar a hacer la Comisión. Cicig iba con fiscales guatemaltecos a juicio. Obviamente hacía valer su ancho de espaldas para que el juez se pensara dos veces antes de hacer algo malo. Pero eso también hay que desmitificarlo y dejar de verlo como algo malo.
Cualquier abogado trata de imponerse frente al juez, para que falle de la forma que uno desea que falle. Para eso somos abogados, para eso vamos a juicio, para eso defendemos los intereses de un cliente.
La relación con el Ministerio Público salía del mandato, entonces, ¿qué tenía que hacer el Ministerio Público? ¿No relacionarse con la Comisión? Era imposible. El Ministerio Público hace política, ¿Paz y Paz hacía política siendo fiscal general? ¡Por supuesto que sí! La política de persecución penal la define ella y la Comisión la acompañaba en eso. El anterior fiscal, Juan Luis Florido, también hacía política desde otro lado. La actual Fiscal General y también hace política desde otro lado.
Entonces sí se hace. De vuelta, no me consta que en la Comisión haya habido algún acuerdo espurio con jueces para decisiones determinadas. ¡Ojo!, la Comisión tenía un seguimiento bastante cercano de la cooperación. Los embajadores venían seguido a la Comisión; algunos más que otros. Se metían, miraban, preguntaban.
Entonces no es que eso era un búnker en el que no entraba nadie y no se sabía bien qué pasaba ahí adentro. Los que ponían plata o los que traían gente, venían a preguntar qué es lo que estábamos haciendo y se explicaba con mucho detalle. Para mí eso nunca fueron los puntos débiles de la Comisión.
Prisión provisional, prisión preventiva, dos conceptos que también aparecen recurrentemente en las críticas a Cicig o directamente en la retórica de desprestigio
A ver, la prisión preventiva es una herramienta que existe y se usa en todo el mundo. Vos estás encabezando la persecución penal por la supuesta comisión de un delito, y si tenés motivos para pensar que la persona que estás investigando va a interferir en la investigación o se va a fugar, lo primero que haces es pedirle al juez que lo meta preso. Así que eso está dentro de la normalidad del derecho penal.
El tiempo que se mantiene una persona en prisión preventiva no lo definía la Comisión, lo definía un juez. Y de vuelta, la Comisión no iba al juez y le decía «licenciado magistrado, ¿sabe qué?, ¿por qué no esperamos un añito y medio más para seguir con esto? Y mientras tanto lo dejamos guardado a este un año y medio más». No era ese el juego de la Comisión, no hacíamos eso.
Ahora, desde el análisis más político, decididamente no es bueno que la prisión preventiva se mantenga mucho tiempo. Pero por qué no es bueno. Primero porque es una violación a los derechos humanos y eso no lo tenemos que perder de vista, yo esto lo decía mucho adentro de la Comisión: que nosotros estemos, supuestamente, del lado de los buenos, no nos da derechos a hacer cualquier cosa.
Por otro lado, esa demora, ese mantenimiento de la prisión preventiva mucho tiempo, lo que hace es no brindarle una respuesta de justicia a la sociedad, y la sociedad lo que necesita es una respuesta de la justicia. Esta frase tan hecha de «la justicia pronta y cumplida» que tienen en Guate, no es cierta.
Nuestras sociedades, no solo Guatemala, las sociedades latinoamericanas requieren eso, las instituciones le tienen que dar esa respuesta a la gente para que la gente crea en ellas. Entonces, eso es algo que no creo que la Comisión tenga responsabilidad respecto de haber instalado ninguna praxis, no. Pero sí creo que, tal vez, la Comisión cometió el error o tuvo el defecto de no instar a que fueran más cortos los tiempos de prisión preventiva. Pero no para que los liberaran, sino porque se tenía que llegar a la condena más rápido.
Entonces, tal vez el error de la Comisión fue no haber trabajado en esas cosas. Insisto, lo que perdió la Comisión fue sentarnos a mantener este tipo de análisis. Con la cooperación internacional que era la que nos sostenía, la sociedad civil guatemalteca y sus organizaciones, que también acompañaban, y mucho; y el Estado guatemalteco, en algún punto teníamos que establecer esos mecanismos de diálogo. Y el resultado que tenía que buscar era de qué manera nosotros, como Cicig, éramos una herramienta de fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Eso es lo que teníamos que hacer.
Lo importante para mí en ese caso, no era la condena a Sperissen. Lo importante era que no pudiera haber un Sperissen como jefe de la policía. Era un valor agregado la condena, pero lo más importante era lo otro, desde el punto de vista de la Comisión, y creo que perdimos eso.
Yo creo que se perdió esa gran oportunidad. En algún punto porque tampoco interesaba, ni a mamá, ni a papá, ni a los tíos. Entonces el nene quedó medio desamparado, ¿y qué hizo? Lo que quiso.
¿La Cicig tenía algún tipo de acercamiento con el sector privado, como lo tuvo con la sociedad civil? ¿Cómo funcionaba eso?
Con la sociedad civil había relaciones, reuniones y conversaciones, y con el sector privado también. Y no estaba mal. En la época en que estuve yo hasta las incentivaba. No podés negar la existencia de Cacif en Guatemala, entonces no podés no sentarte a hablar. No podés no tratar de convencer.
Lo mismo con la sociedad civil, obviamente había algunas ONG que tenían mucho menor nivel de diálogo que otras, pero sí había un esquema de diálogo.
Desde el diálogo en que yo participé, que era el diálogo institucional, nunca hubo nada fuera de lugar. Nunca hubo nada que dijeran «comisionado a Juancito déjelo afuera, a este no lo investigue», no. Sí obviamente podría llegar a ver alguna palabra de «me consta que es una persona de bien», sí, eso siempre, cualquiera.
Cuando fueron las elecciones en 2011, cuando gana Otto Pérez, la Comisión organizó reuniones con los candidatos, o sea vino Otto Pérez a la Comisión y vino Manuel Baldizón.
Estábamos la plana mayor de la Comisión en ese momento y se había invitado a todos los embajadores. Y fueron reuniones largas, donde tanto la Comisión como los embajadores sometieron a infinidad de preguntas a los dos candidatos. Y vos te ponés a pensar y decís, desde el punto de vista de la concepción de la Comisión, Cicig estaba muy lejos de los dos, tanto de Pérez como de Baldizón, pero eran los dos candidatos que iban a la segunda vuelta y habría que sentarse a hablar con ellos porque era con quien se iba a trabajar después. Alguno de los dos iba a ganar. Era parte de la tarea propia de la Comisión. Y con el sector privado también, o sea, no se puede decir que no hubo, por lo menos por los dos primeros comisionados. Con el último no sé qué nivel de conversación hubo, no lo sé.
Una potente pieza periodística de Sebastián Escalón en NoFicción sobre Cicig, llevó el nombre de «El experimento». Ahora, a la distancia, cómo analiza usted la experiencia de Cicig en Guatemala, cuál cree que fueron las mayores lecciones y ¿comparte la idea de que fue un ejercicio «experimental»? . ¿Cuáles son los resultados de este experimento?
Sí, ¿que fue un experimento? Sin duda que fue un experimento, porque era la primera vez que se generaba una comisión de esta característica.
Vuelvo a insistir, creo que hubo un error que después a los que se les ocurrió el experimento dejaron de pensarlo. Entonces se quedaron con la idea inicial. Y había que seguir trabajándola.
La idea podía ser muy buena en los papeles, pero después había que probarlo en el terreno, y probada en el terreno había que seguir analizándola para ver qué fortalecer y qué modificar del experimento de una comisión internacional de esas características.
También sé que se ha tomado como algo peyorativo el tema del experimento. Y la verdad que yo no le veo nada de peyorativo. Porque siempre alguna vez las cosas se hacen por primera vez. Y se prueba, se hace porque se piensa, y se pone en marcha, se testea y se va corrigiendo. Yo creo que lo que nos faltó fue eso: el testeo y la corrección.
A la distancia, tantos años después, yo creo que hubo cosas buenas. Yo creo que lo primero que hubo bueno es que se demostró durante un tiempo que se podía, que era posible. Que después por errores propios y porque «las negras también mueven», no se pudo consolidar, pero se demostró que se podía hacer. Eso es algo positivo para Guatemala y para el resto de los países de la región. Se pueden cambiar las cosas, si hay un mínimo de consenso y nos ponemos de acuerdo.
Después desde el punto de vista del sistema de justicia. Yo creo que Guatemala adquirió
conocimientos y capacidades que hasta ese momento no tenían. Y eso no deja de ser un punto a favor.
Después, la existencia de la Comisión permitió cosas que de otra manera no hubieran sido posibles, insisto. Yo creo que, a lo mejor me equivoco pero no creo, de la historia reciente la mejor Fiscal General de Guatemala fue Claudia Paz. Claudia Paz no hubiera sido Fiscal General si no hubiera estado Cicig presente en Guatemala, porque creo que ningún presidente se hubiera animado a tomar esa decisión.
Y creo que lo otro que puede ser positivo, es que en algún punto también el valor justicia y el valor de instituciones sólidas, fiables y eficientes, un poco permeó en la ciudadanía y antes no pasaba eso.
Entonces, ¿fue un fracaso? No me animo a decir que fue un fracaso, tampoco puedo decir que fue un éxito. Para mí Cicig es un sabor agridulce, porque creo que fue una oportunidad perdida. Y sobre todo decir, la gente incorporó un poco esto de «yo quiero justicia y yo quiero instituciones más eficientes». Y creo, lo más importante de todo, es que durante un tiempito se demostró que era posible.
¿Puede replicarse? ¿Que debería transformarse?
El error sería tratar de crear una nueva Cicig. Creo que no, creo que tendrían que haber múltiples iniciativas más pequeñas, mucho más focalizadas, pero que tengan como objetivo eso, el fortalecimiento de las instituciones del estado.
No desde el punto de vista desde donde lo hizo la Comisión porque terminó reemplazando en algunos aspectos al Estado, y tampoco con esta cosa que tiene tan arraigada la comunidad internacional que es «la transferencia de capacidades».
Yo me peleaba mucho en Guatemala cuando estaba en la comisión con eso, a ver, si fuera tan fácil resolver el tema con capacitación, ponemos la plata que estamos poniendo, creamos diez universidades y ponemos a estudiar a todo el mundo. Ojalá fuera tan sencillo.
Se puede hacer mucho, pero más chiquito, más focalizado, de resultados no muy rápidos pero sí mucho más concretos. Y la multiplicidad de esos chiquitos podrían llegar a hacer una diferencia.
Ojalá se hiciera algo así y no se pensara en esto de «ya me divorcié vamos por una segunda oportunidad a ver si esta vez funciona». Sabés qué, si no te funcionó la primera vez, no te va a funcionar la segunda, porque seguís siendo el mismo y tu pareja sigue siendo la misma.
Hablemos de impunidad, era incluso parte del nombre de la comisión, es como el lado filosófico del mandato que tenían.
Y, claro, la impunidad es la no respuesta, que es lo peor que le podés dar a la ciudadanía. ¿La población qué requiere?, ¡respuestas!, eso es lo que la institución le tiene que dar, y eso es la impunidad, la falta de respuesta. Por acción, por omisión, por falta de capacidad, por falta de voluntad política, por lo que sea; por negligencia, por corrupción.
A ver, por qué en la Argentina no es posible un golpe de estado. Por varias razones, pero entre otras, porque el gobierno del presidente Alfonsín no permitió que las violaciones masivas a los derechos humanos quedaran en la impunidad. Los llevó a juicio. No los juzgó un tribunal especial, los juzgó la cámara federal de la ciudad de Buenos Aires, un tribunal civil, ordinario, que llevaba un montón de casos, entre ellos este (el de las Juntas Militares en 1985).
La ciudadanía en general y las fuerzas armadas en particular, se dieron cuenta que no es «hagamos cualquier cosa que después nos vamos y no pasa nada». Sabes qué, sí pasa, los responsables de esa etapa oscura en Argentina están, la inmensa mayoría de ellos, muertos, y se murieron presos.
Claro que hubo vaivén, pero en definitiva lo que quedó es que no fue posible la impunidad.
Para terminar, la justicia es uno de los campos con mayor disputa en Latinoamérica, y probablemente en el mundo. Grandes debates sobre la institucionalidad democrática suceden en el ámbito de lo legal entre jueces y fiscalías. Argentina no parece ser una excepción, en su experiencia como funcionario de gobierno, abogado, diplomático, consejero político y amigo de Guatemala, ¿cómo analiza este fenómeno?, ¿qué reto nos plantea la justicia en el presente?
Es seguir siendo capaces de construir instituciones del sector justicia que sean técnicamente muy sólidas y que sean absolutamente garantes del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Yo creo que ese es el desafío que tenemos.
Las violaciones a los derechos humanos, y no solo estoy hablando del asesinato, de la tortura y la persecución policial; también hablo de los ataques a la libertad de expresión, de la opacidad de las cuentas de los estados, de las múltiples trabas que se intentan poner para que la ciudadanía no tenga acceso a la información pública, las mordazas que se le intenta poner a la prensa, «la cadena de la felicidad» como se le llama acá en Argentina a cómo el estado reparte dinero entre los medios de comunicación. Todo eso, a lo que nos obliga es a estar muy atentos y a ser muy exigentes con nuestros órganos judiciales para que sean los garantes de esto.
Porque es cierto que se corre el eje, antes era el Ejecutivo quien violaba los derechos humanos a través de las fuerzas represivas, y la justicia era el resguardo que me quedaba para que de alguna manera un poquito me protegiera. Y hoy pareciera que no.
Lo que no hay que perder de vista es eso, y ahí los organismos internacionales son fundamentales: Naciones Unidas, la OEA, la CIDH, el Parlamento Europeo son fundamentales para seguir promoviendo el valor «Democracia», que, producto de gobiernos que no han dado la respuesta que a la ciudadanía requiere, esos estados terminan siendo conducidos por gente que en lo último que cree es en la democracia.
El problema de la impunidad es cuando el gobierno, cuando los funcionarios, dejan de darle respuesta a la gente; el problema no es que la gente deje de creerte, el problema es que la gente pasa a creer cualquier cosa. Entonces cualquier invento es válido si viene a ser distinto de este que no me dio respuesta.
Y eso es muy peligroso. Porque ahí perdemos de vista lo más importante que es defender las instituciones de la democracia, sobre todo en nuestros países donde tenemos población muy joven que no ha vivido el horror de las dictaduras. Pareciera que eso quedó en los libros de historia.
