En una conferencia de prensa nocturna del domingo 17 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo dijo que citaría «con carácter urgente» a la fiscal general, Consuelo Porras, para que «explique …
En una conferencia de prensa nocturna del domingo 17 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo dijo que citaría «con carácter urgente» a la fiscal general, Consuelo Porras, para que «explique inmediatamente su participación en la generación de la crisis de nuestro sistema de justicia».
Se refería al reciente allanamiento a la casa del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, la recaptura de José Rubén Zamora que ordenó una Sala de Apelaciones y otras diligencias judiciales contra diferentes actores sociales.
Pero tres días después, la carta no ha sido enviada y por el contrario, el Ministerio Público hizo oficial una carta fechada el día siguiente de las declaraciones de Arévalo, en donde Porras lo invita a una «reunión interinstitucional».
En el documento, recibido el 20 de noviembre en la Presidencia, Porras le dice a Arévalo que abordarán «temas relacionados con lo manifestado en su conferencia de prensa».
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, por qué no ha sido enviada aún la carta anunciada la noche del domingo y esto respondió:
«Se están consolidando todos los argumentos legales que fortalezcan la posición y propósitos del gobierno de cara a la invitación».
Pero, ¿quién está obligado a asistir?
Ante la duda de qué funcionario está obligado a asistir a la invitación del otro, o si existe un protocolo al respecto, se consultó a dos expertos en derecho, y esto nos indicaron.
Javier Urízar, con especialidad en derecho internacional, recalca que la fiscal general no puede citar al presidente, aunque sí puede invitarlo, tal como lo hizo en su carta pública.
«No hay un fundamento real donde el presidente se ve obligado a concurrir a la citación de la fiscal. Esto es un show de fuerza política», asegura Urízar.
Además, menciona que en caso de que el presidente no se presente a la invitación de la fiscal, él no estaría incurriendo en incumplimiento de deberes, pues no hay ley que lo obligue.
Caso contrario ocurre con la fiscal general, asegura Urízar.
«El artículo 4 de la Ley Orgánica del MP establece que el presidente puede citar a la fiscal a reuniones de gabinete», cita.
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, indica que la invitación del MP a Arévalo no tiene fundamento legal, es simplemente una cortesía.
Pero aclara que políticamente sí tiene una intencionalidad.
«El simbolismo de la carta es lo importante, pues lo invita y políticamente le ganó otra vez la partida de ajedrez. Él salió a anunciar que le iba a mandar una carta y ella fue más astuta».
Urízar y Ortiz concuerdan en que el envío de la carta del MP es una cuestión política y no jurídica.
«Es un tema puramente político y de percepción. Yo creo que (al MP) le urgía la comunicación política, y dijeron que tenían que tomar la delantera», menciona Ortiz.
¿Qué intenta evitar el Gobierno?
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia razonó que la carta no se había enviado con el afán de tomar «todas las consideraciones legales» para asegurar la participación de la fiscal.
Se intentó conocer más detalles de qué se sigue analizando para retrasar el envío de la carta y al cierre de este explicativo, no había habido respuesta.
Lo que sí confirmó la institución fue la no asistencia de Arévalo a la reunión propuesta por Porras para el 21 de noviembre.
Ambos abogados consultados recordaron el antecedente de la reunión de Consejo de Ministros del 29 de enero, en donde Porras acudió a la invitación de Arévalo, pero tras unos minutos se retiró.
En un video posterior a esa reunión argumentaba que tuvo que retirarse ya que «por mandato constitucional» no podía interferir en una reunión donde se tocaran temas de Gobierno.
#MPfuerteYfirme
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024
La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc
Edgar Ortiz menciona que si el presidente desea citarla para hablar de los temas que mencionó en la conferencia de prensa, la invitación debe originarse en el marco de competencias legales.
Por su parte, Javier Urízar al detallar sobre las reuniones de gabinetes específicos que puede realizar el Organismo Ejecutivo para que la fiscal esté presente, considera que son algo complejo, pues apenas hay algunos artículos que los expliquen.
«No son ministerios, no son entidades autónomas, son (reuniones) del Ejecutivo y tienen que ser creadas por un acuerdo gubernativo», esto, según Urízar, le facilita la gestión a Arévalo.
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