Durante las audiencias del juicio por el caso Hogar Seguro hay una voz recia y grave que suele destacar en la sala. Proviene del grupo de la defensa. Un abogado …
Durante las audiencias del juicio por el caso Hogar Seguro hay una voz recia y grave que suele destacar en la sala. Proviene del grupo de la defensa.
Un abogado alto, con el pelo engominado, interviene hasta 10 veces por sesión. A veces son más. «Quiero dejar mi formal y enérgica protesta», dice a la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
Alega que no hubo una cadena de custodia para un álbum fotográfico presentado por el MP; se queja porque el Ministerio Público escribió con «v» y no con «b» el nombre de una de las víctimas; señala que en su dictamen forense un perito del Inacif no escribió bien el nombre de una de las sobrevivientes…
Es Luis Fernando Ruíz Ramírez, el abogado defensor de Luis Armando Pérez Borja, uno de los policías señalados en el caso, acusado por maltrato contra personas menores de edad y abuso de autoridad. La fiscalía lo señala de haber aceptado custodiar a las adolescentes, aunque no habían cometido ningún delito. Además, tenía a su cargo a los agentes que las agredieron.
Durante este juicio se decidirá si ocho de los doce empleados públicos acusados en el caso tienen responsabilidad o no en la muerte de 41 niñas al cuidado del Estado. Las 41 murieron durante un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Estaban encerradas y hacinadas en un aula junto a 15 más que sobrevivieron con quemaduras. El hecho ocurrió durante el Gobierno de Jimmy Morales.
El juicio inició el 10 de enero de 2024. Ese día, Luis Fernando Ruíz Ramírez se presentó como parte del público, observó la audiencia por 10 minutos hasta que solicitó a la jueza defender a Pérez Borja. Sustituyó al abogado de la defensa pública penal que se le había asignado, Luis Montufar Hernández, quien, ante la petición se separó de la defensa del policía.
Ruíz Ramírez asegura que, desde entonces, hace este trabajo ad honorem, sin recibir ningún pago, porque cree en la inocencia de Pérez Borja, a quien conoció años atrás.
«Me dijo: ”Ayúdeme”. Ahí mismo pedí la palabra, tomé mi lugar, sin documentos y sin ningún papel que me pudiera orientar», relata el abogado a Ocote, a la salida de una de las audiencias del caso.
Las protestas, constantes, durante cada audiencia, son parte de su defensa. Con ellas, explica, pretende tener las herramientas para luchar por su defendido si la jueza lo declara culpable.
«Las protestas no se plantean por casualidad o por molestar. Al contrario, van a servir muy probablemente a la hora de que yo no obtenga un fallo favorable ante mi cliente. Me van a servir en una apelación especial por motivos de forma. Si no hago las protestas, no las puedo hacer valer en una instancia superior», explica Ruíz Ramírez.
El abogado anticipa así sus siguientes pasos si Pérez Borja termina con una sentencia condenatoria. No se conformará. Apelará la resolución de la jueza.
Su vínculo con Jimmy Morales
Luis Fernando Ruíz Ramírez tiene vínculos con otra persona que ha sido señalada tras el incendio del Hogar Seguro Vírgen de la Asunción. Jimmy Morales, entonces presidente de la República y la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de los hogares de protección.
El nombre de Morales surgió durante una citación en el Congreso de la República. Entonces, Wilson Petronilo López Maldonado, quien era jefe de la comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, aseguró que el expresidente había ordenado por teléfono que se mantuviera a la PNC a cargo de los jóvenes albergados.
A pesar de esto, Morales nunca fue sindicado en el caso Hogar Seguro. Cuando aún era presidente, se plantearon cuatro solicitudes para retirarle la inmunidad, para que pudiera ser investigado por la Fiscalía. Pero la Corte Suprema de Justicia las rechazó todas.
Luis Fernando Ruíz Ramírez conoció a Jimmy Morales en el aula del doctorado en seguridad estratégica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí, el abogado trabajó como catedrático de al menos cuatro promociones. El postgrado se creó durante la administración del presidente Otto Pérez Molina, del Partido Patriota.
Para Ruiz Ramírez, Jimmy Morales fue un alumno más, que después llegó a ser presidente de Guatemala. Se esfuerza por aclarar que no tiene ninguna relación con él y, para confirmarlo, asegura que, de haberla tenido, Morales le habría dado algún cargo en su gabinete.
«A mí no me pueden vincular con él porque no trabajé con ellos antes, ni durante, ni después. Nunca he sido trabajador del Estado. Mi ámbito de acción es el profesional e intelectual, vivo de mi profesión», explicó el abogado.
Aunque dice que nunca ha trabajado para el Estado, lo cierto es que en Guatecompras —el portal de compras y contrataciones públicas— suma contratos por un total de Q1,736,920.12 en los últimos 14 años. Todas son por prestación de servicios.
Del 2010 a 2018 como docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por un total de Q968,805.60.
También tiene un contrato de Q10 mil por una asesoría jurídica a la municipalidad de Livingston, en Izabal, en agosto de 2011.
En 2020 y 2021 aparece como asesor jurídico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En estos dos años recibió Q476,032.26.
En 2013 y 2014, según Guatecompras, prestó servicios profesionales en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por un total de Q282,082.26.
Además, aunque esta información no aparece en el portal de contrataciones del Estado, en un documento de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad se detalla que trabajó de enero a diciembre de 2015 en esa dependencia, con Q16 mil de honorarios mensuales.
«Fue por un convenio entre la universidad y la secretaría. Se compartían instalaciones, catedráticos, pagos, pero con la transparencia debida», explicó.
Y añadió, sin que se le hubiera consultado al respecto: «Yo no tengo ningún vínculo con la secretaría. Mi trabajo es eminentemente técnico y profesional. Si la idea es que ando investigando, llamando, oyendo escuchas telefónicas, no tengo nada que ver con eso».
Capturado en el caso Comisiones Paralelas
El 26 de febrero de 2021, Luis Fernando fue capturado por una supuesta implicación en el caso Comisiones Paralelas. El caso surgió de una investigación en la que participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que continuó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) cuando su titular era el fiscal Juan Francisco Sandoval.
Desde 2019, la comisión de Naciones Unidas no opera más en Guatemala, después de que el presidente Jimmy Morales la expulsara y nombrara non grato al comisionado Iván Velásquez.
El fiscal Sandoval se encuentra actualmente en el exilio. En julio de 2021, la fiscal general, Consuelo Porras —nombrada por Jimmy Morales— lo destituyó. Después de su destitución, el exfiscal denunció intentos de Porras de interferir en sus investigaciones.
El caso Comisiones Paralelas señala que, desde las Comisiones de Postulación, se manipuló la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
Luis Fernando Ramírez había participado en la comisión de postulación para magistrados de Apelaciones como representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Luego de su captura, la jueza Erika Aifán lo ligó a proceso por tres delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución. Fue enviado a prisión: primero estuvo en la cárcel Matamoros y después en Mariscal Zavala.
De Matamoros recuerda el hacinamiento, el peligro que sintió y que durmió en el suelo seis meses. De Mariscal Zabala, las visitas de sus familiares y unas condiciones más humanas. En Mariscal Zabala coincidió efímeramente con Pérez Borja, quien ya estaba en prisión por el caso Hogar Seguro, aunque asegura que estaban en ambientes diferentes; no se comunicaban
Se conocían de años atrás, cuando Pérez Borja trabajaba como policía y el abogado visitaba la comisaría para litigar en el proceso de algún cliente detenido
El caso Comisiones Paralelas quedó detenido. La jueza a cargo, Erika Aifán, también tuvo que salir al exilio. Renunció a su cargo en el Juzgado D de Mayor Riesgo por amenazas de redes políticas y criminales.
El 17 de mayo de 2022, Luis Fernando Ramírez recuperó su libertad. El juez suplente Edwin Ramírez, quien entró en lugar de Aifán, le otorgó arresto domiciliario. Dos meses después, el abogado pidió una ampliación para movilizarse por todo el país por motivos laborales. El juez se la concedió.
En abril de 2023, el Juzgado D de Mayor Riesgo dejó de conocer el caso Comisiones Paralelas. El juez titular Juan José Jiménez resolvió que debía conocerlo un juzgado ordinario (sin especialidad) y no uno de mayor riesgo. En ese momento, por amparos pendientes, aún no se había resuelto si los acusados irían a juicio. Por ahora, la situación es la misma: el proceso sigue en pausa.
Cuando Luis Fernando Ramírez fue detenido por el caso Comisiones Paralelas, en 2021, era candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Hoy está convencido de que su detención fue una jugada política para sacarlo de la elección.
«Fue un acto confabulado. Ese día me hicieron a un lado de la elección. Fui detenido injustamente. Le mentiría en decirle que no me afecta. Realmente fue una experiencia muy difícil, pero no tengo prisa, lo que me interesa es llegar al fondo de la verdad», dice a Ocote el abogado.
El voto a favor de Consuelo Porras
Ramírez también participó en la comisión de postulación para la elección de Fiscal General en 2018, como presidente del Colegio de Abogados y Notarios.
En ese proceso se estableció que, para integrar la nómina que se enviaría al presidente de la República, los candidatos necesitarían el voto favorable de 10 de los 14 comisionados.
Uno de los votos de Luis Fernando Ramírez fue para Consuelo Porras. En mayo de 2018, el presidente Jimmy Morales la eligió a ella como Fiscal General.
En el gobierno de Alejandro Giammattei fue reelecta y sigue en el cargo pese a manifestaciones ciudadanas que exigieron su renuncia y a sanciones de 42 gobiernos extranjeros, que la han señalado de ser una actora corrupta y antidemocrática
En marzo de 2024, la Secretaría General de la Presidencia pidió el retiro de antejuicio que la protege.
«Fue una terna de seis finalistas y usted ya sabe quién la eligió. Esto ya está fuera de mi competencia», se justifica Ramírez. «No sólo a ella le di mi voto, fue una terna de seis finalistas. Considero y mantengo que son buenos profesionales. La fiscal general no nace de la casualidad. Tenía una hoja de vida muy interesante».
El abogado reiteró que no se arrepiente de haber votado por Porras, y aclara que nada lo une a ella.
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Ramírez es un abogado conocido. Lo sabe y lo reconoce. Sin esa virtud no habría podido ganar las elecciones para dirigir el Colegio de Abogados en el 2017.
Su popularidad también la debe a que la prensa lo ha señalado de tener nexos con Roberto López Villatoro, conocido como El Rey del Tenis. Él lo niega, como niega tener alguna relación con el expresidente Jimmy Morales o con la Fiscal General Porras.
«En el caso de la Fiscal General la conozco de vista, nada más. En el caso de Jimmy Morales, fue un alumno más, no tengo ninguna relación. En el caso del señor que usted me menciona ¿Cómo se llama el señor?… (en relación a López Villatoro) Lo conozco de vista. Eso no lo hace mi amigo, ni mi conocido. Si en algún momento me saluda, lo voy a saludar”, dijo el abogado.
«Esas son fantasías animadas de ustedes, de los medios, incluyendo el suyo. La sociedad puede decir misa, pero la gente que me conoce y me interesa sabe quien soy. Me quisieron hacer daño, pero para mí es publicidad», agrega en su discurso.
Ramírez también ha sido señalado de tener vínculos con el Ejército. Él reconoce que tiene amistades en el Ejército, como las tienen en grupos de médicos y de otras profesiones. Le atraen los deportes extremos, como el paracaidismo, deporte que ha practicado por invitación de militares.
Cuando escuchó las preguntas sobre su proceso penal y su relación con el expresidente Morales, el abogado sonrió: «Ya me van a sacar mis trapitos al sol, ya sé por dónde va la cosa».
